Nació en el Real Sitio de San Ildefonso de La Granja (Segovia) hacia 1790 y murió en Madrid el 1 de diciembre de 1857. En la Academia establecida en dicho Real Sitio cursó Matemáticas, Geometría práctica, Trigonometría y las demás ciencias pertenecientes a ella, ejercitándose al mismo tiempo y de forma continuada en Dibujo de figura y de adorno, planos topográficos y su elevación.

Entre 1815 y 1818 estudió con gran puntualidad en la Academia de San Fernando, presentando diferentes planos a fin de que la corporación viera sus adelantamientos. Entre ellos figuraban tres diseños del Real Observatorio de San Blas (Madrid), vistos con mérito en la Junta Ordinaria del 13 de abril de1817; un templo dedicado al culto divino, un edificio destinado a parador o casa de posada y un cuartel para dos regimientos de Caballería.

A mediados de 1818 solicitó de la Academia su admisión a los ejercicios para la clase de maestro arquitecto, presentando la relación de sus méritos, la certificación de práctica librada por el arquitecto Joaquín García Rojo y como prueba de pensado el proyecto de un Colegio militar que comprende una superficie de 220 por 400 pies cuadrados (del A-410 al A-414), con su informe facultativo y el avance del coste de la obra calculada en 41. 953. 714 reales de vellón.

La Comisión de Arquitectura en su Junta celebrada el 10 de noviembre de 1818 examinó la obra y los documentos aportados, acordando el pase del pretendiente al resto de los ejercicios de reglamento. Fue admitido en la Junta Ordinaria del 15 del mismo mes, fecha en la que le fueron sorteados los programas de repente, eligiendo de entre ellos un Tribunal de comercio (A-1243).

La Junta de examen celebrada el lunes 23 de noviembre de 1818 reunió como vocales a los profesores Antonio López Aguado, Juan Antonio Cuervo, Alfonso Rodríguez, Manuel de la Peña y Padura, Juan Miguel de Inclán, Custodio Moreno y Martín Fernández de Navarrete. Cotejada la obra de pensado con la de repente que el interesado explicó una vez entrado en la sala, se procedió a la realización del examen teórico. Herrera de la Calle dio comienzo a este nuevo ejercicio contestando a las preguntas que le hicieron los examinadores relativas a las obras que había realizado, la geometría práctica y sus aplicaciones en el arte de edificar, así como sobre otras cuestiones de la teoría y práctica de la profesión.

Los profesores no le hallaron apto ni con mérito suficiente para ostentar el título de maestro arquitecto, por lo que acordaron concederle en su lugar el grado de maestro de obras en la Junta Ordinaria del 13 de diciembre de 1818, a los 28 años de edad. En este mismo año había obtenido el 2º premio del concurso Semestral por la Sala de Arquitectura, gracias a los diseños del Templo de la Fortuna Viril en Roma (A-4637 y A-4638), premio concedido a este discípulo con dirección de maestro en la Junta Extraordinaria para la distribución de los Premios Semestrales a los alumnos de las Escuelas de Dibujo celebrada el 29 de mayo de 1818.

Su afán por conseguir un título superior le llevó a solicitar nuevamente de la Academia el 10 de agosto de 1819 su admisión a los ejercicios para la clase de maestro arquitecto. Para este fin, aparte de exponer que había estudiado todo el curso pasado hasta que hubo concluido el 15 de mayo de 1819, presentó como prueba de pensado los diseños de un «Edificio destinado a casa de moneda que comprende de superficie 147.382 pies cuadrados», con su correspondiente informe facultativo y el avance del coste de la obra calculada en 7.859. 123 reales de vellón. Sin embargo, la Junta de la Comisión de Arquitectura celebrada el 25 de agosto le reprobaría de nuevo el ejercicio, aconsejándole continuar con sus estudios hasta ser acreedor del grado solicitado. Este dictamen sería aprobado por la Academia en la Junta Ordinaria del 19 de septiembre de 1819.

Al año siguiente aspiró a la plaza de aparejador facultativo del Real Canal del Manzanares que había quedado vacante por salida en el cargo de José Peterrade. En vista de los informes del arquitecto mayor de S.M. y habiendo sido examinado particularmente por Miguel de Yarza, entonces director y comisario general de Caminos y Canales, Herrera fue nombrado para dicho cargo en 1820. Desde esta fecha hasta 1923, momento en que quedan paradas las obras del Canal, se construyeron con su asistencia y como único facultativo subalterno varias obras en el embarcadero, la novena esclusa, el puente acueducto llamado del Congosto y varios caminos en diferentes puntos del canal.

El 9 de octubre de 1821 volvió a solicitar su admisión a nuevos ejercicios para la clase de maestro arquitecto, grado que le había sido denegado en 1818, presentando en esta ocasión como prueba de pensado el proyecto de un Puente de sillería construido sobre pilotes (A-3692), con su informe facultativo y el avance del coste de la obra calculada en 8.263,296 reales de vellón.

La Junta de la Comisión de Arquitectura celebrada el 11 de octubre de 1821 examinó los planos y los documentos aportados, y viendo «lo mucho que este Profesor ha trabajado desde su aprovac^on de Mtro de Obras por los varios proyectos que en distintas Juntas ha presentado à su censura es de dictamen, Si la Acadª lo estima conveniente, que mediante tener en el archibo la pral obra de un Colegio militar que á dicho efecto presentó en lo de Nov^re del año pasado de 1818 y pareció bien à la Comisión puede unirse aquella á la presente obra de puente, y ser el merito de ambas sortearle nuevos asuntos pª la prueba de repente, procediendo después al examen de preguntas conforme á lo mismo que solicita y á lo establecido por R^l de 29 de Julio de 1801». Esto significaba que la comisión le admitiría al examen de preguntas si adjuntaba el diseño del puente con la obra que había presentado en 1818, dictamen con el que Herrera estuvo conforme.

Al poco tiempo le fueron sorteados los programas de repente, tocándole en suerte los números 66, 70 y 112, los cuales respondieron respectivamente: «Un Mausoleo ó Panteón para un personage y su familia con los Ornatos análogos. Planta, fachada y corte», «La Armadura de un teatro cuya extensión será un paralelogramo de 65 pies castellanos por 130, demostrando los gruesos de la pared que le deben sostener. Planta, alzado y los cortes que demuestren sus ensamblages» y «En un sitio de 80 á 90 pies de fachada idear una Casa de solo planta baja para un caballero de conveniencias. Planta, fachada y corte». De los tres asuntos eligió el nº 112, es decir, Una casa para un señor de conveniencias en un sitio de 80 a 90 pies de fachada (A-1434), elección que comunicó a la corporación el 3 de noviembre.

La Junta de Examen tuvo lugar el 23 de noviembre de 1821, asistiendo a ella como vocales los profesores Pedro Franco, Julián de Barcenilla, Silvestre Pérez, Juan Miguel de Inclán, Custodio Moreno y Martín Fernández de Navarrete, este último en calidad de secretario. Cotejadas ambas pruebas se ordenó al pretendiente entrar a la sala para poder proceder a la realización del examen teórico. Herrera dio principio a este nuevo ejercicio contestando a las preguntas que le hicieron los examinadores acerca de sus obras y sobre los principios de la arquitectura. A continuación, demostró el modo de hacer los apeos en los edificios en ruina y en los que había la necesidad de hacerse de nuevo la parte de su fábrica; también el modo de orientar y replantear un edificio, las precauciones y método para construir un puente, etc.

Satisfechos los examinadores con las obras ejecutadas, las explicaciones demostadas y las contestaciones dadas a las preguntas formuladas le hallaron con mérito para ostentar el título de maestro arquitecto, grado que le fue concedido en la Junta Ordinaria del domingo 2 de diciembre de 1821, a los 31 años de edad.

Cuatro años más tarde (agosto de 1825) estuvo ocupado en el Canal del Manzanares al ser comisionado en estas obras hasta que su director se restableciera de la enfermedad que padecía. Es en estos momentos cuando se edifica la casa contigua a la primera esclusa que servía de molino de papel y el puente del arroyo Abroñigal, edificios que serían destruidos más tarde al abrirse la gran avenida que éste trajo. Una vez restablecido el director, Herrera fue purificado políticamente, aunque nada tenía de impuro el maestro arquitecto, ya que siempre había manifestado lealtad al Rey, a los derechos del altar y del trono sin pertenecer a la Milicia Nacional ni a ninguna sociedad secreta.

Una vez solventado el problema fue nombrado ayudante del director de las obras del Canal el 5 de septiembre de 1825, fecha a partir de la cual se realizaron entre otras obras la reedificación del puente de Mª Isabel, la conclusión de la décima esclusa, el puente acueducto llamado de la Cambronera y la apertura de más de una legua de canal.

Además de llevar a cabo diferentes construcciones particulares en Madrid, tenemos constancia que en 1826 envió a censura de la Academia el proyecto de una iglesia parroquial para Navafría (Segovia), mereciendo la aprobación de la corporación, a excepción de una pequeña variación en la decoración exterior. También que con fecha del 23 de agosto de 1826 envió a la Academia una solicitud para ser admitido a los ejercicios para académico de mérito, exponiendo como méritos «[...] los diferentes diseños que por via de correccion confidencial, tiene presentados en Junta, desde la primera época de su aprobación, dando al mismo tiempo pruebas de su conocimiento técnico y práctico, en las diferentes obras y asuntos que en este tiempo han sido construidas baxo su dirección: en cuya atención, y por los que tenia en la Arquitectura Hidráulica, el Excmo. Sr. Duque de “Alagon”, Protector de la Real Empresa del Canal del Manzanares, habiendo tomado los informes que juzgó conveniente, le nombro Ayudante del Director de las Obras, donde ha conseguido asegurarse y rectificarse en esta parte de la Arquitectura». Señalaba asimismo que sus deseos no se limitaban a subsistir solamente con el título de maestro arquitecto sino a ser útil algún día al mismo establecimiento donde había logrado cultivar su talento. Pero estos deseos serían truncados porque su solicitud sería denegada en la Junta Ordinaria del 3 de septiembre de este mismo año por considerar la corporación no haber necesidad de aumentar el número de estos profesores. Dos años más tarde volvió a intentarlo siendo denegada nuevamente su solicitud en la Junta Ordinaria del 24 de febrero de 1828, lo que le llevó a preguntar a la institución cuáles eran los requisitos necesarios para optar a esta clase, a lo que la Junta Ordinaria del 30 de abril le contestó que nada se podía hacer por ahora al respecto.

Mientras tanto, la Academia le aprobó el proyecto de monumento que, por real orden, se debía erigir en la plaza pública de la villa de Cáceres para perpetuar la memoria de la lealtad de sus moradores y la entrada de las tropas del Empecinado en ella (Junta Ordinaria del 10 de mayo de 1829) y el proyecto de decoración del testero de la iglesia parroquial de San Pedro el Real (Madrid) en sustitución del retablo que por entonces existía (Junta de la Comisión de Arquitectura del 14 de diciembre de 1830). Este último pensamiento, remitido por el mayordomo de la fábrica de la iglesia parroquial de San Pedro, reflejaba la reforma, el adorno de yesería y la colocación del patrono en su presbiterio, a cuyo fin debía desmontarse el «monstruoso y antiguo retablo». Fue finalmente aprobado en la Junta Ordinaria del 19 de diciembre de 1830, momento en que se acordó comunicar al mayordomo que se procediera a la ejecución de las obras.

Los deseos de Herrera por obtener el grado de académico de mérito se hicieron realidad el 25 y 30 de enero de 1831, fecha en la que tanto la Comisión de Arquitectura como la Academia le admitieron respectivamente a los ejercicios para dicho grado. El 5 de febrero le fueron sorteados los asuntos para disertar: «Nº6..,, De las cosas comunes á los edificios, como son Patios, pórticos, salones, escaleras./Nº15...,, En que clase de edificios deben tener aplicación cada uno de los ordenes de Arquitectura./ Nº 18...,, Del carácter y circunstancias con que debe disponerse el Palacio de un soberano describiendo su situación, formas y ornato, y señalando lo que puede ser vicio de las artes sino se atiende á los buenos principios de Arquitectura» y como prueba demostrativa «La fachada del Museo del Prado por la parte que mira al Jardín Botánico».

De los tres programas para disertar escogió el nº 18, el cual remitió concluido el 13 de mayo. En la Junta de Examen celebrada el 16 de julio de 1831 leyó su disertación y contestó acertadamente a las preguntas y observaciones que le formularon los examinadores, por lo que le fue concedido el grado de académico de mérito por uniformidad de votos, en la Junta Ordinaria del 17 de julio de 1831.

El 27 de junio de 1832 fue designado por la Comisión de Arquitectura para dirimir la discordia seguida en el Juzgado de Tielmes (Madrid), sobre los daños en las aguas y la propiedad de un molino harinero. Dos meses más tarde concluyó el informe que fue entregado al alcalde ordinario de dicha villa, quien a su vez lo remitió a censura de la Academia acompañado del plano topográfico. La Comisión lo aprobó y tasó los honorarios que le correspondían a dicho profesor por los trabajos efectuados en 1.500 reales.

La Junta de la Comisión de las Tres Nobles Artes reunida la mañana del 22 de diciembre de 1836 censuró y aprobó su pensamiento de un Monumento que debía erigirse en Alcalá de Henares (Madrid) a la memoria de su defensor Juan Martí El Empecinado en la Guerra de la Independencia.

En 1842 le encontraremos residiendo en la calle Hortaleza, nº 42 viejo, cuarto segundo, frente a la fuente de los Galápagos (Madrid) y ocupado en varias obras. A través de un oficio remitido a la Academia el 13 de abril de 1848 por el director general de Fincas del Estado sabemos que solicitó de la corporación en estos momentos el nombramiento de una comisión de su seno que se ocupase de medir la casa nº 34 de la calle del Barco (Madrid), con objeto de fijar definitivamente el sitio que ocupaba la casa, pues habiendo sido medida por otros profesores las medidas diferían entre sí. Por un lado, los arquitectos que la habían medido para la subasta le habían dado 7. 443 y medio pies; por otro, el que la había medido a instancia del interesado lo había hecho en 7.227 y cuarto, mientras que el arquitecto que la había medido recientemente en virtud de lo dispuesto por la Intendencia lo había hecho en 7.172 y medio.

Ante la petición anterior, la Sección de Arquitectura designó a los académicos Antonio Herrera de la Calle y Juan Bautista Peyronnet, que desempeñaron su cometido marcando y designando las líneas y la superficie de la finca en cuanto pudieron. En el informe del reconocimiento, fechado el 13 de mayo de 1848, indicaron que: «la figura sobre que se hallaba  labrada esta casa es un polígono irregular de diez lados cuya linea de fachada presenta un frente de cuarenta y tres pies y cuarto: la medianeria de la derecha tiene origen en dha fachada con una linea de veinte y un pies y tres octavos y con la fachada forma un angulo de 107º: en su extremo y con un angulo entrante de 175º:  sigue otra de cincuenta y seis pies y siete octavos: donde concluye y en un angulo saliente de 157º: continua la expresada medianeria internandose al fondo con otra de viente pies y octavo, la cual con otra de diez y seis pies y medio y determinando un angulo de 171º, origina en su extremo un codillo entrante de dos pies y desde este punto siempre en direccion al fondo y en angulo de 104º sigue la ultima linea de catorce pies y cinco octavos que termina en el testero opuesto en un angulo saliente de 104º. La medianeria izquierda tiene su origen en la fachada y formando angulo con ella de 88º´30´ por una linea de sesenta y un pies; en su final empieza otra que con la anterior hace un angulo entrante de 175º.15´ y se interna al fondo con cincuenta y cuatro pies y cuarto de longitud terminando en el testero con quien forman un angulo de 93º. 30´: finalmente el testero cierra el sitio con sesenta y un pies, comprendiendo de arca plana ó superficie horizontal en el espacio y con lo que le corresponde del genero de sus medianeria, sietemil ciento veinte y ocho pies y veinte y nueve treinta y dos (ilegible) cuadrados». Del mismo modo, los arquitectos adjuntaron un plano fechado el 15 de mayo de 1848, actualmente conservado en el Archivo de la Academia bajo el título Casa de la calle del Barco nº 34 (Madrid) (Sig. 2-27-5), con las acotaciones y mediciones que habían realizado, unas mediciones que daban como resultado un sitio de «7.128,, 29/52 p^s». El estudio realizado por los académicos fue presentado en la Junta de la Sección de Arquitectura celebrada la tarde del martes 13 de mayo de 1848, reunión a la que asistieron los profesores Inclán (director), Conde y González, Sanz, Zabaleta, Laviña y Cámara (secretario). Lo acordado ese día fue finalmente aprobado por la Academia en la Junta General del 4 de junio de ese mismo año.

El 2 de enero de 1849, Herrera fue nombrado por la Sección de Arquitectura junto con Aníbal Álvarez y Atilano Sanz para informar acerca del expediente promovido por el jefe político de Barcelona sobre la construcción de una gran plaza porticada en el local que había sido convento y huerta de Capuchinos, el cual iba acompañado de tres planos en borrador. Dicho informe fue aprobado por la Comisión de Arquitectura el 6 de febrero y por la Academia en la Junta General del 11 del mismo. En julio de ese mismo año fueron remitido otros cuatro planos en los que se apreciaron los mismos defectos que en los primeros y sin el presupuesto del coste de las obras, además de una memoria en la que el autor daba cuenta de las ideas que había tenido presentes a la hora de hacer su trazado.

Vistos de nuevo los trabajos, los mismos profesores observaron que se había vuelto a infringir la alineación aprobada por el ayuntamiento por la calle del Vidrio, con lo que quedaba interrumpida la calle en dos partes que salían a la plaza por medio de dos recodos, interceptándose el tránsito de carruajes y dejando la vía sin utilidad y comodidad para el comercio. También que era perjudicial para los propietarios de las casas, ya que se derribaba «una parte de casa, se mudan las alturas de sus pisos y se le agrega delante una crujia sin construirse toda de nueva planta y aun los de las que solo tiene un piso han de comprar terreno para agregar el soportal, construir la costosa decoracion de la Plaza trastornando lo existente ó derribándolo tal vez para edificarlo de nuevo». Por otro lado, la nueva calle que debía abrirse para comunicar la plaza con el paseo de la Rambla se trazaba oblicuamente como lo estaba en los pensamientos anteriores y el terreno de su rompimiento se tomaba de dos casas abandonando así a sus dueños. Además, las fachadas de la plaza quedaban cortadas en las dos entradas a la calle de Vidrio, siendo de mejor efecto realizar la entrada a través de grandes arcos y cerrar con la misma decoración toda la plaza, excepto la nueva calle por la Rambla. Por último, los machones de los arcos del pórtico que daban a la plaza tenían solamente pie y medio de espesor, poco si se tenía en cuanta la altura de las fachadas de 72 pies y el ancho de las crujías, aunque la decoración parecía acertada. En vista de estas observaciones, el 19 de agosto tanto Álvarez como Sanz y Herrera de la Calle reprobaron el proyecto, aprobando tan sólo dos de los cuatro planos que habían sido presentados.

A raíz de la convocatoria de la plaza titular de arquitecto de Cádiz con un sueldo anual de 6.000 reales de vellón, la Sección de Arquitectura conformada por el marqués del Socorro, Sanz, Herrera, Zabaleta, Mesa, Peyronnet, Laviña y Cámara se reunió el 5 de marzo de 1850. Uno de los opositores fue Manuel García Álamo, arquitecto, director de caminos vecinales, socio de la Sociedad de Amigos del País de Córdoba y arquitecto titular de dicha capital. Tras realizarse los edictos pertinentes que se fijaron en los sitios públicos y fueron publicados en los periódicos de esta plaza como en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Gaceta del 3 de diciembre anterior, comenzaron a llegar las solicitudes para cubrir la vacante. Además de García Álamo, optaron a la plaza  José San Martín, arquitecto titular de los Ayuntamientos de Jerez y Arcos de la Frontera (Cádiz), socio fundador de las de emulación y fomento de la ilustración, artes, comercio y agricultura, aparte de socio de los Amigos del País de Jerez y Sevilla, pero también Juan de la Vega, arquitecto, académico de mérito de la Academia Nacional de San Baldomero de Cádiz y director de arquitectura en la Academia de Santa Cristina.

Una vez reconocidos los méritos de los pretendientes, el Ayuntamiento de Cádiz nombró como su arquitecto titular a Manuel García Álamo el 16 de enero de 1850, pero este nombramiento acarreó problemas y descontentos. Por un lado, el arquitecto Juan de la Vega reclamó la nulidad del nombramiento porque le perjudicaba y por otro, José de San Martín exigió lo mismo el 8 de febrero exponiendo los abusos que diariamente eran cometidos por la Academia gaditana al «hallarse entregada la Seccion de Arquitectura solo al compañero Bega y otros varios Sres. que por solo ser academicos de merito de la misma se creen (sin ser peritos) autorizados pª abonar informes sobre toda clase de obras que se ofrecen en los pueblos de esta Provª queriendo robustecerlos y darles el mismo carácter, que si fuesen (ebamados) p^r un cuerpo científico y con las mismas atribuciones como podría hacerlo la Real Academia de Sⁿ Fernando».

A fin de no estar a merced de una camarilla que dispusiese a su antojo de las obras públicas como privadas promovidas en los pueblos, San Martín recomendó restringir las facultades de la Academia de Cádiz o en su defecto, que la Academia de San Fernando nombrase  varios profesores para crear un cuerpo científico en la clase de Arquitectura del cual se carecía. Igualmente señalaba que desde hacía cuatro años había dirigido numerosas obras en las ciudades de Jerez, Arcos de la Frontera, Alcalá de los Gazales, Algeciras, etc., donde los citados  señores habían salido tan mal parados que habían tenido que solicitar sus servicios como ingeniero y arquitecto para terminar las obras, las cuales dejó concluidas y salieron publicadas en la Gaceta, nº 5174 y el Comercio de Cádiz, nº 2475. También que se encontraba a cargo de las obras particulares de Cádiz por la desconfianza que tenían sus propietarios para con estos individuos, debido a los hundimientos que desde hacía dos años se estaban presentando en sus edificios, cuya consecuencia inmediata había sido la muerte de varios padres de familia y honrados artesanos. Continuó diciendo: «(Ojala el Café de las Cadenas q^e con tiempo anuncié su caida) digalo la Casa De Cobos donde se sacaron Siete desgraciados muertos cuando se allaba cual mismo estado q. la anterior. No embalde no hay un propietario en Cadiz que confie gustoso sus obras a muchos de los profesores alli establecidos, aunque p^r necesidad tienen que hacerlo p^r tener establecido una compañía q^e se reune todos los Domingos en las tiendas de vino pª repartir entre todos las inutilidades q^e ante ellos se han reunido la Semana anterior».

El arquitecto Juan de la Vega también estaba en total desacuerdo con el nombramiento porque no se había tenido en cuenta  lo prevenido en la Real Cédula del 21 de abril de 1828 y la Real Orden del 7 de febrero de 1835, en las que se indicaba que fuesen guardadas las prerrogativas a los académicos de mérito respecto de los que no lo eran para la previsión de las plazas titulares. Reclamaba por ello el cargo sobre los demás aspirantes y también sobre García Álamo porque este no era académico y esa ciudad era la residencia de la Academia Nacional Gaditana, por consiguiente estaba comprendida en su jurisdicción artística, «motivo p^r el cual sus individuos deben  hallarse para este distrito en el mismo caso en que se encuentran las Academias de S. Carlos de Valencia, S. Luis de Zaragoza y la Concepción de Valladolid para los suyos respectivos, al tenor de lo prevenido en el artº 3º de la Real Cedula citada». Terminó su exposición añadiendo que el número considerable de votos obtenidos en la votación le habían movido a reclamar lo que en justicia le pertenecía.

Tanto la exposición de San Martín como la de Juan de la Vega fueron estudiadas en la Junta de la Sección de Arquitectura celebrada el 5 de marzo de 1850, reunión en la que se observó la desacertada actuación del Ayuntamiento de Cádiz respecto de  haber dirigido la comunicación del nombramiento a la Academia de San Fernando y no a la de Cádiz; que habiendo entre los aspirantes un académico, no estaba entre sus atribuciones nombrar a uno que no lo fuera sin contravenir lo mandado en la expresada cédula; que debía haber comunicado a la academia gaditana el nombramiento de García Álamo antes de dar posesión al agraciado y que debía rectificar su elección como adjudicar la plaza al académico de la Vega. Por otro lado, la sección no creyó conveniente ocuparse de la carta de San Martín dado que el interesado no pedía nada en ella, no tenía carácter oficial y sólo contenía chismorreos indignos y poco apropiados entre profesores. Todo lo acordado por la Sección de Arquitectura fue aprobado por la Academia de San Fernando en la Junta General celebrada el 10 de marzo de 1850.

Por estas fechas, el proyecto de Félix Ribas, cuyo objeto era completar la cárcel pública de Barcelona sobre el terreno que había sido huerta de los P.P. Seminaristas, sería censurado por Herrera de la Calle, previo nombramiento de la Sección de Arquitectura.  El profesor pudo comprobar que el edificio estaba en parte construido y que Ribas había sacado partido del terreno a la hora de hacer la distribución, aunque le quedaban algunos espacios principales y necesarios reducidos, entre ellos los cuartos destinados a los presos que pagaban estancia y que por esta razón debían ser más espaciosos y cómodos, así como algunos calabozos carentes de suficiente ventilación. Respecto a las fábricas, las alturas y los pisos, apreció que el autor no había prescindido de unir el nuevo proyecto con la fábrica existente y que la decoración exterior se había resuelto a través de dotar a las fachadas de dovelajes y almohadillados en todas las ventanas, siendo más correcto haber imitado el piso bajo «a hiladas  lisas de canteria, y conservando en todos los huecos las jambas o guarniciones que actualmente se ven, o bien sustituir otras molduras de mas gusto sin perder de vista su carácter». También observó la conveniencia de variar la forma de los templetes de hierro y que el lugar elegido para el escudo de armas no era el más adecuado, pudiendo reducir sus dimensiones y colocarlo sobre la puerta principal o en su lugar disponer dos en el muro de la fachada, uno a cada lado de la ventana del centro. 

El informe de Antonio de Herrera fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 3 de abril de 1850 y por la Academia tres días más tarde, momento en que se comunicó al interesado la necesidad de hacer ligeras correcciones en el proyecto ideado a fin de ampliar y completar el edificio. Las correcciones fueron introducidas en los planos presentados en julio de ese mismo año, correcciones que hacían referencia a la distribución, comodidad, seguridad exterior y decoración exterior del edificio. El propio Herrera volvió a censurar de nuevo los pensamientos, dando el visto bueno a los mismos el 24 de julio de 1850. Tras ser aprobados por la Sección de Arquitectura el 6 de agosto, la Junta General del 29 de septiembre propuso la devolución de los planos a su autor para que los pusiera en limpio cuando más le conviniese.

El 20 de agosto Herrera elaboró junto con José París y Peyronnet el informe que les había solicitado la Sección de Arquitectura acerca de los honorarios que debían percibir los arquitectos  por los trabajos de su profesión según se había pedido en la Real Orden de 24 de abril de 1844. El asunto provocaba continuas reclamaciones y pleitos porque nada existía oficialmente sobre ellos por escrito.  Los tres arquitectos creyeron necesaria la recopilación de todas las tarifas y las noticias que les pudieran proporcionar los antiguos arquitectos, no sólo las españolas sino también las que estaban en uso en el extranjero, bien en Francia, Inglaterra o Alemania al ser países en los que mejor estaba organizada la administración de todos los ramos de la profesión. 

Reunidos los datos necesarios hicieron un análisis de cada uno en particular sacando los siguientes resultados: 60 reales por cada asistencia, junta o reconocimiento que se resolviese verbalmente sin extender documento; 100 reales los reconocimientos complicados que necesitasen de la ciencia, más el importe de los trabajos necesarios para la completa ilustración de los mismo; entre 80 y 100 reales los reconocimientos sencillos con dictamen que no exigiese presupuesto; como mínimo 300 reales por cada reconocimiento de gravedad o responsabilidad con dictamen; 100 reales los reconocimientos con dictamen por escrito y presupuesto, más la parte correspondiente a la tarifa de tasaciones; los diseños de monumentos públicos o privados en función de su mérito artístico serían regulados; 1.500 reales por un edificio particular con planos en limpio (plantas y alzados) en caso de que no excediese el sitio de 78 metros², mientras que pasando de esa superficie, 12,8 reales por cada metro cuadrado.  En caso de que la casa adquiriera ornamentación se abonaría la mitad más los anteriormente prefijado; para el proyecto y planos de un edificio público el duplo de lo prevenido para los edificios particulares, etc. Pero en cuanto a las recomposiciones los resultados serían: 10 reales  por la asistencia a obras en las que no fuese exigida más que la inspección, mientras que entre 12 y 16 reales por cada día que durasen y fuese la obra de más entidad; 170 reales por cada día de salida, siempre que no excediese de 5,4 leguas; en caso de que fuesen necesarios ayudantes se abonarían sus jornales por separado; los maestros de obras creados antes del Real Decreto del 28 de septiembre de 1845 percibirían los mismos honorarios que los arquitectos por los trabajos en que se hallaban facultados, etc.  El informe de Herrera, París y Peyronnet fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 24 de septiembre de 1850.

Pero mientras que estaba ocupado en la comisión anterior, fue nombrado el 2 de septiembre de 1850 para llevar a cabo el examen de los planos y el presupuesto de la cárcel para la villa de Tolosa (Guipúzcoa) en el lienzo principal de la plaza nueva, cuya ubicación había sido elegida por su ayuntamiento. Examinados los diseños observó que la planta baja del edificio estaba regularmente distribuida, bien hecha la sujeción al terreno y seguro el sistema carcelario, pero existía un patio cubierto de cristales para luces y ventilación con solo 8 pies de ancho, 16 de largo y una altura de 54, dimensiones en las que era prácticamente imposible la existencia de luz y ventilación. Esta estrechez aparecía también en la capilla, pero, por el contrario, las estancias de los talleres y las prisiones estaban bien dispuestas y ventiladas. Lo mismo ocurría con las habitaciones ubicadas en la planta principal, a excepción del departamento destinado a los jóvenes y la enfermería de las mujeres, cada una con una sola ventana de pequeñas dimensiones. Respecto a la planta segunda, donde se ubicaban los archivos y las piezas pertenecientes a los juzgados, nada tenía que objetar como tampoco respecto a la decoración de la fachada principal, aunque creía conveniente hacer algunas correcciones en el vuelo y los perfiles de los guardapolvos de los balcones del piso principal y en los zócalos que servían de apoyo al escudo de la villa. La decoración de la fachada posterior y del costado podía mejorarse estrechando sus huecos y poniendo únicamente jambas en sus guarniciones como había diseñado en el último piso, misma alteración que podía introducirse en los huecos del patio cubierto.  Este informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 3 de septiembre de 1850, pero el 28 de este mismo mes Herrera llevaría a cabo el correspondiente al proyecto de restauración de la plaza de toros de Segovia, obra del arquitecto Ildefonso Vázquez de Zúñiga. Fue igualmente aprobado por la Sección de Arquitectura el 8 de octubre de 1850 y por la Academia en la Junta General del 13 del mismo mes, no obstante, la corporación no aprobaría los planos definitivos hasta el 2 de noviembre de 1851.

Al tiempo que se resolvía el expediente anterior, la Academia encargó a su Sección de Arquitectura en febrero de 1851 los exámenes de los aspirantes al título de directores de caminos vecinales y el nombramiento de los individuos que debían formar parte del tribunal de examen. El 27 de marzo fueron designaron para constituirlo Antonio Conde y González, José París y Juan Bautista Peyronnet, mientras que el 20 de mayo fueron nombradosa Atilano Sanz, Antonio Herrera de la Calle y Juan Pedro Ayegui. El inconveniente de que los tribunales estuviesen formados por todos los individuos de la Sección de Arquitectura, quienes debían rotar y turnarse para llevar a cabo la censura de los diferentes exámenes, llevó el 14 de octubre a modificar esta práctica en pro de un tribunal fijo formado por personas dedicadas a la enseñanza de los diferentes ramos, sistema por el cual se podrían verificar siempre y con regularidad los ejercicios. Finalmente, este tribunal fijo quedó constituido por los académicos José París, Juan Bautista Peyronnet y Eugenio de la Cámara, nombrándose como suplentes los también académicos Antonio de Zabaleta y Matías Laviña.

En septiembre de 1851 había comenzado la edificación de una iglesia parroquial a extramuros de Madrid en Chamberí con fondos de varios feligreses, arbitrios, limosnas y finalmente con recursos del Gobierno. A fin de saber si la obra era sólida y podían continuarse, el Gobierno acordó disponer de dos arquitectos de la Academia para que la reconocieran  e informaran de manera gratuita cuanto considerasen oportuno para su conclusión, comisión para la que  fueron nombrados  Juan Miguel de Inclán, Antonio Conde y González y Antonio Herrera de la Calle. Verificados los desperfectos, los desplomos y las quiebras del templo, los arquitectos realizaron un primer informe el 26 de septiembre de 1851 y un segundo el 22 de octubre, incidiendo en la necesidad de demoler las dos torrecillas que decoraban la fachada principal. Para ver las obras circunscritas y los materiales empleados en ellas tuvieron que hacer el rompimiento de 6 puntos de excavación que lo manifestasen: cuatro en el interior de la nave del templo y 2 al exterior alrededor de la capilla mayor o presbiterio, que reconocieron la mañana del 5 de marzo de 1852. Los encontraron con una solidez regular debido a la utilización de materiales de diferente consistencia, pero no creían que fuese el origen de los desperfectos y la progresiva ruina de las fábricas superiores. A su entender, muchas habían sido las causas del deterioro de la iglesia: la forma adoptada en la cubrición de la nave principal; una bóveda de tabicado doble sujeta á la curvatura circular ó de medio punto apoyada en muros resistentes, pero cuya construcción era muy poco esmerada y sus asientos homogéneos; la utilización de los materiales por medio de limosnas, cuya calidad no era la mas apropiada; los malos trabazones y la poca profesionalidad de los obreros que la habían levantado, y por último y más principal, el abandono en que habían estado las obras por espacio de meses y aún de años, durante los cuales las lluvias  habían disuelto y arrastrado en su descenso el mortero que unía los ladrillos como los propios ladrillos.

Ante el deplorable estado de las obras, no sólo creyeron oportuna la demolición de las dos torrecillas de la fachada principal sino la demolición de todas ellas hasta el cimiento de la mismas;  la cubrición de la nave con armadura atirantada en sustitución de la bóveda, formando la vuelta por medio de encamonados con la forma que se creyese más oportuna; la supresión del vuelo de la cornisa interior por innecesaria, a fin de regularizar la forma de la bóveda, y por último, la conversión de las naves laterales en capillas, debiendo demoler los arcos labrados en la parte izquierda y rebajar sus fábricas en una y otra parte.

El 5 de abril de este mismo año de 1852, la Secretaria de la Academia recibió los planos de la iglesia de Chamberí suscritos por el académico supernumerario Antonio Cachavera y aprobados por la corporación en abril de 1841; otro nuevo plano que representaba el mismo proyecto pero notablemente modificado, cuyo autor no era arquitecto aprobado, y  además la Real Orden que se había leído en la última junta general por la que S.M. encargaba a la Academia que le mantuviera informada sobre este asunto. La Junta de la Comisión reunida el 19 de junio dictaminó que para asegurar el edificio y salvarle de la ruina eran necesaria la construcción de unos muros de cuatro pies de grueso desde los machones de la nave central hasta  los muros exteriores, embebiendo en ellos tirantes y bolsones de hierro a fin de formar un cuerpo compacto; la demolición de los tabiques provisionales que cerraban los arcos; la construcción de una armadura mixta de madera y hierro que atirantase entre sí estos muros y contuviese sus movimientos; la demolición del cañón de la bóveda y su sustitución por un encamonado; la demolición de la escalera helicoidal que daba subida a la torre de la izquierda y la realización de otra de madera, además de la demolición de las paredes que unían los muros exteriores con los dos de la nave principal, construyéndolas de nuevo con el grueso competente

El parecer de la Sección de Arquitectura fue aprobado por la Academia en la Junta General del 11 de julio, sin embargo, a mediados de 1853 el propio Cachavera y Langara remitió a la junta inspectora de las obras de la Iglesia  una exposición indicando que no iba a invertir en la obra para dejarla totalmente consolidada más cantidad que los 180.000 reales que por entonces existían en depósito, a lo que dicha junta acordó comunicar al interesado que debía aclarar varios puntos: las obras que debían ejecutarse para ese fin, detallándolas una a una y formando el presupuesto con especificación de partidas y señalamiento de valores, así como los medios que iba a adoptar para que no se perdiese aquella suma de dinero. Viendo esta exposición, la Junta de la Sección de Arquitectura del 16 de agosto de 1853 acordó comunicar a la Academia que aceptaba la proposición de Cachavera y que creía justo y equitativo concederle la ocasión de poder reparar por fin el edificio. También que era imposible que el arquitecto formase el presupuesto detallado con especificación por partidas como se le pedía porque debiendo proceder a la demolición de parte de la obra existente era imposible prever el número de pies o varas cúbicas de las diferentes fábricas que serían necesarias reponer y que este presupuesto detallado era innecesario cuando el propio arquitecto se comprometía a terminar las obras con el mismo presupuesto cuando seguramente le iba a costar mucho más. Por último, respecto a las medidas que iba a adoptar para no perder la suma existente, creía muy razonables las condiciones a las que voluntariamente se sometía el arquitecto, por lo que tampoco existía problema alguno en cuanto a este punto. No obstante, se manifestó la conveniencia de que una comisión facultativa de la confianza de la Academia inspeccionase semanalmente las obras que se fueran ejecutando y certificase que se estaban llevando a cabo según lo prescrito y los buenos principios del arte. La Academia propuso a principios de 1854 para esta comisión a los mismos arquitectos que años antes habían realizado el informe sobre la obra, es decir, a los académicos Antonio Herrera de la Calle y Antonio Zabaleta, pero ambos comunicaron su imposibilidad de llevarlas a cabo porque uno tenía dos obras principales fuera de la Corte y el otro debía salir de Madrid para atender a su delicada salud. Aunque no podían realizar el cometido creían que esta comisión era ajena a la índole de la Academia, que no debía ser encomendada a sus individuos  pues los trabajos no estaban remunerados y por consiguiente eran muy gravosos para los individuos en vista de que las inspecciones exigían mucho tiempo, máxime en una obra de estas características al encontrarse tan lejos de sus domicilios; además, requerían una enorme responsabilidad y una comisión no podía aceptar a quien la mala fe de los operarios y materialistas podría sorprender si las obras tan sólo eran inspeccionadas una vez por semana.

La Sección de Arquitectura reunida el 18 de octubre de 1853 oyó las razones de  Herrera y Zabaleta  y ante lo expuesto S.M. acordó en marzo de 1854  que los académicos que fuesen nombrados para inspeccionar las futuras obras de la iglesia de Chamberí fuesen remunerados con una retribución. Después de oído este dictamen, la Sección reunida la noche del 28 de marzo de 1854 verificó el nombramiento de Herrera y Zabaleta, quienes expusieron un mes más tarde que cuando habían expresado sus opiniones nunca lo habían hecho con ánimo de exigir una retribución pues siempre habían estado dispuestos a ejecutar sin coste alguno cualquier trabajo que les había encomendado la corporación.

Las obras de la iglesia parroquial siguieron su curso durante el resto del año 1854, pues el 21 de junio Juan José de Urquijo fue nombrado arquitecto- inspector por el Ministerio de Gracia y Justicia para inspeccionar semanalmente las obras.  El 26 de julio de 1855 llevó a cabo un detenido reconocimiento de la obra, en cuyo informe remitido el 1 de agosto señaló que la fachada continuaba aumentando el movimiento que ya había indicado en su primer informe; que el revestimiento de la bóveda se había destruido y pasado al arco toral como a parte del cascaron del presbiterio, por consiguiente creía no poder conservarlo; que la razón principal que le obligaba a dimitir del cargo era que las fábricas del templo carecían de las precisas condiciones de estabilidad por las razones expuestas en el anterior informe y eran insuficientes los medios propuestos para conseguir el fin deseado.

Dicho escrito fue remitido a través del Ministerio de Gracia y Justicia a la Academia, la cual a través de la Sección de Arquitectura celebrada el 14 de agosto de 1855 emitió el consiguiente informe criticando severamente a Juan José de Urquijo con las siguientes palabras: «La Sección no cree prudente calificar el escrito de D. Juan Jose de Urquijo por que debería hacerlo muy severamente al ver la ligereza y resuelto tono con que há hablado del juicio de una Academia que debia tener para él tanto titulo de respeto y consideracion, al mismo tiempo que manifiesta desconocer completamente el asunto en que pretende dar lecciones á esta corporacion en vano la Seccion há buscado en su informe una razon-cientifica del aventurado acierto que hizo: (solo por el placer de criticarla sin duda) á pesar de habersele mandado por el Gobierno de S.M. que detalle ó demuestre las razones por las que cree insuficientes é impracticables las obras que propuso la Academia, ni las ha detallado ni menos ha podido demostrarlas, reduciendose y limitandose á repetir y perifrasear la idea de que no son bastantes, y esto á vuelta de no pocas vulgaridades impropias de un hombre cientifico, confundiendo lastimosamente los principios del equilibrio con los del movimiento, las causas con los efectos, las observaciones con los estudios que, ó no há hecho, ó si los há hecho no deben ser los mejor ordenados  á juzgar por las consecuencias que deduce. De todo esto se sigue que la negativa del Arquitecto Urquijo á encargarse de la inspeccion de las obras, solo ha servido 1º para entorpecer el negocio, dilatando la resolucion, 2º para demostrar su insuficiencia cientifica y 3º para poner de manifiesto su falta de respeto hacia la primera corporacion artistica de España á cuyo decoro no há tenido reparo en atentar con sobrada ligereza y sin el menor fundamento [...]».

La Sección de Arquitectura acordó en sus Juntas celebradas el 14 y 22 de agosto de 1855 que fuese aceptada entre otras cosas la renuncia al cargo por parte de este arquitecto y que se tomase en acta la gran ofensa que había inferido a la Academia para que en futuras ocasiones se pudiera hacer uso de ello como mejor conviniese. Las obras del templo continuaron en 1856, fecha en la que fueron nombrados Juan Pedro Ayegui y Matías Laviña Blasco para realizar el reconocimiento de la obra. El 13 de agosto remitieron su informe a la Academia, manifestando el haberse construido recientemente obras con solidez, esmero y buenos materiales que habían dado la estabilidad deseada al edificio. 

Dejando aparte las obras de la parroquial de Chamberí y retomando las actividades desarrolladas por Herrera en 1851, sabemos que volvió a ser delegado de la Sección de Arquitectura en el mes de diciembre de 1851, en esta ocasión para llevar a cabo el informe sobre el expediente relativo a la planta y el presupuesto formado por el arquitecto titular de Murcia para construir una casa consistorial en dicha ciudad. Se habían realizado ciertas correcciones respecto a un primer proyecto y una reducción considerable de su economía, pero la Junta advirtió cierta desproporción en los cuerpos que componían la fachada, en parte debida a la baja altura del piso, por lo que aconsejó reducir la altura del orden que lo decoraba como la del ancho de los huecos del segundo piso a fin de que su proporción no fuese aplastada. El informe sería aprobado finalmente por la Sección de Arquitectura el 3 de diciembre de 1851.

El 22 del mismo mes fue nombrado junto con Juan Miguel de Inclán para realizar el proyecto de Ordenanza de Construcción de Madrid, a tenor de la solicitud realizada por el corregidor de la villa el 19 de diciembre de 1851 solicitando el nombramiento de dos académicos de número que con sus conocimientos ilustrasen en este cometido a los tres arquitectos de Madrid.

Al año siguiente continuó elaborando informes, previo nombramiento de la Sección de Arquitectura, tal y como lo había estado haciendo hasta ahora. En esta fecha se ocupó del correspondiente a una plaza de toros para la ciudad de San Roque (Cádiz), obra del arquitecto José de San Martín. El informe manifestaba su buena concepción respecto a las costumbres del país, pero la necesidad de establecer mayor número de entradas y salidas en los tendidos para mayor desahogo de los espectadores, lo mismo que ocurría en la planta alta o galería de palcos; la mala ubicación del local destinado a la tertulia que quitaba la vista a una parte de los concurrentes de los tendidos; la ausencia de un tinglado o cobertizo donde poder colgar las reses para descuartizarlas antes de conducir la carne a sus despachos, y la incorrecta colocación de los contrafuertes que no cumplían su función correctamente. El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 7 de enero de 1852.

Meses más tarde se le encargó el informe sobre el estado de la casa situada en la plaza de Chamberí (Madrid), propiedad de Francisco Pombo, por la diferenciación de pareceres entre los arquitectos que la habían reconocido. El informe llevado a cabo por Herrera puso de manifiesto la mala construcción del  inmueble por el desplome de las paredes que daban al corral y la fachada exterior que producían un aspecto malo a la plaza y suponían una amenaza en el  interior de la vivienda. Por ello, y por no haberse ejecutado ciertas obras sin el competente permiso, el arquitecto fue de la opinión que la denuncia estaba bien fundamentada y que la casa debía ser derribada, parecer que sería aprobado por la Sección de Arquitectura el 14 de mayo de 1852.

Junto con Juan Bautista Peyronnet y José París formó parte de la comisión  nombrada para examinar la tarifa de los honorarios que debían percibir los arquitectos por los diferentes trabajos de su profesión. En el informe desarrollado y aprobado el 14 de julio de 1852, advirtieron la necesidad de adoptar el sistema métrico que debía regir al año siguiente y unidades enteras para los tipos que se estableciesen respecto de las unidades de superficie.

Dias más tarde, la Sección de Arquitectura censuró el informe de José París relativo al reconocimiento efectuado en la casa de la calle de Calatrava, nº 31 moderno, con vuelta a la del Águila, nº 15 moderno y 9 antiguo, de la Manzana 111 (Madrid). El arquitecto del Departamento, Juan José Sánchez Pescador, había afirmado que era antigua y se encontraba en un estado de abandono total por no haberse hecho los reparos necesarias en las obras de aseos y buen servicio de las habitaciones, aunque por otro lado no se apreciaban desplomos en las fachadas ni desniveles en los pisos que pudieran dar señales de ruina. Tanto Herrera como París vieron de mayor urgencia la reparación del zócalo de mamposteria de la fachada principal que daba a la calle del Águila porque desunía toda la fábrica, como la necesidad de llevar a cabo las propuestas dadas por Simeón Ábalos sobre «levantar el trozo de fachada que está mas bajo q^e el resto por la calle de Calatrava coronandolas todas ellas con un alero de madera nuevo; arreglar los huecos y balcones de las dichas fachadas con arte y según ordenanza y maestrandolas, enfoscarlas y revocarlas con arreglo á un sistema de construccion». Se creía necesaria la sustitución de algunos maderos del suelo en el interior algo más robustos de los existentes, como la de algunos pies derechos en las traviesas. A su entender, con estas obras y la reparación de los solados, blanqueos y una competente dirección de las aguas pluviales y sucias quedaría la casa con la solidez y ornato necesarios.

Antes de acabar el año de 1852, Herrera llevó a cabo un último informe, en esta ocasión el referente a la reposición de las cabezas de las campanas de la torre y el establecimiento de un pararrayos en la catedral de Málaga. Las primeras podían llevarse a cabo por un facultativo no arquitecto, pero no así las segundas al afectar el aspecto de la obra y ser necesario el establecimiento de un andamio cuya posición pertenecía sólo a este último. El cabildo confesó el haberse valido de personas inteligentes para la ejecución de las obras del templo, entre ellas el maestro de obras Mapelli y algunos otros operarios, hecho por el que Herrera vio que se había incurrido en dos faltas graves: una por parte del cabildo y otra por Mapelli al no haber manifestado al cabildo su limitación a las obras de particulares. Dicho informe sería aprobado por la Sección de Arquitectura el 2 de diciembre de 1852.

Por estas fechas, José Jesús de Lallave había redactado un escrito bajo el título «Servicio de obras civiles» que sería censurado por los arquitectos Antonio Herrera de la Calle, Aníbal Álvarez y Narciso Pascual y Colomer en cumplimiento con los dispuesto por la Sección de Arquitectura el 30 de octubre de 1852. El informe estuvo concluido el 20 de enero de 1853 y en él expusieron los arquitectos que lo encontraban útil, muy conveniente y conforme con su contenido, ya que en todas las provincias de España debían existir arquitectos nombrados para dirigir las obras públicas y particulares, formar planos y presupuestos, informes y reconocimientos judiciales, visitas periciales y todo tipo de comisiones, ya que muchos de estos trabajos eran conferidos por las autoridades a meros prácticos de albañilería y carpintería con el consiguiente perjuicio en cuanto al bienestar, comodidad y seguridad de los habitantes.

Se habían dado numerosas previsiones para acabar con este asunto y muchas habían sido las exposiciones elevadas a S.M. por los arquitectos reclamando soluciones al respecto, entre ellas las elevadas por los arquitectos de Valencia, Sevilla, Barcelona y algunas otras capitales reclamando contra las disposiciones contenidas en la Instrucción del 10 de octubre de 1845. Por otro lado, el 13 de noviembre de 1847 la Sección de Arquitectura había propuesto al Gobierno de S.M. la creación de plazas fijas de arquitectos en las capitales de provincia y el 15 de junio de 1849 se había solicitado el nombramiento de arquitectos en los Gobiernos Políticos a cuya datación concurriesen los pueblos sin gravamen del presupuesto general. Esto era en base lo que Lallave ponía de manifiesto en su escrito y lo que proponía para acabar con los problemas, estudio y propuesta que la Sección de Arquitectura como los arquitectos nombrados por ella aprobaron unánimemente el 1 de febrero de 1853.

A principios de 1853 llevó a cabo junto con Antonio Conde y González el informe de la denuncia de las casas ubicadas en la población de Chamberí (Madrid), situadas en la calle el Norte, nº 3 y 5,  en un callejón sin salida, nº 2 y 4, y en la calle de Herrera, nº 3 hasta el 27 inclusive, todas ellas propiedad de Enrique de Urtrada. También las situadas en la misma calle de Herrera, nº 34 al 42 inclusive con vuelta a la de Santiesteban, nº 6 y 8, propias de Antonia de las Rivas. Verificados los reconocimientos de las fincas vieron en las primeras casas que su altura no correspondía a lo que se había mandado hacer en las casas de un solo piso, que las enunciadas en lo general tenían entre 8 y 9 pies de altura y sus fábricas no se encontraban en perfecto estado, por lo que debían hacerse obras de reparos interiores guarneciendo y revocando sus fachadas por razón de ornato público sin tener que demolerlas, mientras que las casas con los números 7 al 27 inclusive, debían derribarse inmediatamente al ser meras cochiqueras. El informe concluido el 1 de febrero de 1853 sería aprobado por la Sección de Arquitectura ese mismo día.

En marzo fueron remitidos a informe el pliego de condiciones y los planos de varios establecimientos penitenciarios de forma panóptica suscritos por el arquitecto y académico Francisco de Asis Soler para ser ubicados en cuatro puntos de la Península, diseñados por Isidro Vilarasau y Noguera. Viendo la magnitud del proyecto, la Academia nombró una comisión formada  por Aníbal Álvarez, Antonio Herrera de la Calle y Antonio de Zabaleta, arquitectos  en cuyo informe concluido el 10 de marzo de 1853 observaron la falta de antecedentes y datos indispensables a tener en cuenta antes de aprobar el proyecto. Estos datos eran entre otros, una estadística criminal del país, el número de presos que debían ocupar los diferentes departamentos de los edificios, la distribución de los penados según su sexo, los delitos cometidos y el tipo de condena que debían cumplir. No podían aceptar como buenas las luces y ventilaciones proyectadas en los dormitorios porque sólo se las daba por un lado; tampoco el sistema de extensas salas adoptadas para los dormitorios, prefiriéndose el de las celdas; la mala situación del comedor y la necesidad de otros tantos; el carácter del edificio, poco adecuado a su objeto, ya que no expresa como debiera cual era su destino, siendo aún más destacable en la fachada principal. Pudieron apreciar como la idea dominante era en esencia industrial, porque el autor ubicaba grandes fábricas o centros de actividad manufactura utilizando para ello el trabajo personal de los penados, cosa útil si se tenían en cuanta las circunstancias del distrito o la provincia donde debía ubicarse el establecimiento y en el futuro un aspecto fundamental a tener en cuenta para el reo, a quien se le enseñaba un oficio para cuando hubiese cumplido la condena. El informe de estos tres individuos fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 20 de marzo de 1853.

El 11 de abril de ese mismo año la Sección aprobó a Herrera el informe realizado sobre el plano y el presupuesto de la nueva cárcel para la villa de Sequeros (Salamanca), en el que había apreciado como el autor había querido cumplir la Ley de 26 de julio de 1849 relativa al nuevo sistema carcelario, pero al mismo tiempo había errado en el plano al no haber diseñado una capilla u oratorio para la celebración de la misa. También la mala colocación de la escalera en uno de los ángulos del edificio, la falta de ventilación y claridad en las habitaciones de los incomunicados, la casi inexistente separación de sexos y la pobreza de la decoración del frente del patio y su opuesto. Por último, observó que al ocupar una superficie de 11.800 pies debía estudiarse nuevamente su distribución y los alzados, ya que en los planos no se apreciaba el destino del que era objeto el edificio.

El director general de los Establecimientos Penales remitió a informe de la Academia dos expedientes el 3 de junio de 1853: 1º)  el proyecto de una cárcel para León aprovechando las construcciones del castillo de la ciudad, suscrito por Perfecto Sánchez Ibáñez, y 2º) el proyecto de cárcel para Atienza (Guadalajara) suscrito por el académico Antonio Herrera de la Calle, los cuales serían aprobados por la Sección de Arquitectura el 7 de junio y definitivamente por la Academia el 12 del mismo mes.

El 27 de junio de 1853 llevó a cabo junto con Pascual y Colomer el informe del expediente de denuncia de las fachadas pertenecientes a las casas nº 18 y 20 de la calle Alcalá (Madrid) al que iba unido otra denuncia de la medianería de éstas con la del nº 22. Ambos hicieron el reconocimiento de las casas para constatar el estado en que se encontraban sus fábricas, pero vieron que al levantarse en su totalidad y de nueva planta la fachada de las casas nº 18 y 20 dejaron de existir los problemas que habían motivado las denuncias. El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 7 de junio de 1853.

Dos meses más tarde Herrera finalizó el informe sobre la reparación y ampliación del templo de la villa de Rojas (Burgos), estudio en el que manifestó la justa y arreglada capacidad de la iglesia teniendo en cuenta que la población de la villa ascendía a dos mil almas, como que la sección presentada según la línea A.B. estaba proporcionada, entendida y bien demostrada a pesar de su diminuta escala. Con respecto a la decoración, veía conveniente suprimir la escultura de la fachada y la de la clave que interrumpía la arquivolta del lucernario del coro, como dar mayor proporción a las torres rebajando su altura. La Sección de Arquitectura aprobaría su informe en la Junta celebrada el 20 de septiembre de 1853.

El 3 de enero de 1854 fue nombrado por la Sección junto con Matías Laviña para elaborar el estudio relativo al revoco de las casas nº 4 y 6 de la calle del Bonetillo (Madrid), proyecto remitido a la Academia por el alcalde corregidor. Los informes emitidos por los arquitectos de la Villa y los dueños de las casas indicaban que tras revocar las fachadas no se habían acabado con los obstáculos que producían las humedades, hecho por el que los primeros propusieron apartar  de las fachadas las bajadas de los comunes haciendo los asientos de tabloncillos en forma cóncava forrándolos con chapa de plomo e introducir un reborde contra las paredes de la casa en vista de que su traslado era imposible por la estrechez del sitio, la distribución de la casa y los gastos que ocasionaría. Cuando los arquitectos nombrados por los dueños de las casas reconocieron las obras se percataron de que nada sobre las bajadas se había hecho, ni los tabloncillos ni las cubiertas de plomo, de ahí que tuviera que intervenir la Academia para resolver lo más conveniente.

Viendo Laviña y Herrera «que ni lo propuesto por los Arquitectos de Villa evitarían el daño, por el mal uso que se hace de estos comunes á causa de su lobreguéz y falta de ventilacion,,/ Que las fincas van venciendo el ultimo plazo de su existencia,,/ Que las humedades no son tan defectuosas ni visibles como las de otras casas inmediatas,, y,,/Que no conveniendose los dueños de que lo propuesto por los Arquitectos de la Villa daría mas vida á sus casas», acordaron otorgar un plazo de tiempo para que se llevasen a cabo las obras propuestas, multar a quienes por su demora se hubieran hecho acreedores y estimularles para que rehiciesen las casas en cuestión por ser la única vía para colocar los comunes como era debido.  El informe de los arquitectos fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 10 de enero de 1854.

Al mes siguiente elaboró junto con Atilano Sanz y Pérez otro informe, en esta ocasión el reconocimiento de las casas nº 4 y 6 de la población de Chamberí (Madrid). Una vez reconocidas, los arquitectos opinaron que si bien estaban necesitadas de algún que otro reparo no amenazaban pronta ruina: «[...] siendo estas construidas de planta baja, y sus fachadas en buen estado, con el alero que si bien tiene poco vuelo es suficiente por la poca altura á que está al piso de la calle; habiendo visto tambien los tabicones, y tabiques con los techos a cielo raso, y armaduras, en un estado regular de duracion, entienden que con reparar las tapias de los corrales hasta dejarlas corrientes con la albardilla que falta [...] y hacer nuevos los tejaditos de las cuadras, con un retejo general en lo demas, cerrando varias quiebras que se observan de poca consideracion en las diferentes habitaciones, y algun otro recorrido que al tiempo de hacer las obras será facil ver, pueden quedar las referidas casas seguras y habitables para mucho tiempo [...]».

A principios de 1854 Balbino Marrón y Ranero delineó los planos de la fachada de las casas capitulares para la nueva plaza de la ciudad de Sevilla, remitiéndolos a la corporación para su censura. La Sección de Arquitectura volvió a nombrar a Antonio Herrera de la Calle para que hiciera el informe correspondiente, el cual tuvo concluido el 24 de marzo. El arquitecto advirtió que se había sacado todo el provecho posible a la nueva distribución interior como a la ornamentación interior y exterior del edificio, hecho que había verificado previamente la Academia de Sevilla cuando hubo censurado el proyecto; no obstante, percibió falta de proporción en las partes de la fachada con el todo de ella; que no se habían remitido los detalles de los cornisamentos, el perfil de sus molduras y vuelos, las formas y dimensiones de los balaustres de los balcones, los capiteles y las basas de las pilastras y columnas lo que hubiera sido conveniente, como conveniente hubiera sido la supresión de las dos figuras colocadas en el tímpano del frontón a los lados del reloj. Por todo ello y en vista de que las condiciones facultativas, el presupuesto y el resto del proyecto se encontraba en regla, Herrera no halló inconveniente en aprobarlo, de ahí que su informe fuese aprobado por la Sección de Arquitectura el 28 de marzo de 1854.

En esta misma fecha la Sección aprobaría el reconocimiento y el informe elaborado por Herrera y Atilano Sanz relativo a la casa situada en la plazuela del Alamillo, nº 7, esquina a la calle de la Morería, nº 2 (Madrid).  Los arquitectos observaron en esta obra el desplome de su fachada con quiebros de arriba abajo, mismo estado en que encontraban los arcos de las puertas y ventanas. En este estado se hallaba también la fachada de la calle de la Morería mientras que en el interior se advertían destrozos en las traviesas y medianerías, como suelos desnivelados y maderas pandeadas. A su entender, cualquier reparación era costosísima y dejaría la casa en mal estado debido a la descomposición general de sus materiales, hecho por el que creían más acertada su demolición y la construcción de otra de nueva planta.

A mediados de este año Garriga y Roca estuvo ocupado en la capilla privada que los R.R.P.P. Escolapios se proponían habilitar en el colegio de San Antonio Abad de Barcelona, proyecto reducido sólo a la ornamentación de la capilla provisional. Para llevar a cabo la censura de este expediente la Sección recurrió de nuevo a Herrera, quien tuvo concluido el correspondiente informe de la obra el 7 de julio de 1854. No entendía que el autor suprimiera el arquitrabe en el cornisamento del orden elegido como decoración y tampoco que interrumpiera dicho cornisamento en el punto en que lo hacía. Creía necesario quitar los dos angelotes de mal gusto situados sobre la puerta que comunicaba con el colegio, los colgantes colocados sobre los cuadros de los costados e igualmente los bajorrelieves ubicados en los recuadros del presbiterio, los cuales debían ser sustituidos por otros adornos de mejor gusto y en mayor armonía con el carácter del orden elegido en la capilla. La Sección aprobó el informe de Herrera el 11 de julio, estudio que pasó la censura de la Academia en la Junta General del domingo 6 de agosto.

Junto con Antonio de Zabaleta elaboró el 14 de julio de 1854 el dictamen acerca del expediente de denuncia de la casa nº 13 de la calle de la Esgrima (Madrid). Ambos arquitectos advirtieron que se habían hecho en ella algunas obras nuevas como ya certificaba Juan Jarelo y Díaz, pero también que existían otras muy deterioradas próximas a ellas. Esto, unido al desnivel de los frisos y el mal estado de las paredes de la traviesa y la fachada hacían difícil su reparación, por consiguiente, era necesario que la casa presentase riesgo de ruina o fuese derribada totalmente. El informe de ambos profesores fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 6 de septiembre de ese mismo año.

Pero antes de acabar el año un nuevo informe le sería encargado en colaboración con Atilano Sanz y Pérez, siendo aprobado por la Sección de Arquitectura el 5 de diciembre de 1854. Se trataba de la queja de Ezequiel Moya sobre ciertas restricciones que le eran impuestas en el ejercicio de su profesión en la ciudad de Toledo. El informe quedó concluido el 25 de noviembre de 1854, momento en que manifestaron que el tal Moya había obtenido el título de maestro de obras antes de la Real Orden del 25 de septiembre de 1845, por lo que no se le podía disputar el derecho a intervenir como director en las obras particulares con sujeción a las restricciones que marcaban otros títulos. También que por este motivo podía alternar y despachar todos los asuntos que le fueran confiados con cualquier arquitecto aprobado y por consiguiente, no siendo obras de primer orden ni costeadas con fondos públicos que es lo que se le prohibía, podía intervenir en todas las demás siempre que se sujetase a las ordenanzas municipales si las hubiese. Respecto a la contestación dada por el maestro arquitecto Santiago Martín Ruiz acerca de las atribuciones que le competían y la asignación que le correspondía como arquitecto titular de la ciudad de Toledo, Sanz y Herrera fueron de la opinión que éste debía dar gratuitamente los informes y dictámenes que se le pidiesen sobre reconocimientos, alineaciones, apertura de huecos, revocos, etc. , así como el examen y censura de los planos que fuesen presentados al ayuntamiento en solicitud de licencia para construir o le fuesen remitidos por la comisión de obras de dicho ayuntamiento.  Por último, que cuando un arquitecto titular tuviese que presentar a informe de la municipalidad un proyecto que debiera dirigir y fuese encargado por algún particular, la censura se realizaría por otro arquitecto y no por «un simple maestro de obras».

La Sección de Arquitectura reunida el 5 de enero de 1855 aprobó también el informe desarrollado por los mismos arquitectos sobre los borradores de la cárcel de partido y juzgado de primera instancia de Brihuega (Guadalajara) ejecutados por Yáñez Caballero, que debían ubicarse en el antiguo convento de San Francisco. Encontraron algunos defectos en la distribución de las plantas y la decoración de los alzados que achacaron a la premura con que el autor había tenido que realizarlos. Entre otros errores destacaban una escalera penosa en su ascenso y otra inútil existente atendiendo a la corta distancia que existía entre ambas; la mezquindad de los dormitorios de los presos distinguidos que carecían de ventilación; la escasez de letrinas en todo el edificio y la mala ubicación de las pocas que existían. En cuanto al edificio de juzgado, la puerta de entrada no estaba en el lugar apropiado por lo que debía centrarse con la galería de la derecha y destinar el sitio de ingreso para portería haciendo la escalera a la izquierda. Por último, el espacio de la escalera proyectada podía destinarse para archivo y no estaban bien ubicadas ni proporcionadas las oficinas dedicadas a despacho del juez, secretaría, etc. Afirmaban que estas variaciones no aumentarían el coste de las obras y eran necesarias para que el proyecto fuese aprobado en su totalidad.

Por entonces, los mismos arquitectos llevaron a cabo el examen del monumento que debía erigirse a la memoria de Hernán Cortés en Medellín (Colombia). El 15 de enero Sanz y Herrera manifestaron que habían «encontrado con formas poco delicadas tanto en los perfiles de molduras y proporciones, como en la del dado ó neto del pedestal con respecto a su anchura. En su consecuencia, conviene indicar á su autor, que sin salir de la sencillez peculiar a esta clase de monumentos, vea de darle una forma elegante asi al todo de su altura como á sus molduras, en perfiles arreglados al punto de vista, y con la robustez necesaria á sus miembros, por la circunstancia de tener que estar constantemente á la intemperie». La Sección de Arquitectura aprobó el informe elaborado por ambos profesores el 16 de enero de 1855.

El 24 de febrero de 1855 se aprobó también el estudio desarrollado por Antonio Herrera de la Calle sobre la restauración de la iglesia parroquial de San Juan Bautista en Rodonyá (Tarragona), remitidos a censura por su autor Juan Soler y Mestres. Una vez analizada la obra, Herrera fue del parecer que « si efectivamente es un restauro, y no un proyecto, como se ve por los malos diseños que presenta, ha debido señalar en ellos del modo que hubiese tenido por conveniente, la parte de las fabricas que piensa utilizar, según dice en su oficio de remision. Hemos dicho malos diseños, porque en ellos no se ve mas que un proyecto mal concebido, poco meditado, y poco demostrado: pues prescindiendo del ornato caracteristico que debe tener un templo parroquial asi en lo exterior, como en lo interior, ni se encuentran proporciones regulares, ni solidez, no solo en sus paredes principales que no tienen mas que dos pies y medio de espesor, sino que esos cuerpos monstruosos que  sin duda dedica para campanario, cargan enteramente sobre el vano del cuerpo inferior en el cual estan proyectados; a no ser que piense construirlos encima de alguna boveda, lo cual seria casi lo mismo. El efecto de las capillas se ve que no puede ser mas repugnante. Las secciones estan mal indicadas pues no solo demuestra la boveda de la nave principal como si fuera de carton, sin enjutas, y sin atirantar las paredes de aquella, sino que tampoco indica la construccion del suelo del coro. Y por ultimo se ven muchos otros defectos que no se esplican por no molestar a la Sección». El informe quedó concluido el 21 de febrero de 1855 y fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 24 del mismo mes. No obstante, la obra volvió a ser remitida a la Academia para su censura  en marzo del año siguiente, siendo  reconocida de nuevo por el mismo arquitecto. En este momento se observó que el autor tan sólo había corregido dos de los puntos que previamente se le habían señalado por lo que el 22 de marzo de 1855 se le exigió la realización de un nuevo proyecto a fin de que cumpliese con su objeto.

Días antes Herrera y Juan Bautista Peyronnet habían elaborado el informe correspondiente a la edificación de unas casas de nueva planta en la calle de Emabajadores (Madrid), cuyo expediente había sido promovido por Pedro Esteban Bustos, José Arnaiz y Juan Antonio Jiménez. Examinado el plano general de alineación, el expediente de las casas, nº 8, 14 y 30 de la misma calle y teniendo presente el informe del conde de Villalobos como la alineación propuesta por el arquitecto del ayuntamiento Juan Sánchez Pescador, los delegados de la Sección de Arquitectura vieron que la casa nº 14 se encontraba construida convenientemente y que la alineación propuesta por Sánchez Pescador era la más racional y económica. El estudio desarrollado por los dos arquitectos fue aprobado el 15 de marzo de 1855, misma fecha en la que también se dio el visto bueno al informe correspondiente a la exposición dirigida a la Academia por el arquitecto Santiago Martín y Ruiz, residente en Toledo, acerca de los abusos cometidos en dicha ciudad por el maestro de obras Ezequiel Moya.

El 13 del mismo mes se ocupó junto con Antonio de Zabaleta del reconocimiento de la casa nº 13 de la calle Esgrima (Madrid), pero viendo los arquitectos que para resolver este asunto les era imprescindible contar con un plano de la obra en el que apareciesen detalladas la parte que se quería construir como la que debía conservarse en su estado original, no pudieron dar un dictamen completo sobre el asunto. Por el contrario, la Junta de la Sección de Arquitectura celebrada el 12 de mayo de 1855 pudo aprobar al informe que junto con Juan Bautista Peyronnet había llevado a cabo sobre el proyecto de una iglesia parroquial diseñada por el arquitecto Narciso José María Blanco. Tuvieron concluido el informe el 11 de este mismo mes, fecha en la que advirtieron en la decoración la conveniencia de que «las estatuas de la fachada se las dee otra postura mas adecuada y en relacion con la altura á que se hallan colocadas [...] Que se suprima la espadaña ó campanario con que termina la fachada adoptando otro remate mas elegante que armonice con el resto de ella», y que fuesen suprimidas en el interior las figuras colocadas en los costados del pequeño crucero.

El 26 de Junio de 1855 el alcalde constitucional de Madrid puso en conocimiento de la Academia el expediente seguido en su juzgado sobre el reconocimiento de las casas nº 18 y 20 de la calle Duque de la Victoria efectuado por José Sánchez Pescador, quien en su informe había señalado la necesidad de renovar «los pies derechos de (ilegible)  de puertas de alcoba en la primª traviesa que estan á plomo del portal; y que mediante á que el cimiento de dha primera traviesa en lo que fue de un muro diez y ocho, se nota quebrantado en algun punto y cargando la casa en aquel sitio sobre columnas de hierro que reducen la presion á la superficie de pequeñas vasas no inspirando confianza unos apeos tan importantes, como son estos, creo indispensable renovarlos apeando provisionalmente las correas y suelos y reforzando el cimiento expresado, colocar sobre el sillares de la mayor dimension posible que sirvan de basamento a las columnas citadas, sin cuyas obras considera no puede darse por segura dicha Finca». Cuando Sánchez Pescador llamó al encargado para llevar a cabo la ejecución de las obras este se opuso solicitando de la Academia el nombramiento de cuatro arquitectos que a costa del propietario volviesen a reconocerla. La Academia no creyó necesaria una comisión tan numerosa por lo que el 2 de julio acordó nombrar a Antonio Herrera y Juan Bautista Peyronnet para reconocerla, arquitectos que residían respectivamente en la Corredera de San Pablo, nº 22 segundo y en la calle Amnistía, nº 1 principal.

En julio de 1855, Ignacio María Michelena remitió a la corporación académica los planos de una escuela para cincuenta niñas externas y seis internas, que habían sido remitidos previamente en abril anterior con el mismo fin. En este momento, el informe correspondiente de la obra fue elaborado por Atilano Sanz y Juan Bautista Peyronnet, los cuales advirtieron la forma inconveniente y la falta de capacidad del salón ubicado en la planta baja; las reducidas dimensiones del comedor y la cocina de la planta de entresuelos; la falta de habitaciones en la planta principal para un vigilante y la enfermería; la mala ventilación de los dormitorios y  la combinación de los huecos como la falta de carácter del que adolecía el proyecto, motivos por los que ambos delegados de la Sección de Arquitectura fueron de la opinión que Michelena debía estudiar la obra con mayor detenimiento y volverla a remitir para su aprobación. El 12 de julio fue Herrera el que volvió a examinar el proyecto viendo las mismas faltas y defectos en cuanto a su distribución y decoración, por lo que solo pudieron aprobarse los planos señalado con el nº 3.

Poco antes del plan del Ensanche se había llevado a cabo el proyecto de renovación interna más importante de Madrid: la configuración de la Puerta del Sol, que había comenzado en 1852 y no concluiría hasta 1862, llevándose a cabo en 1857 la propuesta de Lucio del Valle, Juan Rivera y José Morer. La renovación de la plaza fue complicada porque llevaba intrínseca la expropiación de multitud de solares, para lo que fue necesaria la promulgación de la Real Orden de 19 de septiembre de 1954. Gracias a ella se sometió a examen del Ayuntamiento el proyecto de Ensanche de la Puerta del Sol para regular y embellecer la capital como por el interés de los propietarios, pero para ello era necesaria la opinión de la Academia Nacional de San Fernando, teniendo presentes los planos de la proyectada reforma. El lugar, además de encontrarse entonces como resultado del derribo del Buen Suceso y la casa de beneficencia, necesitaba de una regularización urgente por el «repugnante aspecto» que presentaba respecto al ornato público, pues constituía el sitio más céntrico y concurrido de la ciudad.

El 17 de octubre de 1854 se entregó la comunicación original que la suprimida Junta Consultiva de Policía Urbana había elevado al gobierno el 19 de octubre de 1853. Junto a la comunicación oficial se adjuntó el proyecto de ensanche de la plaza formado por el plano, la decoración de las nuevas fachadas y el coste que podría suponer la realización del mismo, pero toda esta documentación era susceptible de ser ampliada con las alineaciones aprobadas para las calles de Alcalá, Arenal, Carretas, Mayor y demás.

La Sección de Arquitectura reunida el 27 de octubre de 1854, formada por París, Conde Sanz, Herrera, Zabaleta, Peyronnet y Laviña sometieron de nuevo a examen el proyecto del ensanche, alineación y ornato de la Puerta del Sol. Estudiado con detenimiento, los miembros de la sección comunicaron al ayuntamiento que les era imposible dar su opinión al respecto debido a la escasez de datos remitidos, ya que además faltaba uno sumamente importante: el estudio detallado de los desniveles y rasantes, aspecto del que no había podido ocuparse la comisión encargada de la obra debido a la premura con que se había exigido la presentación del proyecto. Además, la Academia necesitaba conocer si el proyecto se encontraba en armonía con el pensamiento general de mejoras y reformas en el sistema de alineación de Madrid y tener a la vista las acordadas para todas las calles que desembocaban en la plaza. Por todo ello, comunicó al ayuntamiento no poder dar en este momento un dictamen favorable a lo presentado y la necesidad de que se ocupase de concluir el futuro plano de Madrid, dictamen de la Sección de Arquitectura que había sido aprobado por la Academia en la Junta General celebrada el 5 de noviembre de 1854.

En vista de los resultados obtenidos, el ayuntamiento dispuso que sus arquitectos se pusieran a trabajar para recopilar la información que le había solicitado la Academia. El 17 de febrero de 1855 se recopilaron los datos suficientes, se ejecutaron los perfiles que se representaban en el plano, las anotaciones de cada perfil y las acotaciones que expresaban los desniveles en los puntos principales, como también los diseños de las 10 calles que desembocaban en la plaza. Todo ello fue remitido a la Academia a la mayor brevedad, pero recibido el expediente el 19 de febrero a las 12 de la mañana y reunida la Sección de Arquitectura a las 5 de la tarde de ese día, continuándola el 20 a las 8 de la mañana, se echó de menos tener a la vista la comunicación del ayuntamiento con todos los antecedentes de la obra.

Los arquitectos Matías Laviña y José Jesús Lallave fueron nombrados por la Sección de Arquitectura para examinar la reforma de la Puerta del Sol. Tras reconocer el lugar y estudiar el proyecto durante 12 largas horas tuvieron concluido el informe el 20 de febrero de 1855 llegando a las siguientes conclusiones: «1º la Conveniencia del proyecto; si bien llama la atencion p^r haberles impresionado vivamente, sobre los 130 r^s p^r pie y 3 p^r % de indemnizacion. 2º Encontrar el proyecto aceptable y estudiado bentajosamt^e, de una manera poco variable con escaso tiempo y medios. 3º Encontrarlo asi mismo realizable siempre que, atendiendo á ser una reforma y no un proyecto nuevo, el plano de asiento de la nueba plaza no sea un solo y mismo plano, sino una superficie compuesta de varias estudiadas con las intervenciones de diferentes planos de manera q^e estas ni impidan en lo mas minimo el transito y servicio público de todo genero, antes sea mas asequible q^e al presente».

El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 22 de febrero de 1855 y seis días más tarde Peyronnet llevó a cabo la redacción del mismo, poniendo de manifiesto que se trataba de un proyecto que había exigido repetidas juntas y discusiones para poder conciliar los intereses de la municipalidad con los de los propietarios; que la población de Madrid necesitaba muchas reformas, pero una de las más importantes era esta al ser lamentable y desdecir el aspecto de este espacio urbanístico tan reconocido en la Península y en el extranjero por su posición central, el número de calles que desembocaban en él y la multitud de carruajes y personas que transitaban por sus avenidas. Por otro lado, señalaba la necesidad de corregir la desigualdad de los frentes como la asimetría de las manzanas y estudiarlo desde el punto de vista artístico atendiendo a su disposición en planta y la ornamentación de sus alzados sin olvidar el cálculo del coste que debía tener, motivos por los que creía conveniente la ejecución del proyecto, máxime cuando la obra había sido declarada de utilidad pública.

En nombre de la Sección, Peyronnet comunicó la aprobación del ensanche proyectado base del proyecto presentado al estar sus alzados bien entendidos y seccionados, sin embargo, consideraba que hubiera sido más conveniente haber organizado un concurso público para tal ocasión a fin de haber elegido entre varios proyectos el mejor, ya que era un medio para estimular el genio artístico y obtener el mejor resultado en obras de tanta importancia. En cuanto a la cuestión económica, asunto que sólo pertenecía al ayuntamiento, la Sección de Arquitectura consideró oportuno señalar algunas indicaciones sobre todo en cuanto al tipo de indemnizaciones que debían pagarse.

La Sección de Arquitectura se volvió a reunir el 24 de febrero de 1855 para examinar la reforma de este espacio urbanísticos. Examinó el proyecto presentado susceptible de modificación desde dos puntos de vista: el artístico y económico, este último limitado tan sólo a la parte de la tasación facultativa para la expropiación. Respecto al aspecto artístico, aprobó en su totalidad la planta y los alzados, aunque creyó oportuno haber abierto un concurso público ante la relevante obra de la que se trataba. En cuanto al coste del proyecto vio poco exacto el tanteo realizado por la junta, por cuanto que se había señalado como tipo para la indemnización la cantidad de 132 reales por pie superficial incluyendo las construcciones, cuando las casas tenían un valor absoluto y otros relativos, pues en cada finca las construcciones tenían gran variedad de valores en función de la calidad y el estado de las mismas.

Debido a que el informe anterior había calificado el proyecto de bueno y aceptable, pero podía ser susceptible de mejoras, la Junta de la Sección reunida el 7 de marzo de 1855 aprobó la planta y la alineación de los nuevos edificios, aunque no así los alzados. Por este motivo se acordó la realización de un nuevo pensamiento de decoración de las fachadas, a cuyo fin era necesaria la convocatoria de un concurso tomando como base la planta aprobada y limitándose sólo a los alzados, o en su defecto que el ayuntamiento encargase su estudio a los arquitectos de la villa, para que después se escogiese el que mejor reuniese los requisitos exigidos.

Cumpliendo con este dictamen, el 20 de septiembre de 1855 fueron remitidos a la corporación académica 5 proyectos y 6 proporciones para el ensanche de la Puerta del Sol a fin de elegir el que más conviniese a su objeto. El primero, era del conde de Hamal y D. E. Mamby, cuyos planos estaban firmados por los arquitectos Pedro Tomé, Juan de Madrazo y Aureliano Varona; el 2º era de José Antonio Font y lo estaba  por el arquitecto José Acebo; el 3º respondía a Juan Salas y Sivilla y había sido remitido sin dibujo alguno; el 4º, perteneciente  al marqués de Aserreta,  sólo contenía un dibujo sin autoría; el 5º, de Pascual Hidalgo y Compañía, estaba formado por un dibujo sin firma, y por último, el 6º, era de Carlos del Bosch y Romaña y se componía de un dibujo firmado por el propio arquitecto.

Los planos quedaron en la sala de la Academia para que fuesen vistos por sus miembros y para que después pudieran pasar la censura de una comisión formada por tres individuos de su seno.  Como miembros de esa comisión fueron elegidos por votación secreta en la Junta de la Sección de Arquitectura del 24 de septiembre, Antonio de Zabaleta, José París y Antonio Herrera de la Calle, quedando como suplente Eugenio de la Cámara, pero tras la renuncia de Zabaleta al cargo le suplió Eugenio de la Cámara como miembro de la comisión. Los miembros debían emitir un informe sobre los proyectos, pero también sobre la exposición dirigida a la Academia por Modesto Gozálbez en su nombre y el de sus hermanos Gonzalo y Francisco como propietarios de la casa nº 7 moderno y 3 antiguo en la expresada Puerta del Sol, a fin de que se tomase en consideración los perjuicios que les ocasionaría de aprobarse el proyecto del conde de Hamal y Mamby por el referido ensanche si en el futuro eran despojados de su propiedad.

El dictamen adoptado por la mayoría de la Academia en la Junta General del 6 de octubre de 1855  fue el siguiente: no tomar en consideración los proyectos cuyos planos no estuviesen firmados por un arquitecto, de lo que se deducía que quedaba fuera los de Juan Sala y Sivilla, el marqués de Asarreta y Eugenio Pascual Hidalgo, limitándose el examen de la Academia a los proyectos del conde de Hamal y Mamby, José Antonio Font y el arquitecto Carlos del Bosch y Romaña por reunir todos los requisitos legales.

Tres fueron los puntos principales que fueron examinados en los proyectos: la figura de la planta, la decoración de los alzados y el espacio franco resultante para el público. Respecto a las plantas, la Academia halló mayor regularidad y simetría en el proyecto de Hamal y Mamby, y mayor amplitud en el de Font, sin embargo, no dejaban de necesitar alguna ratificación. En cuanto a las fachadas, encontraron desafortunados los arcos que algunos arquitectos habían levantado en la entrada de las calles del Carmen y Preciados al ser inútiles y quitar las vistas, luces y el desahogo de las casas, por lo que fueron aprobadas las fachadas de Hamal y Mamby  que habían sido firmadas por los arquitecto Aureliano Varona y Juan de Madrazo, prefiriendo la Sección de Arquitectura la de este último siempre que la severidad de la ornamentación fuese completada en su ejecución. Por último, en lo que se refiere al espacio reservado para uso público, la Academia entendió que el proyecto del conde de Hamal y Mamby era el que más se acercaba al objetivo a seguir por llevar hasta 157 pies la seguridad transitable.

Todos los estudios veían el proyecto de Hamal y Mamby como el que mejor satisfacía las necesidades y las condiciones requeridas, tanto en planta como en alzados; que debía darse a la plaza 570 pies en su lado mayor y 158 pies en su lado menor según se había marcado con tinta encarnada en el plano de los señores antes citados, no obstante, la Sección de Arquitectura fue muy parca a la hora de tratar las condiciones económicas al ser ajenas a la índole de la corporación académica.

El 11 de abril de 1857 se dieron las condiciones higiénicas a las que debían sujetarse en su construcción los nuevos edificios de la Puerta del Sol: la alineación de los edificios sujeta a la traza señalada en los planos aprobados por el Gobierno de S.M.; la decoración exterior sujeta a la aprobación de la Academia y la obligatoriedad de los constructores de presentar al Gobierno la forma y el modo de las plantas y secciones de los edificios; la altura total, el nº de pisos y sus alturas respectivas relacionadas con el ancho y la situación de las calles; hacer posible que en los proyectos de decoración las líneas horizontales de cada fachada corriesen en lo posible como continuación de las fachadas laterales; tener presente la proximidad del Canal de Isabel II en las nuevas edificaciones y la distribución de sus aguas en el interior de la población; la ejecución de los cimientos de las nuevas construcciones a la profundidad conveniente sobre suelo firme con mampostería ordinaria o ladrillo recocho y con mezcla de cal de Valdemorillo, o en su defecto con cales grasas combinadas con polvo de teja o ladrillo; la cubrición de los sótanos con bóvedas de ladrillo a rosca, dejando lumbreras necesarias para la iluminación y ventilación;  el empleo de la sillería en las fachadas exteriores prevenida por la Ordenanza y en las interiores o de patios la introducción de un zócalo de 0,56 metros (2 pies); la construcción de las medianerías con ladrillo, nunca con madera; los muros de fachadas exclusivamente de fábrica, pudiendo ser sustituidos en algunos casos por pies derechos u otras construcciones de hierro laminado, forjado o fundido, pero de ningún modo con madera excepto en los sotobancos; la posibilidad de ejecutar los tabicones de carga o de crujía con entramados de madera, los pisos o entramados horizontales de viguería espaciadas y con los marcos que exigían los anchos de crujía.  Sobre este asunto se especificaba el buen resultado que el hierro estaba dando a los pisos en el extranjero y que entonces se estaba introduciendo en España, por lo que se mencionaba su conveniente uso generalizado en sustitución de la madera, como normalmente estaba ocurriendo en nuestro país. 

Respecto a las armaduras, debían construirse con la solidez que exigían las distribuciones, cubriéndolas con teja a la romana cogidas con mezcla en sus boquillas, limas y caballetes; de plomo o zinc los canales para recoger las aguas de lluvia, las cuales se dirigirían por los tubos de bajada, estos de los mismos metales en toda su longitud en los patios y hasta la altura de 3 m por lo menos del piso de las calles en las fachadas exteriores, desde donde descenderían empotrados en el muro siendo de hierro fundido. Asimismo, el piso de la planta baja debía quedar elevado cuanto menos 0,50 m, sobre el de la acera contigua al edificio.

En cuanto a la superficie de cada solar, se destinaba 1/6 parte para patios de iluminación y ventilación, pudiéndose disminuir a ¼ parte cuando se estableciesen patios comunes a dos o más casas. Asimismo, se reglamentaba el volumen de los dormitorios (12 m³), las escaleras, los retretes y comunes, estos últimos inodoros conocidos con el nombre de bombillos, dotados con bajadas de hierro fundido; y por último, el servicio de aguas comunes que debía disponerse con arreglo al sistema aprobado y publicado por el Concejo de Administración del Canal de Isabel II.

La Junta de la Sección de Arquitectura reunida el 23 de abril de 1857 examinó y aprobó el proyecto de decoración arquitectónica para la Puerta del Sol formado por el ingeniero de caminos Carlos María de Castro. La aprobación fue unánime a excepción del marqués del Socorro, quien manifestó no estar conforme con elegir como centro de las alineaciones el edificio ocupado por el Ministerio de la Gobernación.

El 1 de mayo de ese mismo año la comisión de académicos nombrada para informar sobre esta obra emitió el correspondiente informe, reseñando primeramente que el proyecto debía ser asequible y realizable sin que exigiera sacrificios superiores a los que era posible hacer, no siendo viable hacer la reforma completa de la barriada inmediata a la Puerta del Sol debido a que la topografía del terreno obligaba a realizar numerosas y costosísimas expropiaciones. Esto significaba que la reforma debía ceñirse a ensanchar y mejorar la Puerta del Sol sin tomar de sus accesorias nada más que la zona puramente precisa para regularizar las embocaduras de las calles; no obstante, otros puntos aprobados fueron:

2º) Que el antiguo edificio de la Casa Correos, ahora Ministerio de la Gobernación, se tomase como centro y base de la reforma por la importancia de su destino, solidez, buen aspecto y grandes dimensiones.

 3º) La necesidad de variar la dirección de la calle de Preciados, desde el punto de su confluencia con la de las Zarza, sacándola perpendicularmente a la fachada del Ministerio en su centro.

 4º) No encontrar inconveniente en cerrar la calle del Carmen con un arco al proporcionar regularidad en la extensión de las fachadas y disimular la divergencia de las direcciones de las calles, aunque por otro lado tuviese inconvenientes para la salubridad y la ventilación.

5º) En cuanto a la curvatura adoptada por la Junta Consultiva de Policía Urbana en su proyecto que sería aceptada posteriormente, se encontró muy conveniente al salvar con las menores expropiaciones la dificultad de divergencia de las calles de Montera, Preciados y del Carmen evitando los ángulos agudos.

 6º) La necesidad de tener en cuenta el encarecimiento y los notables desniveles que presentaban las calles afluentes respecto al centro de la plaza y singularmente la de Montera. También que ninguna de las plantas que se habían analizado llenaba sus deseos y que la remitida juntamente con el proyecto de fachada de Castro era una de las que más se separaba de las condiciones que la Comisión deseaba tuviera la Puerta del Sol.  Por este motivo, la comisión formuló un pensamiento en planta ejecutado con elementos de varias de las ideas presentadas tomando como centro la Casa de Correos, dando mayor extensión a la línea de Oriente a Poniente. En cuanto a la decoración de las fachadas, la comisión fue del parecer que al no constituir la Puerta del Sol una plaza cerrada sino lo que en Italia se denominaba un «largo», es decir, un sitio donde la principal carrera o avenida de la población recibe un ensanchamiento para dar entrada a otras tantas calles principales, no era conveniente adoptar un sistema uniforme de decoración al producir monotonía y ser difícil su acomodo en la distribución de los solares y la disposición de las medianerías.

 7º) En cuanto a la elección del material, la utilización de piedra era muy costosa para los propietarios lo mismo que el empleo del hierro fundido o laminado, pero si se empleaban otros más económicos como las yeserías, barros cocidos o las composiciones hechas con cales hidráulicas la construcción tendría poca duración.

 8º) Se debía dejar a los propietarios la libertad de adoptar el estilo de ornamentación que más les conviniese, siempre que perteneciese a alguna buena época del arte y presentasen los planos a la aprobación de la corporación académica, siendo fijadas las alturas total y parcial de las fachadas y sus pisos en relación con el ancho de la calle.

 En estos momentos también se censuró el proyecto de ornamentación elaborado por Castro, el cual se encontró carente de unidad y distribución en sus adornos, ya que unas partes estaban recargadísimas y otras eran muy sencillas a base de ornamentaciones pobres y mezquinas. Se observó que no existía correspondencia entre la planta y las fachadas, lo mismo que entre los arcos de las puertas de las tiendas y el resto del conjunto, los vanos y las alturas. Por último, respecto al pliego de condiciones facultativas e higiénicas, la Academia estaba de acuerdo en que la utilización del hierro en los suelos era conveniente, pero aún no factible en España debido a que existían excelentes maderas de buena calidad a un módico precio y la industria de la fabricación del hierro estaba poco desarrollada en nuestro país. En cuanto al empleo del cinc para las bajadas de las aguas pluviales, no lo creía conveniente por su poca durabilidad y resistencia a las influencias atmosféricas. Tampoco estaba de acuerdo con algunos puntos tocantes a la escalera, como la exclusión absoluta de las espirales o la señalización como tipo mínimo para el ancho de los tramos 1,50 m cuando en muchas ocasiones bastaba con 1 m. Este dictamen de la Sección de Arquitectura sería aprobado por la Academia en la Junta General del 3 de mayo de 1857.

El 8 de mayo de 1857, la Sección de Arquitectura censuró y aprobó la concesión de licencia a Manuel de Santayana, con objeto de edificar conforme a los planos aprobados por el Gobierno de S.M. para la reforma de la Puerta del Sol, la casa situada en la Carrera de San Jerónimo, nº 2, Puerta del Sol números 1 y 3, dictamen que sería aprobado por la Academia en la Junta General del 7 de junio de 1857. Veinte días más tarde se examinó el expediente sobre las condiciones higiénicas y la distribución de las casas números  5, 7, 9 y 11 de la Puerta del Sol esquina a la calle de Carretas, nº 1, cuyos planos se encontraron el 28 de mayo perfectamente entendidos y arreglados, tanto en su distribución como en su decoración; sin embargo, la casa nº 11 esquina a la de Carretas, propiedad de Maltrana, debía disponerse llegando el gabinete de la esquina hasta la fachada de la calle Carretas suprimiendo el tabique divisorio de  la pieza sin nombre y la alcoba de en medio debía recibir la amplitud procedente de la supresión del pasillo de al lado que debía desaparecer.

La Sección de Arquitectura se volvió a reunir en sucesivas ocasiones para tratar las obras de la Puerta del Sol. Lo hizo los días 10 y 18 de junio y 5 julio de 1857, momento en que atendiendo a la necesidad que tenía el director facultativo de las obras en tomar copias de los planos de los solares de Madrid contenidos en los libros que poseía la Academia a fin de poseer los datos necesarios para llevar a cabo la medición de dichos solares y la tasación de las fincas que debían ser expropiadas, la Academia acordó poner a disposición de este funcionario y su ayudante, el arquitecto Antonio Ruiz de Salces, los citados libros que se encontraban custodiados en el Archivo de la Institución.

El 18 de julio se remitieron a informe los planos de los solares de las casas que debían construirse y el 29 de julio fueron examinados por la Sección de Arquitectura y la Academia el pliego de condiciones generales y facultativas, particulares y económicas para la subasta del derribo de las casas de la Puerta del Sol. Lógicamente, solo podían intervenir en esta fase grandes capitalistas, por lo que se privaba a los pequeños a tomar parte en la subasta, ya que los plazos en los que se debían hacer los cobros eran muy cortos y perentorios.

Antes de acabar el mes, la Sección de Arquitectura celebrada el  31 de julio  fue del parecer que, aunque no tenía nada más que informar sobre esta obra porque la figura y dimensiones de la nueva Puerta del Sol ya estaban establecidas como también la dirección y el ancho de las calles afluentes a la misma, incluso las alineaciones a las que debían sujetarse en lo sucesivo las casas contiguas a las expropiadas por la Administración, podían hacerse algunas modificaciones en las líneas que marcaban su perímetro. Entre estas modificaciones se encontraba la colocación de algún recuerdo histórico, fuente, arco u otra construcción decorativa que diese un aspecto más monumental y grandioso a su espacio y corregirse la excesiva longitud de la plaza respecto a su ancho. En cuanto a las rasantes, la alineación de las fachadas y las condiciones higiénicas la Academia estaba conforme en todo con lo presentado, incluso con la decoración adoptada en sus fachadas porque, aunque esta no podía calificarse de esencialmente artística ni monumental, era apropiada a las casas de alquiler que eran su objeto.

Por orden del ministro de la Gobernación se le encargó al arquitecto Juan Bautista Peyronnet la realización de una serie de adiciones al mismo proyecto de reforma, cuyos honorarios correspondientes a los planos, memoria y demás trabajos serían aprobados en la Junta General del domingo 7 de noviembre de 1858. A finales de año fue remitido a censura de la Academia el proyecto y el plano de reforma para el embellecimiento de la plaza firmados por el arquitecto Juan Rom. Fue examinado por la Sección de Arquitectura el 14 de diciembre de 1858, junta que observó como la obra se reducía a variar la dirección de las calles de Preciados y del Carmen desde el punto que lo permitían las expropiaciones practicadas sacándolas perpendicularmente a la fachada que miraba al Mediodía y que suprimiendo la calle de la Zarza conservaba intactas las líneas generales de la planta aprobada por las Cortes. Aunque con ello se conseguía una forma más regular de los solares enajenables aumentando su extensión, el proyecto de Rom sería desechado por varios motivos: primero porque cambiaba la dirección de algunas calles y no lograba ninguna euritmia en la distribución de las masas y la correspondencia de las bocacalles; segundo porque no era acertada la supresión de la calle de la Zarza y tercero porque disminuía el desarrollo de las líneas de fachada reduciendo el número de tiendas y locales para el comercio, por consiguiente, reducía el precio de los solares en la subasta y destruía en parte el objeto comercial de la plaza.  A todo ello cabría añadir la imposibilidad de realizar por ahora un proyecto de reforma mientras que no se formase una nueva ley, en cuyo caso se anunciaría un concurso público al que pudieran presentarse todos los profesores de arquitectura.

En vista de lo expuesto, la Sección no pudo considerar el pensamiento de Rom «[...] como una de esas modificaciones que mas ó menos oportunas, se ocurren facilmente al que examina un proyecto formado y estudiado por otra persona, y entiende que comparado con el que se está preparando para su ejecucion, reconocido generalmente como poco adecuado basta por el mismo Consejo de Admon en su informe no desmerece nada, pues los inconvenientes que presenta estan quiza compensados con otras ventajas, como con algunas mayor regularidad en los angulos y en la forma de los solares, la apertura de la calle del Carmen y el aumento de terrenos enagenables; pero no cree que en el estado á que han llegado las cosas sean estas ventajas de tal magnitud que por ellas solas deba intentarse la derogacion de la Ley vigente y formacion de otra nueva».

El 18 de junio de 1859, la Junta formada por Eugenio de la Cámara, José Jesús Lallave, Morán y Narciso Pascual y Colomer bajo la presidencia de Aníbal Álvarez como académico más antiguo, se reunió para proceder al nombramiento del presidente y secretario de la Comisión, cargos que recayeron respectivamente en Aníbal Álvarez y Pascual y Colomer. En estos momentos, S.M. encargó a la Academia el estudio y la propuesta de las modificaciones que tuvieran que llevarse a cabo en la planta ya aprobada de la Puerta del Sol, motivo por el que era necesario tener a la vista todos los datos geométricos y topográficos del terreno, el estudio de los niveles, las rasantes y demás para el mejor desempeño de su cometido, así como disponer de uno o dos hábiles delineantes.

El 22 de junio, el Consejo acordó remitir a la Academia todos los estudios que la corporación había solicitado, entre ellos el plano topográfico de la citada reforma hecho con arreglo a la Ley de 28 de junio de 1857 y reales órdenes posteriores, con la aprobación de las modificaciones del trazado de la calle de la Zarza y las rasantes de las calles afluentes a la plaza. Pero ese mismo 22 de junio, la Sección de Arquitectura se volvería a reunir excusando Juan Bautista Peyronnet su asistencia a la misma. Se procedió al examen de los diferentes proyectos remitidos por el Gobierno y tras haberlos estudiados se halló como más aceptable el propuesto por la Junta Consultiva de Policía Urbana, no sin antes manifestar los defectos advertidos en el trazado aprobado por la citada ley de 1857. 

Debido a la premura con que se exigía la resolución del asunto, la Academia acordó realizar un croquis de la reforma a modo de anteproyecto junto con un informe que expresase las razones que le habían motivado el llevarlo a cabo de esa manera. El trazado propuesto por la Academia tenía «la inmensa ventaja de ser mas sencillo, de aprovechar mas en beneficio del arte y de la conveniencia publica el inmenso derribo practicado; toma por base la fachada del Ministerio de la Gobernacion, reduce la longitud de la plaza á 544 pies la ensancha hasta 273, es decir, 100 pies mas que la actual trazada, produce con estas dimensiones una razonada proporcion en su area y dirigiendo el eje de la calle de preciados al medio de la fachada del ministerio permite dar tan oportuna direccion á las demas calles afluentes que se produce una simetrica correspondencia entre estas y las manzanas de casas determinando lineas de fachada mucho mayores que las actuales, particularmente en las tres que hacen frente al Ministerio, lo cual producirá masas de edificacion de un carácter mas monumental y mas digno del pensamiento que ha debido conducir a esta reforma. Esta importante variación no exije ni mas expropiacion ni mas gasto al presentado y solo toma de la actual superficie vendible la insignificante cantidad de 4500 pies propiamente, cantidad q^e no duda la Comision sera algo menor al hacer el estudio definitivo [...]». Otra de las reformas que la comisión vio factible, no como parte integrante del proyecto sino como de utilidad y para poder ser ejecutada paulatinamente, era la apertura de una calle que iniciada en la Puerta del Sol condujese a la plaza de las Descalzas y proporcionase una salida a la calle Peligros.

La memoria descriptiva del proyecto del Ensanche y sus calles afluentes propuesta por la Dirección Facultativa de las mismas obras como modificación del proyecto aprobado por la Ley de 28 de junio de 1857 fue concluida el 9 de julio de 1859. En ella quedaron reseñadas las condiciones principales que se habían procurado satisfacer en el proyecto, habiéndose tomado como principios: que la reforma y el ensanche debían satisfacer y subordinarse para facilitar el tránsito tanto de carruajes y caballerías como de la gente de a pié, mejorando los medios de comunicación entre las calles principales de la población que vertían y se cruzaban en la plaza; que la reforma debía sujetarse estrictamente a la expropiación verificada hasta ese momento; que debía satisfacer igualmente la simetría y ornato de las fachadas que daban a la plaza, regularizando sus avenidas, y por último, que debía aprovecharse al máximo el suelo expropiado.

Tras señalarse los principios de la reforma, la memoria se centró en la explicación del proyecto comenzando con la elección del centro, su forma y ejes, para continuar con la necesidad de suprimir los callejones de la Tahona, las Descalzas y Preciados como vías públicas, aunque conservando sus entradas por las servidumbres que prestaban y los servicios que presentaban a las casas contiguas.  A continuación, se indicaba la necesidad de ejecutar chaflanes en la intersección de las calles del Carmen, Zarza y Negros, como la ejecución del proyecto y una comparativa de las áreas que habían quedado disponibles para la edificación a fin de señalar las ventajas que tenía este nuevo proyecto respecto al desarrollado por la Academia y aprobado por la ley:

 - Área correspondiente a la edificación expropiada: 16.108, 98 m² (207.478,47 pies²).

- Área de la plaza antes de la reforma era: 9.069 m² (65.289 pies²).

- Ídem. en el proyecto aprobado por la ley de 28- 6 -1857: 10.361 m² (133.450 pies²).

- Ídem. en el proyecto de la Academia de San Fernando: 10.135 m² (130.542 pies²).

- Ídem. propuesta por la Dirección de la Junta Facultativa: 12.320 m² (158.686 pies²).

- Exceso de superficie de la plaza:

. Según el proyecto aprobado por la ley sobre el que tenía la plaza antigua: 5.292 m² (68.163   pies²).

. Ídem.  según el proyecto de la Academia: 5.066 m² (65.250 pies²).

. Ídem. según el proyecto propuesto por la Dirección Facultativa de las obras: 7.251 m² (93.396 pies²).

- Exceso de la superficie de la plaza:

. Según el proyecto aprobado por la ley sobre el de la Academia de San Fernando: 226 m² (2.911 pies²).

. Ídem. según el proyecto de la Dirección Facultativa de las Obras sobre el de la Ley: 1.959 m² (25.233 pies²)

. Ídem. sobre la del proyecto de la Academia: 2.185 m² (28.143 pies²)

 - Áreas que quedaban disponibles para la enajenación eran las siguientes:

 . En el proyecto aprobado por la ley: 10.488 m² (135.089 pies²).

. Ídem. en el proyecto de la Academia: 9.843 m² (126.778 pies²).

. Ídem. en el propuesto por la Dirección Facultativa: 9.263 m² (119.310 pies²).

 - Pérdida de terrenos para la enajenación:

. Proyecto de la Dirección Facultativa de las Obras respecto al aprobado por la Ley: 1.999 m² (25.232 pies²).

. Ídem. respecto del proyecto aprobado por la Academia: 420 m² (540916 pies²).

 En cuanto a la memoria elaborada por la Junta Facultativa de las Obras del Ensanche, la Sección de Arquitectura reunida en la Junta Extraordinaria el 17 de julio creyó poco afortunados los términos, como los calificativos y agravios en ella hallados contra la propia sección, sobre todo cuando la Academia, no estando obligada a intervenir en este tipo de cuestiones, había formulado en muy poco tiempo un croquis que no debía dársele más importancia que la de un anteproyecto. Por estas consideraciones y por la conveniencia del servicio público, la corporación solicitó de S.M. ser relegada del cargo que le había sido confiado sobre este asunto, pues deseaba «evitar todo conflicto y ulterior desabrimiento, conservando intacta la dignidad de su carácter y no decayendo de la consideracion que las leyes le conceden [...]».

La súplica no fue concedida pues el 20 del mismo mes la Reina dispuso que el informe de la Academia fuese evacuado sin demora porque así lo exigía la conveniencia pública y ningún conflicto podía entorpecer este objeto, ya que las observaciones del croquis hechas por la Dirección Facultativa habían sido expuestas con ánimo de acertar en lo posible en esta obra de tanta importancia sin pretender agravio alguno del cuerpo académico.

Obedeciendo las órdenes de S.M., la Sección de Arquitectura se reunió el 31 de julio de 1859 para emitir un extenso informe sobre el proyecto presentado por la Dirección Facultativa de las Obras, el cual sería aprobado por la Academia en la Junta General del 31 de ese mismo mes. El informe quedó dividido en dos partes claramente diferenciadas: la parte artística y la económica, esta última acompañada de un documento, letra A, que recogía los errores y contradicciones advertidas en los datos numéricos de la memoria, junto con las correcciones que debían hacerse en la memoria desarrollada por la Dirección Facultativa. De la obra del Ensanche de la Puerta del Sol el Archivo de la Academia conserva 13 planos que responden a los números de inventario: Pl-214/225.

Con la renovación de este enclave se reforzó su valor representativo atrayendo las actividades comerciales y financieras de la ciudad al tiempo que la uniformidad de las fachadas definió su espacio sirviendo de modelo a la arquitectura que se levantaría posteriormente en sus alrededores. Tristemente, Herrera de la Calle no pudo ver concluida esta magna empresa porque murió a finales de 1857.

Arquitectura. Cárceles, 1842-1853. Sig. 2-30-2; Arquitectura. Cárceles, 1853-1861. Sig. 2-30-3; Arquitectura. Iglesias parroquiales, 1832-1851. Sig. 2-33-5; Arquitectura. Iglesias parroquiales, 1852-1857. Sig. 2-33-6; Comisión de Arquitectura. Arquitectos, 1820-1826. Sig. 4-68-6; Comisión de Arquitectura. Directores de caminos vecinales, 1851-1859. Sig. 2-20-1; Comisión de Arquitectura. Informes, 1808-1822. Sig. 1-29-5; Comisión de Arquitectura. Informes, 1821-1828. Sig. 1-30-1; Comisión de Arquitectura. Informes, 1829-1838. Sig. 1-30-3; Comisión de Arquitectura. Informes, 1846-1855 Sig. 1-30-2; Comisión de Arquitectura. Informes, 1846-1855 Sig. 1-30-2bis; Comisión de Arquitectura. Informes. Urbanismo. Monumentos conmemorativos, 1787-1876. Sig. 2-28-8; Comisión de Arquitectura. Informes. Urbanismo. Ordenanzas de policía urbana de Albacete, Cádiz, Córdoba, Madrid, Pamplona, Santander y Sevilla, 1788-1857. Sig. 2-22-2; Comisión de Arquitectura. Informes. Monumentos, siglo XIX. Sig. 2-28-5bis; Comisión de Arquitectura. Informes. Urbanismo. Puerta del Sol de Madrid, 1855-1859. Sig. 2-28-12; Comisión de Arquitectura. Maestros de Obras, 1789-1845. Sig. 2-23-5; HERRERA DE LA CALLE, Antonio. Disertación sobre el carácter y circunstancias con que debe disponerse el Palacio de un soberano describiendo su situación, formas y ornato, y señalando lo que puede ser vicio de las artes sino se atiende á los buenos principios de Arquitectura, Madrid, 1831. Sig. 3-322; HERRERA DE LA CALLE, Antonio y PEYRONNET, Juan Bautista, Casa de la calle del Barco (Madrid), 15 de mayo de 1848. Sig. 2-27-5; Libro de actas de juntas ordinarias, generales y públicas, 1803-1818. Sig. 3-87; Libro de actas de juntas ordinarias, generales y públicas, 1819-1830. Sig. 3-88; Libro de actas de juntas ordinarias, generales y públicas, 1831-1838. Sig. 3-89; Libro de actas de la Comisión de Arquitectura, 1806-1823. Sig. 3-140; Libro de registro de maestros arquitectos aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1816-1900. Sig. 3-154, nº 23; Libro de registro de maestros de obras aprobados por la Real Academia, 1818 –1886. Sig. 3-156, nº 3; Secretario general. Académicos,1830-1831. Sig. 1-41-4; Secretario general. Académicos. Arquitectos, 1790-1807. Sig. 1-43-2; Secretario general. Académicos de honor, 1820-1845. Sig. 1-40-7; Secretario general. Enseñanza. Premios mensuales, 1812-1853. Sig. 2-5-4; Secretario general. Solicitudes de nombramiento de profesores para reconocimiento de obras de arquitectura, pintura, escultura y grabado, 1779-1862. Sig. 2-27-5.

Silvia Arbaiza Blanco-Soler
Profesor TU de la UPM