Nació en Zamora hacia 1777 y murió el 24 de enero de 1862. Se matriculó como alumno en la Academia de San Fernando el 30 de septiembre de 1791, a los 14 años de edad, corporación donde se dedicó al estudio de las Matemáticas y la Arquitectura. Fue discípulo particular de su tío, el académico de mérito Ramón Alonso, con quien permaneció algunos años aplicándose en la práctica de la profesión y asistiendo a varios reconocimientos judiciales. Durante cierto tiempo, y tras estar imposibilitado su tío, trabajó con el académico de mérito Julián Barcenilla que se valió de él para la realización de diferentes delineaciones y medidas, asistiendo y dirigiendo en calidad de jefe ciertas obras de reparación y otras de nueva planta. Posteriormente, le veremos al lado del arquitecto Pablo Morales Ramírez de Arellano aplicándose asimismo en la práctica constructiva.

Opositó al concurso de Premios Generales de 1796 por la 3ª clase de Arquitectura, convocatoria a la que también se presentaron Manuel Machuca Vargas y Mantrana, Juan López Freire, Alfonso Sánchez, Francisco Javier Mariátegui, Antonio Celles, Joaquín de San Martín, Manuel Guallar, Manuel Vicente Laca, José Domingo de Lastra, Joaquín García Rojo, José Pectorelli, Francisco Díaz Ruiz y Manuel Arteaga. Al igual que ellos tuvo que «Delinear en grande el Capitel y ornamento Corintio, según Vignola, demostrando en planta las partes de que consta, con cornisamento, debiendo ser el módulo de quatro dedos» como prueba de pensado y «El pedestal, basa è imposta del orden Dórico» como ejercicio de repente.

De los 23 vocales que debían censurar las obras se retiraron cinco y los que pudieron votar concedieron el 1º premio a Manuel Machuca Vargas, habiendo quedado libre el vocal Manuel Machuca para la votación del 2º premio, siendo galardonado con este premio Juan López Freire. La distribución de los premios y medallas tuvo lugar el miércoles 13 de julio de 1796, pero a diferencia de otras ocasiones el Rey no pudo asistir, ocupando su lugar el Infante Príncipe heredero de Parma.

Conde volvió a opositar al Concurso de Premios en 1799, en esta ocasión por la 2ª clase de Arquitectura, no obteniendo galardón alguno en la convocatoria. Tuvo que competir contra Custodio Teodoro Moreno, Cayetano Gallitia, Francisco de Paula de la Vega, José Delgado, Juan Pérez de Juana, Joaquín de San Martín, Francisco Javier de Mariategui, Manuel Machuca y Manuel Arteaga. Todos ellos desarrollaron como prueba de pensado «[…] un edificio público para la custodia y venta por mayor de toda especie de víveres con destino á esta Corte» y como ejercicio de repente «[…] una puerta dórica para entrada de un jardín», programas elegidos respectivamente en las Juntas Ordinarias celebradas el 2 de diciembre de 1798 y 30 de junio de 1799.

De los 18 vocales con derecho a voto en la 2ª clase, dos tuvieron que retirarse por tener un pariente entre los participantes, pero los que pudieron hacerlo concedieron el 1º premio a Teodoro Custodio Moreno y el 2º a Cayetano Gallitia, galardones que fueron entregados en la Junta Pública y solemne celebrada el sábado 13 de julio de 1799, a las cinco de la tarde, siendo presidida por el Infante Príncipe de Parma.

El 29 de diciembre de 1800 Conde y González solicitó de la Academia su admisión a los ejercicios para la clase de maestro arquitecto y el programa de la prueba de repente. Fue admitido en la Junta Ordinaria del 4 de enero de 1801, fecha en la que le sortearon los programas, tocándole en suerte: «Una escuela patriotica que comprenda la enseñanza de todos los ramos de industria en sitio arbitrario. Planta baxa, principal y segunda, fachada y cortes todo geometrico. Informe facultativo y avance del coste de la obra-» además del «Modelo de yeso» y «Una Media Naranja de planta eliptica con sus arcos torales y pechinas, demostrando los despiezos de las piedras de q^e deba constar- con escala de perceptible tamaño». Pero no ejecutaría dichos diseños hasta 1804, ya que el 4 de mayo de este año solicitó día para ser examinado en vista de que «por el Conserge sele comunico en Noviembre del año proximo pasado haber acordado V.E. en Junta Ordinaria de seís del mismo mes q^e los Profesores q^e estubiesen trabajando dentro dela Academia sus obras para recibirse de maestros Arquitectos por el metodo antiguo hubiesen de presentar sus àsuntos concluídos en el preciso termino de seís meses, pues de lo contrario quedarían sugetos al nuevo metodo prescrito por S.M. pª estas graduaciones.  Siendo el exponente el unico q^e desde el mes de enero del año de 1800. en q^e V.E. tubo à bien admitirle a los exercicios de maestro Arquitecto ha continuado en la egecucion de las pruebas, hace presente qe en cumplimiento de lo prebenido por la Academia tiene ya concluidos los Planos de una Escuela Patriotica q^e se ledio por asunto y ademas el Modelo de Yeso». 

La Junta de Examen tuvo lugar el 26 de mayo de 1804, asistiendo a ella como vocales los profesores Juan Pedro Arnal, Antonio Aguado, Juan Antonio Cuervo, Antonio Varas y Bosarte, este último en calidad de vocal secretario. Pero después de examinadas las pruebas de pensado y de repente no le vieron con la competencia suficiente para la graduación solicitada, por lo que le aconsejaron que siguiese estudiando la arquitectura y el no poderse presentar a nuevo examen hasta pasados dos años. Esto significaba que debía sujetarse al reglamento establecido por la Real Orden del 29 de julio de 1801, quedando admitida como prueba de pensado la que Había presentado. Dicho acuerdo sería aprobado por la Academia en la Junta Ordinaria del 8 de julio de 1804.

Volvemos a tener noticias suyas en 1806, momento en que presenta los diseños de una «Bolsa ó Casa de Contratación de Comercio destinado pª Madrid» como obra de pensado para la obtención del grado de académico de mérito. Solicitaba en parte esta graduación atendiendo a que el Rey había concedido esta gracia a Antonio Celles tras presentar los planos de una «Casa de Baños de Aguas Minerales» y a Juan Gómez con los de un «Coliseo para situarle en el que llaman del Príncipe». La Comisión de Arquitectura reunida el 6 de abril de 1806 reprobó dichos dibujos por falta de solidez, «pues sin embargo de las excesivas masas de fábrica que contiene no se pueden construir las bóvedas principales por estar apoyadas en falso; como tambien p^r ser generalmente escaso de luces, y en muchas piezas obscuro enteram^te cuyos defectos manifiestan la poca aptitud del autor de este proyecto, y que carece de los principios constitutivos del arte […]». Además, no debemos olvidar que en 1796 S.M. había mandado que ningún profesor obtuviese el título de académico de mérito sin antes ostentar el de maestro arquitecto, motivo por el que la solicitud de Conde fue denegada por el Rey el 5 de mayo y por la Academia el 1 de junio de 1806.

Es más, presentados los diseños para el grado de maestro arquitecto sería reprobado en esta clase  por la Junta de la Comisión de Arquitectura el 3 de julio de ese mismo año debido a sus muchos errores: «la escalera es desproporcionada en sus huellas y altura, con poca solidez, y particularmente en el desembarco del quarto principal: que los Arquitrabes de la escalera y Salon son inconstruibles p^r la desproporcion de los intercolumnios: que el lacunario del Portico tampoco puede construirse p^r ser de Arco adintelado y estar empujando encima de las columnas exteriores; notandose igualmente poca inteligencia en su Cuvierta, pues las aguas q^e señala, debiendo ir encima del pavimento de la cornisa exterior la corrompen, y se introducen en el interior de ella, contra los principios de buena construccion, economia y solidez. Notaranse asi mismo otros varios defectos en la planta de este edificio y su distribucion, de donde resulta ser en mucha parte inconstruible, muy falto de luces sin embargo de ser aislado y de tener seis patios; manifestando su autor en todo este proyecto poca inteligencia é inconstruccion».

Ante todos estos fracasos no fue fácil para Conde conseguir el grado de académico de mérito, pues primero tenía que obtener el título de maestro arquitecto. Para este fin, el 28 de julio solicitó de nuevo su admisión a los ejercicios para este grado, presentando como prueba de pensado los planos de un «Tribunal de Comercio Marítimo y Terrestre para esta Corte» (del A-1220 al A-1228) con su informe facultativo y el avance del coste de la obra, calculada en 19.288,851 reales con 17 maravedíes, además de la certificación de práctica librada por Julián Barcenilla.

La Junta de la Comisión de Arquitectura celebrada el 29 de julio de 1814 examinó la obra y los documentos aportados, acordando el pase del pretendiente al resto de los ejercicios de reglamento. Fue admitido en la Junta Ordinaria del 7 de agosto, fecha en la que le fueron sorteados los programas de repente. Le tocaron en suerte los números 5, 66 y 97, de los cuales escogio el nº 5, es decir,  un Santuario con hospedería (A-4024).

La Junta de Examen tuvo lugar el 13 de agosto de 1814, asistiendo a ella como vocales Antonio Aguado, Juan Antonio Cuervo, Julián de Barcenilla, Alfonso Rodríguez y José Munárriz, este último en calidad de vocal secretario. Cotejada la obra de pensado con el ejercicio de repente que el interesado explicó una vez entrado en la sala, se procedió a la realización del examen teórico. Conde y González respondió a las preguntas que le hicieron los profesores sobre sus obras y después sobre la teoría y práctica de la arquitectura. Satisfechos los examinadores con las obras ejecutadas y las contestaciones dadas a las preguntas formuladas le vieron apto para ostentar el título de maestro arquitecto, grado que le fue concedido finalmente en la Junta Ordinaria del 4 de septiembre de 1814.

Aunque el título de arquitecto le confería el libre ejercicio de la profesion, sabemos que en 1819 solicitó de la Academia a la vez que los arquitectos Pedro Garrido, Matías Gutiérrez, José Llorente, Joaquín San Martín, Pedro de Ávila, Pedro Zengotita Vengoa y Francisco Martín del Horcajo Vidal, el título o la patente que a  los profesores de su clase se les despachaba en ese momento, dado que el único título que les condecoraba era una simple certificación manuscrita de los secretarios en sus respectivas épocas. Ante dichas solicitudes, la Academia acordó en su Junta Ordinaria del 19 de septiembre de 1819 expedirles el título a todos los que lo habían pedido, no sin antes advertirles que en ellos debían constar una nota con la fecha en que habían sido aprobados.

Gracias al Inventario del 1824 tenemos constancia que algunas de las obras de Conde González estuvieron expuestas en la sala 10 y de arquitectura, entre ellas «Tres Planos del Templo de la Fortuna Viril [...]» y «Otro del mismo del Capitel y Cornisamento Jónico correspondientes a dicho Templo con Marcos de Caoba y Cristales».

El 26 de abril de 1824 la Junta de la Comisión de Arquitectura vio la representación que había hecho Conde y González para graduarse en la clase de académico de mérito y observando la buena opinión moral y facultativa que prevenía la R.O. del 27 de mayo de 1800, lo consideró con los conocimientos necesarios para realizar los ejercicios de demostración práctica como la disertación académica. En la Junta Ordinaria del 2 de mayo le fueron sorteados los programas para disertar, tocándole en suerte los números 9, 18 y 30, además del asunto del diseño que debía ejecutar y que respondió a “el templo restaurado de la Fortuna viril con su capitel en grande». De los tres programas para disertar eligió el nº 9: «[…] sobre qual es la mejor forma de Teatro para una gran Ciud^d o Corte, con presencia de la Optica y Acustica distinguiendo con claridad y datos cual de las formas eliptica ó semicircular debe preferirse en todo caso».

El 21 de marzo de 1825 presentó la disertación y los planos finalizados. Los profesores examinaron el discurso, empezando por Isidro Velázquez que lo devolvió corregido el 26 de marzo, continuando por Aguado, Cuervo, Barcenilla, Inclán y Moreno, quienes lo devolvieron censurados respectivamente los días 29 de marzo, 8, 14, 18 y 21 de abril.

Debido a que para examinarse Conde necesitaba remitir el certificado de su conducta moral y política, dicha justificación la presento el 4 de junio junto con la del Comisario de Policía de su Cuartel, documentos a través de los cuales sabemos que era vecino de Madrid donde residía en la calle Jacometrezo, casa  sin número, entre el 13 y 14  de la manzana 361, cuarto principal, y que desde el 7 de marzo de 1820 durante el sistema constitucional  se había alistado en la llamada Milicia Nacional a fin de conservar el destino que tenía la Junta Suprema de Reintegros

La Junta de Examen se celebró el 9 de junio de 1825, momento en que se acordó su admisión, no obstante, dicha resolución tenía que ser aprobada por la Academia, de ahí que en la Junta Ordinaria del 19 del mismo mes la corporación procediese a la votación secreta, de cuyo resultado salió admitido en la clase de académico de mérito por 28 votos a favor frente a 4 en contra. El 19 de junio de este mismo año le veremos como arquitecto titular del Real Consulado de S.M. y de la Junta de Comercio.

Años más tarde, la Junta de la Comisión de Arquitectura celebrada el 18 de mayo de 1832 estudió el expediente remitido por el Juzgado de Policía Urbana de la Villa de Madrid sobre la propiedad de la pared que dividía la casa de la calle Peregrinos, nº 17 en la Manzana 382 de la casa contigua, sin número, que correspondía a la propiedad de la nº 4 de la calle Preciados, a fin de acabar con la discordia entre las declaraciones prestadas por los académicos Tiburcio Pérez Cuervo y Antonio Conde y González.  Una vez estudiados los antecedentes del caso, los datos y el reconocimiento practicado por individuos de la Academia, la Comisión de Arquitectura acordó comunicar al Juzgado de Policía que usase su autoridad para no permitir que se detuvieran las obras de reedificación de aquella finca por perjuicio de lo común y de la salud pública debido a la aglomeración de materiales que obstruían el tránsito de las calles circunvecinas.

El 25 de enero de 1835 le denegaron a Conde los honores de director de arquitectura a la vez que a Martín López Aguado la plaza de teniente director en su arte; sin embargo, ambos arquitectos serían nombrados en este momento por la Sección de Arquitectura  junto con José Segundo Izquierdo, León Gil de Palacio, José París, Lucio de Olarieta, Andrés Bazán y Elías Villalobos para formar parte de una comisión de académicos que junto al resto de las academias españolas demostrasen a las extranjeras sus méritos y conocimientos. Esto tenía su orígen en el interés mostrado por los arquitectos ingleses en mantener estrechas relaciones con los arquitectos españoles a fin de conocer la arquitectura que por entonces se realizaba en nuestro país. Muestra de ello es que en la Junta Ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 1835 se dio cuenta de una carta escrita por el presidente de la Junta de Arquitectos de Inglaterra remitiendo los estatutos que habían formado para el régimen y progresos de esta Noble Arte, pretendiendo con ello una reciprocidad y cooperación entre los profesionales de ambos países en cuanto a la historia de la arquitectura, avances, etc., pues sabían el esmero con que en España había sido «mirada» en todos sus tiempos. Respecto a este asunto, el 31 de enero de 1836 la junta de arquitectos de Gran Bretaña comunicó que, «con el fin de reunir más datos y noticias que pudieran contribuir al interés que presenta el programa que se ha hecho, convendría que pasasen ejemplares de éste por Secretaría a las Academias R^ls. y a las Escuelas de Sevilla, Salamanca, Barcelona, y Segovia, como también a los Profesores y Academicos» que estimasen oportuno.

La Junta de la Comisión de Arquitectura celebrada el 11 de abril de 1837 volvió a reseñar el nombre de Conde con motivo de la remisión de una instancia hecha a la Academia por el juez de primera instancia, Benito Serrano, sobre el auto que se seguía entre él y Jerónimo Ochogavia, a razón de una servidumbre entre las casas de su pertenencia en la calle del Pez nº 8 y 10 nuevos. Benito Serrano quería de la institución académica le informara acerca de varios puntos: «1º si existe alguna ordenanza municipal ó de Policia urbana que disponga que los Pozos de aguas inmundas construidos dentro de las casas desde el establecim^to del ramo de limpieza en la corte, se saquen á la calle y que observancia tiene; y 2º Si la hay eximiendo á las casas que se edifican de nueva planta de la servidumbre de aguas inmundas que sufran las demolidas y sobre cuyo local fueron construidas, habiendo en este caso el dueño de las inmediatas à cuyo favor estan constituidas, de construir nueva targea y Pozo donde se depositen las de estas».

Respecto al primer punto, la Comisión de Arquitectura contestó que, aunque no existía ley u ordenanza municipal que prefijase que los pozos de depósito construidos dentro de las casas debían sacarse a la calle era conveniente su verificación, tanto por la mayor facilidad de las limpias como por la que ofrecía a los inquilinos para su aseo y salubridad, por ello, era necesario que al labrar una nueva posesión y siempre que lo permitiesen los viajes y cañerías a las fuentes públicas se situasen aquellos depósitos en las calles o en los puntos de más fácil acceso y cómoda limpieza.

Con respecto a la segunda cuestión, siendo la servidumbre legítima una verdadera propiedad, aunque la casa que la sufriese fuese demolida y reedificada de nueva planta variando sus formas y servicio, no por eso se le eximía de aquel gravamen ni menos de adquirir derecho para obligar al vecino el rompimiento de una nueva tarjea y pozo de depósito en su posesión; además, sólo en caso de fácil acomodamiento podría tener lugar este extremo, haciendo y debiendo costear todas y cada una de las obras necesarias al mismo.

Meses más tarde, conformándose la Reina con lo propuesto el 25 de junio de 1837 por la Junta de Enajenación de edificios de conventos suprimidos acordó resolver que para los reconocimientos, mediciones y tasas de los mismos, así como de sus terrenos en Madrid, la Academia nombrase dos arquitectos sacados por suerte entre los doce que creyese mas acertados, eligiendo dos que residiesen en dicha villa. Enterada de esta petición, la Academia envió al secretario del Despacho de la Gobernación de la Península la lista de los que creía reunían la mayor inteligencia, entre cuyos nombres figuraban los de Juan Miguel de Inclán, Custodio Moreno, Martínez de la Piscina, Pedro Ayegui, Antonio Conde y González, Juan Francisco Rodrigo, Manuel Rodrigo y Lucio Olarieta, o los de Ladrón de Guevara, Martín Aguado, Antonio Zabaleta, José Sánchez Pescador, Tejada y Juan Morán Lavandera.

La Regencia Provisional del Reino dispuso el 14 de enero de 1841 la construcción de la Bolsa de comercio en la plaza resultante del magnífico patio del suprimido convento de San Felipe El Real (Madrid), cuyo cometido fue encargado a la Junta de Traslación de la Bolsa de Comercio. Esta acordó la necesidad de formar un plano geométrico para ser presentado al Gobierno, cuya ejecución debía ser confiado a un profesor académico nombrado por la propia Academia de San Fernando.  La Junta de Traslación de la Bolsa establecida en el primer piso del suprimido convento de San Felipe así lo comunicó a la Corporación el 23 de enero de 1841, institución académica que nombró en la mañana del 30 al arquitecto Antonio Conde y González como el profesor más idóneo y competente para llevar a cabo esta empresa. Sin embargo, tampoco en este momento se le proporcionó a la bolsa una ubicación definitiva, ya que la sede se trasladaría al claustro del convento de San Martín, posteriormente al monasterio de las monjas Bernardas, después al antiguo ex convento de los Basilios y por último, al antiguo edificio de la Aduana Vieja en la plaza de la Leña, hoy Jacinto Benavente, donde acabó teniendo un edificio propio.

Dado que la capital necesitaba urgentemente de una sede suntuosa, el Estado cedió unos terrenos en la plaza de la Lealtad donde había estado el antiguo Teatro El Dorado y se había derribado el Cuartel de Artillería del Buen Retiro al tiempo que la Junta de Obras de la Bolsa de Madrid convocó en 1884 un concurso nacional para levantar el edificio financiero en la capital, siendo Enrique María Repullés y Vargas el concursante ganador, en quien convergían la faceta de arquitecto constructor y arquitecto restaurador.

En el transcurso de la obra anterior, el fallecimiento del teniente director de arquitectura Juan Francisco Rodrigo había dejado vacante la plaza que ocupaba, motivo por el que el nombre de Conde y González volvió a reseñarse en las juntas académicas. Con arreglo a los Estatutos, la Junta Particular debía proponer a la Junta Ordinaria tres académicos de arquitectura que pudieran ocupar el puesto. La Junta Particular del 23 de diciembre de 1840 acordó la elección de los tres más antiguos, proponiendo en primer lugar a José Joaquín de Troconiz, en un segundo a Pedro Zengotita Vengoa y en un tercero a Antonio Conde y González. La Regencia Provisional del Reino nombró finalmente el 5 de marzo de 1841 a Troconiz, nombramiento al que la Academia dio su visto bueno en la Junta Ordinaria del 14 del mismo mes.

A raíz de la muerte de Fermín Pilar Díaz, fallecimiento comunicado en la Junta Ordinaria el 21 de junio de 1840, se volvió a nombrar a Conde y González en la Junta de la Comisión del 9 de febrero de 1841 con motivo de la convocatoria de la plaza de director de enseñanza en la clase de Aritmética y Geometría de Dibujantes en el estudio de la calle de Fuencarral (Madrid), de la que Díaz se ocupaba. Este destino fue solicitado igualmente por José París, Atilano Sanz y Lucio de Olarieta, quienes en sus respectivas exposiciones acreditaron sus méritos, no obstante, fue Conde quien sería nombrado para el cargo en la Junta Ordinaria del 14 de marzo de 1841. Posteriormente, la muerte de Pedro Zengotita Vengoa le elevaría a teniente director de arquitectura por la Real Orden del 20 de noviembre de ese mismo año, plaza de la que tomaría posesión en la Junta Ordinaria del 5 de diciembre de ese año.

En las Juntas de la Comisión de Arquitectura celebradas los días 9 y 16 de enero de 1844 se vio el expediente de denuncia con fecha del 25 de noviembre de 1843, remitido a la Academia por la Alcaldía Constitucional del Juzgado del Prado y ramo de Policía Urbana, referente a la casa de la calle de Postas, nº 15 esquina al callejón de San Cristóbal y testero a la de Vicario de la Manzana 200 (Madrid), cuyo primer informe había sido realizado por los arquitectos José Sánchez Pescador y Francisco Javier de Mariátegui. Para el mismo fin, la Academia nombró en esta fecha a Antonio Conde y Atilano Sanz, a fin de que hicieran el informe correspondiente sobre el estado de la precipitada casa y las obras que debían hacerse en ella, arquitectos que elaboraron el competente reconocimiento de la finca exponiendo sus conclusiones lo más pronto que les fue posible.

Su interés por progresar dentro del cuerpo académico le llevó a solicitar en 1843 los honores de director de arquitectura, de ahí que en las Juntas Ordinarias del domingo 15 de enero y 23 de abril de 1843 se vieran sus dos exposiciones relativas a este asunto. Tenemos constancia que en la Junta Ordinaria del domingo 9 de julio se leyó un oficio del Ministerio consultando sobre si los tenientes directores de arquitectura Antonio Conde y González y José Joaquín de Troconiz para los que la Academia había solicitado los honores de director, estaban comprendidos en el artículo 11 de sus Estatutos y si concederles dicha gracia resultaría perjudicial para la carrera de los demás profesores. La Comisión contestó que no causaría prejuicio alguno al resto de los profesores dado que los dos individuos eran tenientes propietarios de ellos y no correspondía este honor a otros en la primera vacante, de ahí que por Real Orden del 15 de agosto se les concediese a ambos el cargo de directores de arquitectura. Sin embargo, por renuncia de Custodio Moreno a la plaza de director propietario le sería concedida a Conde sin necesidad de consulta en la Junta Ordinaria del 18 de febrero de 1844, quien dio las gracias por dicho nombramiento en la Junta Ordinaria del 28 de abril.

A raíz de la denuncia presentada al Ayuntamiento de Madrid por el arquitecto Juan Esteban Puerta sobre el mal estado en que se encontraba la gran armadura que cubría la platea del Teatro del Circo al acarrear peligro y próxima ruina, los arquitectos del ayuntamiento estudiaron el caso, pero vieron más oportuno solicitar la opinión de la Academia al respecto. Esto llevó a la Comisión de Arquitectura a reunirse el 25 de enero de 1844 para designar a dos arquitectos que, en unión con el secretario Juan Miguel de Inclán, efectuasen el citado reconocimiento, aunque no sólo el reconocimiento de la platea sino de todo el edificio. Los nombramientos recayeron en los vocales Antonio Conde y José París, quienes llevaron a cabo su cometido la mañana del 3 de febrero, llegando a la conclusión de que el edificio estaba en buen estado y que contaba con suficiente seguridad, como también lo habían atestiguado los arquitectos de Madrid Ayegui y Sánchez Pescador. Las conclusiones fueron vistas en la Junta de la Comisión de Arquitectura el martes 7 de febrero de 1844 y aprobadas por la Academia en la Junta Ordinaria del 18 del mismo mes.

El 13 de febrero de 1844, Magdalena Martínez y Francisca Campanero, ambas viudas y vecinas de Madrid, expusieron a la Academia que eran dueñas, la primera de la casa situada en la calle del Bastero, nº 26 antiguo, nº 3 nuevo de la Manzana 93 y la segunda de la casa situada en la calle de Santa Ana, nº 20 nuevo en la misma manzana. Que habían formado una sola propiedad en lo antiguo y que por ello se había suscitado un litigio sobre el servicio de las obras comunes y los derechos que respectivamente las competía, por el que habían acordado, siguiendo las directrices de los dos arquitectos de ambas partes, Antonio Conde y Francisco Castellanos, elevar una escalera pública que se comprometían a pagar comúnmente. Pero debió a la existencia de ciertas divergencias entre ambos arquitectos se tuvo que solicitar de la Academia el nombramiento de un tercer profesor en discordia que llevase a cabo el reconocimiento de la finca y determinase lo más oportuno. Para dirimir este litigio, la Comisión de Arquitectura celebrada la mañana del jueves 21 de marzo de 1844 nombró a su director de arquitectura Juan Miguel de Inclán, a quien se le comunicó el 9 de abril.

A mediados de 1844, el Ayuntamiento de Madrid convocó un concurso de artistas de pintura, escultura y arquitectura para el programa de las funciones que debían celebrarse con motivo de la mayoría de edad y juramento de la Reina Isabel II, los cuales debían presentar en un tiempo determinado el boceto de un cuadro que representase el acto solemne del juramento en las Cortes, así como el modelo en bajorrelieve de un grupo alegórico del mismo acto y los planos de una fuente monumental alegórica de este mismo acontecimiento. Se presentaron varios bocetos y planos que fueron depositados en las casas consistoriales, pero como no se presentó obra alguna de escultura, el 26 de junio de 1844 el Ayuntamiento de la Villa solicitó de la Academia el nombramiento de tres profesores de pintura y otros tres de arquitectura a fin de adjudicar con acierto los premios ofrecidos por su instituto en el programa de dichas funciones. La Academia nombró el 4 de julio para este objeto a Juan Gálvez, Juan Antonio Ribera, Rafael Tegeo, Juan Miguel de Inclán, Antonio Conde y González y Atilano Sanz, a los cuales se les pasó el aviso correspondiente.

Ostentando el cargo de director de arquitectura, Conde mandó un oficio acompañado de una copia de la certificación que reseñaba haber estudiado con el arquitecto de rentas las filtraciones de aguas comunes de la Aduana en la medianería con la casa de la Academia y del perjuicio que estaban causando en su edificio, la cual fue leída en la Junta Ordinaria del 20 de octubre de 1844. Un año más tarde se jubiló como director honorario de arquitectura, pero la Comisión de Arquitectura le encargó el 11 de noviembre de 1845 junto con Atilano Sanz y Martínez de la Piscina el examen y el reconocimiento del expediente de Policía Urbana remitido a la Academia por la Intendencia de Madrid sobre el estado del horno y la casa tahona situada en la calle de la Esgrima, titulada de la Espada. El informe en borrador realizado por los tres vocales fue aprobado por la Junta de la Comisión el 3 de marzo de 1846, momento en que se les encargó a los mismos arquitectos pasarlo a limpio para ser presentado a la aprobación final de la Academia.

No obstante, mientras llevaba a cabo el informe de la obra anterior, la Alcaldía de Madrid, Distrito de la Aduana, se puso en contacto con la Academia el  12 de enero de 1846 a raíz del hundimiento de las casas nº 31 y 33 de la calle Angosta de San Bernardo, cuyo reconocimiento había sido realizado por arquitectos nombrados al efecto, pero cuyos propietarios no estaban conformes con el dictamen de los mismos. En vista de que había una disconformidad de pareceres entre las partes se solicitó el nombramiento de un profesor de la Academia. Este podía ser miembro de la junta y académico arquitecto de la corte, pero de ningún modo podía ser Juan Esteban Puerta o uno de los tres arquitectos de la villa, es decir, Juan Pedro Ayegui, José Sánchez Pescador o Isidro Llanos. El elegido debía hacer el reconocimiento de las casas y remitir a dicho Juzgado la certificación oportuna sobre lo que debía conservarse de lo edificado en la fachada inclusa y si la cantería tenía las dimensiones y demás reglas como prevenía el arte. Asimismo, la calidad de la fábrica y de los materiales, como las causas que habían motivado su ruina. El elegido fue Antonio Conde y González, director honorario de la Academia que aceptaría el nombramiento el 15 de enero de 1846.

El 19 de agosto de 1849 llegó a la Institución académica el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el derribo de la torre nueva de esa capital. Se trataba de una obra monumental, cuyo principal director había sido Gabriel Bombao y cuya fábrica había sido concluida en 1512 con 416 palmos de elevación y 60 de diámetro. En estos momentos, el Ayuntamiento solicitaba una serie de aclaraciones que necesitaba saber: 1ª) Si dicha torre era digan de conservarse por su mérito artístico; 2ª) Si según los informes dados por los arquitectos que la habían reconocido podía conservarse y mantenerse en buen estado sin temor de ruina con los revestimientos que se proponían. 3ª) Si la restauración proyectada se acomodaba al carácter de las fábricas; 4º) Si sería mas costosa la reparación que el derribo, y por último, la 5º), cuál de estas disposiciones debía seguirse.

En respuesta a todas estas preguntas, la Junta de la Sección de Arquitectura se reunió la noche del miércoles 29 de agosto para dar a conocer el parecer que sobre esta obra tenían los arquitectos Antonio Conde y González, Juan Miguel de Inclán, Atilano Sanz y Matías Laviña, profesores que habían formado parte de la comisión nombrada por la Academia para estudiar el asunto con detenimiento.  Todos ellos llegaron a las siguientes conclusiones: 1^er punto, que la torre nueva en concepto de los que firmaban era «un monumento de utilidad, de recuerdos historicos, de gloria nacional y de un merito artistico indisputable, y digno por tanto de conservarse à toda costa./ 2º punto. Si, según los informes dados por los Arquitectos q^e la reconocieron podía conservarse y mantenerse en buen estado por largos años y sin temor de ruina con los revestimientos q^e proponen./ Todos los facultativos, los que menos amigos parecen de los monumentos, y hasta los interesados por la seguridad de los vecinos, convienen en q^e una reparacion hecha  en debida forma puede dar à la torre una larga duracion. Acertadisima es la idea de macizar  el hueco q^e ocupa la escalera, cuya operación deberá comenzarse desde el  neto del cimiento por dos ó tres hiladas de sillares en forma de dobela con arreglo al buen metodo de construccion, y proseguirse luego hasta salvar la parte debilitada, con ladrillo bueno y mortero de la mejor calidad, suspendiendola el tiempo  q^e sea necesario à cada ocho ó diez pies de elevacion para que tenga lugar de consolidarse [...]. Macizado el hueco de la escalera y después de hallarse bien secos sus materiales, podrá hacerse el zocalo propuesto de buen perfil è igual salida en todo su perimetro, atizonandole y engrapando bien unos con otros sus sillares , que deben ser de piedra de mas fuerte, y cuando menos de cinco hiladas de cubierta. [...] se desmontará el chapitel y se repondrá ò hará otro de nueva construccion mas analogo y en harmonia con el edificio, y por consiguiente de mucha menor elevacion./ 3º punto. Si esta restauracion se acomoda al carácter de la fabrica y desfigura su alzado alterando la convinacion de perfiles y sus verdaderas proporciones. Como el revestimiento esterior q^e se propone no pasa de ser un zocalo, no debe desfigurar al basamento y mucho menos y mucho menos a los cuerpos superiores, antes bien como miembro esencial de q^e carece puede y debe dar á uno y otro la gracia y propiedad que le falta./4º punto.  Si será mas costosa la reparacion q^e el derribo [...] ./5º punto. Finalmente cual de estas disposiciones será preferible atendidos todos los antecedentes. Parece innecesario despues de lo dicho añadir nuevas razones ni detenerse en demostrar con otros datos la preferencia que sobre la demolicion (...) debe darse a la reparacion [...]».  No obstante, en 1857 el Ayuntamiento de Zaragoza volvió a remitir a la Academia otro expediente sobre el mismo asunto y en 1858 el proyecto del académico José de Yarza para la recomposición de dicha torre, que la Sección de Arquitectura del 26 de junio de 1858 acordó elegir «la forma de estrella con el zócalo octogonal de sillería hasta la altura necesaria para salvar la puerta».

Mientras que dio su parecer sobre la obra anterior, Antonio Conde fue nombrado en 1850 junto con Antonio de Zabaleta para llevar a cabo el informe de los planos remitidos por el Ayuntamiento de Madrid referentes a un matadero de ganado vacuno y lanar para el abasto de dicha villa, que debía construirse a extramuros de la Puerta de Segovia. Ambos arquitectos finalizaron el informe el 22 de junio habiendo verificado un minucioso reconocimiento con el estudio de los tres proyectos presentados. Todos ellos cumplían las condiciones y exigencias necesarias al objeto que se destinaba el edificio, de ahí que comunicasen al ayuntamiento que eligiese cualquiera de ellos para construirlo. La Sección de Arquitectura aprobaría el informe de Conde y Zabaleta el 2 de julio de 1850.

Con este mismo objeto, elaboraría el 16 de septiembre de 1850 los planos, el presupuesto y el informe facultativo de una cárcel y sala de tribunal con sus accesorios para Talavera de la Reina (Toledo), obra que había sido realizada por encargo de dicho ayuntamiento el académico de mérito Juan Bautista Peyronnet el 27 de junio de 1845. La cárcel debía ubicarse en el antiguo convento de los Regulares Agustinos en la plazuela llamada de las Panaderías. Examinado todo con detenimiento Conde dio su visto bueno al proyecto siendo aprobado finalmente por la Sección de Arquitectura el 24 de septiembre de 1850. 

Antes de acabar el año, Manuel Mateo ejecutó los planos para el arreglo de la cárcel de la villa de Belmonte (Cuenca), cuya censura corrió a cargo de Conde y González, previo nombramiento de la Sección de Arquitectura. Tras realizar el minucioso estudio de los planos presentados, el método práctico de su construcción y los materiales empleados observó el debido ensanche, la comodidad, ventilación y solidez necesarios en este tipo de obras, así como el económico coste total que presuponía el autor debido a que reaprovechaba parte de los materiales producidos de la demolición. Sin embargo, aprovechó la ocasión para recordar que según lo mandado por S.M. y las reales órdenes, los maestros de obras debían abstenerse de proyectar y dirigir algunos edificios públicos, aunque en este caso podía hacerlas este maestro de obras al ser en su mayoría obras de reparación y las nuevas obras de poca entidad.  Por todo lo expuesto, daba el visto bueno a los planos y a su ejecución de mano de Manuel Mateo, parecer que sería aprobado por la Sección de Arquitectura el  28 de enero de 1851 y por la Academia en la Junta General del 9 de febrero de ese mismo año, no sin antes advertir al autor que podía hacer este tipo de obras siempre que no hubiera en la provincia un arquitecto aprobado que pudiera reclamar su justo derecho.

En febrero de 1851 la institución académica encargó a su Sección de Arquitectura los exámenes de los aspirantes al título de directores de caminos vecinales, así como el nombramiento de los individuos que debían formar parte del tribunal de examen. El 27 de marzo fueron designados para conformar dicho tribunal los profesores Antonio Conde y González, José París y Juan Bautista Peyronnet, mientras que el 20 de mayo lo fueron Atilano Sanz, Antonio Herrera de la Calle y Juan Pedro Ayegui. Pero el inconveniente de que los tribunales estuvieran formados por todos los individuos de la Sección de Arquitectura, quienes debían rotar y turnarse para llevar a cabo la censura de los diferentes exámenes, llevó el 14 de octubre a que se acordase modificar esta práctica en pro de un tribunal fijo formado por personas dedicadas a la enseñanza de los diferentes ramos, con cuyo sistema se podían verificar siempre y con regularidad las pruebas. El tribunal quedó conformado finalmente por los académicos José París, Juan Bautista Peyronnet y Eugenio de la Cámara, nombrándose como suplentes los también académicos Antonio de Zabaleta y Matías Laviña.

En el transcurso de 1851, Conde llevó a cabo como delegado de la Sección de Arquitectura el informe relativo a la inspección facultativa del plano geométrico del pueblo de Masnou (Barcelona). Ejecutado el reconocimiento de la disposición de los edificios de primer y segundo orden, además de los privados y la comunicación de unos puntos del pueblo con otros por medio de calles rectas evitando las tortuosas, advirtió el elevado coste que supondría el proyecto y su realización en el transcurso de varios años, no obstante, observó también el beneficio que supondría su ejecución en cuanto a la comunicación, ventilación, limpieza, salubridad e higiene, aspectos todos ellos exigidos en cualquier población. El informe de Conde fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 20 de mayo de 1851.

En septiembre de ese mismo año comenzó la edificación de una iglesia parroquial a extramuros de la corte (Chamberí) con fondos de varios feligreses, arbitrios, limosnas y finalmente con recursos del gobierno para poderla concluir. A fin de saber si la obra era sólida y podía continuarse su construcción, el gobierno dispuso que dos arquitectos de la Academia la reconociesen  e informasen cuanto considerasen oportuno de manera gratuita, comisión para la que fueron  nombrados  Juan Miguel de Inclán, Antonio Herrera de la Calle  y Antonio Conde y González. Una vez verificados los desperfectos, desplomos y quiebras del templo realizaron un primer informe el 26 de septiembre de 1851 y un segundo el 22 de octubre, en el que reseñaron la necesidad de demoler las dos torrecillas que decoraban la fachada principal. Del mismo modo, elaboraron un examen de las obras circunscritas y los materiales empleados en ellas, para lo que hicieron el rompimiento de 6 puntos de excavación que lo manifestasen: cuatro en el interior de la nave de la iglesia y 2 al exterior, alrededor de la capilla mayor o presbiterio, que reconocieron la mañana del 5 de marzo de 1852. Los encontraron con una solidez regular debido a la utilización de materiales de diferente consistencia, pero no creían que ese fuese el origen de los desperfectos y la progresiva ruina de las fábricas superiores. A su entender, muchas habían sido las causas del deterioro de la obra: la forma adaptada en la cubrición de la nave principal del templo; una bóveda de tabicado doble sujeta á la curvatura circular ó de medio punto apoyada en muros resistentes cuya construcción había sido muy poco esmerada y sus asientos homogéneos; la utilización de los materiales por medio de limosnas cuya calidad no era la más recomendable; los malos trabazones y la poca profesionalidad de los obreros que la habían levantado, y por último y más principal, el abandono en que habían estado las obras por espacio de meses y aún de años, durante los cuales las lluvias habían disuelto y arrastrado en su descenso el mortero que unía los ladrillos y los mismos ladrillos.

En estos momentos, no sólo se creyó necesaria la demolición de las dos torrecillas de la fachada principal sino también la demolición de toda ella hasta el cimiento de la misma. También la cubrición de la nave con una armadura atirantada en sustitución de la bóveda, formando la vuelta con encamonados y la forma que se creyese más oportuna, así como la supresión del vuelo de la cornisa interior por ser innecesaria, a fin de regularizar la forma de la bóveda que fuese preciso determinar. Por otro lado, las naves laterales debían constituirse en capillas, demoliendo los arcos labrados en la parte izquierda y rebajando sus fábricas en una y otra parte.

El 5 de abril de 1852, la Secretaria de la Academia recibió además de los planos de la iglesia de Chamberí suscritos por el académico supernumerario Antonio Cachavera y Langara y aprobados por la corporación en abril de 1841, otro nuevo plano que representaba el mismo proyecto, pero con notables modificaciones, cuyo autor no era arquitecto aprobado. También recibió la Real Orden que se había leído en la última junta general y por la que S.M. había encargado a la Academia que le mantuviera informada sobre este asunto. La Junta de la Comisión reunida el 19 de junio dictaminó que para asegurar el edificio y salvarlo de la ruina eran necesaria la construcción de unos muros de cuatro pies de grueso desde los machones de la nave central hasta  los muros exteriores, debiendo embeber en ellos tirantes y bolsones de hierro a fin de formar un cuerpo compacto; la demolición de los tabiques provisionales que cerraban los arcos; la construcción de una armadura mixta de madera y hierro que atirantase entre sí estos muros y contuviese sus movimientos; la demolición del cañón de la bóveda y su sustitución por un encamonado; la demolición de la escalera helicoidal que daba subida a la torre de la izquierda y la realización de otra de madera, y por último, la demolición de las paredes que unían los muros exteriores con los dos de la nave principal, construyéndolas de nuevo con el grueso competente.

El parecer de la Comisión de Arquitectura fue aprobado por la Academia en la Junta General del 11 de julio, pero a mediados de 1853 el propio Cachavera y Langara remitió a la Junta Inspectora de las obras de la Iglesia de Chamberí  una exposición indicando que no iba a invertir en la obra para dejarla totalmente consolidada más cantidad que los 180.000 reales que por entonces existían en depósito, a lo que dicha Junta acordó decir al interesado que debía aclarar los siguientes puntos: las obras que debían ejecutarse detallándolas una por una, formando el presupuesto con especificación de partidas y señalamiento de valores, como los medios que iba a adoptar para que no se perdiese aquella suma. Viendo esta exposición, la Junta de la Sección de Arquitectura del 16 de agosto de 1853 aceptó la proposición de Cachavera y creyó justo como equitativo concederle la ocasión de poder reparar por fin el edificio. También que era imposible que el arquitecto formase el presupuesto detallado con especificación por partidas como se le pedía porque debiendo proceder a la demolición de parte de la obra existente era imposible prever el número de pies o varas cúbicas de las diferentes fábricas que serían necesarias reponer; además este presupuesto detallado era innecesario cuando el propio arquitecto se comprometía a terminar las obras con el mismo presupuesto cuando seguramente le iba a costar mucho más dinero. Por último, respecto a las medidas que iba a adoptar para no perder la suma existente, creía muy razonables las condiciones a las que voluntariamente se sometía el arquitecto, por lo que tampoco existía problema en cuanto a este punto. No obstante, se manifestó la conveniencia de que una comisión facultativa y de la confianza de la Academia inspeccionase semanalmente las obras que se fuesen ejecutando y certificase que se estaban llevando a cabo según lo prescrito y bajo los buenos principios del arte. Para esta comisión, la Academia propuso a principios de 1854 a los mismos arquitectos que años anteriores habían realizado el informe de la obra, es decir, a los académicos Antonio Herrera de la Calle y Antonio Zabaleta, sin embargo, ambos comunicaron su imposibilidad de realizarla porque uno tenía dos obras principales fuera de la corte y el otro debía salir de Madrid por problemas de salud. En cuanto a esta comisión, ambos arquitectos manifestaron que la creían ajena de la índole de la Academia y que no debía ser encomendada a sus individuos puesto que este tipo de trabajos no estaban remunerados y por consiguiente eran muy gravosos para los individuos, ya que las inspecciones exigían mucho tiempo, máxime en una obra de estas características al encontrarse muy lejos de sus domicilios. También que requerían una gravísima responsabilidad y que no podía una comisión aceptar a quien la mala fe de los operarios y materialistas podría sorprender si las obras tan sólo eran inspeccionadas una vez por semana.

La Sección de Arquitectura celebrada el 18 de octubre de 1853 atendió a la opinión de Herrera y Zabaleta y ante lo expuesto por ambos arquitectos, S.M. acordó en marzo de 1854 que los académicos que fuesen nombrados para inspeccionar las futuras obras de la iglesia de Chamberí fuesen remunerados con una retribución. Después de oído este dictamen, la Sección reunida la noche del 28 de marzo de 1854 verificó el nombramiento de Herrera y Zabaleta, académicos a quienes se les notificó y contestaron en abril que cuando habían expresado sus opiniones nunca lo habían hecho con ánimo de exigir retribución alguna, pues siempre habían estado dispuestos a ejecutar cualquier trabajo que les encomendase la corporación sin coste alguno.

Aún con todos estos pormenores las obras de la iglesia de Chamberí siguieron su curso durante 1854. El 21 de junio Juan José de Urquijo fue nombrado arquitecto- inspector por el Ministerio de Gracia y Justicia para inspeccionar semanalmente las obras de la parroquial y el 26 de julio de 1855 llevó a cabo un detenido reconocimiento de la obra, cuyo informe remitió el 1 de agosto. Puso de manifiesto que la fachada continuaba aumentando el movimiento ya indicado en su primer informe; que el revestimiento de la bóveda se había destruido y pasado al arco toral como a  parte del cascaron del presbiterio, el cual  creía no poder conservar; que la razón principal que le obligaba a dimitir del cargo con el que le había honrado S.M. era que las fábricas del templo carecían de las precisas condiciones de estabilidad por las razones expuestas en el anterior informe y por último, que eran insuficientes los medios propuestos para conseguir el fin deseado. Dicho escrito fue remitido a través del Ministerio de Gracia y Justicia a la Academia, la cual a través de la Sección de Arquitectura celebrada el 14 de agosto de 1855 emitió el consiguiente informe criticando severamente a  Juan José de Urquijo con las siguientes palabras: «La Sección no cree prudente calificar el escrito de D. Juan Jose de Urquijo por que debería hacerlo muy severamente al ver la ligereza y resuelto tono con que há hablado del juicio de una Academia que debia tener para él tanto titulo de respeto y consideracion, al mismo tiempo que manifiesta desconocer completamente el asunto en que pretende dar lecciones á esta corporacion en vano la Seccion há buscado en su informe una razon-cientifica del aventurado acierto que hizo: (solo por el placer de criticarla sin duda á pesar de habersele mandado por el Gobierno de S.M. que detalle ó demuestre las razones por las que cree insuficientes é impracticables las obras que propuso la Academia, ni las ha detallado ni menos ha podido demostrarlas, reduciendose y limitandose á repetir y perifrasear la idea de que no son bastantes, y esto á vuelta de no pocas vulgaridades impropias de un hombre cientifico, confundiendo lastimosamente los principios del equilibrio con los del movimiento, las causas con los efectos, las observaciones con los estudios que, ó no há hecho, ó si los há hecho no deben ser los mejor ordenados  á juzgar por las consecuencias que deduce. De todo esto se sigue que la negativa del Arquitecto Urquijo á encargarse de la inspeccion de las obras, solo ha servido 1º para entorpecer el negocio, dilatando la resolucion, 2º para demostrar su insuficiencia cientifica y 3º para poner de manifiesto su falta de respeto hacia la primera corporacion artistica de España á cuyo decoro no há tenido reparo en atentar con sobrada ligereza y sin el menor fundamento [...]». Ante esta situación, la Sección de Arquitectura acordó en sus juntas celebradas el 14 y 22 de agosto de 1855 que fuese aceptada entre otras cosas la renuncia al cargo por parte de este arquitecto y que se tomase en acta la gran ofensa que había inferido a la Academia para que en futuras ocasiones se pudiera hacer uso de ello como mejor conviniese.

Las obras del templo continuaron su marcha en 1856, fecha en la que fueron nombrados los arquitectos Juan Pedro Ayegui y Matías Laviña Blasco para realizar su correspondiente reconocimiento. El 13 de agosto remitieron su informe, manifestando el haberse construido recientemente obras con solidez, esmero y buenos materiales, lo que había tenido como resultado la estabilidad deseada del edificio. 

Dejando de lado las obras de la iglesia parroquial de Chamberí y retomando las actividades desarrolladas por Conde y Gónzalez durante 1852, sabemos que el 3 de junio de este año elaboró en colaboración con Aníbal Álvarez y Juan de Madrazo los «Principios y leyes de perspectiva aérea aplicables al dibujo arquitectónico y topográfico, tanto al claroscuro como al colorido y de la elección y composición de las tintas en este último caso». Comenzaron este estudio con la Perspectiva, a su entender, tarea aplicable como lenguaje de la arquitectura y la topografía y efecto visual de los objetos. Es la que da el claroscuro, la que decide la forma de las cosas, la que da relieve y acerca o aleja a la vista. Continuaron con el Dibujo Arquitectónico y Topográfico, en el que es más necesario el conocimiento de la Perspectiva Aérea porque, aunque sean dibujos en grande a escala, indican objetos y distancias muy separadas. En el dibujo topográfico, las sombras son importantes de indicar que los arrojados, al contrario que en el dibujo arquitectónico. En cuanto al colorido de los planos topográficos hay que esforzarse mucho menos para obrar la perspectiva aérea.

Su nombre volvió a aparecer en las juntas académicas en septiembre de 1852, cuando Ruyloa hizo presente los abusos que eran cometidos de continuo por los prácticos del arte de construir en Almagro (Ciudad Real), sobre todo Miguel Pintado y Antonio López Patiño, prácticos de albañilería y carpintería respectivamente, en contra de las órdenes y disposiciones vigentes relativas al ejercicio de la arquitectura. Ruyloa se quejaba concretamente del abuso cometido por el juez político de primera instancia de ese partido, Rafael Luis de Fuentes, quien se había negado a cumplir el acuerdo de la Academia al evitar que por dicho tribunal se nombrase en calidad de peritos para asuntos facultativos a sujetos sin competencia y título para ello. Como delegado de la Sección de Arquitectura por nombramiento del 27 de agosto de 1852, Antonio Conde y González llevó a cabo el informe correspondiente a este asunto dejando constancia de su total acuerdo con Ruyloa, motivo por el que la Sección de Arquitectura celebrada el 28 de septiembre dictaminó que debía «remitirse apoyandola fuertemente, y suplicando al Excmo. Sr. Ministro de Fomento que de acuerdo con el de Gracia y Justicia dicten las disposiciones convenientes á fin de que el Sr. Juez de primera instancia de Almagro y la Audiencia territorial así como cuales quiera otras autoridades á quien pueda competir modifiquen sus acuerdos y respeten y hagan respetar los derechos de Ruyloa a la cuestion á que se refiere». Este parecer sería aprobado por la Academia en la Junta General del 17 de octubre de ese mismo año.

A principios de 1853 llevó a cabo junto con Antonio Herrera de la Calle el informe de la denuncia de las casas ubicadas en la población de Chamberí (Madrid), en la calle del Norte, nº 3 y 5, concretamente en un callejón sin salida, nº 2 y 4 y en la calle de Herrera, nº 3 hasta el 27 inclusive, todas ellas propiedad de Enrique de Urtrada. También las situadas en la misma calle de Herrera, nº 34 al 42 inclusive con vuelta a la de Santiesteban, nº 6 y 8, propias de Antonia de las Rivas. Verificados todos los reconocimientos de las fincas vieron en las primeras casas que su altura no correspondía con lo que se había mandado hacer en las casas de un solo piso; que las que iban enunciadas en lo general tenían de 8 a 9 pies de altura y sus fábricas no se encontraban en perfecto estado, por lo que debían hacerse obras de reparos interiores, guarneciendo y revocando sus fachadas por razón de ornato público sin tener que demolerlas, mientras que las casas con los números 7 al 27 inclusive debían derribarse inmediatamente al ser meras cochiqueras. El informe, concluido el 1 de febrero de 1853, sería aprobado por la Sección de Arquitectura ese mismo día.

Por la Real Orden del 21 de enero de 1854 se convocó la plaza de profesor de Delineación y Topografía para la clase de maestros de obras, directores de caminos vecinales y agrimensores (1º año) en la Escuela de Bellas Artes de Valencia con una datación de 8.000 reales anuales, plaza a la que concurrió como único opositor Juan Lozano García. El tribunal que debía examinarle quedó conformado por Antonio Conde y González, Antonio Zabaleta, Narciso Pascual y Colomer, Juan Bautista Peyronnet y José Jesús Lallave. Lozano obtuvo la plaza en la Junta General del 5 de febrero de 1854.

A principios de ese mismo año de 1854 Francisco Nieto remitió los planos, el presupuesto y el informe facultativo para levantar de nueva planta la cárcel y depósito municipal con sus accesorios para el juzgado de primera instancia en la villa de Vitigudino (Salamanca). La Sección de Arquitectura nombró a Antonio Conde y González para realizar el informe correspondiente a dichas obras, cuyo estudio tuvo concluido el 15 de marzo. Tras realizar el reconocimiento del proyecto dedujo la falta de luces y ventilación de la obra por la escasez de huecos y ventanas en sus fachadas exteriores, las grandes dimensiones de los arcos del patio y encontrarse muy bajas las ventanas de las estancias de los presos ordinarios en la planta baja. El informe pasó más tarde la censura de la Sección de Arquitectura que reunida el 21 de marzo acordó proponer a Francisco Nieto que hiciese un nuevo proyecto que se ajustase mejor a la legislación vigente sobre cárceles a fin de no incurrir en los defectos que apuntaba su proyecto. A finales de 1854 Francisco Nieto volvió a remitir los planos en borrador de la cárcel, siendo de nuevo censurados por Antonio Conde el 16 de septiembre de 1854, quien informó lo siguiente: «1º Que la escalera pral según se demuestra, aparece ser doble o de seis tiros, con cinco peldaños en cada uno, resultando poco desaogada, y sino fuese doble, sera incomoda y de dificil acceso, asi puede disponerse con el haumento de peldaños en tos tiros mayores y paralelos./ 2º En el Patio pral formado p^r la galeria de arcos [...] se proyectan dos arcos, con el muro de dibision en el centro, obstruyendo las entradas; deben disponerse tres arcos [...] para proporcionar el espacio necesario [...] resultando la obra con la union y solidez necesaria [...]». En cuanto al resto del proyecto, creía que cumplía debidamente con las condiciones y exigencias a la que se destinaba la obra. El informe sería aprobado por la Sección de Arquitectura el 27 de septiembre de 1854.

Siguiendo con lo dispuesto por la Sección de Arquitectura el 1 de abril de 1854, Conde realizó junto con Juan Bautista Peyronnet el informe correspondiente a la casa nº 17 ubicada en la Plazuela del Progreso, en vista del expediente que había sido promovido por la Policía Urbana de la villa de Madrid sobre la denuncia de las fachadas de dicha vivienda. Reconocida la estructura de las fachadas, advirtieron las importantes quiebras y el movimiento de las fábricas que se habían transmitido al resto de las fachadas y la heterogeneidad de su construcción, por lo que era imposible hacer obras de reparación que suministrasen estabilidad al edificio. El informe de los arquitectos fue aprobado por la Sección el 11 de abril de 1854.

A finales de 1854 se encargó junto con Atilano Sanz y Pérez del informe sobre el estado de la casa ubicada en la calle de Castro en el barrio de Chamberí (Madrid), en la que se intentaba levantar un piso principal. Realizado el reconocimiento de la casa el día 30 de septiembre, los arquitectos se percataron con sorpresa que la obra proyectada, cuya licencia se solicitaba, estaba levantada y habitada desde hacía tiempo por lo que informaron del hecho a la Sección de Arquitectura el 2 de octubre, la cual quedó enterada del asunto el 27 del mismo mes.

Posteriormente, Conde fue nombrado por la Sección en colaboración con José París para llevar a cabo el examen del expediente formado con motivo del concurso organizado por el Ayuntamiento de Valencia a fin de erigir una fuente monumental a la memoria de Mariano Liñán. Los arquitectos advirtieron que el ayuntamiento no había especificado el tipo de opositores que debían concurrir al certamen, lo que había dado lugar a muchos conflictos por carecer los agraciados de las facultades que las leyes exigían a la hora de proyectar y dirigir obras de este tipo. Además, se habían remitido a la Academia de San Carlos los proyectos presentados al concurso de los cuales, cuatro de ellos del que saldría el elegido, debían ser corregidos para su resolución final, momento en que se apreció la falta de actitud legal de sus autores. Por todo ello, Conde y París aprovecharon la oportunidad para recordar las reales resoluciones, particularmente la del 25 de noviembre de 1846 por la que se confiaba a la clase de arquitectos aprobados la facultad de proyectar y dirigir este tipo de obras. Lo ocurrido en el concurso contrariaba totalmente esta resolución por lo que a su entender debía considerarse nulo y no presentado el proyecto elegido, parecer que sería aprobado por la Sección de Arquitectura el 16 de enero de 1855. 

Estos mismos arquitectos llevaron a cabo el reconocimiento de la alineación de la casa de nueva planta ubicada en la calle Desengaño, nº 14, manzana 362 (Madrid), propiedad de Vicente G. y Gómez, cuyo informe dejaron concluido el 3 de marzo de 1855, así como el estudio de la alineación de la calle de Santa Anta en la misma ciudad, advirtiendo el 11 de mayo de 1855 que la línea marcada por el arquitecto municipal para la casa nº 16 y 18, ya aprobada por real orden y señalada con tinta azul en dicho plano era la más conveniente en esta acera, aunque podían hacerse algunas modificaciones en la acera opuesta a pesar de la ya marcada y llevada a efecto en las casas nº 1 y 3.

Ambos arquitectos fueron de nuevo nombrados por la Sección de Arquitectura en estas fechas para evacuar el informe relativo a la denuncia presentada sobre la casa situada en la calle de Toledo, nº 43 esquina a la calle de la Colegiata (Madrid). Una vez verificado el reconocimiento interior y exterior de la finca concluyeron el informe el 20 de julio de 1855, expresando que la casa no se hallaba en estado de ruina, ni en su totalidad ni en la parte contigua con la iglesia de San Isidro por la calle de la Colegiata, y que sólo habían observado unas manchas y humedades en su fachada provenientes de «estar arrimados a ellas los lugares escusados de los diferentes pisos, cuyo defecto en el ornato puede desaparecer, separando los referidos lugares escusados de dicha fachada evitando el contacto con ella en las bajadas y asientos y reparando con algun punto de fabrica y los consiguientes guarnecidos y refrescos del revoque los defectos que hoy se notan […]». Dicho informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 27 de julio de ese mismo año.

Al año siguiente, Conde y González renunció al cargo de vocal del Consejo de Sanidad, ocupado su vacante Aníbal Álvarez por nombramiento de la Reina el 10 de diciembre de 1856. La Academia quedó enterada de dicho honor en la Junta General Extraordinaria del 21 del mismo mes.

Poco antes del plan del Ensanche, se había llevado a cabo el proyecto de renovación interna más importante de la Villa: la configuración de la Puerta del Sol, que había comenzado en 1852 y no quedaría concluida hasta 1862, llevándose a cabo la propuesta de Lucio del Valle, Juan Rivera y José Morer en 1857. La renovación de la Plaza fue complicada porque llevaba intrínseca la expropiación de multitud de solares, para lo que fue necesaria la promulgación de la Real Orden de 19 de septiembre de 1954. Gracias a ella se sometió a examen del Ayuntamiento de Madrid el proyecto de Ensanche de la Puerta del Sol para la regularidad y embellecimiento de la capital, así como por el interés de los propietarios, pero para ello era necesaria la opinión de la Academia Nacional de San Fernando teniendo presentes los planos de la proyectada reforma. El lugar, además de encontrarse entonces como resultado del derribo del Buen Suceso y la casa de beneficencia, necesitaba de una regularización urgente por el «repugnante aspecto» que presentaba respecto al ornato público, pues constituía el sitio más céntrico y concurrido de la ciudad.

El 17 de octubre de 1854 se entregó la comunicación original que la suprimida Junta Consultiva de Policía Urbana había elevado al gobierno el 19 de octubre de 1853. Junto a la comunicación oficial se adjuntó el proyecto del ensanche de la plaza formado por el plano, la decoración de las nuevas fachadas y el coste que podría suponer la realización del mismo, pero  toda esta documentación era susceptible de ser ampliada con las alineaciones aprobadas para las calles de Alcalá, Arenal, Carretas, Mayor y demás.

La Sección de Arquitectura reunida el 27 de octubre de 1854, formada por París, Conde y González, Sanz, Herrera de la Calle, Zabaleta, Peyronnet y Laviña sometieron de nuevo a examen el proyecto del ensanche, alineación y ornato de la Puerta del Sol. Estudiado con detenimiento, la Sección comunicó al ayuntamiento que le era imposible dar su opinión al respecto debido a la escasez de datos remitidos, ya que además faltaba uno sumamente importante: el estudio detallado de los desniveles y rasantes, aspecto del que no había podido ocuparse la Comisión encargada de la obra debido a la premura con que se había exigido la presentación del proyecto. Además, la Academia necesitaba conocer si el proyecto se encontraba en armonía con el pensamiento general de mejoras y reformas en el sistema de alineación de Madrid y tener a la vista las acordadas para todas las calles que desembocaban en la plaza. Por todo ello, comunicó al ayuntamiento no poder dar en este momento un dictamen favorable a lo presentado y la necesidad de que se ocupase de concluir el plano futuro de Madrid, dictamen de la Sección de Arquitectura que fue aprobado por la Academia en la Junta General celebrada el 5 de noviembre de 1854.

En vista de los resultados obtenidos, el ayuntamiento dispuso que sus arquitectos se pusieran a trabajar para recopilar la información que le había solicitado la Academia. El 17 de febrero de 1855 se recopilaron los datos suficientes, se ejecutaron los perfiles que se representaban en el plano, las anotaciones de cada perfil y las acotaciones que expresaban los desniveles en los puntos principales, como también los diseños de las 10 calles que desembocaban en la plaza. Todo ello fue remitido a la Academia a la mayor brevedad, pero recibido el expediente el 19 de febrero a las 12 de la mañana y reunida la Sección de Arquitectura a las 5 de la tarde de ese día, continuándola el 20 a las 8 de la mañana, se echó de menos tener a la vista la comunicación del ayuntamiento con todos los antecedentes de la obra.

Los arquitectos Matías Laviña y José Jesús Lallave fueron nombrados por la Sección de Arquitectura para examinar la reforma de la Puerta del Sol. Tras reconocer el lugar y estudiar el proyecto durante 12 largas horas tuvieron concluido el informe el 20 de febrero de 1855 llegando a las siguientes conclusiones: «1º la Conveniencia del proyecto; si bien llama la atencion p^r haberles impresionado vivamente, sobre los 130 r^s p^r pie y 3 p^r % de indemnizacion. 2º Encontrar el proyecto aceptable y estudiado bentajosamt^e, de una manera poco variable con escaso tiempo y medios. 3º Encontrarlo asi mismo realizable siempre que, atendiendo á ser una reforma y no un proyecto nuevo, el plano de asiento de la nueba plaza no sea un solo y mismo plano, sino una superficie compuesta de varias estudiadas con las intervenciones de diferentes planos de manera q^e estas ni impidan en lo mas minimo el transito y servicio público de todo genero, antes sea mas asequible q^e al presente».

El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 22 de febrero de 1855 y seis días más tarde Peyronnet llevó a cabo la redacción del mismo poniendo de manifiesto que se trataba de un proyecto que había exigido repetidas juntas y discusiones para poder conciliar los intereses del ayuntamiento con los de los propietarios; que la población de Madrid necesitaba muchas reformas, pero una de las más importantes era esta al ser lamentable y desdecir el aspecto de este espacio urbanístico tan reconocido en la Península y en el extranjero por su posición central, el número de calles que desembocaban en él y la multitud de carruajes y personas que transitaban por sus avenidas. Por otro lado, señalaba la necesidad de corregir la desigualdad de los frentes y la asimetría de las manzanas, estudiarlo desde el punto de vista artístico atendiendo a su disposición en planta y la ornamentación de sus alzados sin olvidar el cálculo del coste que debía tener, motivos por los que creía conveniente la ejecución del proyecto, máxime cuando la obra había sido declarada de utilidad pública.

En nombre de la Sección de Arquitectura, Peyronnet comunicó la aprobación del ensanche proyectado base del proyecto presentado al estar sus alzados bien entendidos y seccionados, sin embargo, consideraba que hubiera sido más conveniente haber organizado un concurso público para tal ocasión a fin de haber elegido entre varios proyectos el mejor, ya que era un medio para estimular el genio artístico y obtener el mejor resultado en obras de tanta importancia. En cuanto a la cuestión económica, asunto que sólo pertenecía al ayuntamiento, se consideró oportuno señalar algunas indicaciones sobre todo en cuanto al tipo de indemnizaciones que debían pagarse.

La Sección de Arquitectura se volvió a reunir el 24 de febrero de 1855 para examinar la reforma de este espacio urbanísticos. Examinó el proyecto presentado susceptible de modificación desde dos puntos de vista: el artístico y económico, este último limitado tan sólo a la parte de la tasación facultativa para la expropiación. Respecto al aspecto artístico, aprobó en su totalidad la planta y los alzados, aunque creyó oportuno el haber abierto un concurso público ante la relevante obra de la que se trataba. En cuanto al coste del proyecto vio poco exacto el tanteo realizado por la Junta, por cuanto que se había señalado como tipo para la indemnización la cantidad de 132 reales por pie superficial incluyendo las construcciones, cuando las casas tenían un valor absoluto y otros relativos, pues en cada finca las construcciones tenían gran variedad de valores en función de la calidad y el estado de las mismas.

Debido a que el informe anterior había calificado el proyecto de bueno y aceptable, pero podía ser susceptible de mejoras, la Junta de la Sección de Arquitectura reunida el 7 de marzo de 1855 aprobó la planta y la alineación de los nuevos edificios, aunque no así los alzados. Por este motivo, se acordó la realización de un nuevo pensamiento de decoración de las fachadas a cuyo fin era necesaria la convocatoria de un concurso tomando como base la planta aprobada y limitándose sólo a los alzados, o en su defecto que el ayuntamiento encargase su estudio a los arquitectos de la villa, para que después se escogiese el que mejor reuniese los requisitos exigidos.

Cumpliendo con este dictamen, el 20 de septiembre de 1855 fueron remitidos a la corporación académica 5 proyectos y 6 proporciones para el ensanche de la Puerta del Sol a fin de elegir el que más conviniese a su objeto. El primero era del conde de Hamal y D. E. Mamby, cuyos planos estaban firmados por los arquitectos Pedro Tomé, Juan de Madrazo y Aureliano Varona; el 2º, de José Antonio Font, lo estaban  por el arquitecto José Acebo; el 3º, de Juan Salas y Sivilla, fue remitido sin dibujo alguno; el 4º, del marqués de Aserreta,  sólo contenía un dibujo sin autoría; el 5º, de Pascual Hidalgo y Compañía, estaban formado por un dibujo sin firmar, y por último el 6º, de Carlos del Bosch y Romaña, se componía de un dibujo firmado por el propio arquitecto.

Los planos quedaron en la sala de la Academia para que fuesen vistos por sus miembros y para que después pasasen la censura de una comisión formada por tres individuos de su seno.  Como miembros de esa comisión fueron elegidos por votación secreta en la Junta de la Sección de Arquitectura del 24 de septiembre, Antonio de Zabaleta, José París y Antonio Herrera de la Calle, quedando como suplente Eugenio de la Cámara, pero tras la renuncia por ausencia de Zabaleta al cargo, Eugenio de la Cámara tomaría su cargo en calidad de miembro de la comisión. Los miembros de dicha comisión debían emitir un informe sobre los proyectos, pero también sobre  la exposición dirigida a la Academia por Modesto Gozálbez, en su nombre y en el de sus hermanos Gonzalo y Francisco como propietarios de la casa nº 7 moderno y 3 antiguo en la expresada Puerta del Sol, a fin de que se tomase en consideración los perjuicios que les ocasionaría de aprobarse el proyecto del conde de Hamal y Mamby por el referido ensanche si en el futuro eran despojados de su propiedad.

El dictamen adoptado por la mayoría de la Academia en la Junta General del 6 de octubre de 1855  fue el siguiente: no tomar en consideración los proyectos cuyos planos no fuesen firmados por un arquitecto, de lo que se deducía que quedaba fuera los de Juan Sala y Sivilla, el marqués de Asarreta y Eugenio Pascual Hidalgo, limitándose el examen de la Academia a los proyectos del conde de Hamal y Mamby, José Antonio Font y el arquitecto Carlos del Bosch y Romaña por reunir todos los requisitos legales.

Tres fueron los puntos principales que se examinaron en los proyectos: la figura de la planta, la decoración de los alzados y el espacio franco resultante para el público. Respecto a las plantas, la Academia halló mayor regularidad y simetría en el proyecto de Hamal y Mamby, y mayor amplitud en el de Font, sin embargo, no dejaban de necesitar alguna ratificación. Respecto a las fachadas, encontraron desafortunados los arcos que algunos arquitectos habían levantado en la entrada de las calles del Carmen y Preciados al ser inútiles y quitar las vistas, luces y desahogo de las casas, por lo que fueron aprobadas las fachadas de Hamal y Mamby firmadas por los arquitectos Aureliano Varona y Juan de Madrazo, prefiriendo la Sección de Arquitectura la de este último, siempre que la severidad de la ornamentación fuese completada en su ejecución. Por último, en cuanto al espacio reservado para uso público, la Academia entendió que el proyecto del conde de Hamal y Mamby era el que más se acercaba al objeto a seguir por llevar hasta 157 pies la seguridad transitable.

Todos los estudios veían el proyecto de Hamal y Mamby como el que mejor satisfacía las necesidades y las condiciones requeridas, tanto en planta como en alzados; que debía darse a la plaza 570 pies en su lado mayor y 158 pies en su lado menor según se había marcado con tinta encarnada en el plano de los señores antes citados, no obstante, la Sección de Arquitectura fue muy parca a la hora de tratar las condiciones económicas al ser ajenas a la índole de su instituto.

El 11 de abril de 1857 se dieron las condiciones higiénicas a las que debían sujetarse en su construcción los nuevos edificios de la Puerta del Sol: la alineación de los edificios sujeta a la traza señalada en los planos aprobados por el Gobierno de S.M.; la decoración exterior sujeta a la aprobación de la Academia y la obligatoriedad de los constructores de presentar al Gobierno la forma y el modo de las plantas y secciones de los edificios; la altura total, el nº de pisos y sus alturas respectivas relacionadas con el ancho y la situación de las calles; hacer posible que en los proyectos de decoración las líneas horizontales de cada fachada corriesen en lo posible como continuación de las fachadas laterales; tener presente la proximidad del Canal de Isabel II en las nuevas edificaciones y la distribución de sus aguas en el interior de la población; la ejecución de los cimientos de las nuevas construcciones a la profundidad conveniente y sobre suelo firme con mampostería ordinaria o ladrillo recocho con mezcla de cal de Valdemorillo o en su defecto cales grasas combinadas con polvo de teja o ladrillo; la cubrición de los sótanos con bóvedas de ladrillo a rosca, dejando lumbreras necesarias para la iluminación y ventilación;  el empleo de la sillería en las fachadas exteriores prevenida por la Ordenanza y en las interiores o de patios un zócalo de 0,56 metros (2 pies); la construcción de las medianerías con ladrillo, nunca en madera; los muros de fachadas exclusivamente de fábrica, pudiendo ser sustituidos en algunos casos por pies derechos u otras construcciones de hierro laminado, forjado o fundido, pero de ningún modo con madera excepto en los sotobancos; la posibilidad de ejecutar los tabicones de carga o de crujía con entramados de madera, los pisos o entramados horizontales de viguería espaciadas y con los marcos que exigían los anchos de crujía.  Sobre este asunto, se especificó el buen resultado que el hierro estaba dando en los pisos en el extranjero y que entonces se estaba introduciendo en España, por lo que se mencionó su conveniente uso generalizado en sustitución de la madera, como normalmente estaba ocurriendo en nuestro país.  

En cuanto a las armaduras, debían construirse con la solidez que exigían las distribuciones, cubriéndolas con teja a la romana cogidas con mezcla en sus boquillas, limas y caballetes; de plomo o zinc los canales para recoger las aguas de lluvia, las cuales se dirigirían por los tubos de bajada con los mismos metales en toda su longitud en los patios y hasta la altura de 3 m por lo menos del piso de las calles en las fachadas exteriores, desde donde descenderían empotrados en el muro siendo de hierro fundido. Asimismo, el piso de la planta baja debía quedar elevado cuanto menos 0,50 m sobre el de la acera contigua al edificio.

Respecto a la superficie de cada solar, se destinaba 1/6 parte para patios de iluminación y ventilación, pudiéndose disminuir a ¼ parte cuando se estableciesen patios comunes a dos o más casas. Asimismo, se reglamentaba el volumen de los dormitorios (12 m³), las escaleras, los retretes y comunes, estos últimos inodoros conocidos con el nombre de bombillos con bajadas de hierro fundido; y por último, el servicio de aguas comunes que debía disponerse con arreglo al sistema aprobado y publicado por el Concejo de Administración del Canal de Isabel II.

La Junta de la Sección de Arquitectura reunida el 23 de abril de 1857 examinó y aprobó el proyecto de decoración arquitectónica para la Puerta del Sol formado por el ingeniero de caminos Carlos María de Castro. La aprobación fue unánime a excepción del marqués del Socorro, quien manifestó no estar conforme con poner como centro de las alineaciones el edificio ocupado por el Ministerio de la Gobernación. Pero el 1 de mayo de ese mismo año la comisión de académicos nombrada para informar sobre esta obra emitiría el correspondiente informe, reseñando primeramente que el proyecto debía ser asequible y realizable sin que exigiera sacrificios superiores a los que era posible hacer, no siendo viable hacer la reforma completa de la barriada inmediata a la Puerta del Sol debido a que la topografía del terreno obligaría a realizar numerosas y costosísimas expropiaciones. Esto significaba que la reforma debía ceñirse a ensanchar y mejorar la Puerta del Sol sin tomar de sus accesorias nada más que la zona puramente precisa para regularizar las embocaduras de las calles. No obstante, otros puntos aprobados fueron:

• 1º) Que el antiguo edificio de la Casa Correos, ahora Ministerio de la Gobernación, se tomase como centro y base de la reforma por la importancia de su destino, solidez, buen aspecto y grandes dimensiones.
• 2º) La necesidad de variar la dirección de la calle de Preciados desde el punto de su confluencia con la de las Zarza, sacándola perpendicularmente a la fachada del Ministerio en su centro.
• 3º) No encontrar inconveniente en cerrar la calle del Carmen con un arco al proporcionar regularidad en la extensión de las fachadas y disimular la divergencia de las direcciones de las calles, aunque por otro lado tuviese inconvenientes para la salubridad y la ventilación.
• 4º) En cuanto a la curvatura adoptada por la Junta Consultiva de Policía Urbana en su proyecto y que sería aceptada posteriormente, se encontró muy conveniente al salvar con las menos expropiaciones la dificultad de divergencia de las calles de Montera, Preciados y del Carmen evitando los ángulos agudos.
• 5º) La necesidad de tener en cuenta el encarecimiento y los notables desniveles que presentaban las calles afluentes respecto al centro de la plaza y singularmente la de Montera. También que ninguna de las plantas que se habían analizado llenaba sus deseos y que la remitida juntamente con el proyecto de fachada de Castro era una de las que más se separaba de las condiciones que la Comisión deseaba tuviera la Puerta del Sol.  Por este motivo, la Comisión formuló un pensamiento en planta ejecutado con elementos de varias de las ideas presentadas tomando como centro la Casa de Correos, dando mayor extensión a la línea de Oriente a Poniente. En cuanto a la decoración de las fachadas, se creyó que al no constituir la Puerta del Sol una plaza cerrada sino lo que en Italia se denominaba un «largo», es decir, un sitio donde la principal carrera o avenida de la población recibe un ensanchamiento para dar entrada a otras tantas calles principales, no era conveniente adoptar un sistema uniforme de decoración al producir monotonía y ser difícil el poderla acomodar bien a la distribución de los solares y la disposición de las medianerías.
• 6º) En cuanto a la elección del material, la utilización de piedra era muy costosa para los propietarios lo mismo que el empleo del hierro fundido o laminado, pero si se empleaban otros materiales más económicos como las yeserías, barros cocidos o las composiciones hechas con cales hidráulicas la construcción tendría poca duración.
• 7º) Se debía dejar a los propietarios la libertad de adoptar el estilo de ornamentación que más les conviniese, siempre que perteneciese a alguna buena época del arte y presentasen los planos a la aprobación de la corporación académica, siendo fijadas las alturas total y parcial de las fachadas y sus pisos en relación con el ancho de la calle.

En estos momentos también se censuró el proyecto de ornamentación elaborado por Castro, el cual se encontró carente de unidad y distribución en sus adornos, ya que unas partes estaban recargadísimas y otras eran muy sencillas a base de ornamentaciones pobres y mezquinas. Se observó que no existía correspondencia entre la planta y las fachadas, lo mismo que entre los arcos de las puertas de las tiendas y el resto del conjunto, los vanos y las alturas. Por último, respecto al pliego de condiciones facultativas e higiénicas, la Academia estaba de acuerdo en que la utilización del hierro en los suelos era conveniente, pero aún no factible en España debido a que existían excelentes maderas de buena calidad a un módico precio y la industria de la fabricación del hierro estaba poco desarrollada en nuestro país. En cuanto al empleo del zinc para las bajadas de las aguas pluviales, no lo creía conveniente por su poca durabilidad y resistencia a las influencias atmosféricas. Tampoco estaba de acuerdo con algunos puntos tocantes a la escalera, como la exclusión absoluta de las espirales o señalar como tipo mínimo para el ancho de los tramos de escalera 1,50 m cuando en muchas ocasiones bastaba con 1 m. El dictamen de la Sección de Arquitectura fue aprobado por la Academia en la Junta General del 3 de mayo de 1857.

Mientras tanto, la Sección de Arquitectura celebrada el 8 de mayo de 1857 censuró y aprobó la concesión de licencia a Manuel de Santayana con objeto de edificar, conforme a los planos aprobados por el Gobierno de S.M. para la reforma de la Puerta del Sol, la casa situada en la Carrera de San Jerónimo, nº 2, Puerta del Sol números 1 y 3, dictamen que sería aprobado por la Academia en la Junta General del 7 de junio de 1857. Veinte días más tarde se censuraría el expediente sobre las condiciones higiénicas y la distribución de las casas números  5, 7, 9 y 11 de la Puerta del Sol esquina a la calle de Carretas, nº 1, cuyos planos encontró la Sección del 28 de mayo perfectamente entendidos y arreglados, tanto en su distribución como en su decoración; sin embargo, la casa nº 11 esquina a la de Carretas, propiedad de Maltrana, debía disponerse llegando el gabinete de la esquina hasta la fachada de la calle Carretas suprimiendo el tabique divisorio de la pieza sin nombre y la alcoba de en medio debía recibir la amplitud procedente de la supresión del pasillo de al lado que debía desaparecer.

La Sección de Arquitectura se volvió a reunir en sucesivas ocasiones para tratar las obras de la Puerta del Sol. Lo hizo los días 10 y 18 de junio y 5 julio de 1857, momento en que atendiendo a la necesidad que tenía el director facultativo de las obras en tomar copias de los planos de los solares de Madrid contenidos en los libros que poseía la Academia para tomar los datos necesarios para llevar a cabo la medición de dichos solares y la tasación de las fincas que debían expropiarse, la corporación académica acordó poner a disposición de este funcionario y de su ayudante, el arquitecto Antonio Ruiz de Salces, los citados libros que se encontraban custodiados en el Archivo de la institución.

El 18 de julio se remitieron a informe los planos de los solares de las casas que debían construirse y el 29 de julio fueron examinados por la Sección de Arquitectura y la Academia el pliego de condiciones generales y facultativas, particulares y económicas, para la subasta del derribo de las casas de la Puerta del Sol. Lógicamente, sólo podían intervenir en esta fase grandes capitalistas por lo que se privaba a los pequeños a tomar parte en la subasta, ya que los plazos en los que se debían hacer los cobros eran muy cortos y perentorios.

Antes de acabar el mes, la Sección de Arquitectura reunida el  31 de julio  fue del parecer que, aunque no tenía nada mas que informar sobre esta obra porque la figura y dimensiones de la nueva Puerta del Sol ya estaban establecidas como la dirección y el ancho de las calles afluentes a la misma, incluso las alineaciones a las que debían sujetarse en lo sucesivo las casas contiguas a las expropiadas por la Administración, podían hacerse algunas modificaciones en las líneas que marcaban su perímetro. Entre estas modificaciones se indicaban la colocación de algún recuerdo histórico, fuente, arco u otra construcción decorativa que diese un aspecto más monumental y grandioso a su espacio y corregirse la excesiva longitud de la plaza respecto a su ancho.  En cuanto a las rasantes, la alineación de las fachadas y las condiciones higiénicas la Academia estaba conforme en todo con lo presentado, incluso con la decoración adoptada en sus fachadas porque, aunque ésta no podía calificarse de esencialmente artística ni monumental, era apropiada a las casas de alquiler que eran su objeto.

Por orden del ministro de la Gobernación se le encargó al arquitecto Juan Bautista Peyronnet la realización de una serie de adiciones al mismo proyecto de reforma, cuyos honorarios correspondientes a los planos, memoria y demás trabajos fueron aprobados en la Junta General del domingo 7 de noviembre de 1858.  A finales de año fue remitido a censura de la Academia el proyecto y el plano de reforma para el embellecimiento de la plaza firmados por el arquitecto Juan Rom. Fue examinado por la Sección de Arquitectura el 14 de diciembre de 1858, junta que observó como la obra se reducía a variar la dirección de las calles de Preciados y del Carmen desde el punto que lo permitían las expropiaciones practicadas, sacándolas perpendicularmente a la fachada que miraba al Mediodía, y como suprimiendo la calle de la Zarza conservaba intactas las líneas generales de la planta aprobada por las Cortes. Aunque con ello se conseguía una forma más regular de los solares enajenables aumentando su extensión, el proyecto de Rom sería desechado por varios motivos: primero, porque cambiaba la dirección de algunas calles y no lograba ninguna euritmia en la distribución de las masas y la correspondencia de las bocacalles; segundo, porque no era acertada la supresión de la calle de la Zarza y tercero, porque disminuía el desarrollo de las líneas de fachada reduciendo el número de tiendas y locales para el comercio, por consiguiente, reducía el precio de los solares en la subasta y destruía en parte el objeto comercial de la plaza.  A todo ello cabría añadir la imposibilidad de realizar por ahora un proyecto de reforma mientras no se formase una nueva ley, en cuyo caso se anunciaría un concurso público al que pudieran presentarse todos los profesores de arquitectura.

En vista de lo expuesto, la Sección no pudo considerar el pensamiento de Rom «[...] como una de esas modificaciones que mas ó menos oportunas, se ocurren facilmente al que examina un proyecto formado y estudiado por otra persona, y entiende que comparado con el que se está preparando para su ejecucion, reconocido generalmente como poco adecuado basta por el mismo Consejo de Admon en su informe no desmerece nada, pues los inconvenientes que presenta estan quiza compensados con otras ventajas, como con algunas mayor regularidad en los angulos y en la forma de los solares, la apertura de la calle del Carmen y el aumento de terrenos enagenables; pero no cree que en el estado á que han llegado las cosas sean estas ventajas de tal magnitud que por ellas solas deba intentarse la derogacion de la Ley vigente y formacion de otra nueva».

El 18 de junio de 1859 la Junta formada por Eugenio de la Cámara, José Jesús Lallave, Morán y Narciso Pascual y Colomer bajo la presidencia de Aníbal Álvarez como académico más antiguo, se reunió para proceder al nombramiento del presidente y secretario de la Comisión, cargos que recayeron respectivamente en Aníbal Álvarez y Pascual y Colomer. En estos momentos, S.M. encargó a la Academia el estudio y la propuesta de las modificaciones que tuvieran que llevarse a cabo en la planta ya aprobada de la Puerta del Sol, motivo por el que era necesario tener a la vista todos los datos geométricos y topográficos del terreno, el estudio de los niveles, las rasantes y demás para el mejor desempeño de su cometido, como el disponer de uno o dos hábiles delineantes.

El 22 de junio, el Consejo acordó remitir a la Academia todos los estudios que la corporación había solicitado, entre ellos el plano topográfico de la citada reforma hecho con arreglo a la Ley de 28 de junio de 1857 y reales órdenes posteriores, con la aprobación de las modificaciones del trazado de la calle de la Zarza y las rasantes de las calles afluentes a la plaza. Pero ese mismo día la Sección de Arquitectura se volvería a reunir, excusando su asistencia Juan Bautista Peyronnet. Se procedió al examen de los diferentes proyectos remitidos por el Gobierno y tras haberlos estudiados se halló como más aceptable el propuesto por la Junta Consultiva de Policía Urbana, no sin antes manifestar los defectos advertidos en el trazado aprobado por la citada ley de 1857. 

Debido a la premura con que se exigía la resolución del asunto, la Academia acordó realizar un croquis de la reforma que proponía a modo de anteproyecto, junto con un informe que expresase las razones que le habían motivado el llevarlo a cabo. El trazado propuesto por la Academia tenía «la inmensa ventaja de ser mas sencillo, de aprovechar mas en beneficio del arte y de la conveniencia publica el inmenso derribo practicado; toma por base la fachada del Ministerio de la Gobernacion, reduce la longitud de la plaza á 544 pies la ensancha hasta 273, es decir, 100 pies mas que la actual trazada, produce con estas dimensiones una razonada proporcion en su area y dirigiendo el eje de la calle de preciados al medio de la fachada del ministerio permite dar tan oportuna direccion á las demas calles afluentes que se produce una simetrica correspondencia entre estas y las manzanas de casas determinando lineas de fachada mucho mayores que las actuales, particularmente en las tres que hacen frente al Ministerio, lo cual producirá masas de edificacion de un carácter mas monumental y mas digno del pensamiento que ha debido conducir a esta reforma. Esta importante variación no exije ni mas expropiacion ni mas gasto al presentado y solo toma de la actual superficie vendible la insignificante cantidad de 4500 pies propiamente, cantidad q^e no duda la Comision sera algo menor al hacer el estudio definitivo […]». Otra de las reformas que la Comisión vio factible, no como parte integrante del proyecto sino como de utilidad y para poder ser ejecutada paulatinamente, era la apertura de una calle que iniciada en la Puerta del Sol condujera a la plaza de las Descalzas y proporcionase una salida a la calle Peligros.

La memoria descriptiva del proyecto del Ensanche y sus calles afluentes propuesta por la Dirección Facultativa de las mismas obras como modificación del proyecto aprobado por la Ley de 28 de junio de 1857 fue concluida el 9 de julio de 1859. En ella quedaron reseñadas las condiciones principales que se habían procurado satisfacer en el proyecto, habiéndose tomado como principios: que la reforma y el ensanche facilitasen el tránsito tanto de carruajes y caballerías como de la gente de a pie, mejorando los medios de comunicación entre las calles principales de la población que vertían y se cruzaban en la plaza; que la reforma se sujetase estrictamente a la expropiación verificada hasta ese momento; que primase la simetría y un ornato sencillo en las fachadas que daban a la plaza, regularizando sus avenidas, y por último, que se aprovechase al máximo el suelo expropiado.

Tras señalarse los principios de la reforma, la memoria se centró en la explicación del proyecto comenzando con la elección del centro, su forma y ejes, para continuar con la necesidad de suprimir los callejones de la Tahona, las Descalzas y Preciados como vías públicas, aunque conservando sus entradas por las servidumbres que prestaban y los servicios que presentaban a las casas contiguas.  A continuación, se indicaba la necesidad de ejecutar chaflanes en la intersección de las calles del Carmen, Zarza y Negros, como la ejecución del proyecto y una comparativa de las áreas que habían quedado disponibles para la edificación con objeto de señalar las ventajas que tenía este nuevo proyecto respecto al desarrollado por la Academia y el aprobado por la ley:

• Área correspondiente a la edificación expropiada:  16.108, 98 m² (207.478,47 pies²).
• Área de la plaza antes de la reforma era: 9.069 m² (65.289 pies²).
• Ídem. en el proyecto aprobado por la ley de 28- 6 - 1857: 10.361 m² (133.450 pies²).
• Ídem. en el proyecto de la Academia de San Fernando: 10.135 m² (130.542 pies²).
• Ídem. propuesta por la Dirección de la Junta Facultativa:  12.320 m² (158.686 pies²).
• Exceso de superficie de la plaza:
  • Según el proyecto aprobado por la ley sobre el que tenía la plaza antigua: 5.292 m² (68.163   pies²).
  • Ídem. según el proyecto de la Academia: 5.066 m² (65.250 pies²).
  • Ídem. según el proyecto propuesto por la Dirección Facultativa de las obras: 7.251 m² (93.396 pies²).
• Exceso de la superficie de la plaza:
  • Según el proyecto aprobado por la ley sobre el de la Academia de San Fernando: 226 m² (2.911 pies²).
  • Ídem. según el proyecto de la Dirección Facultativa de las Obras sobre el de la Ley: 1.959 m² (25.233 pies²).
  • Ídem. sobre la del proyecto de la Academia: 2.185 m² (28.143 pies²).
• Áreas que quedaban disponibles para la enajenación eran las siguientes:
  • En el proyecto aprobado por la ley: 10.488 m² (135.089 pies²).
  • Ídem. en el proyecto de la Academia: 9.843 m² (126.778 pies²).
  • Ídem. en el propuesto por la Dirección Facultativa: 9.263 m² (119.310 pies²).
• Pérdida de terrenos para la enajenación:
  • Proyecto de la Dirección Facultativa de las Obras respecto al aprobado por la Ley: 1.999 m² (25.232 pies²).
  • Ídem. respecto del proyecto aprobado por la Academia: 420 m² (540916 pies²).

En cuanto a la memoria elaborada por la Junta Facultativa de las Obras del Ensanche, la Sección de Arquitectura reunida en la Junta Extraordinaria del 17 de julio creyó poco afortunados los términos, como los calificativos y agravios en ella hallados contra la propia Sección, sobre todo cuando la Academia, no estando obligada a intervenir en este tipo de cuestiones, había formulado en muy poco tiempo un croquis que no debía dársele más importancia que la de un anteproyecto. Por estas consideraciones y por la conveniencia del servicio público, la corporación solicitó de S.M. ser relegada del cargo que le había sido confiado sobre este asunto, pues deseaba «evitar todo conflicto y ulterior desabrimiento, conservando intacta la dignidad de su carácter y no decayendo de la consideracion que las leyes le conceden […]».

La súplica no fue concedida pues el 20 del mismo mes la Reina dispuso que el informe de la Academia fuese evacuado sin demora porque así lo exigía la conveniencia pública y ningún conflicto podía entorpecer este objeto, ya que las observaciones del croquis hechas por la Dirección Facultativa habían sido expuestas con ánimo de acertar en lo posible en esta obra de tanta importancia sin pretender agravio alguno del cuerpo académico.

Obedeciendo las órdenes de S.M., la Sección de Arquitectura se reunió el 31 de julio de 1859 para emitir un extenso informe sobre el proyecto presentado por la Dirección Facultativa de las Obras, el cual sería aprobado por la Academia en la Junta General del 31 de ese mismo mes. El informe quedó dividido en dos partes claramente diferenciadas: la parte artística y la económica, esta última acompañada de un documento, letra A, recogiendo los errores y contradicciones advertidas en los datos numéricos de la memoria junto con las correcciones que debían hacerse en la memoria desarrollada por la Dirección Facultativa. 

Con la renovación de este enclave se reforzó por un lado su valor representativo atrayendo las actividades comerciales y financieras de la ciudad, pero por otro la uniformidad de las fachadas definió su espacio sirviendo de modelo a la arquitectura que se levantaría posteriormente en sus alrededores. Sobre la obra del Ensanche de la Puerta del Sol, el Archivo de la Academia conserva 13 planos que responden a los números Pl-214/225.

Por entonces, y desde hacia ya varios años, se estaba acometiendo otra de las empresas más importantes del país: la restauración y reposición de la catedral de León. Por la Real Orden de 6 de julio de 1858 relativa a la designación de dos arquitectos de mérito que reconociesen el templo y manifestasen las obras necesarias para su restauración, la Sección de Arquitectura celebrada el 12 de junio de 1858,  formada por Aníbal Álvarez (presidente), Antonio Conde y González, Atilano Sanz, Matías Laviña, Eugenio Cámara y José Jesús Lallave (secretario), acordó elegir unánimemente al académico Narciso Pascual y Colomer con el arquitecto que el mismo designase para cumplir este cometido. Aparte de los cargos y honores ostentados, Conde González era en estos momentos arquitecto titular del Real Consulado de Madrid y de la Junta de Comercio.

Tanto el cabildo de la catedral como los diputados de la provincia creían conveniente que uno de los arquitectos fuese el monje Echano porque además de reunir el título de arquitecto había intervenido en algunas obras del edificio; no obstante, Pascual y Colomer elegiría para que le auxiliase en estos trabajos al arquitecto José Díaz Bustamante. El 25 de octubre de 1858 el propio Pascual y Colomer remitió a la Academia el resultado de su reconocimiento en cumplimiento del encargo que le había sido encomendado, comunicando el hecho de que lo había tenido que hacer solo en vista de que Bustamante se encontraba ocupado en las obras del ferrocarril de Zaragoza.

El reconocimiento tenía como objeto saber la solidez de sus fábricas y conocer las causas de inseguridad que presentaban algunas de ellas, para así poder estudiar y proponer la clase e importancia de la reparación que debía ejecutarse a fin de devolver al edificio la seguridad que le era necesaria y el uso al que estaba destinado. Comenzando por el estudio de los cimientos, que halló sólidos, observó un notable desplome en el tímpano de cantería que cerraba la nave central del templo y que constituía el frontis de la fachada principal. Este mismo desplome se encontraba en el cuerpo saliente de la fachada sur que constituía la entrada al testero del ala derecha del crucero, cuyo movimiento y consecuencias habían sido la causa de dicho reconocimiento. Asimismo, atisbó inminente ruina y pérdida de la curvatura cóncava de la arista que descansaba sobre los dos machones de la derecha, de los cuatro que conforman el crucero, de entre ellos particularmente el más inmediato al coro y sobre el órgano. Del mismo modo, eran extremadamente ligeros los espesores de las fábricas y la mala calidad de la piedra con que estaba construidos los machones y el muro del crucero.

Por todo ello, Pascual y Colomer señalaba que el deterioro era fácil de resolver volviendo su fábrica a su primitivo estado sin ser necesario derribar nada de lo existente ni hacer grandes apeos, aunque siendo necesario tomar las precauciones necesarias, estudiar detenidamente el modo de ejecutar las obras de sostenimiento y realizarlas despacio y parcialmente para no aumentar el movimiento que sufrían. A su entender, la restauración debía llevarse a cabo en dos partes bien diferenciadas: la primera, la mas pequeña pero urgente, consistente en el apeo de las dos bóvedas de la nave principal contiguas al crucero y a los dos arcos torales que habían sufrido movimientos, y la segunda, de mayor importancia y mas costosa, consistente en el levantamiento de los planos del crucero derecho dando diferentes secciones en proyecciones horizontales y verticales, para encontrar los asientos de los nuevos apoyos y consolidar la obra. El arquitecto insistía en que para la mayor rapidez de las obras era necesario adquirir cuanto antes las maderas necesarias para realizar el apeo de las bóvedas indicadas y los andamios que eran indispensables, como autorizar el pequeño gasto para el levantamiento de los planos y el estudio preparatorio de la restauración.

Por la Real Orden de 3 de mayo de 1859, el arquitecto Matías Laviña reconoció y dirigió finalmente las obras de restauración de la catedral de León, remitiendo la memoria de este proyecto el 22 de diciembre de 1860. En dicha memoria recogió las causas del estado ruinoso del templo, las medidas adoptadas para contener los progresos de ruina, los medios de restauración (sistemas de restauración y conservación), así como el presupuesto razonado de la cúpula y la restauración total de la iglesia. El proyecto sería examinado y aprobado por la Sección de Arquitectura el 3 de mayo de 1861, no sin antes advertir «que hubiera deseado ver en la memoria del Sr. Laviña algun cálculo de los que sin duda habrá hecho pª comprobar y ayudar las deducciones del raciocinio y de la experiencia; pues ciertamente pocas cuestiones pueden presentarse en la práctica de la Arquitª que mas materia ofrezcan á las investigaciones cientificas; pero no se crea que por esto hace un cargo formal á este apreciable Profesor en quien reconoce la laboriosidad, inteligencia y experiencia suficientes para añadir á los estudios profundos de observacion y criterio que ya tiene hechos sobre este templo todos los cientificos y de cálculo que son necesarios para la completa y eliz resolucion del árduao problema que se le ha encomendado».

Las obras de la catedral siguieron su curso en los años siguientes. En enero de 1862 murió Antonio Conde y González, mismo año en que Laviña remitió a la Academia la marcha de sus trabajos y comunicó haber desmontado todo el brazo Sur; el 15 de febrero  de 1863 propuso algunos medios para la restauración y adquisición de vidrieras esmaltadas; el  18 de octubre de 1863 comunicó las vicisitudes de las obras y el estado en que se encontraba el templo, sin embargo, a finales de este año de 1863 se dio una voz de alarma sobre el inminente peligro de ruina en que se encontraba la iglesia a consecuencia del errado sistema de restauración que se seguía.  La noticia salió publicada por G. Cruzada Villamil en el Boletín del Arte en España el 19 de noviembre de 1863, encomendándose la dirección de la restauración al arquitecto francés Viollet-le-Duc, único artista que por entonces en Europa podía dirigirla con inteligencia y acierto. Enterada del escrito, la Academia creyó necesario el nombramiento de una comisión que examinase todos los antecedentes del asunto, contestase al Gobierno sobre esta obra a fin de aclarar la acusación tan injustificada para el que había dirigido la obra y terminar con las vergonzosas injurias a las que se había enfrentado un profesor de tan buena reputación. Esta comisión quedó conformada en la Junta General del 15 de febrero de 1864 por los académicos de número Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet y Francisco Enríquez Ferrer,  quienes se trasladaron a León a verificar e inspeccionar el edificio emitiendo el correspondiente informe el 20 de marzo de 1865, aunque mientras tanto Laviña continuó enviando diseños a la Academia para su censura, como dos planos fechados en mayo de 1864 (sig. 2-42-1) y el ejecutado el 16 de enero de 1865 relativo a la planta y perfil de la 3ª portada con la altura de la portada primitiva y la parte existente. Los honorarios devengados por dichos trabajos fueron solicitados por el arquitecto a principios de 1871.

Muerto Laviña en 1868, S.M. solicitó continuar esta obra de suma importancia bajo la dirección del arquitecto Andrés Hernández y Callejo. Al poco tiempo de hacerse cargo de la obra tuvo desavenencias con el prelado diocesano, su cabildo y la Junta de Diócesis al denunciar el estado ruinoso de parte de la antigua fábrica de la catedral. La alarma levantada por el arquitecto tuvo como consecuencia el nombramiento de otra comisión que inspeccionase y reconociese el estado de la restauración y de las obras practicadas. La Academia nombró en su Junta Extraordinaria del 26 de julio de 1866 a los miembros de su Sección de Arquitectura (José Amador de los Ríos, Antonio Cachavera y Langara y Juan Bautista Peyronnet) para llevar a cabo este cometido. Dichos vocales remitieron sus trabajos el 28 de septiembre de 1868  y una vez interrogados por separado a todos los interesados se percataron de que contra Andrés Hernández y Callejo se elevaban varios cargos: los puramente administrativos y económicos y el haber pretendido alterar el plano adoptado por Laviña; haber intentado demoler ciertos departamentos, miembros arquitectónicos y bóvedas con el pretexto de su estado ruinoso; haber pretendido deshacer parte de la obra ya verificada por su antecesor y no haber asentado ni una sola piedra en la obra desde su nombramiento como director de la misma. La Comisión experta fue de la opinión que el arquitecto se había extralimitado en muchas de sus atribuciones por lo que estaban fundados todos los cargos que se le achacaban, de ahí que desaprobase su conducta, su inacción por espacio de 6 meses y la alarma que había provocado al cabildo y a la población entera de la ciudad. Por otro lado, desaprobaba la conducta de Hernández y Callejo respecto al ejercicio de su cargo, hecho por el que creía conveniente que no siguiese al frente de las obras.

La incomunicación y los problemas acaecidos entre el arquitecto y el resto de los interesados en las obras de la catedral obligaron a Hernández y Callejo a cesar como director de las mismas el 5 de enero de 1869. La actuación del arquitecto extrañaba a todo el mundo por cuanto que su amor a las artes se había constatado a la hora de llevar a cabo la restauración de la iglesia de San Vicente de Ávila, pero era cierto que en las de la catedral leonesa había demostrado su total incertidumbre respecto de la verdadera idea de la construcción, repetidas contradicciones que le llevaron a pretender destruir varias fábricas antiguas y miembros arquitectónicos como a no añadir un solo sillar a la obra. A fin de nombrar a un sustituto, la Sección de Arquitectura acordó la noche del 15 del mismo mes la formación de una terna con los arquitectos más aptos para desempeñar el cargo, proponiendo a Juan Madrazo y Kuntz, Francisco Enríquez Ferrer y Demetrio de los Ríos. El primero de ellos, Juan de Madrazo, fue nombrado director facultativo de las obras, de ahí que el 24 de marzo de 1874 remitiese a la Academia el proyecto de encimbrado para las bóvedas altas del templo. El mismo arquitecto llamó la atención a finales de 1875 sobre la necesidad de ejecutar a la mayor brevedad la restauración del edificio y asegurar su estabilidad, empezando por terminar las construcciones comenzadas en el crucero central con todo el brazo Sur, la fachada, contrarrestos y respaldos correspondientes, como las cuatro bóvedas contiguas a dicho crucero, dos sobre el coro y dos sobre el presbiterio. A continuación, o simultáneamente era necesario reconstruir el hastial de Poniente de la nave mayor o lo que es decir, la parte central de la fachada principal comprendida entre las dos torres; construir de nuevo las armaduras de cubierta con todos los emplomados en cresterías, el chapitel central, los pináculos, los remates y los planos de cubierta en sustitución de los defectuosos tejados que entonces cubrían toda la extensión de la catedral; restaurar el cuerpo de campanas de la torre Norte de la fachada principal y rehacer la mayor parte de los arbotantes, la totalidad de la línea de cornisa de coronación y las partes en donde la cantería estaba descompuesta.

Un escrito fechado el 8 de abril de 1876 reseña la designación de los académicos Espalter, Amador de los Ríos y Barberi para formar parte de la comisión que debía presentar a los ministros de Gracia y Justicia y de Fomento las exposiciones que la Academia les dirigiese, solicitando fondos para restaurar la iglesia catedral. El proyecto suscrito por el arquitecto Madrazo para la reconstrucción del hastial Sur en la zona ocupada por el triforio sería censurado y aprobado por la Sección de Arquitectura el 22 de junio de 1876. Estaba constituido por una memoria descriptiva, nueve grandes planos, un presupuesto y los pliegos de condiciones económico-facultativas, trabajos que fueron muy alabados por su acertado estudio.

Tres años más tarde y con motivo del fallecimiento de Deogracias López Villabrille, por entonces individuo de la Junta de Obras de reparación de la Catedral, la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de León solicitó de la Academia de San Fernando el nombramiento de un individuo que cubriese su plaza, cargo que recayó en el vocal Juan López Castrillón en julio de 1879. Al año siguiente falleció Juan de Madrazo dejando vacante su cargo en la dirección de las obras, cargo que debía ser cubierto a la mayor brevedad. Tras su muerte la Sociedad Central de Arquitectos, fundada en 1849 y reorganizada en 1878, elevó un escrito el 20 de marzo de 1880 proponiendo como homenaje a la memoria del arquitecto la realización de una exposición en la que se exaltasen sus estudios, concretamente los referentes a la iglesia-catedral, laboriosidad y buen hacer profesional. No obstante, en enero anterior había sido remitido su proyecto de obras de terminación del hastial Sur que sería examinado por Francisco de Cubas en octubre de 1880.

ÁLVAREZ, Aníbal; CONDE Y GONZÁLEZ, Antonio; MADRAZO, Juan de. Principios y leyes de perspectiva aérea aplicables al dibujo arquitectónico y topográfico, tanto al claroscuro como al colorido y de la elección y composición de las tintas en este último caso, Madrid, 3 de junio de 1852. Sig. 5-69-5; Arquitectura. Asilos, audiencias, bibliotecas y museo nacional, bolsas, capillas, casas consistoriales y capitulares, casas de caridad, calles, calles, casas de correos, embovedados, casetas, diputaciones provinciales, edificios de los consejos. Siglo XIX. Sig. 2-42-8; Arquitectura. Iglesias parroquiales, 1832-1851. Sig. 2-33-5; Arquitectura. Iglesias parroquiales, 1852-1857. Sig. 2-33-6; Arquitectura. Reconocimientos de obras, 1779-1862. Sig. 2-27-5; Arquitectura. Torres de iglesias y de relojes. Campanarios y espadañas, 1779-1860. Sig. 2-34-1; Comisión de Arquitectura. Arquitectos, 1805-1815. Sig. 4-68-8; Comisión de Arquitectura. Arquitectos, 1819. Sig. 4-64-2; Comisión de Arquitectura. Directores de Caminos Vecinales, 1851-1859. Sig. 2-20-1; Comisión de Arquitectura. Informes, 1806. Sig. 1-29-3; Comisión de Arquitectura. Informes, 1808- 1822. Sig. 1-29-5; Comisión de Arquitectura. Informes, 1821-1828. Sig. 1-30-1; Comisión de Arquitectura. Informes, 1829-1838. Sig. 1-30-3;  Comisión de Arquitectura. Informes, 1839-1850. Sig. 1-30-5; Comisión de Arquitectura. Informes, 1846-1855 Sig. 1-30-2; Comisión de Arquitectura. Informes, 1846-1855 Sig. 1-30-2bis; Comisión de Arquitectura. Informes. Urbanismo, 1788-1857. Sig. 2-22-2; Comisión de Arquitectura. Informes. Urbanismo de la Puerta del Sol de Madrid, 1855-1859. Sig. 2- 28-12; Comisión de Arquitectura. Informes. Urbanismo. Monumentos conmemorativos, 1787-1876. Sig. 2-28-8; CONDE Y GONZÁLEZ, Antonio. Disertación sobre cual es la mejor forma de Teatro para una gran ciudad o Corte, con presencia de la Óptica y la Acústica, distinguiendo con claridad y datos cual de las formas elíptica o semicircular debe proponerse. Madrid, 1825. Sig. 2-310-28; Distribución de los premios concedidos por el Rey N.S. a los Discípulos de las Tres Nobles Artes hecha por la Real Academia de S. Fernando en la Junta Pública del 13 de julio de 1796. Madrid: en la Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1796; Distribución de los premios concedidos por el Rey N.S. a los Discípulos de las Tres Nobles Artes hecha por la Real Academia de S. Fernando en la Junta Pública del 13 de julio de 1799. Madrid: Imp-Viuda de Ibarra, 1799; Libro de actas de juntas ordinarias, extraordinarias, generales y públicas, 1839-1848. Sig. 3-90; Libro de actas de juntas ordinarias, generales y públicas, 1819-1830. Sig. 3-88; Libro de registro de maestros arquitectos aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1816-1900. Sig. 3-154, nº 14; Secretario general. Académicos. Arquitectos, 1821-1845. Sig. 1-43-4; Secretario general. Académicos de honor, 1820-1845. Sig. 1-40-7; Secretario general. Académicos. Relación de académicos y profesores, 1844-1845. Sig. 1-19-11; Secretario general. Relaciones con otras Academias. Academia de San Carlos de Valencia, 1836-1860. Sig. 2-35-5.

Silvia Arbaiza Blanco-Soler
Profesor TU de la UPM