Nacido en Murcia en 1782, estudió desde muy pequeño todo lo perteneciente a las Matemáticas en la Academia de Amigos del País de aquella ciudad bajo la dirección del catedrático Luis Santiago Bado y arquitectura bajo las órdenes del académico de mérito Lorenzo Alonso. Durante la Guerra Bonapartista, debido a la necesidad de confiar a un facultativo la dirección de las obras de fortificación en dicha ciudad y encontrarse el país casi invadido por los franceses, principalmente la capital donde se encontraba la Academia de San Fernando, acudió en 1809 al Ayuntamiento de Murcia y a la Suprema Junta Central del Reino para poder ejecutar el examen de maestro arquitecto.

Fue habilitado por el Ayuntamiento de Murcia como maestro de obras con la autorización del Consejo de Castilla y en calidad de maestro alarife, por lo que pronto le encargaron trabajos en la ciudad: «el Gral de Yngenieros de aquel canton de la bateria y baluartes de la puerta de Castilla, y nivelacion de los fosos para darle salida a sus aguas empantanadas».

Entre los expedientes que fueron censurados por la Comisión de Arquitectura el 30 de octubre de 1817, el tercero respondió a un informe en el que Alcázar, vecino de la ciudad de Murcia, solicitaba la aprobación del nombramiento de maestro alarife titular, hecho a su favor por el Ayuntamiento de esa ciudad en 1809.  Teniendo en cuenta el artículo 33 de los Estatutos de la Real Academia de San Fernando y la Real Orden de 28 de febrero de 1787, la Academia no pudo acceder a dicha petición, ya que el interesado debía sujetarse a los ejercicios establecidos que aparecían señalados en la Real Orden de 29 de julio de 1801.

En 1822 formó parte de la comisión que la Diputación Provincial de Murcia había organizado para examinar de perito agrimensor a Juan Pérez Marín, comisión de la que también formaba parte el arquitecto de la Academia de San Carlos de Valencia Carlos Ballester. Sobre este asunto, hay que tener en cuenta que las diputaciones provinciales se hallaban en aquella época autorizadas para el examen y aprobación de los agrimensores y aforadores.

Desde entonces, Manuel Alcázar continuó la profesión realizando varias obras para propietarios y corporaciones civiles, entre ellas, la casa de ayuntamiento y cárcel para  la villa de Priego (Albacete), proyectos remitidos a censura de la Academia y aprobados por la Corporación en su totalidad en la Junta Ordinaria del 29 de junio de 1828, como la Contaduría Principal de Propios, por cuya orden terminaría hacia 1831 el levantamiento de los planos de los terrenos baldíos y realengos de la villa de Caudete (Valencia).

No obstante, su deseo por pertenecer al cuerpo facultativo de la Academia de San Fernando le llevó a solicitar en 1829 de la institución académica el nombramiento de una junta para que le fuera revalidado el título y el examen que ostentaba. S.M. dirigió esta solicitud a la Academia de San Fernando, pero esta acordó que el interesado debía personase en la Corte y en caso de no poder hacerlo por su edad, lo hiciera en la Academia de San Carlos de Valencia. Pero su impaciencia por ostentar el título expedido por la de San Fernando le movió a trasladarse a Madrid para solicitar el 18 de noviembre de 1831 su admisión a los ejercicios correspondientes a la clase de maestro arquitecto.

Con este objeto, presentó como prueba de pensado el proyecto de Un colegio de corrección, con su convento de profesas, bajo la advocación de N.S de los Dolores (del A-562 al A-565) con su informe facultativo, el avance del coste de la obra y las certificaciones de las obras que había dirigido en Murcia. Entre estas certificaciones destacaba la librada por Francisco Alix, administrador general de los bienes y rentas de la condesa del Valle San Juan, quien señalaba: «todas las obras asi parciales como en grande que se han ofrecido en los edificios de S.E mi pral. han corrido y corren bajo la direccion del maestro de obras D. Manuel Alcazar, como igualmente los planos que se le han pedido, como son los de una casa de recreo para un jardin que posee S.E. en la huerta é inmediaciones de esta ciudad, con invernaderos, conservatorios y demas oficinas propias de esta clase de edificios: y asi mismo ha practicado otro de mas consideración por mi ordⁿ y como comisario pª la reparacion de la presa para los molinos llamados de los Alamos y S. Fran^co sobre el rio Segura, levantando el plano de dha presa para concluirla de obras y otras varias de esta naturaleza en los cauces de las acequias que fertilizan esta huerta». También la firmada por Benito Saavedra, administrador general de la condesa de Villaleal, viuda de Pino-Hermoso, que afirmaba la ejecución y dirección por parte de Alcázar de todas las obras pertenecientes a dicha señora. Asimismo, las de Juan Serrano, administrador de los bienes y rentas del conde de Clavijo que indicaba los trabajos realizados por el interesado para este señor, destacando entre ellos la ejecución de los planos de una posada ubicada en la calle de las Mulas en Murcia. Del mismo modo, las de Carlos Clemencín, cura de la parroquia de San Antolín, por cuya orden había ejecutado los planos y la construcción de cinco casas principales y siete medianas de su propiedad en la ciudad; la de Fray Juan Gómez del convento de Nuestra Señora del Carmen Calzada a extramuros de la ciudad para quien el interesado había realizado muchas obras principales, como la reparación de las casas de dicho convento, la iglesia y los planos para el retablo mayor de la misma. Igualmente, la certificación de Juan del Soto, administrador de los bienes del marqués de Miraflores, conde de Villapadierna, y Plácida Lisón, que se sirvió de este maestro para la realización de cuantas obras fueron necesarias en ambas administraciones, incluso las hidráulicas, donde dio muestras de sus conocimientos en las nivelaciones. Igualmente, la de Manuel Martínez de Ayala, teniente retirado de infantería y administrador general de los bienes y rentas de Ana Montalvo, Dolores Samaniego, la marquesa de Sanmaniel y Diego Melgarejo, por cuyo cargo le fueron encomendadas todas las obras, planos y demás operaciones facultativas que fueron necesarias en dichas administraciones, incluso las de la posada que llamaban del Comercio, propiedad de este administrador, la cual se levantaría de nueva planta. Por último, la del administrador de los bienes y rentas del vizconde de Huerta y Francisco de Paula Sandoval, Cesáreo de Basterrechea, que certificaba sus trabajos en estas administraciones, tanto en la ciudad como en otros puntos de su jurisdicción, concretamente en la villa de Jacarilla (Valencia), donde había realizado la construcción de la mayor parte del pueblo debido a la destrucción sufrida por un terremoto y los trabajos relacionados con las aguas del río Segura y sus acequias.

La Junta de la Comisión de Arquitectura celebrada el 22 de noviembre de 1831 reconoció la obra y los documentos aportados, acordando el pase Alcázar al resto de los ejercicios de reglamento. Fue admitido en la Junta Ordinaria del 27 del mismo mes, fecha en la que le fueron sorteados los programas de repente. Le tocaron en suerte los números 34, 75 y 42, los cuales respondieron respectivamente: «Para un pueblo como de mil vecinos, proyectar una Escuela de primeras letras y de gramatica latina con habitación de los Mros y pasante. Se demostrará en planta, fachada y una sección», «Trazar una carcel incombustible con las salas de Juzgado y oficinas correspondientes. Planta, fachada y corte geométricos» y «Una casa de campo para un Literato con todas las conveniencias y servicio de una regular familia independiente de aquel. Planta, corte y fachada». De los tres asuntos eligió el nº 34, es decir, Una escuela de primeras letras y de gramática latina para un pueblo de unos 1.000 vecinos (A-0705), elección que comunicó a la institución académica el 1 de diciembre.

La Junta de Examen se reunió el 5 de diciembre de 1831, asistiendo a ella como vocales Manuel González Montaos, Juan Antonio Cuervo, Juan Miguel de Inclán, Custodio Moreno y Martín Fernández de Navarrete. Cotejada la obra de pensado con la de repente que el interesado explicó una vez entrado en la sala, se procedió a la realización del examen teórico. Alcázar principió este nuevo ejercicio contestando a las preguntas que le hicieron los profesores sobre los principios de geometría aplicados a la edificación; las figuras del círculo, la elipse, los polígonos, la solidez de la esfera y su aplicación a las medias naranjas y las pechinas. Después, el replanteo de un edificio, la resistencia de las maderas, los planos y sus sombras, así como otras tantas preguntas relativas a la práctica constructiva.

Satisfechos los examinadores con el mérito de las obras ejecutadas y las contestaciones dadas a las preguntas formuladas le hallaron hábil para ostentar el título de maestro arquitecto, grado que le fue concedido en la Junta Ordinaria del 22 de enero de 1832, a los 50 años de edad.

Al mes siguiente y como residente en Murcia, solicitó de S.M. que la Academia nombrase a sus delegados en las Provincias para que «vigilen y hagan cumplir las soberanas disposiciones á favor de las artes y sus Profesores y se le nombre para subdelegado de aquella ciudad», a lo que la institución le respondió que ya había tomado en consideración el tema de los subdelegados, cuyos cargos debían recaer en los maestros mayores de las ciudades y sobre todo si éstos estaban graduados de académicos, requisito del que carecía Alcázar.

A partir de estos momentos, intervino en múltiples obras, entre ellas, las casas ubicadas en la calle Santa Quiteria, nº 3; la fortificación de la ciudad de Murcia y la alineación de la calle Angosta de Santa Isabel que desembocaba en la plaza de dicho nombre para establecer en la casa de su propiedad una casa de baños tomando las aguas del Val o Caz. Respecto a esta última obra, el 26 de enero de 1837 Alcázar había solicitado permiso para establecer estos baños arreglando la fachada, presentando para este objeto su perfil y el informe dado por el arquitecto titular o mayor de Murcia. Tan sólo se le dio licencia y permiso para enlucir dicha fachada, pero en su lugar la reforzó interiormente creando muros y machones en ángulo e intermedios, cerrando huecos y reparando el rompimiento de otros nuevos.

En vista de esta desobediencia, el comisario de policía se personó en la obra para llevar a cabo el reconocimiento facultativo y demás diligencias relativas a este hecho poniéndolo en conocimiento del Ayuntamiento, que en su sesión celebrada el 13 de marzo y con vistas al informe del arquitecto mayor acordó el derribo de la pared en cuestión a fin de que se labrase en la línea a la que estaba demarcada. Se notificó a Alcázar que comenzase el derribo en el termino de tres días para que el arquitecto titular levantase el plano, los perfiles de la plaza y sus avenidas al tiempo que certificase el estado de la antigua fachada debido al acuerdo tomado el 20 de marzo de 1837. Se acordó asimismo el 5 de mayo, que el arquitecto Francisco Bolarín acompañase al arquitecto titular en la formación del plano topográfico de la casa, pero hubo una discordia entre ambos profesionales respecto a los puntos de la alineación, ya que el arquitecto titular había presentado el plano y el proyecto en tres proyecciones diferentes que eran susceptibles de modificación, mientras que Bolarín la que había creído en concepto más oportuna a los fines propuestos. Esto motivó el nombramiento del arquitecto Jerónimo Ros en calidad de perito en discordia, quien evacuó su correspondiente informe el 7 de junio, desentendiéndose de los fines para los que había sido nombrado. El Ayuntamiento vio el informe de Ros «mas bien q^e un dictamen imparcial y facultativo para el que fue nombrado como tercero, una defensa de la conducta de Alcazar en este particular».

Ante tales circunstancias, Manuel Alcázar volvió a recurrir por escrito el 16 de junio, por lo que el Ayuntamiento en vista de todo lo expuesto acordó el 20 del mismo mes pasar el expediente al abogado consultor para que informase acerca del asunto. El consultor evacuó su dictamen el 29 del mismo mes disculpando en cierto modo la obra de Alcázar, pero castigándole al mismo tiempo con la multa de 500 reales por su falta de desobediencia con arreglo a la ley de 3 de febrero de 1823.

Como este expediente había causado muchos problemas y disgustos, el Ayuntamiento de Murcia creyó oportuno remitir todo lo obrado a la Academia para que juzgase lo más conveniente. La Comisión de Arquitectura reunida el 8 de agosto vio con pesar la desobediencia de Alcázar ante la autoridad municipal a la que debería haber respetado, sobre todo cuando era un arquitecto de esa Academia y por consiguiente estaba obligado más que nadie a cumplir la ley. Al estudiar los planos ejecutados respectivamente por el arquitecto titular y Francisco Bolarín, la Comisión escogió los del primero por ser la alineación más conforme, y respecto a la demolición la estimó oportuna, no habiendo lugar a que no se llevase a cabo.

Resueltos todos los problemas de la obra anterior, llegó curiosamente a la Academia a finales de 1838 para su censura y a través del gobernador político de la ciudad de Murcia, un expediente instruido para la construcción de una fuente en la villa de Ricote, mandada erigir por una disposición de Sancho de Llamas, cuyo diseño del proyecto y el pliego facultativo estaban suscritos por el arquitecto Juan Peralta. La Academia creía recordar haber censurado ya esta obra, tanto el diseño como el plano topográfico que señalaba la dirección de las aguas, por lo que consultó lo acordado en las juntas anteriores y comprobó que en la del 10 de diciembre de 1833 se había censurado el diseño de la fuente, el informe facultativo y el calculo detallado de la obra remitidos a censura por los arquitectos Manuel Alcázar y Francisco Bolarín y Gómez. Del mismo modo, que se había aprobado el proyecto en todas sus partes y que había comunicado a los interesados el poder proceder a su ejecución en limpio con la advertencia de simplificar los remates, el cornisamento de la fachada y el frente de la citada fuente.

Fuentes académicas: Arquitectura. Casas Consistoriales y Cárceles, 1818-1861. Sig. 2-30-5; Comisión de Arquitectura. Arquitectos, 1832. Sig. 2-9-7; Comisión de Arquitectura. Informes, 1808-1822. Sig. 1-29-5; Comisión de Arquitectura. Informes, 1829-1838. Sig. 1-30-3; Comisión de Arquitectura. Informes. Urbanismo, 1787-1876. Sig. 2-28-8; Comisión de Arquitectura. Maestros de Obras, 1800- 1824. Sig. 2-23-2; Libro de actas de juntas ordinarias, generales y públicas, 1831-1838. Sig. 3-89; Libro de registro de maestros arquitectos aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1816- 1900. Sig. 3-154, nº 121.

Silvia Arbaiza Blanco-Soler
Profesor TU de la UPM