Hijo de Félix Laviña y Boiras y María Blasco y Sauces, nació en Zaragoza el 24 de febrero de 1796, en el Callejón de la China, parroquia de San Andrés, siendo bautizado el mismo día en el templo de San Gil al carecer de pila bautismal la iglesia de San Andrés, y murió en Madrid en 1868. Su madre era oriunda de Daroca y su padre, de profesión carpintero, procedía de San Felipe, de ahí que según cuentan algunas fuentes formase a la edad de 3 años palacios y castillos con tablas pequeñas y naipes.

Estudió sus primeras letras en la casa del maestro Tarrasa y después en los Escolapios, donde conoció al padre Fernando. A los nueve años pasó a la clase de grafomotricidad que dirigía el padre Miguel, sustituido posteriormente por el padre Manuel.

Durante 1808-1809, momento en que Zaragoza estuvo asediada por los franceses, cuidó de sus padres enfermos al tiempo que tomó la paleta de un conocido albañil que trabajaba en la fortificación dando muestras de su habilidad en este arte con tan sólo doce años de edad. En este tiempo aprendió guitarra, música, incluso baile, cuyas lecciones se las debía a una bailarina renombrada llamada «Carvajal». Las primeras lecciones de dibujo las recibió en la Academia de Nobles Artes de San Luis de Zaragoza, centro donde se matriculó en las clases de Dibujo de figura sobre originales gráficos; el Relieve en yeso; el Dibujo del natural bajo la dirección de los profesores Ipos, Salese y Lloret, así como en Geometría gráfica con el profesor Caso hasta que en 1816 se trasladó a Italia.

El 7 de noviembre de 1816 se marchó a Italia, llegando a Roma el 3 de enero de 1817. En la Ciudad Eterna ingresó como alumno en la Academia Pontificia de San Lucas, centro en el que cursó Dibujo, Anatomía y Perspectiva. Fue alumno de Agricole y Pozzi y dedicó una parte de su tiempo al estudio de la Perspectiva práctica con el maestro Delicati hasta que decidió seguir la carrera de arquitectura después de haber obtenido el 1º premio y una mención honorífica con una «Escena ideal» presentada en la Exposición de 1818, galardones que fueron publicados en el nº 83 del Diario di Roma, el sábado 17 de octubre de 1818.

A partir de 1819 estudió Matemáticas en el Archiginnasio romano, además de Física, Química, nociones de historia y antigüedades a la vez que cursaba Delineación y Ornamentación arquitectónica, Composición y Construcción en la Academia de San Lucas. Bajo la dirección del profesor Mazzoli se aplicó en los principios de arquitectura y ornato, pasando después a la teoría de este arte con Stera y la práctica de la profesión con Camporesi. En cuanto a los dos cursos de Matemáticas, obtuvo en ellos buenas calificaciones por parte de los maestros Setet y Pieri.

En vista de su buena aplicación, su tratado Neografía de´lacunari ilustrado con láminas de aguafuertes de su propia mano y publicado en Roma por la Imprenta de Antonio Bouzaler en 1825, así como sus grandes conocimientos mecánicos y previo examen reglamentario, solicitó de la Academia de San Lucas el título de arquitecto, grado concedido el 20 de diciembre de 1830.

A su vuelta a España aprovechó para viajar por las ciudades más notables de Italia, llegando a Zaragoza en 1830. Un año más tarde solicitó de la Academia de San Fernando la revalidación del título que ostentaba por la de Roma, con objeto de poder ejercer la profesión en España. Por este motivo presentó el título original, varios ejemplares de su tratado sobre casetones que había trazado y grabado, así como diversas pruebas de delineación de su invención, entre ellas Un monumento que eternice la heroica defensa que la Inmortal Zaragoza hizo contra las tropas de Napoleón Bonaparte en los años 1808 y 1809 (del A-3569 al A-3575). Dados sus antecedentes y las obras presentadas, la Comisión de Arquitectura le hizo acreedor del título de maestro arquitecto en la Junta Ordinaria del 9 de octubre de 1831, a los 35 años de edad, sin exigirle otra prueba de suficiencia y dejándolo habilitado para ser académico de mérito cuando quisiera solicitar los ejercicios correspondientes a dicho grado.

Entre 1839 y 1844 ejerció la profesión en Logroño, donde logró ostentar la maestría mayor del municipio y ocupó la plaza de maestro de obras de fortificación. El 24 de agosto de 1842 se casó en la iglesia castrense de Vitoria con María Sinforosa Martínez, natural de Azcoitia, que moriría el 6 de septiembre de 1856. De este matrimonio nacieron cinco hijos: Felisa, Juan, Manuel, Elvira y Casilda. En esta etapa se ocupó de aplanar el Paseo del Siete, la habilitación del convento del Carmen a fin de convertirlo en un instituto, el trazado de algunos trozos de la carretera de Calahorra y varias construcciones particulares.

De Logroño pasó a Madrid y el 2 de julio de 1844 solicitó de la Academia de San Fernando su admisión a los ejercicios para el grado de académico de mérito, alegando ser arquitecto de la Academias de San Fernando y San Lucas de Roma, haber desempeñado varias comisiones en la de San Luis de Zaragoza y ser autor de obras y pensamientos merecedores de nota de aprobación. La Junta Ordinaria del 7 de julio de 1844 presentó un informe favorable para su admisión a los ejercicios de disertación, relevándole de las pruebas adicionales por tenerlas ventajosamente acreditadas. Le sortearon los programas para disertar, tocándole en suerte:  «De la situación local de los hospitales en una Corte y lo que se deberá tener presente para su comodo uso, ventilación y aislar las enfermedades contagiosas, contrayendo las doctrinas generales á la benignidad de un clima y describiendo el pensamiento de un nuevo edificio que las concilie» y «[…] sobre cual es la mejor forma de teatro para una gran Corte con presencia de la óptica y acústica, distinguiendo con claridad y datos, cual de las formas eliptica ó semicircular debe preferirse en todo caso». De los dos programas escogió el segundo y una vez concluido lo remitió a la Academia el 22 de julio. Obtuvo el grado solicitado en la Junta Ordinaria del 11 de agosto, comunicado su agradecimiento por dicho nombramiento en la Junta Ordinaria del 8 de septiembre de 1844.

Al mes siguiente puso de manifiesto a la Academia que a fin de complacer a varios amigos se le había ocurrido hacer una pequeña impresión de la traducción ampliada con notas del método publicado en italiano con el título de Neografia de´lacunari. Lo había presentado anteriormente al solicitar los ejercicios para el grado de académico de mérito, pero como lo había hecho en la lengua de Dante, solicitaba que su contenido fuese examinado con objeto de poder imprimirlo y publicarlo a fin de evitar los errores que pudiera contener. La Comisión de Arquitectura lo examinó el 8 de octubre de 1844 y acordó que «no por esto podía su autor estampar en ella hallarse autorizado con la nota de aprobacion q^e le daría la de esclusiva entre los diferentes tratados q^e se conocen».

Por acuerdo de la Sección de Arquitectura del 3 de julio de 1846, Laviña fue nombrado para informar sobre el expediente de denuncia de la torre de la catedral de Santander, torre que había sido inspeccionada en 1841 por los arquitectos Chávarri y Zabaleta. Dejó concluido el informe siete días más tarde reseñando el parecer de varios profesores que habían examinado la obra. Diego del Castillo, primer arquitecto e ingeniero que había sido nombrado por el cabildo, afirmó el 4 de marzo que la torre admitía recomposición, el material con el que estaba construida era de mediana calidad y con sólo 9 pulgadas de tizón, uno de sus ángulos estaba debilitado por el caracol y era necesaria la conservación de toda su altura porque el derribo del último cuerpo podía arruinar la nave principal.  Por otro lado, el 5 de marzo Ignacio Mª Michelena, arquitecto comisionado por el alcalde junto con los profesores Diego del Castillo, Uranga y Gutiérrez, señaló su desacuerdo con el primero y su mismo parecer, en parte, con los otros dos arquitectos. A su entender, haber estribado la torre sobre un arco había provocado la quiebra de éste en dos sentidos y el cedimiento de los fundamentos, el frente sur tenía grietas y un desplome de 6 pulgadas a la altura que mediaba entre la primera imposta y el suelo, el ángulo sudoeste tenía otras cinco en la misma altura y el cuerpo superior de dicho ángulo un desprendimiento considerable. Además, existían trozos de sillares desprendidos y deteriorados en los frentes de la torre, aunque si los sillares resentidos se extraían para macizar de nuevo sus huecos era posible que la torre se viniese abajo, pero también le parecía imposible poder quitar los sillares que amenazaban ruina.

Pedro Blas de Uranga y Manuel Gutiérrez, igualmente nombrados por el alcalde para hacer el reconocimiento de la obra, ejecutaron su informe el 5 de marzo, poniendo de manifiesto no admitir el estudio realizado por Castillo al creer innecesarias y superfluas sus obras, ya que en caso de llevarlas a cabo seguiría manteniéndose en peligro la torre debido a que los atirantados de hierro no podían bastar para contener el riesgo de amenaza. Asimismo, incidían en que las grietas eran más importantes de lo que suponía Castillo por su variedad y direcciones encontradas, los desniveles apreciados no sólo provenían de empujes variados sino también por el hundimiento de alguna parte de los cimientos y que en caso de remover o reponer los sillares desgastados podrían originarse nuevos perjuicios. Por otro lado, al ser la obra de dos fábricas diferentes, una interior de mampostería y otra exterior de sillería sin tizones, se impedía un reconocimiento por separado. En vista de este razonamiento creían necesaria la demolición de la torre a fin de evitar desgracias y la ruina inevitable de la obra.

El arquitecto Antonio Goicoechea en unión con José Manuel de Pérez y Antonio de Armona fueron igualmente nombrados por el cabildo para inspeccionar las obras. El 19 de mayo tuvieron concluido su informe, trabajo en el que dejaron reseñadas las características de la torre, sus desperfectos y decoración poco noble y de mal gusto que obligaba a desear su demolición; no obstante, creían que la torre no amenazaba ruina y debía evitarse su derribo por las consecuencias negativas que tendría en el templo. Por último, la opinión del ingeniero de Canales y Caminos de la Provincia se asemejaba a las de Uranga y Gutiérrez, ya que creía necesario el derribo total de la obra al afectar la obra y ser contraria a la seguridad pública.

Vistas y estudiadas todas las opiniones, Laviña se encontró con que los 4 arquitectos nombrados por el cabildo defendían la conservación de la torre en toda su altura; de los tres nombrados por el alcalde, uno creía necesaria la demolición de una parte y los otros dos de la obra completa, mientras que el individuo comisionado por la Jefatura estaba a favor del derribo de una parte, incluso de su totalidad.  Ante todas estas opiniones y en vista de que la torre no tenía mérito artístico Laviña comunicó a la Comisión de Arquitectura que resolviese el asunto, no sin antes adelantarle que en caso de decidir su derribo no debía titubear porque entre dos males, el menor debía considerarse como un bien que convenía aceptar.

La Sección de Arquitectura celebrada el viernes 1 de julio de 1846 estudió el estado de la torre y los informes que, sobre la obra, habían ejecutado ocho profesores (7 arquitectos y 1 ingeniero), a los cuales se habían adherido Antonio de Goicoechea el 19 de mayo anterior, José Manuel Acebo y Antonio de Armona. Según estos informes, la mayoría de los profesores eran de la opinión que el estado de la torre era bastante deplorable como su construcción mala y debilitada sobre todo por la escalera de caracol levantada en uno de sus ángulos; el desprendimiento de los sillarejos de su revestimiento exterior era evidente y su peligro de ruina eminente; además su mérito era tan escaso desde el punto de vista artístico como histórico por lo que no merecía la pena su reparación o conservación. Sin embargo, vistos estos antecedentes los vocales de la Sección de Arquitectura (Inclán, Laviña, Zabaleta y Mesa)  informaron el 3 de febrero de 1847 que «la torre no peligra, ni en manera alguna ofrece su estado el de inseguridad que se pretende, y a que infunde deducirse á primera vista, singularmente por la parte del Sur, cual los antedichos Profesores mencionan: Que es susceptible de las reparaciones y reposicion de sillarejos que proponen; teniendo por util y conveniente el pensamiento de solidez con buena fabrica y mezcla el cubo que ocupa la caja de escalera de caracol, que ya se propuso en dicho primer reconocimiento; Y finalmente, que de verificarse la demolicion de la torre, aun supuesta la prevencion de apeos, peligra la existencia de la Yglesia que se halla notablemente sobrecargada sobre ella, de cuyo interesante particular se hace asi mismo merito [...]».

Mientras que se dilucidaba cuál iba a ser el futuro de la torre, el 4 de diciembre de 1846 Laviña fue nombrado junto con Atilano Sanz y Pérez para ejecutar el reconocimiento del estado de ruina en que se encontraba la medianería de las casas ubicadas en la calle del Lobo (Madrid), números 6 y 8 nuevos: la primera era propiedad del conde Morales de los Ríos y la segunda del Estado. Practicado el reconocimiento detallado de la obra y las operaciones necesarias, tanto de nivelaciones como de alturas y gruesos por calas y barrenos en diferentes puntos y direcciones, los profesores manifestaron que la medianería se encontraba desplomada hacia la casa nº 6 debido a sus malos materiales y la desigualdad de las cargas, incluso que en algunas partes se hallaba arruinada como bien había manifestado anteriormente José París después de haber analizado la obra. 

Por fallecimiento de Julián Verdú, Laviña fue nombrado en la Junta General del 7 de febrero de 1847 director de Dibujo de Adorno en los Estudios Menores de la Trinidad, de cuya plaza tomó posesión el 8 de marzo tras presentar «5 cuadros en marcos y cristales representⁿ adornos». A esta plaza también concurrió Leopoldo Zoilo López, arquitecto que había ejecutado un cuadro con marco y cristal representando un arabesco o mosaico; Basilio Bravo, que había remitido un cuadro pintado al temple con la representación de un vástago y en la parte inferior un templete figurando medio punto; Francisco Prats, pintor que lo hizo  con un cuadro al óleo representando al Dios Bacco coronando las beodas; Antonio Capo González, que lo hizo con 6 cuadros de varios asuntos y adornos pintados al óleo, dibujo y temple, cuatro de ellos con marcos dorados y dos con marcos de color; y por último Antonio Bravo, pintor que concurrió con dos cuadros de adorno al temple con marcos dorados y cristales.

La Junta de la Sección de Arquitectura reunida el 2 de julio de 1847 comisionó a Laviña junto con el también académico Juan Bautista Peyronnet para llevar a cabo el reconocimiento de la casa nº 28 nuevo, Manzana 194, situada en la Plaza de la Constitución (Madrid), a consecuencia del expediente de denuncia promovido por el Ayuntamiento Constitucional. Una vez reconocida la casa los arquitectos  manifestaron que su fachada principal estaba formada por pilastras de piedra en el cuerpo bajo las cuales sostenían unos umbrales que no se encontraban en perfecto nivel y habían provocado el desnivel de los pisos; el piso principal era de fábrica de ladrillo deteriorada en algunas zonas por el paso del tiempo y mal dispuesta, mismo estado en que se encontraban los canalones; los materiales de las crujías del sótano, aunque a plomo y a nivel, estaban bastante descompuestos debido a las humedades acaecidas en la medianería izquierda. Respecto al tabicón de la medianería derecha y el testero presentaban mal estado, teniendo algunos desplomos en sentidos contrarios al tiempo que los suelos se encontraban con bastantes desperfectos. El informe ponía de manifiesto que la casa no amenazaba ruina inminente por su empotre con las que la circundaban, pero en caso de que alguna fuese demolida provocaría el desequilibrio consecuente. Los arquitectos no dejaron de señalar que las obras necesarias de reparación serían muy costosas y poco productivas, ya que sería necesario el rebaje de los pisos y nuevas obras de ornato. 

En 1847 también se celebró la convocatoria de la plaza de profesor de Adorno de las clases de niños y niñas, vacante por fallecimiento de Benito Sanz. A ella se presentaron Francisco Bellver, profesor de escultura y académico de mérito; el arquitecto Leopoldo López; Matías Laviña, arquitecto por la Pontificia Academia de San Luca de Roma, individuo de del Academia de San Fernando y director de la clase de Adorno en los estudios de la Trinidad ; Francisco de Paula Van Hallen, profesor de pintura y académico supernumerario de San Fernando; Miguel Pineda, director honorario de la Academia de Granada para auxiliar a los profesores de la enseñanza de los alumnos que dibujaban estampas; José Rubio y Villegas, académico supernumerario de San Fernando; Vicente Camarón, profesor de  pintura e individuo de número de San Fernando y Caballero Comendador de la Real Orden Americana de Isabel La Católica; Vicente Gimeno, premiado por la Academia de San Fernando en varias ocasiones, pensionado en Roma en 1819, académico de mérito por la pintura en 1838 y encargado de la enseñanza de Principios de dibujo desde 1839, además del pintor Antonio Maffei.

En la Junta General celebrada en la Academia el 17 de octubre de 1847 fue nombrado Matías Laviña para ocupar la plaza vacante, no obstante, existe un escrito fechado el 7 del mismo mes y año que reseña el nombramiento por Real Orden de José Gutiérrez de la Vega para desempeñar la plaza por fallecimiento de Benito Sanz.

Meses más tarde, Laviña fue nombrado por la Sección de Arquitectura para examinar los planos topográficos de la ciudad de Soria como la de varios pueblos de la misma provincia, informe que llevaría a cabo en esta ocasión junto con Manuel de Mesa (21 de octubre de 1847). Ambos debían exponer sus pareceres y observaciones sobre las alineaciones y mejoras que necesitaba la provincia, una provincia que se encontraba en un estado de abandono preocupante por la falta de profesores y recursos científicos por parte de las autoridades. Observaron que el plano de la ciudad estaba bien ejecutado, pero que hubiera convenido alinear más la calle del Arrabal que tenía la dirección de los caminos de Madrid por un extremo y la de Logroño por otro, puesto que la carretera que unía estas dos provincias llegaría en un futuro a concluirse y sería muy útil su ensanchamiento para facilitar el paso de carruajes. Apreciaron la conveniencia de ensanchar la embocadura de la calle del Camino de Madrid y hacer su rectificación, como la alineación de la calle de Santa María y el callejón sin salida que desde la plaza de Teatinos flanqueaba el palacio de los condes de Gómara, el cual podía continuarse hasta desembocar en la plaza del mismo nombre o del Carmen. Por último, vieron oportuna la alineación de la tapia de la izquierda de la calle de San Pedro. Respecto a los planos de Burgo de Osma y Almarza que también se les había entregado y debían censurar, vieron en el primero la buena distribución de sus calles, todas muy regulares, aunque la posibilidad de realizar en la población mejoras que eran necesarias. En cuanto al segundo, al no tener índice dificultaba la explicación de las alineaciones que en él podían hacerse y las irregularidades de sus calles eran claramente apreciativas.

Al año siguiente, la Junta de la Sección de Arquitectura celebrada el 25 de abril de 1848 aprobó tres informes que había desarrollado Laviña sobre varias obras alicantinas, las cuales habían sido remitidas a censura de la Academia: 1) Diferentes alineaciones y variaciones ejecutadas por Francisco Carbonel en la villa de Jalón que le parecieron con buen tino, aunque siendo necesario dar mayor capacidad a la única plaza, nº 16, suprimiendo la isleta que se interponía entre ésta y la calle, nº 7, dándole además toda la regularidad posible, como alinear la manzana contigua a la iglesia con el frontis de la misma. 2) El plano geométrico de la ciudad de Orihuela «que mas bien pertenece en examen al gremio de Mtros Sastres, á quien incumbe juzgar sobre el bueno o mal trazado de las plantillas ó patrones, q^e de tal arte ofrece dho plano», que le pareció inexacto al no creer que se pudieran concebir casas y calles tan disparatadas como las diseñadas por aparecer puertas de 40 pies y puentes de 63 de anchura, medidas difícilmente aprobables, cuyo trabajo debía hacerse por medio de un facultativo. 3) El plano de la villa de Altea, a su entender exacto, aunque no así sus límites y avenidas, cuestas y campos al parecer ideales.

Antes de acabar el año la Sección de Arquitectura reunida el 13 de septiembre de 1848 le encargó el examen minucioso de los planos del teatro para Figueras (Gerona) proyectado por José Roca y Bros. De su examen no pudo sacar conclusión alguna ya que carecía de las secciones longitudinales y transversales del edificio y, por tanto, de un elemento esencial para cotejar entre sí las partes que componían la obra. Sin embargo, pudo advertir que «[...] para dar al teatro un pórtico, q^e acaso podría pasar sin él, por ser muy capaz el arca destinada al teatro para el numero de espectadores q^e se citan, y para todos los accesorios q^e son anejos, se quita á la Yglesia una parte de su recinto, sin atender acaso el respeto q^e siempre se merecen los edificios Sagrados; cuya parte, ademas, pudiera contener algun recuerdo histórico ó artístico, q^e vendria á perecer contra el consentimiento del Gobierno, bajo pretesto de una autorizacion de los planos. [...] Por lo demas está bien pensada la alineacion, á juzgar por lo q^e manifiestan los planos, á lo menos, no hay un motivo pª dudarlo, cuando no se conoce el terreno localmente./ Respecto a las barracas para el despacho de carnes, y á la Pescaderia, tampoco puede decir nada, porque faltan los proyectos de ellas, asimismo los de los hornos, y q^e como edificios insignificantes por su destino y sencillez, no se habra quiza trazado todavia./ En cuanto al Teatro parece escusado habar de la forma de la platea, de la escena, de la embocadura [...] del primer cuerpo de fábrica y otros detallitos que se advierten a primera vista, por cuanto habrá lugar de examinarle con  presencia de los cortes ortograficos, por largo y ancho, q^e la Seccion debe reclamar, para dar su acertado parecer sobre el proyecto en cuestion». El informe de Laviña fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 14 de noviembre de 1848.

La Sección de Arquitectura celebrada el 3 de abril de 1849 aprobó el proyecto de cárcel de partido para la villa de Almunia (Zaragoza) diseñado por al arquitecto José Yarza previo informe elaborado por Atilano Sanz y Matías Laviña el 1 del mismo mes. Ambos académicos, nombrados el 27 de marzo anterior para llevar a cabo el estudio de la obra llegaron a la conclusión que el autor había aprovechado al máximo el perímetro limitado e irregular en la distribución del edificio, el proyecto era muy superior a los que anteriormente habían sido programados y el presupuesto estaba ajustado a las operaciones y precios. Respecto al pavimento, entendieron que en vez de un simple solado de ladrillo debería construirse una bóvedilla de 3 a 4 pies de diámetro sobre cítaras de buena mamapostería o ladrillo y sobre ellas, después de bien macizadas sus enjutas, un solado de ladrillo con yeso dejando en el testero de los cañones de la pared que daba al patio unas pequeñas aberturas para la circulación del aire. Por otro lado, las «columnas de madera» debían ser sustituidas por pilarcitos de yeso y ladrillo, poniendo sobre el cimiento del pozo de aguas una fila de losas para que contuviese el pavimento y sirviese de base a dichos pilarcitos. Por último, hicieron algunas observaciones relativas a la colocación de los comunes y la falta de dos piezas destinadas para enfermerías provisionales de ambos sexos,  como también el poco espesor de las paredes de las reclusiones correspondientes al pasillo alto y bajo, que, a su entender, debían ser de doble grueso. El informe de Sanz y Laviña fue aprobado por la Academia en la Junta General del 9 de abril de 1850.

El 19 de agosto de 1849 llegó a la Academia el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el derribo de la Torre Nueva de esa capital. Se trataba de una obra monumental, concluida en 1512 con 416 palmos de elevación y 60 de diámetro, cuyo principal director había sido Gabriel Bombao. El Ayuntamiento solicitó en estas fechas las siguientes aclaraciones: 1ª) Si dicha torre era digan de conservarse por su mérito artístico. 2ª) Si según los informes dados por los arquitectos que la habían reconocido podía conservarse y mantenerse en buen estado sin temor de ruina con los revestimientos que se proponían. 3ª) Si la restauración proyectada se acomodaba al carácter de las fábricas. 4º) Si sería mas costosa la reparación que el derribo y, por último, 5º) Cuál de todas estas disposiciones debía seguirse.

Para dar respuesta a todas estas preguntas, la Junta de la Sección de Arquitectura celebrada la noche del miércoles 29 de agosto se reunió para dar a conocer el parecer que sobre esta obra tenían los arquitectos Antonio Conde y González, Juan Miguel de Inclán, Atilano Sanz y Matías Laviña, profesores que habían formado parte de la comisión nombrada por la Academia para estudiar el asunto con detenimiento.  Todos ellos llegaron a las siguientes conclusiones: «1^er punto: [...] la torre nueva en concepto de los que firman, un monumento de utilidad, de recuerdos historicos, de gloria nacional y de un merito artistico indisputable, y digno por tanto de conservarse à toda costa./ 2º punto. Si, según los informes dados por los Arquitectos q^e la reconocieron podía conservarse y mantenerse en buen estado por largos años y sin temor de ruina con los revestimientos q^e proponen./ Todos los facultativos, los que menos amigos parecen de los monumentos, y hasta los interesados por la seguridad de los vecinos, convienen en q^e una reparacion hecha  en debida forma puede dar à la torre una larga duracion. Acertadisima es la idea de macizar  el hueco q^e ocupa la escalera, cuya operación deberá comenzarse desde el  neto del cimiento por dos ó tres hiladas de sillares en forma de dobela con arreglo al buen metodo de construccion, y proseguirse luego hasta salvar la parte debilitada, con ladrillo bueno y mortero de la mejor calidad, suspendiendola el tiempo  q^e sea necesario à cada ocho ó diez pies de elevacion para que tenga lugar de consolidarse [...]. Macizado el hueco de la escalera y después de hallarse bien secos sus materiales, podrá hacerse el zocalo propuesto de buen perfil è igual salida en todo su perimetro, atizonandole y engrapando bien unos con otros sus sillares , que deben ser de piedra de mas fuerte, y cuando menos de cinco hiladas de cubierta. [...] se desmontará el chapitel y se repondrá ò hará otro de nueva construccion mas analogo y en harmonia con el edificio, y por consiguiente de mucha menor elevacion./ 3º punto. Si esta restauracion se acomoda al carácter de la fabrica y desfigura su alzado alterando la convinacion de perfiles y sus verdaderas proporciones. Como el revestimiento esterior q^e se propone no pasa de ser un zocalo, no debe desfigurar al basamento y mucho menos y mucho menos a los cuerpos superiores, antes bien como miembro esencial de q^e carece puede y debe dar á uno y otro la gracia y propiedad que le falta./4º punto.  Si será mas costosa la reparacion q^e el derribo [...]. /5º punto. Finalmente cual de estas disposiciones será preferible atendidos todos los antecedentes. Parece innecesario despues de lo dicho añadir nuevas razones ni detenerse en demostrar con otros datos la preferencia que sobre la demolicion [...] debe darse a la reparacion [...]».  No obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza volvió a remitir a la Academia otro expediente sobre el mismo asunto en 1857 y en 1858 el proyecto del académico José de Yarza para la recomposición de dicha torre, que la Sección de Arquitectura reunida el 26 de junio de 1858 acordó elegir «la forma de estrella con el zócalo octogonal de sillería hasta la altura necesaria para salvar la puerta».

Como profesor de la disciplina de Adorno, Matías Laviña presentó un memorial sobre los métodos de enseñanza que convenía que fuesen adoptados respecto a ciertas clases de alumnos, memorial que sería aprobado en la Junta General del 4 de noviembre de 1849. Para Laviña, el adorno era necesario porque «[…] el más insignificante de los seres racionales se distingue de las bestias por su inclinación á él […]. Que esta propensión al adorno, común á todos los pueblos y a todas las épocas, simboliza el genio característico de sus habitantes y de sus producciones, lo cual obliga al filósofo artista á hacer una elección meditada sobre el adorno, pero que su composición sea propia y significativa […]. Que dicho estudio conviene clasificarle, ampliarle y enseñarle diversamente á los artistas y á los artesanos, dispensando á éstos de los principios de figura, porque los defectos en que pueden incurrir se corrigen con la asiduidad y con el estímulo de las mas adelantadas. Que para fomentar la aplicación conviene que haya variedad y número suficiente de ejemplares y modelos, y sean enseñadas de diferentes procedimientos de utilizar y sacar fruto de este estudio». Asimismo, regaló a la Academia una copia de los primeros contornos de adorno, siendo notificado dicho obsequio en la Junta General del 9 de junio de 1850. Esta obra que constaba de cuatro páginas de texto, setenta y dos láminas y una portada litografiada fue publicada bajo el título «Cartilla de adorno elemental para uso de las Academias y escuelas de dibujo» siendo aprobada por la corporación el 2 de agosto de 1850.

A raíz de la convocatoria de la plaza de titular de arquitecto de Cádiz con un sueldo anual de 6.000 reales de vellón, la Sección de Arquitectura conformada por el marqués del Socorro, Sanz, Herrera, Zabaleta, Mesa, Peyronnet, Laviña y Cámara se reunió el 5 de marzo de 1850. Tras realizarse los edictos pertinentes que se fijaron en los sitios públicos y fueron publicados en los periódicos de esta plaza como en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Gaceta del 3 de diciembre anterior, comenzaron a llegar las solicitudes para cubrir la vacante. Uno de los opositores fue Manuel García Álamo, arquitecto, director de caminos vecinales, socio de la Sociedad de Amigos del País de Córdoba y arquitecto titular de dicha capital. Aparte  de García Álamo, concurrieron José de San Martín, arquitecto titular de los ayuntamientos de Jerez y Arcos de la Frontera (Cádiz), socio fundador de las de emulación y fomento de la ilustración, artes, comercio y agricultura, además de socio de Amigos del País de Jerez y Sevilla. Pero también Juan de la Vega, arquitecto, académico de mérito de la Academia Nacional de San Baldomero de Cádiz y director de arquitectura en la Academia de Santa Cristina.

Una vez reconocidos los méritos de los pretendientes, el Ayuntamiento de Cádiz nombró como su arquitecto titular a Manuel García Álamo el 16 de enero de 1850, pero este nombramiento acarreó problemas y descontentos. El arquitecto Juan de la Vega reclamó la nulidad del nombramiento porque le perjudicaba y José de San Martín exigió lo mismo el 8 de febrero exponiendo los abusos que diariamente eran cometidos por la academia gaditana al «hallarse entregada la Seccion de Arquitectura solo al compañero Bega y otros varios Sres. que por solo ser academicos de merito de la misma se creen (sin ser peritos) autorizados pª abonar informes sobre toda clase de obras que se ofrecen en los pueblos de esta Provª queriendo robustecerlos y darles el mismo carácter, que si fuesen (ebamados) p^r un cuerpo científico y con las mismas atribuciones como podría hacerlo la Real Academia de Sⁿ Fernando».

A fin de no estar a merced de una camarilla que dispusiese a su placer de las obras públicas como privadas promovidas en los pueblos, San Martín recomendó restringir las facultades de la Academia de Cádiz o en su defecto que la Academia de San Fernando nombrase  varios profesores para crear un cuerpo científico en la clase de Arquitectura del cual se carecía. Señalaba igualmente que desde hacía cuatro años había dirigido numerosas obras en las ciudades de Jerez, Arcos de la Frontera, Alcalá de los Gazales, Algeciras, etc., donde los citados  señores habían salido tan mal parados que habían tenido que solicitar sus servicios como ingeniero y arquitecto para terminar las obras, las cuales dejó concluídas y salieron publicadas en la Gaceta, nº 5174 y el Comercio de Cádiz, nº 2475. También, que se encontraba a cargo de las obras particulares de Cádiz por la desconfianza que tenían sus propietarios para con estos individuos debido a los hundimientos que desde hacía dos años se estaban presentando en sus edificios, cuya consecuencia inmediata había sido la muerte de varios padres de familia y honrrados artesanos. Continuó su exposición con las siguientes palabras: «(Ojala el Café de las Cadenas q^e con tiempo anuncié su caida) digalo la Casa De Cobos donde se sacaron Siete desgraciados muertos cuando se allaba cual mismo estado q. la anterior. No embalde no hay un propietario en Cadiz que confie gustoso sus obras a muchos de los profesores alli establecidos, aunque p^r necesidad tienen que hacerlo p^r tener establecido una compañía q^e se reune todos los Domingos en las tiendas de vino pª repartir entre todos las inutilidades q^e ante ellos se han reunido la Semana anterior».

El arquitecto Juan de la Vega también estaba en total desacuerdo con el nombramiento porque no se había tenido en cuenta  lo prevenido en la Real Cédula del 21 de abril de 1828 y la Real Orden del 7 de febrero de 1835, en las que se indicaba que fuesen guardadas las prerrogativas a los académicos de mérito respecto de los que no lo eran para la previsión de las plazas titulares. Reclamaba por ello el cargo sobre los demás aspirantes, incluso sobre García Álamo porque no era académico, la ciudad era la residencia de la Academia Nacional Gaditana y por consiguiente estaba comprendida en su jurisdicción artística, «motivo p^r el cual sus individuos deben  hallarse para este distrito en el mismo caso en que se encuentran las Academias de S. Carlos de Valencia, S. Luis de Zaragoza y la Concepción de Valladolid para los suyos respectivos, al tenor de lo prevenido en el artº 3º de la Real Cedula citada». Concluyó su exposición añadiendo que el número considerable de votos obtenidos en la votación le habían movido a reclamar lo que en justicia le pertenecía.

Tanto la exposición de San Martín como la de Juan de la Vega fueron estudiadas en la Junta de la Sección de Arquitectura celebrada el 5 de marzo de 1850, reunión en la que se observó la desacertada actuación del Ayuntamiento de Cádiz respecto de  haber dirigido la comunicación del nombramiento a la Academia de San Fernando y no a la de Cádiz. Por otro lado, habiendo entre los aspirantes un académico no estaba entre sus atribuciones nombrar a uno que no lo fuera sin contravenir lo mandado en la expresada cédula y debía haber comunicado a la academia gaditana el nombramiento de García Álamo antes de dar posesión al agraciado. Además, se debía rectificar las elección y adjudicar la plaza al académico de la Vega. Por último, la sección no creyó conveniente ocuparse de la carta de San Martín dado que el interesado no pedía nada en ella, no tenía carácter oficial y sólo contenía chismorreos indignos y  poco apropiados entre profesores como para ocupar su atención. Todo lo acordado por la Sección de Arquitectura fue aprobado por la Academia de San Fernando en la Junta General del 10 de marzo de 1850.

El 12 de julio de 1850, Laviña realizó el informe del proyecto de una nueva cárcel para Puentecaldelas (Pontevedra) al ser previamente nombrado por la Sección de Arquitectura para este objeto. Después de estudiar el asunto percibió la ausencia de noticias estadísticas del partido, entre ellas la topografía del terreno donde debía ubicarse la obra, hecho que le imposibilitaba conocer si su extensión era demasiado limitada, si las cantidades asignadas podían permitir un aumento de la fábrica en caso de que fuera necesario o si podía apartarse del río a fin de evitar la humedad y que sus aguas bañasen la obra. Además de percibir la desproporción entre la reclusión de hombres y mujeres, creyendo que los primeros debían tener dos veces más de capacidad, vio la poca analogía del exterior del edificio con respecto al objeto de su destino, siendo muy costosas las numerosas aristas y resaltos de sillería que poseía.  También la inadecuada ubicación de los comunes en los ángulos, lo que debilitaba notablemente la construcción, como la irrespetuosa situación de la capilla en el paso de las prisiones y cocinas. Apreció igualmente la necesidad de cubrir con cielos rasos los techos de tabla y disponer de verjas en las ventanas de los cuartos superiores; ampliar el patio y ubicar en él una fuente, aljibe o pozo; la colocación de una puerta de rastrillo entre el paso y el zaguán para evitar intentos de fuga y forrar las puertas de los calabozos con hierro por lo menos en su interior. El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el mismo 12 de julio de 1850.

Al mes siguiente elaboró el informe sobre la construcción de una cárcel para Combados (Pontevedra), obra de Antonio Jiménez, cuyo plano, a su entender, debía ser aprobado por estar bien entendido en su distribución interior y exterior, así como atendidas las exigencias que eran reclamadas en este tipo de edificios. No obstante, recomendaba la ejecución de bóvedas en los calabozos y cocina; la supresión de todos o la mayoría de los resaltes de las cuatro fachadas por razón de economía y para dar al edificio un carácter más severo y apropiado, como la supresión del tarjetón situado sobre la puerta, el cual podía sustituirse por una cornisa arquitrabada que sirviese de repisa al balcón principal. El informe, fechado el 27 de agosto, fue aprobado por la Sección de Arquitectura en esa misma fecha, mientras que el proyecto total lo sería en su totalidad en la Junta General del 29 de septiembre de 1850.

A finales de 1850 censuró en colaboración con Juan Miguel de Inclán el expediente remitido por el Ayuntamiento de Avilés (Oviedo), para la alineación reflejada en el plano geométrico de aquella población y sus accesorios, la cual había sido aprobada por la Real Orden del 22 de noviembre de 1849. Ninguno de los profesores pudo aprobar la alineación presentada porque exigía la rectificación del plano por medio de un nuevo pensamiento, informe aprobado por la Sección de Arquitectura el 29 de octubre de 1850. 

 Fue nombrado por concurso público y por la Real Orden de 17 de septiembre de 1850 para ocupar la cátedra de Dibujo de Adorno en la clase de niñas, conservando la de los niños que desempeñaba, cobrando por ambas un sueldo de 7.000 reales. Disfrutó este sueldo desde el 1 de enero de 1851 hasta el 28 de noviembre de 1854, fecha en la que fue suprimido el estudio de las niñas, quedándose sólo con el de niños y un sueldo anual de 4.000 reales. Este nuevo sueldo lo siguió disfrutando hasta el 7 de octubre de 1857, momento en que a raíz del Real Decreto de la misma se separaron de la Academia, declarándose independientes los estudios de dibujo. 

En febrero de 1851 la Academia encargó a su Sección de Arquitectura los exámenes de los aspirantes al título de directores de caminos vecinales, así como el nombramiento de los individuos que debían formar el tribunal de examen. Tras el inconveniente de que dichos tribunales se formasen con todos los individuos de la Sección de Arquitectura que debían rotar y turnarse para llevar a cabo la censura de los diferentes ejercicios, el 14 de octubre se acordó modificar esta práctica a favor de un tribunal fijo formado por personas dedicadas a la enseñanza de los diferentes ramos, sistema por el que se podían verificar siempre y con regularidad los exámenes obligatorios. El tribunal quedó conformado por tres académicos: José París, Juan Bautista Peyronnet y Eugenio de la Cámara, nombrándose como suplentes a los también académicos Antonio de Zabaleta y Matías Laviña.

Al mes siguiente Laviña fue nombrado por la Sección de Arquitectura junto con Antonio de Zabaleta y Narciso Pascual y Colomer para emitir un dictamen acerca de los proyectos de arquitectos que se habían presentado al concurso general convocado por el Ayuntamiento de Vitoria y su Diputación con objeto de construir un instituto de segunda enseñanza en la ciudad. Examinados los proyectos con gran detenimiento, los tres individuos llegaron a la conclusión que aquel bajo lema «Gracia» debía ocupar el primer lugar porque su distribución era acertada y su carácter adecuado al objeto a que se destinaba el edificio. Sin embargo, aunque el proyecto era bastante mejor que los demás era necesario mejorarlo dando mayor extensión al patio y cambiar algunas armaduras. En cuanto al resto de los proyectos, quedó en segundo lugar el presentado bajo el lema: «Minerva», el tercero el que llevaba el lema «Provincia y Ciudad» y el cuarto a otro que llevaba el mismo lema «Provincia y Ciudad», dejando fuera un quinto proyecto al no poseer las circunstancias necesarias para ello.

En el informe reseñaron su desacuerdo respecto a la 9ª condición del concurso que decía: «Si no hubiere licitador pª el plano aprobado en primer lugar por la Academia de S. Fernando, quedará retirado, y se pasará á rematar el que venga en segundo, y así sucesivamente, hasta que llegue á causar remate en alguno». Creían que dicha condición era inaceptable y modificable por cuanto que si se ponía en práctica se podría llegar a adoptar el proyecto peor y más insignificante de todos los admitidos en lugar del más adecuado y perfecto, a la vez que podía quedar sin remuneración el que mejor hubiese desempeñado su cometido. A su entender, era más conveniente que el autor ganador que se encontrase en estas circunstancias arreglara su proyecto, tanto desde el punto de vista constructivo como decorativo, para que de este modo pudiera llevarlo a la práctica. El informe quedó concluido el 29 de marzo, siendo aprobado por la Sección de Arquitectura el 1 de abril de 1851.

Por tener que ausentarse de Madrid Eugenio de la Cámara, Laviña quedó como secretario interino de la Sección de Arquitectura, nombramiento que fue notificado por la Academia en la Junta General del 6 de julio de 1851.

Al año siguiente, con motivo de la remisión a la Academia de los planos elaborados por Luis de Aranco Maguregui para el cementerio de Bedía (Vizcaya) y otros tantos para la iglesia de San Salvador del Valle, la Sección volvió a nombrar a Laviña para llevar a cabo el correspondiente informe de los mismos.  Tuvo concluido el de la iglesia de San Salvador del Valle el 26 de mayo de 1852, momento en que señaló una serie de incorrecciones que debían ser corregidas para que el proyecto pudiese aprobarse: la conveniencia de hacer el crucero igual de ancho que la nave y cubrirlo con una bóveda baída; la posibilidad de que la armadura fuese de par e hilera con tirantillos concurriendo en su encuentro cuatro lima hoyas; la utilidad de que la cubierta continuase con su caballete hasta el vuelo de las cornisas y formase un frontispicio sobre la fachada principal; la idoneidad de levantar un pórtico por ser necesario; seguir la tradición del país y no estar limitado el terreno al encontrarse la iglesia en despoblado; cambiar la ubicación del campanario a espaldas de la sacristía y la supresión de dos de las cinco gradas en el presbiterio al ser un templo de pequeñas dimensiones. El informe fue aprobado por la Academia en la Junta General del 31 de mayo de 1852, no sin antes aconsejar al autor la corrección de los defectos mencionados que eran susceptibles de modificación.

Aunque en abril de 1841 se habían aprobado los planos de Antonio de Cachavera y Langara para la iglesia parroquial del barrio de Chamberí (Madrid), esta obra pasaría nuevas censuras en años posteriores como en 1852, momento en que fue examinado por Antonio de Zabaleta, Juan Bautista Peyronnet y el propio Matías Laviña. Varios fueron los puntos en los que se centraron: los planos remitidos en esta ocasión, el estado en que se encontraba por entonces la obra y los medios que debían adoptarse para remediar los defectos que se denotaban en el templo para evitar su ruina. Respecto al primer punto, los tres arquitectos distinguieron claramente los planos de las obras que se habían construido anteriormente y que habían sido aprobados previamente por la Academia, como los que manifestaban la reforma proyectada después de ejecutarse los primeros. 

En cuanto al segundo, observaron que los cimientos estaban bien construidos con materiales heterogéneos y no habían sufrido alteraciones notables; los muros de la nave principal aunque ejecutados con materiales de distintas dimensiones y calidades tampoco habían sufrido daños denunciables hasta que no se apoyó en ellos  la bóveda, momento en que padecieron esfuerzos en diversos sentidos que provocaron su desplome y el cambio de la curvatura de la bóveda con el consiguiente rebaje de su espinazo. Por otro lado, eran perceptivas en la fachada principal algunas quiebras, no desplomes, producidas por la sustitución de un muro o pared en el pórtico antes proyectado, grietas en las paredes que unían la nave principal con las laterales, el desplome de las paredes exteriores de las naves laterales y la ruina de la doble escalera helicoidal que daba subida a la torre de la izquierda. Casi todos estos desperfectos se debían a que la obra se había llevado a cabo en diferentes épocas, había estado abandonada por espacio de varios años y se habían empleado «[...] materiales adquiridos por via de limosna, cuya calidad no era la mejor, ofreciendo ademas el inconveniente de que se no siendo exactamente de las mismas dimensiones que los que se adquirian por compra, no pudieron procurarse las mejores trabazones, sobre todo cuando la mano de obra fue ejecutada por obreros no muy expertos, que de otro modo hubieran podido remediar parte de estos defectos [...]». 

En lo que respecta el tercer punto, es decir, los medios que debían emplearse para asegurar el edificio y salvarlo de la ruina, los arquitectos aconsejaron la construcción de unos muros desde los machones de la nave central hasta los muros exteriores, embebiendo en ellos tirantes y bolsones de hierro para formar un cuerpo compacto contra el cual se destruyesen los esfuerzos parciales de sus partes constituyentes; la demolición de los tabiques provisionales que cerraban los arcos; la elevación de los muros de la nave central  a fin de cubrirla con una armadura mixta de madera y hierro que atirantase entre sí estos muros y la demolición de la bóveda de cañón existente para sustituirla por otra encamonada. También la demolición de la escalera helicoidal de la torre para sustituirla por una de madera y la demolición de las paredes que unían los muros exteriores con los de la nave principal a fin de construirlo de nuevo dándole el correspondiente grueso. Concluyeron el informe dando importancia de llevar a cabo las obras lo más pronto posible y antes de que llegasen las lluvias de otoño, pues de otra manera quizás no sería posible salvar la iglesia de su inevitable ruina. El informe pasó la censura de la Sección de Arquitectura el 19 y 22 de junio de 1852, momento en que fue aprobado en su totalidad.

Antes de acabar el año 1852 Laviña realizó como delegado de la Sección el informe de dos proyectos del arquitecto Miguel Geliner y Gelma relativos a dos casas situadas en la plaza de Agramunt (Lérida). Observó entre otras cosas poca simetría en las ventanas, algunas demasiado altas debido a que el espacio entre unas y otras era demasiado grande. El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 12 de octubre de 1852, pero a principios de 1853 realizaría otros tantos estudios de obras como el efectuado el 31 de enero junto con Antonio de Zabaleta sobre la expropiación forzosa por utilidad pública de la casa situada en los soportales de la plaza de la Constitución de Pamplona, cuyas obras estaban efectuando el arquitecto Redecilla y el maestro de obras Villanueva. El proyecto sería aprobado por la Sección de Arquitectura el 1 de febrero de 1853.

El 11 de julio de 1853 concluyó el estudio de otro expediente, en esta ocasión el referente a las obras de reparación, distribución y mejoras de la casa de misericordia de Lérida, ubicada en el ex convento de PP. Carmelitas, obra del arquitecto Lamarca. El proyecto se limitaba a continuar la parte comenzada por las M.M. Religiosas de la Caridad que, aunque humilde y sencillo respecto a los alzados, podía aprobarse, aunque no así su distribución ni presupuesto porque no se presentaban los planos ni los precios de los materiales. El informe de Laviña fue aprobado igualmente por la Sección de Arquitectura el 12 de julio y finalmente por la Academia el 7 de agosto de este mismo año.

En 1853, Antonio Sureda y Villalonga se ocupó de las obras del presidio de Ibiza, que debían ejecutarse en el ex convento de Dominicas de esa ciudad, cuyo proyecto sería igualmente censurado por Matías Laviña el 19 de agosto de 1853. El arquitecto manifiestó que el autor había sacado todo el partido posible al convento aprovechando la mayor parte de sus paredes, suelos, techumbres, patios y accesorios. Además, había enlazado sabiamente la antigua obra con la nueva y su distribución estaba bien entendida al dar a cada parte el uso que le correspondía, resultando un todo completo y homogéneo. En cuanto a la cocina, debía ser más espaciosa y apropiada al uso de los ranchos y respecto a la capilla, debía situase donde la misa fuese vista a cubierto.  Por todo lo expuesto veía en el proyecto de Sureda y Villalonga ciertos aspectos que debían ser corregidos como: «1ª Colocar la Cocina (17) en los espacios del labadero y guardarropa (20 y 22) trasladando ésta (22), donde la cocina, y el labadero (20) al medio del patio (25) donde quiza tendría mas oportuna colocacion./2ª Colocar la Capilla en un templete construido de hierro y cristales sobre la cisterna del patio porticado (24) pues desde las galerias alta y baja podría verse lá misa a cubierto de la intemperie». El informe de Laviña fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 30 de agosto y por la Academia el 4 de septiembre de 1853, no sin antes advertir al autor los errores que debía corregir para poder mejorar la obra y ser aprobada en su totalidad.

El 6 de septiembre de 1853 la Sección de Arquitectura le encomendó también el informe del proyecto de restauración para la iglesia parroquial de Espinardo (Murcia), obra del arquitecto Francisco Bolarín Gómez.  Seis días más tarde Laviña manifestó la buena capacidad del templo, su forma y distribución, aunque por otro lado veía la necesidad de suprimir las dos columnas del vestíbulo al impedir la visual y hacer menor el volumen de las pilastras contiguas a ellas. Asimismo, la conveniencia de rebajar el piso del coro y suprimir las dos columnas del presbiterio al no ser necesarias, oponerse a la economía y la limpieza, con objeto de ubicar en su lugar el púlpito al que podría darse comunicación por una de las tribunas laterales. Del mismo modo, la obligatoriedad de ensanchar los machones que debían resistir el empuje de los arcos que sostenían el piso del tejado, suprimir los pilastrones almohadillados igualando la altura de la cornisa interior y exterior, aligerar las ménsulas del alero del campanario y dar menor elevación a la cruz, abrir un par de pies por lo menos los lunetos para dar mayor vertiente al tejado y dejar incidir mejor la luz. Por último, la necesidad de que el autor realizase una memoria razonada sobre el sistema que iba a seguir en la construcción de la obra, los materiales que iban a ser empleados y los artesanos que iban a ocuparse de las operaciones de remate y decoración de la iglesia. Este informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 20 de septiembre de 1853 y finalmente por la Academia en la Junta General del domingo 10 de abril de 1859, no sin antes indicar a Bolarín la conveniencia de llevar a cabo las modificaciones señaladas.

El 24 de septiembre Laviña elaboró el informe correspondiente al proyecto de teatro para la ciudad de Palma, obra de Suredea y Villalonga, en el que observó varios defectos: la insuficiencia en el grueso de algunas paredes para sostener el peso y empuje de las armaduras del tejado, la falta de comunes para los actores y operarios de la escena, así como la posibilidad de establecer otro común junto a la escalera. También encontró mal arregladas la distribución y el espaciado de las cajas de los bastidores, demasiado pequeños los cuartos de los actores, poca esbeltez en las pilatras de la fachada, falta de igualdad en las luces de los balcones laterales respecto a los centrales, la ausencia de una sección transversal que diese a conocer mejor las armaduras y los apeos, como ser escasa una sóla armadura  para el tejado. Dicho informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 27 de septiembre y examinado por la Academia en la Junta General del 2 de octubre de 1853.

Al informe anterior le siguió el relativo al proyecto de oficinas provinciales para la capital de Navarra suscrito por Anselmo Vicuña, obra que Laviña encontró dotada de todas las oficinas y exigencias que requerían este tipo de edificios como arreglada a los buenos principios. Aunque era mucha  la cantidad de sillería que aparecía designada en el presupuesto y grande la extensión que ocupaba el fabricado, creía que podía aprobarse el proyecto aún no contando con todos los datos suficientes para poder juzgarlo con acierto. El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 27 de septiembre de este mismo año, pero a finales de este mes le veremos ocupado en la elaboración de otro informe. En esta ocasión se trataba de las obras que debían ejecutarse en el templo parroquial de Villaquirán de la Puebla (Burgos), las cuales consistían en erigir un campanario en sustitución del derruido y dar mayor espaciosidad al cuerpo de la iglesia. A su entender, el autor daba una extensión extrema al campanario comparado con el cuerpo de la iglesia,  el ensanche no conservaba el carácter y unidad entre lo antiguo y adicionado, y lejos de disminuir el presupuesto lo había aumentado, de ahí que propusiese «[...] aumentar la nave de la iglesia hasta formar un cuadrado igual á su anchura, intermediando su altura con un suelo sobre el cual se establezca el coro, y elevar el campanario sobre la escalera proyectada, la que ocupando un cuadrado de 14 pies por lado dá lugar suficiente para colocar hasta 4 campanas y su escalera daría ademas entrada al mencionado coro. [...] con la propuesta idea de economía, debe tenerse presente que si bien se aumenta el coste por el mayor ensanche de la parte baja del campanario tambien la parte superior de este ocupa una mitad menos de superficie fundandole sobre la escalera y por consiguiente economiza una mitad de materiales y de tiempo por su menor decoracion [...]». La Sección de Arquitectura aprobó el informe de Laviña el 18 de octubre y la Academia lo hizo en la Junta General del 1 de noviembre de 1853.

Sin embargo, antes de acabar el año estudiaría el informe correspondiente al proyecto de una cárcel para Ciudad Real firmado por el arquitecto Soria, sobre el cual expuso una serie de observaciones. En su opinión, la cubierta del tejado era contradictoria con la armadura detallada al tener distinta elevación y no apoyar el caballete en la pared del centro; el número de los calabozos podía ser mayor, a sus paredes divisorias se les podían otorgar mayor espesor y a tres de los cuatro calabozos ofrecer mayor luz por los pasillos para evitar el olor de los comunes. En cuanto a la sección, aconsejaba que de colocarse la capilla en el crucero de los tres salones proporcionaría más auditorio y mucho más si llegase al piso superior. La Sección de Arquitectura reunida el 17 de noviembre de 1853 aprobó este informe, no sin antes advertir el hecho de que la diferenciación de alturas de la armadura provenía de una equivocación reconocida por Laviña.

El 3 de enero de 1854 fue nombrado por la Sección junto con Herrera de la Calle para desarrollar el informe relativo al revoco de las casas números 4 y 6 de la calle del Bonetillo (Madrid), proyecto remitido a la Academia por el alcalde corregidor. Los informes emitidos por los arquitectos de la villa y los dueños de las casas manifestaban que tras revocarse las fachadas no se había terminado con los obstáculos que producían las humedades, hecho por el que los primeros habían propuesto apartar  las bajadas de los comunes de las fachadas y hacer los asientos de tabloncillos en forma cóncava forrándolos con chapa de plomo, e introducir un reborde contra las paredes de la casa  en vista de que su traslado era imposible por la estrechez del sitio, la distribución de la casa y los gastos que ocasionaría.

Cuando los arquitectos nombrados por los dueños de las casas reconocieron las obras se percataron de que nada se había hecho sobre las bajadas, los tabloncillos ni las cubiertas de plomo, de ahí que tuviera que intervenir la Academia para resolver el problema. Viendo Laviña y Herrera «que ni lo propuesto por los Arquitectos de Villa evitarían el daño, por el mal uso que se hace de estos comunes á causa de su lobreguéz y falta de ventilacion,,/ Que las fincas van venciendo el ultimo plazo de su existencia,,/ Que las humedades no son tan defectuosas ni visibles como las de otras casas inmediatas,, y,,/Que no conveniendose los dueños de que lo propuesto por los Arquitectos de la Villa daría mas vida á sus casas», acordaron que lo más conveniente era dar un plazo de tiempo para que se llevasen a cabo las obras propuestas, fuesen multados quienes por su demora se hubiesen hecho acreedores y estimularles para que rehiciesen las casas en cuestión por ser la única vía para colocar los comunes como era debido.  El informe de ambos arquitectos fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 10 de enero de 1854.

Nueve días más tarde llevó a cabo el informe sobre el proyecto de capilla para el Cementerio de San Fernando (Sevilla), remitido a censura de la Academia el 28 de diciembre de 1853 a través del Ministerio de la Gobernación. Una vez examinado con detenimiento lo encontró razonado y bien ejecutado, aunque debían introducirse algunas modificaciones respecto a la planta, la sección y decoración, como espaciar las columnas con igualdad y que el intercolumnio del centro difiriese menos. Del mismo modo, proporcionar el cornisamento debido porque era extremadamente grande, rebajar el peralte de los frontispicios, trasladar la espadaña a la parte posterior, disminuir a la mitad su grueso y aligerar la cornisa del atrio. También hacer las ventanas concéntricas con los arcos interiores y más delgadas las paredes que abrazaban dichos arcos, mejorar las proporciones de los órdenes, dar mejor forma a la cruz de los frontones, introducir bocatejas en los ángulos de los frontones y decorar el interior con molduras corridas y labradas. Por último, suprimir el cono que cargaba sobre la cúpula, ya que no se iluminaba la capilla con un ojo en la cúpula, y sustituir este adorno con alguna piña, cartel u otra decoración de gusto. El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 19 de enero de 1854, pero no sería el último informe que desarrollaría Laviña.

A finales de 1854 realizaría junto con José Jesús Lallave el correspondiente a las alineaciones de las calles que concurrían en el Paseo de Recoletos y las nuevas que debían proyectarse.  Los arquitectos aprobaron las correspondientes a la parte izquierda del Paseo por la economía que los desmontes de la pendiente del terreno exigían, como la idea del síndico del ayuntamiento de avanzar la línea de la derecha hasta la fachada de las fábricas de fundición, incluso no veían inconveniente en que se avanzase hasta quedar fijados con el ángulo más saliente del posito por un extremo y la verja de la Veterinaria por otro, siempre que se conservase el paralelismo en todo el Paseo. Estaban de acuerdo con las alineaciones de las calles transversales y longitudinales, aunque no así con variar la que enfilaba con la de Veterinaria, por las indemnizaciones que acarrearía y el aspecto desagradable e irregular que el quebranto de los ejes de ambas calles provocaría. El informe de los arquitectos fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 14 de noviembre de 1854.

Antes de finalizar el año 1854 Narciso Pascual y Colomer remitió a informe de la Academia los planos de la Universidad de Zaragoza, para cuyo examen la Sección de Arquitectura nombró de nuevo como delegados a Laviña y Lallave. En el informe que realizaron los arquitectos del proyecto el 27 de noviembre manifestaron su buena ejecución, por lo que los planos serían aprobados por la Sección de Arquitectura el 5 de diciembre de 1854.

Junto con Lallave sería asimismo nombrado delegado de la Sección de Arquitectura a principios de 1855 para examinar el borrador que el arquitecto Francisco Morell y Gómez había sometido a la censura de la Academia a fin de erigir un monumento a la memoria de Trino Quijano en la ciudad de Alicante. Ambos apreciaron: «1º La impropiedad de caracterizar estos monumentos con el obelisco, bien distinto del significado de pirámide./ 2º La forma pesada y desproporcionada del sarcófago q^e le sirve de base./ 3º La ridiculez de la peana, monótona repeticion de los dados y ormas, todo pesado y de mal gusto./ 4º Yncorreccion de la cerca ó barandilla, q^e aunque de mal acertada combinacion, no guarda relacion con el monumento». Del mismo modo, aconsejaron al autor que rechazase el empleo de mármoles en el exterior al ser una construcción anti monumental, desterrase el obelisco, aprovechase la cripta para panteón en donde podría usar mármoles pulimentados como revestimiento y pusiese atención en los monumentos griegos y romanos como los publicados en Italia y Francia, porque de ellos podría elegir mejores formas para su monumento. El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 16 de enero de 1855.

Los mismos arquitectos serían nombrados al mes siguiente para examinar uno de los proyectos de renovación interna más importantes y necesarios de la capital: el proyecto de reforma de la Puerta del Sol, que había comenzado en 1852 y no finalizaría hasta 1862, llevándose a cabo la propuesta de Lucio del Valle, Juan Rivera y José Morer en 1857.

Su renovación fue complicada porque llevaba intrínseca la expropiación de multitud de solares, para lo que fue necesaria la promulgación de la Real Orden de 19 de septiembre de 1954. Gracias a ella se sometió a examen del Ayuntamiento de Madrid el proyecto de Ensanche de la Puerta del Sol para la regularidad y embellecimiento de la capital, así como por el interés de los propietarios, pero para ello era necesaria la opinión de la Academia Nacional de San Fernando teniendo presentes los planos de la proyectada reforma. El lugar, además de encontrarse como resultado del derribo del Buen Suceso y la casa de beneficencia, necesitaba de una regularización urgente por el «repugnante aspecto» que presentaba respecto al ornato público, pues constituía el sitio más céntrico y concurrido de la ciudad.

El 17 de octubre de 1854 se entregó la comunicación original que la suprimida Junta Consultiva de Policía Urbana había elevado al gobierno el 19 de octubre de 1853 junto con el proyecto de ensanche de la plaza formado por el plano, la decoración de las nuevas fachadas y el coste que podría suponer la realización del mismo, pero toda esta documentación era susceptible de ser ampliada con las alineaciones aprobadas para las calles de Alcalá, Arenal, Carretas, Mayor y demás.

La Sección de Arquitectura reunida el 27 de octubre de 1854, formada por París, Conde y González, Sanz, Herrera de la Calle, Zabaleta, Peyronnet y Laviña sometieron de nuevo a examen el proyecto del ensanche, alineación y ornato de la Puerta del Sol. Estudiado con detenimiento, la sección comunicó al Ayuntamiento que le era imposible dar su opinión al respecto debido a la escasez de datos remitidos, ya que además faltaba uno sumamente importante: el estudio detallado de los desniveles y rasantes, aspecto del que no había podido ocuparse la comisión encargada de la obra debido a la premura con que se había exigido la presentación del proyecto. Además, la Academia necesitaba conocer si el proyecto se encontraba en armonía con el pensamiento general de mejoras y reformas en el sistema de alineación de Madrid y tener a la vista las acordadas para todas las calles que desembocaban en la plaza. Por todo ello, comunicó al ayuntamiento no poder dar en este momento un dictamen favorable a lo presentado y la necesidad de que se ocupase de concluir el plano futuro de Madrid, dictamen de la Sección de Arquitectura que había sido aprobado por la Academia en la Junta General celebrada el 5 de noviembre de 1854.

En vista de los resultados obtenidos, el ayuntamiento dispuso que sus arquitectos se pusieran a trabajar para recopilar la información que le había solicitado la Academia. El 17 de febrero de 1855 se recopilaron los datos suficientes, se ejecutaron los perfiles que se representaban en el plano, las anotaciones de cada perfil y las acotaciones que expresaban los desniveles en los puntos principales, como también los diseños de las 10 calles que desembocaban en la plaza. Todo ello fue remitido a la Academia a la mayor brevedad, pero recibido el expediente el 19 de febrero a las 12 de la mañana y reunida la Sección de Arquitectura a las 5 de la tarde de ese mismo día, continuándola el 20 a las 8 de la mañana, se echó de menos tener a la vista la comunicación del ayuntamiento con todos los antecedentes de la obra.

Los arquitectos Matías Laviña y José Jesús Lallave fueron nombrados por la Sección de Arquitectura para examinar la reforma de la Puerta del Sol. Tras reconocer el lugar y estudiar el proyecto durante 12 largas horas tuvieron concluido el informe el 20 de febrero de 1855 llegando a las siguientes conclusiones: «1º la Conveniencia del proyecto; si bien llama la atencion pr haberles impresionado vivamente, sobre los 130 r^s p^r pie y 3 p^r % de indemnizacion. 2º Encontrar el proyecto aceptable y estudiado bentajosamt^e, de una manera poco variable con escaso tiempo y medios. 3º Encontrarlo asi mismo realizable siempre que, atendiendo á ser una reforma y no un proyecto nuevo, el plano de asiento de la nueba plaza no sea un solo y mismo plano, sino una superficie compuesta de varias estudiadas con las intervenciones de diferentes planos de manera q^e estas ni impidan en lo mas minimo el transito y servicio público de todo genero, antes sea mas asequible q^e al presente».

El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 22 de febrero de 1855 y seis días más tarde Peyronnet llevó a cabo la redacción del mismo poniendo de manifiesto que se trataba de un proyecto que había exigido repetidas juntas y discusiones para poder conciliar los intereses del Ayuntamiento con los de los propietarios; que la población de Madrid necesitaba muchas reformas, pero una de las más importantes era ésta al ser lamentable y desdecir el aspecto de este espacio urbanístico tan reconocido en la Península y en el extranjero por su posición central, el número de calles que desembocaban en él y la multitud de carruajes y personas que transitaban por sus avenidas. Por otro lado, señalaba la necesidad de corregir la desigualdad de los frentes y la asimetría de las manzanas, estudiarlo desde el punto de vista artístico atendiendo a su disposición en planta y la ornamentación de sus alzados sin olvidar el cálculo del coste que tendría, motivos por los que creía conveniente la ejecución del proyecto, máxime cuando la obra había sido declarada de utilidad pública.

En nombre de la Sección de Arquitectura, Peyronnet comunicó la aprobación del ensanche proyectado, base del proyecto presentado, al estar sus alzados bien entendidos y seccionados, sin embargo, consideraba que hubiera sido más conveniente haber organizado un concurso público para tal ocasión a fin de haber elegido entre varios proyectos el mejor, ya que era un medio para estimular el genio artístico y obtener el mejor resultado en obras de tanta importancia. En cuanto a la cuestión económica, asunto que sólo pertenecía al ayuntamiento, la se consideró oportuno señalar algunas indicaciones sobre todo en cuanto al tipo de indemnizaciones que debían pagarse.

La Sección de Arquitectura volvió a reunirse el 24 de febrero de 1855 para examinar la reforma de este espacio urbanísticos. Examinó el proyecto presentado susceptible de modificación desde dos puntos de vista: el artístico y económico, este último limitado tan sólo a la parte de la tasación facultativa para la expropiación. En cuanto al aspecto artístico, aprobó en su totalidad la planta y los alzados, aunque creyó oportuno haber abierto un concurso público ante la relevante obra de la que se trataba. Respecto al coste del proyecto vio poco exacto el tanteo realizado por la Junta, por cuanto que se había señalado como tipo para la indemnización la cantidad de 132 reales por pie superficial incluyendo las construcciones, cuando las casas tenían un valor absoluto y otros relativos, pues en cada finca las construcciones tenían gran variedad de valores en función de la calidad y el estado de las mismas.

Debido a que el informe anterior había calificado el proyecto de bueno y aceptable, pero podía ser susceptible de mejoras, la Junta de la Sección de Arquitectura reunida el 7 de marzo de 1855 aprobó la planta y la alineación de los nuevos edificios, aunque no así los alzados. Por este motivo se acordó la realización de un nuevo pensamiento de decoración de las fachadas, a cuyo fin era necesaria la convocatoria de un concurso tomando como base la planta aprobada y limitándose sólo a los alzados, o en su defecto que el ayuntamiento encargase su estudio a los arquitectos de la Villa para que después se escogiese el que mejor reuniese los requisitos exigidos.

Cumpliendo con este dictamen, el 20 de septiembre de 1855 fueron remitidos a la corporación académica 5 proyectos y 6 proporciones para el ensanche de la Puerta del Sol a fin de elegir el que más conviniese a su objeto. El primero era del conde de Hamal y D. E. Mamby, cuyos planos estaban firmados por los arquitectos Pedro Tomé, Juan de Madrazo y Aureliano Varona; el 2º pertenecía a José Antonio Font y lo estaban  por el arquitecto José Acebo; el 3º era de Juan Salas y Sivilla y fue remitido sin dibujo alguno; el 4º al marqués de Aserreta y  sólo contenía un dibujo sin autoría; el 5º a Pascual Hidalgo y Compañía y estaba formado por un dibujo sin firma, y por último el 6º respondía a Carlos del Bosch y Romaña y se componía de un dibujo firmado por el propio arquitecto.

Los planos quedaron en la sala de la Academia para que fuesen vistos por sus miembros y después pasasen la censura de una comisión formada por tres individuos de su seno.  Como miembros de esa comisión fueron elegidos por votación secreta en la Junta de la Sección de Arquitectura del 24 de septiembre, Antonio de Zabaleta, José París y Antonio Herrera de la Calle, quedando como suplente Eugenio de la Cámara, pero tras la renuncia por ausencia de Zabaleta al cargo, Eugenio de la Cámara ocuparía su lugar. Todos ellos debían emitir un informe sobre los proyectos pero también acerca de  la exposición dirigida a la Academia por Modesto Gozálbez en su nombre y en el de sus hermanos Gonzalo y Francisco como propietarios de la casa nº 7 moderno y 3 antiguo en la expresada Puerta del Sol, a fin de que se tomase en consideración los perjuicios que les ocasionaría de aprobarse el proyecto del conde de Hamal y Mamby por el referido ensanche si en el futuro eran despojados de su propiedad.

El dictamen adoptado por la mayoría de los miembros académicos en la Junta General del 6 de octubre de 1855  fue el siguiente: no tomar en consideración los proyectos cuyos planos no fuesen firmados por un arquitecto, de lo que se deducía que quedaban fuera los de Juan Sala y Sivilla, el marqués de Asarreta y Eugenio Pascual Hidalgo, limitándose el examen de la Academia los proyectos del conde de Hamal y Mamby, José Antonio Font y el arquitecto Carlos del Bosch y Romaña por reunir todos los requisitos legales.

Tres fueron los puntos principales que se examinaron en los proyectos: la figura de la planta, la decoración de los alzados y el espacio franco resultante para el público. Respecto a las plantas, se halló con mayor regularidad y simetría el proyecto de Hamal y Mamby, pero mayor amplitud en el de Font, sin embargo, no dejaban ambos de necesitar alguna ratificación. En cuanto a las fachadas, encontraron desafortunados los arcos que algunos arquitectos habían levantado en la entrada de las calles del Carmen y Preciados al ser inútiles y quitar las vistas, las luces y el desahogo de las casas, por lo que fueron aprobadas las fachadas de Hamal y Mamby  que habían sido firmadas por los arquitecto Aureliano Varona y Juan de Madrazo, prefiriendo la Sección de Arquitectura la de este último siempre que la severidad de la ornamentación fuese completada en su ejecución. Por último, respecto al espacio reservado para uso público, la corporación entendió que el proyecto del conde de Hamal y Mamby era el que más se acercaba al objetivo a seguir por llevar hasta 157 pies la seguridad transitable.

Todos los estudios veían el proyecto de Hamal y Mamby el que mejor satisfacía las necesidades y las condiciones requeridas, tanto en planta como en alzados; que debía darse a la plaza 570 pies en su lado mayor y 158 pies en su lado menor según se había marcado con tinta encarnada en el plano de los señores antes citados, aunque la Sección de Arquitectura fue muy parca a la hora de tratar las condiciones económicas al ser ajenas a la índole de la Academia.

El 11 de abril de 1857 se dieron las condiciones higiénicas a las que debían sujetarse en su construcción los nuevos edificios de la Puerta del Sol: la alineación de los edificios sujeta a la traza señalada en los planos aprobados por el Gobierno de S.M.; la decoración exterior sujeta a la aprobación de la Academia y la obligatoriedad de los constructores de presentar al Gobierno la forma y el modo de las plantas y secciones de los edificios; la altura total, el nº de pisos y sus alturas respectivas relacionadas con el ancho y la situación de las calles; hacer posible que en los proyectos de decoración las líneas horizontales de cada fachada corriesen en lo posible como continuación de las fachadas laterales; tener presente la proximidad del Canal de Isabel II en las nuevas edificaciones y la distribución de sus aguas en el interior de la población; la ejecución de los cimientos de las nuevas construcciones a la profundidad conveniente y sobre suelo firme con mampostería ordinaria o ladrillo recocho con mezcla de cal de Valdemorillo o en su defecto, cales grasas combinadas con polvo de teja o ladrillo; la cubrición de los sótanos con bóvedas de ladrillo a rosca dejando lumbreras necesarias para la iluminación y ventilación;  el empleo de la sillería en las fachadas exteriores prevenida por la Ordenanza y en las interiores o de patios un zócalo de 0,56 m (2 pies); la construcción de las medianerías con ladrillo, nunca con madera; los muros de fachadas exclusivamente de fábrica, pudiendo ser sustituidos en algunos casos por pies derechos u otras construcciones de hierro laminado, forjado o fundido, pero de ningún modo con madera excepto en los sotobancos; la posibilidad de ejecutar los tabicones de carga o de crujía con entramados de madera, los pisos o entramados horizontales de viguería espaciadas y con los marcos que exigían los anchos de crujía. Sobre este asunto se especificaba el buen resultado que el hierro estaba otorgando a los pisos en el extranjero y que entonces se estaba introduciendo en España, por lo que se mencionaba su conveniente uso generalizado en sustitución de la madera como normalmente estaba ocurriendo en nuestro país.

Respecto a las armaduras, debían construirse con la solidez que exigían las distribuciones, cubriéndolas con teja a la romana cogidas con mezcla en sus boquillas, limas y caballetes; de plomo o zinc los canales para recoger las aguas de lluvia, las cuales se dirigirían por los tubos de bajada, éstos de los mismos metales en toda su longitud en los patios y hasta la altura de 3 m por lo menos del piso de las calles en las fachadas exteriores, desde donde descenderían empotrados en el muro siendo de hierro fundido. Asimismo, el piso de la planta baja debía quedar elevado cuanto menos 0,50 m sobre el de la acera contigua al edificio.

En cuanto a la superficie de cada solar se destinaba 1/6 parte para patios de iluminación y ventilación, pudiéndose disminuir a ¼ parte cuando se estableciesen patios comunes a dos o más casas. Asimismo, se reglamentaba el volumen de los dormitorios (12 m³), las escaleras, los retretes y comunes, estos últimos inodoros conocidos con el nombre de bombillos y con bajadas de hierro fundido, mientras que el servicio de aguas comunes debía disponerse con arreglo al sistema aprobado y publicado por el Concejo de Administración del Canal de Isabel II.

La Junta de la Sección de Arquitectura celebrada el 23 de abril de 1857 examinó y aprobó el proyecto de decoración arquitectónica para la Puerta del Sol formado por el ingeniero de caminos Carlos María de Castro. La aprobación fue unánime a excepción del marqués del Socorro, que manifestó no estar conforme en poner como centro de las alineaciones el edificio ocupado por el Ministerio de la Gobernación. El 1 de mayo de ese mismo año la comisión académica nombrada para informar sobre esta obra emitió el correspondiente informe, reseñando que el proyecto debía ser asequible y realizable sin que exigiera sacrificios superiores a los que eran posibles hacer, no siendo viable hacer la reforma completa de la barriada inmediata a la Puerta del Sol debido a que la topografía del terreno obligaba a realizar numerosas y costosísimas expropiaciones. Esto significaba que la reforma debía ceñirse a ensanchar y mejorar la Puerta del Sol sin tomar de sus accesorias nada más que la zona puramente precisa para regularizar las embocaduras de las calles; no obstante, otros puntos aprobados fueron:

• 2º) El antiguo edificio de la Casa Correos, ahora Ministerio de la Gobernación, se tomase como centro y base de la reforma por la importancia de su destino, solidez, buen aspecto y grandes dimensiones.
• 3º) La necesidad de variar la dirección de la calle de Preciados, desde el punto de su confluencia con la de las Zarza, sacándola perpendicularmente a la fachada del ministerio en su centro.
• 4º) No encontrar inconveniente en cerrar la calle del Carmen con un arco al proporcionar regularidad en la extensión de las fachadas y disimular la divergencia de las direcciones de las calles, aunque por otro lado tuviese inconvenientes para la salubridad y la ventilación.
• 5º) La curvatura adoptada por la Junta Consultiva de Policía Urbana en su proyecto que sería aceptada posteriormente, se encontró muy conveniente al salvar con las menos expropiaciones posibles la dificultad de divergencia de las calles de Montera, Preciados y del Carmen evitando los ángulos agudos.
• 6º) La necesidad de tener en cuenta el encarecimiento y los notables desniveles que presentaban las calles afluentes respecto al centro de la plaza y singularmente la de Montera. También que ninguna de las plantas que se habían analizado llenaba todos los deseos y que la remitida juntamente con el proyecto de fachada de Castro era una de las que más se separaba de las condiciones que la comisión deseaba tuviera la Puerta del Sol.  Por este motivo, la comisión formuló un pensamiento en planta ejecutado con elementos de varias ideas presentadas tomando por centro la Casa de Correos, dando mayor extensión a la línea de Oriente a Poniente. En cuanto a la decoración de las fachadas la comisión fue de la opinión que al no constituir la Puerta del Sol una plaza cerrada sino lo que en Italia se denominaba un «largo», es decir, un sitio donde la principal carrera o avenida de la población recibe un ensanchamiento para dar entrada a otras tantas calles principales, no era conveniente adoptar un sistema uniforme de decoración al producir monotonía y ser difícil el poderla acomodar bien a la distribución de los solares y la disposición de las medianerías.
• 7º) En cuanto a la elección del material, la utilización de piedra era muy costosa para los propietarios lo mismo que el empleo del hierro fundido o laminado, pero si se empleaban otros más económicos como las yeserías, barros cocidos o las composiciones hechas con cales hidráulicas la construcción tendría poca duración.
• 8º) Se debía dejar a los propietarios la libertad de adoptar el estilo de ornamentación que más les conviniese, siempre que perteneciese a alguna buena época del arte y presentasen los planos a la aprobación de la Academia, siendo fijadas las alturas total y parcial de las fachadas y sus pisos en relación con el ancho de la calle.

En estos momentos también se censuró el proyecto de ornamentación elaborado por Castro, el cual se encontró carente de unidad y distribución en sus adornos, ya que unas partes estaban recargadísimas y otras eran muy sencillas a base de ornamentaciones pobres y mezquinas. Se observó que no existía correspondencia entre la planta y las fachadas, lo mismo que entre los arcos de las puertas de las tiendas y el resto del conjunto, los vanos y las alturas. Por último, respecto al pliego de condiciones facultativas e higiénicas, la Academia estaba de acuerdo en que la utilización del hierro en los suelos era conveniente pero aún no factible en España debido a que existían excelentes maderas de buena calidad a un módico precio y la industria de la fabricación del hierro estaba poco desarrollada en nuestro país. En cuanto al empleo del cinc para las bajadas de las aguas pluviales, no lo creía conveniente por su poca durabilidad y resistencia a las influencias atmosféricas. Tampoco estaba de acuerdo con algunos puntos tocantes a la escalera, como la exclusión absoluta de las espirales o señalar como tipo mínimo para el ancho de los tramos 1,50 m cuando en muchas ocasiones bastaba con 1 m. Este dictamen de la Sección de Arquitectura sería aprobado por la Academia en la Junta General del 3 de mayo de 1857.

A los pocos días, la Sección de Arquitectura celebrada el 8 de mayo de 1857 censuró y aprobó la concesión de licencia a Manuel de Santayana, con objeto de edificar la casa situada en la Carrera de San Jerónimo, nº 2, Puerta del Sol números 1 y 3, conforme a los planos aprobados por el Gobierno de S.M. para la reforma de la Puerta del Sol, dictamen que sería aprobado por la Academia en la Junta General del 7 de junio de 1857. Veinte días más tarde se censuraría el expediente sobre las condiciones higiénicas y la distribución de las casas números  5, 7, 9 y 11 de la Puerta del Sol esquina a la calle de Carretas, nº 1, cuyos planos encontró la Sección de Arquitectura perfectamente entendidos y arreglados el 28 de mayo, tanto en su distribución como en su decoración; sin embargo, la casa nº 11 esquina a la de Carretas propiedad de Maltrana debía disponerse llegando el gabinete de la esquina hasta la fachada de la calle Carretas suprimiendo el tabique divisorio de  la pieza sin nombre y la alcoba de en medio debía recibir la amplitud procedente de la supresión del pasillo de al lado que debía desaparecer.

La Sección de Arquitectura se volvió a reunir en sucesivas ocasiones para tratar las obras de la Puerta del Sol. Lo hizo los días 10 y 18 de junio y 5 julio de 1857, momento en que atendiendo a la necesidad que tenía el director facultativo de las obras en realizar copias de los planos de los solares de Madrid contenidos en los libros que poseía la Academia para tomar los datos necesarios para llevar a cabo la medición de dichos solares y la tasación de las fincas que debían expropiarse, la corporación académica acordó poner a disposición de este funcionario y de su ayudante, el arquitecto Antonio Ruiz de Salces, los citados libros que se encontraban custodiados en el Archivo de la Institución.

El 18 de julio se remitieron a informe los planos de los solares de las casas que debían construirse y el 29 de julio fueron examinados por la Sección de Arquitectura y la Academia el pliego de condiciones generales y facultativas, particulares y económicas para la subasta del derribo de las casas de la Puerta del Sol. Lógicamente, sólo podían intervenir en esta fase grandes capitalistas, lo que significaba que se privaba a los pequeños a tomar parte en la subasta, ya que los plazos en los que se debían hacer los cobros eran muy cortos y perentorios.

Antes de acabar el mes, la Sección de Arquitectura reunida el 31 de julio fue del parecer que, aunque no tenía nada más que informar  sobre esta obra porque la figura y dimensiones de la nueva Puerta del Sol ya estaban establecidas como la dirección y el ancho de las calles afluentes a la misma, incluso las alineaciones a las que debían sujetarse en lo sucesivo las casas contiguas a las expropiadas por la Administración, podían hacerse algunas modificaciones  en las líneas que marcaban su perímetro. Entre estas modificaciones se encontraba la colocación de algún recuerdo histórico, fuente, arco u otra construcción decorativa que diese un aspecto más monumental a su espacio y que corrigiese la excesiva longitud de la plaza respecto a su ancho.  En cuanto a las rasantes, la alineación de las fachadas y las condiciones higiénicas, la Academia estaba conforme en todo con lo presentado, incluso con la decoración adoptada en sus fachadas porque aunque ésta no podía calificarse de esencialmente artística ni monumental era apropiada a las casas de alquiler que eran su objeto.

Por orden del ministro de la Gobernación se le encargó al arquitecto Juan Bautista Peyronnet la realización de una serie de adiciones al mismo proyecto de reforma, cuyos honorarios correspondientes a los planos, memoria y demás trabajos serían aprobados en la Junta General del domingo 7 de noviembre de 1858. A finales de año fue remitido a censura el proyecto y el plano de reforma para el embellecimiento de la plaza firmados por el arquitecto Juan Rom. Fue examinado por la Sección de Arquitectura el 14 de diciembre de 1858, junta en la que se observó como la obra se reducía a variar la dirección de las calles de Preciados y del Carmen desde el punto que lo permitían las expropiaciones practicadas sacándolas perpendicularmente a la fachada que miraba al Mediodía y como suprimiendo la calle de la Zarza conservaba intactas las líneas generales de la planta aprobada por las Cortes. Aunque con ello se conseguía una forma más regular de los solares enajenables aumentando su extensión, el proyecto de Rom sería desechado por varios motivos: primero, porque cambiaba la dirección de algunas calles y no lograba ninguna euritmia en la distribución de las masas y la correspondencia de las bocacalles; segundo, porque no era acertada la supresión de la calle de la Zarza y tercero, porque disminuía el desarrollo de las líneas de fachada reduciendo el número de tiendas y locales para el comercio, por consiguiente reducía el precio de los solares en la subasta y destruía en parte el objeto comercial de la plaza. A todo ello, cabría añadir la imposibilidad de realizar por ahora un proyecto de reforma mientras que no se formase una nueva ley, en cuyo caso se anunciaría un concurso público al que pudieran presentarse todos los profesores de arquitectura.

En vista de lo expuesto, la Sección de Arquitectura no pudo considerar el pensamiento de Rom «[...] como una de esas modificaciones que mas ó menos oportunas, se ocurren facilmente al que examina un proyecto formado y estudiado por otra persona, y entiende que comparado con el que se está preparando para su ejecucion, reconocido generalmente como poco adecuado basta por el mismo Consejo de Admon en su informe no desmerece nada, pues los inconvenientes que presenta estan quiza compensados con otras ventajas, como con algunas mayor regularidad en los angulos y en la forma de los solares, la apertura de la calle del Carmen y el aumento de terrenos enagenables; pero no cree que en el estado á que han llegado las cosas sean estas ventajas de tal magnitud que por ellas solas deba intentarse la derogacion de la Ley vigente y formacion de otra nueva».

El 18 de junio de 1859 la Junta formada por Eugenio de la Cámara, José Jesús Lallave, Morán y Narciso Pascual y Colomer bajo la presidencia de Aníbal Álvarez en calidad de académico más antiguo, se reunió para proceder al nombramiento del presidente y secretario de la Comisión, cargos que recayeron respectivamente en Aníbal Álvarez y Pascual y Colomer. En estos momentos S.M. encargó a la Academia el estudio y la propuesta de las modificaciones que tuvieran que llevarse a cabo en la planta ya aprobada de la Puerta del Sol, motivo por el que era necesario contar con dos hábiles delineantes y tener a la vista todos los datos geométricos y topográficos del terreno, el estudio de los niveles, las rasantes y demás para el mejor desempeño de su cometido.

El 22 de junio el Consejo acordó remitir a la Academia todos los estudios que la corporación había solicitado, entre ellos el plano topográfico de la citada reforma hecho con arreglo a la Ley de 28 de junio de 1857 y reales órdenes posteriores con la aprobación de las modificaciones del trazado de la calle de la Zarza y las rasantes de las calles afluentes a la plaza. Pero ese mismo día la Sección de Arquitectura se volvió a reunir excusando su asistencia Juan Bautista Peyronnet. Se procedió al examen de los diferentes proyectos remitidos por el Gobierno y tras haberlos estudiados se halló más aceptable el propuesto por la Junta Consultiva de Policía Urbana, no sin antes manifestar los defectos advertidos en el trazado aprobado por la citada ley de 1857.

Debido a la premura con que se exigía la resolución del asunto la Academia acordó realizar un croquis de la reforma a modo de anteproyecto junto con un informe que expresase las razones que le habían motivado el llevarlo a cabo. El trazado propuesto por la Academia tenía «la inmensa ventaja de ser mas sencillo, de aprovechar mas en beneficio del arte y de la conveniencia publica el inmenso derribo practicado; toma por base la fachada del Ministerio de la Gobernacion, reduce la longitud de la plaza á 544 pies la ensancha hasta 273, es decir, 100 pies mas que la actual trazada, produce con estas dimensiones una razonada proporcion en su area y dirigiendo el eje de la calle de preciados al medio de la fachada del ministerio permite dar tan oportuna direccion á las demas calles afluentes que se produce una simetrica correspondencia entre estas y las manzanas de casas determinando lineas de fachada mucho mayores que las actuales, particularmente en las tres que hacen frente al Ministerio, lo cual producirá masas de edificacion de un carácter mas monumental y mas digno del pensamiento que ha debido conducir a esta reforma. Esta importante variación no exije ni mas expropiacion ni mas gasto al presentado y solo toma de la actual superficie vendible la insignificante cantidad de 4500 pies propiamente, cantidad q^e no duda la Comision sera algo menor al hacer el estudio definitivo [...]». Otra de las reformas que se vio factible, no como parte integrante del proyecto sino de utilidad y para poder ser ejecutada paulatinamente, fue la apertura de una calle que iniciada en la Puerta del Sol condujese a la plaza de las Descalzas y proporcionase una salida a la calle Peligros.

La memoria descriptiva del proyecto del Ensanche y sus calles afluentes propuesta por la Dirección Facultativa de las mismas obras como modificación del proyecto aprobado por la Ley de 28 de junio de 1857 fue concluida el 9 de julio de 1859. En ella quedaron reseñadas las condiciones principales que se habían procurado satisfacer en el proyecto, habiéndose tomado como principios: que la reforma y el ensanche debían satisfacer y subordinarse para facilitar el tránsito tanto de carruajes y caballerías como de la gente de a pié mejorando los medios de comunicación entre las calles principales de la población que vertían y se cruzaban en la plaza; que la reforma debía sujetarse estrictamente a la expropiación verificada hasta ese momento y satisfacer la simetría y ornato de las fachadas que daban a la plaza regularizando sus avenidas, y por último, que debía aprovecharse al máximo el suelo expropiado.

Tras indicarse los principios de la reforma, la memoria se centró en la explicación del proyecto. Reseñaba la elección del centro, su forma y ejes, además de la necesidad de suprimir los callejones de la Tahona, las Descalzas y Preciados como vías públicas, aunque conservando sus entradas por las servidumbres que prestaban y los servicios que presentaban a las casas contiguas.  Incidía en la necesidad de ejecutar chaflanes en la intersección de las calles del Carmen, Zarza y Negros, como la ejecución del proyecto y una comparativa de las áreas que habían quedado disponibles para la edificación a fin de señalar las ventajas que tenía este nuevo proyecto respecto al desarrollado por la Academia y aprobado por la ley. Dichas áreas eran la siguientes:

• Área correspondiente a la edificación expropiada:  16.108, 98 m² (207.478,47 pies²).
• Área de la plaza antes de la reforma era: 9.069 m² (65.289 pies²).
• Ídem. en el proyecto aprobado por la ley de 28- 6 - 1857: 10.361 m² (133.450 pies²).
• Ídem. en el proyecto de la Academia de San Fernando: 10.135 m² (130.542 pies²).
• Ídem. propuesta por la Dirección de la Junta Facultativa:  12.320 m² (158.686 pies²).
• Exceso de superficie de la plaza:
  • Según el proyecto aprobado por la ley sobre el que tenía la plaza antigua: 5.292 m² (68.163   pies²).
  • Ídem.  según el proyecto de la Academia: 5.066 m² (65.250 pies²)
  • Ídem. según el proyecto propuesto por la Dirección Facultativa de las obras: 7.251 m² (93.396 pies²).
• Exceso de la superficie de la plaza:
  • Según el proyecto aprobado por la ley sobre el de la Academia de San Fernando: 226 m² (2.911 pies²).
  • Ídem. según el proyecto de la Dirección Facultativa de las Obras sobre el de la Ley: 1.959 m² (25.233 pies²).
  • Ídem. sobre la del proyecto de la Academia: 2.185 m² (28.143 pies²)
• Áreas que quedaban disponibles para la enajenación eran las siguientes:
  • En el proyecto aprobado por la ley: 10.488 m² (135.089 pies²).
  • Ídem. en el proyecto de la Academia: 9.843 m² (126.778 pies²).
  • Ídem. en el propuesto por la Dirección Facultativa: 9.263 m² (119.310 pies²).
• Pérdida de terrenos para la enajenación:
  • Proyecto de la Dirección Facultativa de las Obras respecto al aprobado por la Ley: 1.999 m² (25.232 pies²).
  • Ídem. respecto del proyecto aprobado por la Academia: 420 m² (540916 pies²).

En cuanto a la memoria elaborada por la Junta Facultativa de las Obras del Ensanche, la Sección de Arquitectura reunida en la Junta Extraordinaria el 17 de julio creyó poco afortunados los términos, como los calificativos y agravios en ella hallados contra la propia sección, sobre todo cuando la Academia, no estando obligada a intervenir en este tipo de cuestiones, había formulado en muy poco tiempo un croquis que no debía dársele más importancia que la de un anteproyecto. Por estas consideraciones y por la conveniencia del servicio público, la corporación académica solicitó de S.M. ser relegada del cargo que le había sido confiado en este asunto, pues deseaba «evitar todo conflicto y ulterior desabrimiento, conservando intacta la dignidad de su carácter y no decayendo de la consideracion que las leyes le conceden [...]». Pero la súplica no fue concedida pues el 20 del mismo mes la Reina dispuso que el informe de la Academia fuese evacuado sin demora porque así lo exigía la conveniencia pública y ningún conflicto podía entorpecer este objeto, ya que las observaciones del croquis hechas por la Dirección Facultativa habían sido expuestas con ánimo de acertar en lo posible en esta obra de tanta importancia sin pretender agravio alguno del cuerpo académico.

Obedeciendo las órdenes de S.M., la Sección de Arquitectura emitió el 31 de julio de 1859 un extenso informe sobre el proyecto presentado por la Dirección Facultativa de las Obras, que sería aprobado por la Academia en la Junta General del 31 de ese mismo mes. El informe quedó dividido en dos partes claramente diferenciadas: la parte artística y la económica, esta última acompañada de un documento, letra A, que recogía los errores y contradicciones advertidas en los datos numéricos de la memoria junto con las correcciones que debían tenerse presentes en la memoria desarrollada por la Dirección Facultativa.
Con la renovación de este enclave se reforzó su valor representativo atrayendo la actividad comercial y financiera de la ciudad, al tiempo que la uniformidad de las fachadas definió su espacio sirviendo de modelo a la arquitectura que se levantaría posteriormente en sus alrededores. Sobre el Ensanche de la Puerta del Sol, el Archivo de la Academia conserva 13 planos que responden a los números Pl-214/225.

Dejando aparte la intervención de Laviña en las obras de la Puerta del Sol, retomaremos su actividad profesional a mediados de la década de los 50, concretamente el 22 de noviembre de 1855 fecha en que elabora un escrito acerca de la ampliación y el complemento de los estudios de Adorno al carecer la Academia de San Fernando de enseñanzas mientras se estaban mandando profesores de Delineación, Adorno, Modelado y Vaciado a las academias de todo el reino, incluso a sus islas. Aprovechó la ocasión para hacer hincapié en que la enseñanza impartida en las dos escuelas de la noche, a las que concurrían con afición y aprovechamiento muchos alumnos, era insuficiente y elemental por lo que los discípulos dejaban interrumpida su carrera. Creía necesaria la enseñanza de Adorno al formar parte integrante del dibujo y ser imprescindible para las artes y manufacturas, pero establecía tres clases: Elemental, Superior y Composición, divididas a su vez en dos secciones:

• Clase Elemental: en la Sección 1ª debía enseñarse el uso del compás y de la regla para delinear las figuras geométricas y las operaciones útiles y directamente aplicables a las artes industriales; la copia de los compartimientos que solían usarse en los entrepaños, pilastras, frisos, plafones, etc., particularmente el género griego y árabe, como también la formación de la estereografía. Por otro lado, en la Sección 2ª el alumno debía dedicarse a la copia de adorno, a mano y a simple vista, empezando por el más simple contorno al más complicado, con lápiz natural, clarión o litográfico, a la pluma o a la aguada, según el gusto del alumno.
• Clase Superior: a la Sección 1ª debían concurrir los tallistas, adornistas de escayola, pasta o cartón, piedra o los fundidores, broncistas, plateros y otros artesanos que les era necesario conocer el manejo de los «estiques» en la copia del adorno de bajo y alto relieve, ya se hiciese su uso en cera o barro, únicas materias que podían ser moldeadas. Para estas clases era necesaria la colección de originales, gráficas o plásticas de toda especie, sencillas o complicadas. La Sección 2ª tendría como objeto la ejecución del modelaje en formas perdidas y huecos, el vaciado en yeso, pasta, cera o barro. Asimismo, el conocimiento y manejo de los instrumentos como las manipulaciones del yeso, sus grados, el temple, propiedades y efectos. Distinguía los profesionales de la enseñanza de las dos secciones: de la primera un profesor de gusto conocido en el adorno y de la segunda un práctico de reputación.
• Clase de Composición: en la Sección 1ª se impartiría tanto la composición gráfica como el modelado. A la composición debía preceder un programa que los más adelantados podían proponer a sus respectivos maestros de taller y luego hacer en bosquejo a lápiz sin más ejemplar que la retentiva imaginación del alumno. A su parecer, esta sección era la más importante y su enseñanza podía ser impartida por cualquier profesor de las tres nobles artes, siempre que tuviese acreditado su buen gusto y la pericia en la composición de adorno. En la Sección 2ª el alumno debía abrazar la teoría de los procedimientos que le convenía usar para el «amoldaje» en yeso o arenas, según las diferentes pastas y metales, sus elementos y composiciones con la debida precisión y método conforme a los distintos procedimientos, materias de la fundición y tamaño de las piezas mayores. Creía necesario que el alumno conociese el raspado, patinado, bronceado de toda clase de vaciados y estampados en los moldes, así como de todo lo necesario para la perfecta conclusión de una pieza vaciada en cualquier pasta o metal.

A finales de 1856 la Academia le nombró junto con Juan Bautista Peyronnet para formar parte de la Comisión Mixta (Sección de Arquitectura) que debía proponer al Gobierno el restablecimiento de la plaza de director de pensionados en Roma, mismo año en que sería comisionado junto con Juan Pedro Ayegui para realizar el reconocimiento de la iglesia parroquial de Chamberí (Madrid). El 13 de agosto ambos arquitectos remitieron su informe a la Academia manifestando que se habían construido recientemente obras con solidez, esmero y buenos materiales que habían tenido como resultado la estabilidad deseada del edificio. Como es sabido, Antonio Herrera, Antonio Conde y González e Inclán Valdés habían sido nombrados en 1851 para hacer el reconocimiento de la iglesia y las obras que eran necesarias en ella. Verificados los desperfectos, desplomos y quiebras del templo realizaron un primer informe el 26 de septiembre de 1851 y un segundo el 22 de octubre, en los que reseñaron la necesidad de demoler las dos torrecillas que decoraban la fachada principal. Tras un examen de las obras circunscritas y los materiales empleados en ellas hicieron el rompimiento de 6 puntos de excavación que lo manifestasen: cuatro en el interior de la nave del templo y 2 al exterior, alrededor de la capilla mayor o presbiterio que reconocieron la mañana del 5 de marzo de 1852. Los hallaron con una solidez regular debido a la utilización de materiales de diferente consistencia, pero no creían que ese fuese el origen de los desperfectos y la progresiva ruina de las fábricas superiores. A su entender muchas habían sido las causas del deterioro de la iglesia, entre ellas la forma adoptada en la cubrición de la nave principal del templo; la bóveda de tabicado doble sujeta á la curvatura circular ó medio punto apoyada en muros resistentes, cuya construcción había sido muy poco esmerada y sus asientos homogéneos; la utilización de los materiales por medio de limosnas, cuya calidad no era la más aconsejable; los malos trabazones y la poca profesionalidad de los obreros que la habían levantado, además  del abandono en que habían estado las obras por espacio de meses y aún de años, durante los cuales las lluvias  habían disuelto y arrastrado en su descenso el mortero que unía los ladrillos como los propios ladrillos.

En estos momentos no sólo creyeron necesaria la demolición de las dos torrecillas de la fachada principal sino la demolición de toda ella hasta el cimiento de la misma; la cubrición de la nave con una armadura atirantada en sustitución de la bóveda, formando la vuelta encamonada con la forma que se creyese más oportuna, así como la supresión del vuelo de la cornisa interior por innecesaria a fin de regularizar la forma de la bóveda que fuese preciso determinar. Por otro lado, las naves laterales debían constituirse en capillas demoliendo los arcos labrados en la parte izquierda y rebajando sus fábricas en una y otra parte.

El 5 de abril de este mismo año de 1852 la Secretaría de la Academia recibió los planos de la iglesia de Chamberí, suscritos por el académico supernumerario Antonio Cachavera y Langara aprobados por la corporación en abril de 1841; otro nuevo plano que representaba el mismo proyecto pero con notables modificaciones cuyo autor no era arquitecto aprobado, aparte de la Real Orden que se había leído en la última junta general y por la que S.M. encargaba a la Academia que le mantuviera informada sobre este asunto. La Junta de la Comisión de Arquitectura reunida el 19 de junio dictaminó que para asegurar el edificio y salvarle de la ruina era necesario construir unos muros de cuatro pies de grueso desde los machones de la nave central hasta  los muros exteriores embebiendo en ellos tirantes y bolsones de hierro a fin de formar un cuerpo compacto; demoler los tabiques provisionales que cerraban los arcos; construir una armadura mixta de madera y hierro que atirantase entre sí estos muros y contuviese sus movimientos, así como demoler el cañón de la bóveda y sustituirlo por un encamonado, la escalera helicoidal que daba subida a la torre de la izquierda para realizar otra de madera, y las paredes que unían los muros exteriores con los dos de la nave principal a fin de construirlas de nuevo con el grueso competente.

El parecer de la Comisión de Arquitectura fue aprobado por la Academia el 11 de julio, pero a mediados de 1853 el propio Cachavera y Langara remitió a la Junta Inspectora de las obras de la iglesia de Chamberí  una exposición indicando que no iba a invertir en la obra más cantidad que los 180.000 reales que por entonces existían en depósito para dejarla totalmente consolidada, a lo que dicha Junta acordó comunicar al interesado que debía aclarar varios puntos: desde las obras que iba a ejecutar detallándolas una por una, formando el presupuesto con especificación de partidas y señalamiento de valores, como los medios que iba a adoptar para que no se perdiese aquella suma.

Viendo esta exposición, la Junta de la Sección de Arquitectura reunida el 16 de agosto de 1853 acordó decir a la Academia que aceptaba la proposición de Cachavera al creer justo y equitativo concederle la ocasión de poder reparar por fin el edificio. También que era imposible que el arquitecto formase el presupuesto detallado con especificación por partidas como se le pedía porque debiendo proceder a la demolición de parte de la obra era imposible prever el número de pies o varas cúbicas de las diferentes fábricas que serían necesarias reponer y además este presupuesto detallado era innecesario cuando el propio arquitecto se comprometía a terminar las obras con el mismo presupuesto, cuando con seguridad le iba a costar mucho más. En cuanto a las medidas que iba a adoptar para no perder la suma existente, se creían muy razonables las condiciones a las que voluntariamente se sometía el arquitecto por lo que tampoco existía problema alguno en este punto. No obstante, se manifestó la conveniencia de que una comisión facultativa y de confianza de la Academia inspeccionase semanalmente las obras y certificase que se estaban llevando a cabo según lo prescrito y los buenos principios del arte.

Para esta comisión, la Academia propuso a principios de 1854 a los mismos arquitectos que años antes habían realizado el informe de la obra, es decir, a los académicos Antonio Herrera de la Calle y Antonio Zabaleta, pero ambos comunicaron su imposibilidad de realizarla porque uno tenía dos obras principales fuera de Madrid y el otro debía salir de la villa para atender su salud. Ambos arquitectos comunicaron que esta comisión era ajena a la índole de la Academia y no debía ser encomendada a sus individuos  porque este tipo de trabajos no estaban remunerados y por consiguiente  eran muy gravosos para los individuos, ya que las inspecciones exigían mucho tiempo y máxime en una obra de estas características al encontrarse muy lejos de sus domicilios; aparte de ello los arquitectos requerían una  gravísima responsabilidad y una comisión no podía aceptar a quien la mala fe de los operarios y materialistas podría sorprender si las obras tan sólo eran inspeccionadas una vez por semana.

La Sección de Arquitectura celebrada el 18 de octubre de 1853 oyó las razones de Herrera y Zabaleta sobre este asunto por lo que en marzo de 1854 S.M. acordó que los académicos que en adelante fuesen nombrados para inspeccionar las futuras obras de la iglesia de Chamberí fuesen remunerados con una retribución económica. Después de oído este dictamen, la Sección reunida la noche del 28 de marzo de 1854 volvió a verificar el nombramiento de Herrera y Zabaleta, académicos que en abril comunicaron que nunca habían expresado sus opiniones con ánimo de exigir una retribución pues siempre habían estado dispuestos a ejecutar cualquier trabajo encomendado por la Academia sin coste alguno.

Las obras de la iglesia parroquial siguieron su curso durante el resto del año de 1854. El 21 de junio Juan José de Urquijo fue nombrado arquitecto- inspector por el Ministerio de Gracia y Justicia para inspeccionar semanalmente las obras y el 26 de julio de 1855 llevó a cabo un detenido reconocimiento del edificio. En este reconocimiento, cuyo informe remitió el 1 de agosto, afirmó que la fachada continuaba aumentando el movimiento que ya había indicado en su primer informe; que el revestimiento de la bóveda se había destruido y se había pasado al arco toral y parte del cascaron del presbiterio; que la razón principal que le obligaba a dimitir del cargo con el que le había honrado S.M. era que las fábricas del templo carecían de las precisas condiciones de estabilidad por las razones expuestas en el anterior informe y porque eran insuficientes los medios propuestos para conseguir el fin deseado. Este escrito fue remitido a través del Ministerio de Gracia y Justicia a la Academia, la cual a través de la Sección de Arquitectura celebrada el 14 de agosto de 1855 emitió un nuevo informe criticando severamente a  Juan José de Urquijo con las siguientes palabras: «La Sección no cree prudente calificar el escrito de D. Juan Jose de Urquijo por que debería hacerlo muy severamente al ver la ligereza y resuelto tono con que há hablado del juicio de una Academia que debia tener para él tanto titulo de respeto y consideracion, al mismo tiempo que manifiesta desconocer completamente el asunto en que pretende dar lecciones á esta corporacion en vano la Seccion há buscado en su informe una razon-cientifica del aventurado acierto que hizo: (solo por el placer de criticarla sin duda á pesar de habersele mandado por el Gobierno de S.M. que detalle ó demuestre las razones por las que cree insuficientes é impracticables las obras que propuso la Academia, ni las ha detallado ni menos ha podido demostrarlas, reduciendose y limitandose á repetir y perifrasear la idea de que no son bastantes, y esto á vuelta de no pocas vulgaridades impropias de un hombre cientifico, confundiendo lastimosamente los principios del equilibrio con los del movimiento, las causas con los efectos, las observaciones con los estudios que, ó no há hecho, ó si los há hecho no deben ser los mejor ordenados  á juzgar por las consecuencias que deduce. De todo esto se sigue que la negativa del Arquitecto Urquijo á encargarse de la inspeccion de las obras, solo ha servido 1º para entorpecer el negocio, dilatando la resolucion, 2º para demostrar su insuficiencia cientifica y 3º para poner de manifiesto su falta de respeto hacia la primera corporacion artistica de España á cuyo decoro no há tenido reparo en atentar con sobrada ligereza y sin el menor fundamento [...]». Ante esta situación, la Sección de Arquitectura acordó en sus Juntas del 14 y 22 de agosto de 1855 que fuese aceptada la renuncia al cargo por parte de este arquitecto y que se tomase en acta la gran ofensa que había inferido a la Academia para que en futuras ocasiones se pudiera hacer uso de ello como mejor conviniese.

El nombre de Laviña volvió a reseñarse en repetidas ocasiones a lo largo de 1858, año en que fue nombrado por la Sección de Arquitectura para llevar a cabo el reconocimiento de la casa de la calle de Preciados, nº 80 perteneciente a la testamentaría de Pedro María Cano, ya que por entonces el arquitecto vivía en la calle de la Encomienda, nº 9, cuarto principal. También a raíz  del concurso convocado para erigir en Sevilla una estatua a la memoria del célebre pintor Bartolomé Esteban Murillo en la plaza de Santa Isabel, motivo por el que la Academia tuvo que nombrar una comisión que juzgase las obras y premiase la escultura que merecía el premio y el accésit, siendo comisionados Matías Laviña (Sección de Arquitectura), Federico de Madrazo y Joaquín Espalter (Sección de Pintura ) y José Piquer y Ponciano Ponzano (Sección de Escultura) en la Junta General del 4 de julio de 1858. La erección de la escultura se hizo esperar porque en agosto de 1861 se decidió cambiar la ubicación de la obra desde la plaza de la Infanta Isabel a la plaza del Museo y en agosto se presentó a la Academia el proyecto del pedestal aprobado previamente por la corporación y otro que contenía cinco pensamientos diferentes estudiados por el arquitecto Demetrio de los Ríos. En cuanto a éstos últimos serían aprobados por la Sección de Arquitectura el 14 de octubre de 1861, no sin antes prevenir a su autor «[...] la conveniencia de combinar en la composicion la supresion para el mejor efecto, tanto de los acroterios, como de la Poleta del cuerpo decorativo pudiendose quizás esculpir esta en el frente principal del “dado” del pedestal».

Debido a que el concurso se prolongó en el tiempo hubo necesidad de nombrar a otros miembros para conformar la Comisión Mixta, a cuyo fin fueron elegidos Luis Ferrant y Teodoro Ponte de la Hoz (Sección de Pintura), Ponciano Ponzano y Bartolomé Coromina  (Sección de Escultura), además de Aníbal Álvarez y José Amador de los Ríos (Sección de Arquitectura), nombramientos que fueron verificados por la Academia el 30 de noviembre de 1861. No obstante, aún quedaba por decidir el lugar de ubicación de la estatua, cuestión que la Academia acordó el 3 de diciembre de 1861 no proceder a ninguna resolución hasta no tener previamente los informes del Ayuntamiento de Sevilla. Finalmente, la estatua quedó terminada en febrero de 1864 gracias a muchas sociedades beneméritas, entre ellas la Sociedad Económica y de Emulación y Fomento de Sevilla, como a la cooperación de multitud de artistas, sobre todo Sabino de Medina y Demetrio de los Ríos, autor el primero de la estatua y el segundo del pedestal sobre el que se elevaría.

En la Junta General del 9 de agosto de 1858, el nombre de Matías Laviña volvió a ser reseñado en las juntas académicas al haber sido elegido el 1º de junio anterior para practicar el reconocimiento y la tasación de los materiales del Castillo de Arévalo (Ávila). Por la Real Orden de 27 de febrero se le habían cedido al contratista del puente del ferrocarril del Norte, Santiago Bergonier, los materiales para el citado castillo en compensación del puente y las obras que iba a ejecutar por su cuenta en beneficio del vecindario, pero para ello debía cumplirse una de las condiciones exigidas que consistía en tasar previamente los materiales del castillo. La tasación la habían llevado a cabo el ingeniero civil de la provincia y el director de obras civiles de la misma, pero al apreciarse notables diferencias entre unas y otras la Reina tuvo que solicitar de la Academia la propuesta de un perito facultativo que pasase a la villa de Arévalo y sacase el verdadero justiprecio de los materiales, teniendo presente que los gastos de esta comisión serían sufragados por cuenta de los fondos municipales del citado pueblo.

El 7 de septiembre de 1858 Laviña fue comisionado junto con los académicos Juan Bautista Peyronnet y Patricio Rodríguez, por entonces  profesor de Perspectiva en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado, para censurar dos tratados de perspectiva lineal  presentados por José de Madrazo a la Academia por encargo de sus autores, y en la Junta General del domingo 7 de noviembre realizando una exposición a la corporación sobre un tratado de geometría descriptiva que el mismo había elaborado.

Por entonces y desde hacia ya varios años se estaba acometiendo una de las empresas más importantes del país: la restauración y reposición de la catedral de León. Como es sabido, las obras del templo estaban necesitadas de restauración desde hacía décadas, pero no sería hasta 1858 cuando Perfecto Sánchez Ibáñez y el maestro de obras Mariano Álvarez Fernández aparecieron asociados tras elaborar un informe sobre el estado del edificio señalando a la Academia las partes principales del templo que ofrecían señales evidentes de falta de solidez. Para su reparación, Sánchez Ibáñez propuso una serie de obras de mucha consideración y peligrosas al poder restar al monumento la belleza que le caracterizaba sobre todo en el crucero, pues pretendía colocar gruesas columnas de hierro colado y zapatones de la misma clase embebidas en su fábrica. Ante esta propuesta, la Sección de Arquitectura celebrada el 7 de mayo de 1858 propuso al Gobierno que comisionase a un académico para que reconociese la catedral en unión con Sánchez Ibáñez a fin de tomar todos las datos posibles para que la Academia pudiera en consecuencia dar un dictamen correcto. Pero mientras esto sucedía el templo se fue deteriorando tanto que incluso a principios de 1859 se habló del desplome de una de las aristas y de la bóveda contigua que cubría el coro, como que había sido necesario desmontar otra en la capilla mayor; que un arco toral había sufrido una desnivelación considerable  y que al  mismo tiempo eran numerosos los apeos de las partes arruinadas.

Por la Real Orden de 6 de julio de 1858 relativa a la designación de dos arquitectos de mérito que reconociesen la catedral de León y manifestasen las obras necesarias para su restauración, la Sección de Arquitectura celebrada el 12 de junio de 1858 formada por Aníbal Álvarez (presidente), Antonio Conde, Atilano Sanz, Matías Laviña, Eugenio Cámara y José Jesús Lallave (secretario), acordó elegir unánimemente al académico Narciso Pascual y Colomer con el arquitecto que el mismo designase para cumplir este cometido. Tanto el cabildo de la catedral como los diputados de la provincia creyeron conveniente que uno de los arquitectos fuese el monje Echano porque además de reunir el título de arquitecto había intervenido en algunas obras del edificio, pero Pascual y Colomer elegiría para su auxilio al arquitecto José Díaz Bustamante. El 25 de octubre de 1858 Pascual y Colomer remitió a la Academia el resultado de su reconocimiento en cumplimiento del encargo que le había sido encomendado, ocasión que aprovechó para comunicar que lo había tenido que hacer solo en vista de que Bustamante se encontraba ocupado en las obras del ferrocarril de Zaragoza y no había podido llevar a cabo la comisión.

El reconocimiento tenía como objeto conocer la solidez de sus fábricas y las causas de inseguridad que presentaban algunas de ellas, para así poder estudiar y proponer la clase e importancia de la reparación que debía ejecutarse y devolver al edificio la seguridad que le era necesaria como el uso al que estaba destinado. Comenzando por el estudio de los cimientos que halló sólidos, observó un notable desplome en el tímpano de cantería que cerraba la nave central y que constituía el frontis de la fachada principal. Este mismo desplome existía en el cuerpo saliente de la fachada sur que constituía la entrada al testero del ala derecha del crucero, cuyo movimiento y consecuencias habían sido la causa de dicho reconocimiento. Atisbó inminente ruina y pérdida de la curvatura cóncava de la arista que descansaba sobre los dos machones de la derecha, de los cuatro que conforman el crucero, de entre ellos particularmente el más inmediato al coro y sobre el órgano, así como la extremada ligereza de los espesores de las fábricas y la mala calidad de la piedra con que estaba construidos los machones y el muro del crucero.

Para Pascual y Colomer el deterioro era fácil de resolver volviendo la fábrica a su primitivo estado sin ser necesario derribar nada de lo existente ni hacer grandes apeos, aunque tomando las precauciones necesarias, estudiar detenidamente el modo de ejecutar las obras de sostenimiento y realizarlas despacio y parcialmente para no aumentar el movimiento que sufrían. A su entender, la restauración debía llevarse a cabo en dos partes bien diferenciadas: la primera, la mas pequeña pero urgente, consistente en el apeo de las dos bóvedas de la nave principal contiguas al crucero y a los dos arcos torales que habían sufrido movimientos, y la segunda, de mayor importancia y mas costosa, consistente en el levantamiento de los planos del crucero derecho dando diferentes secciones en proyecciones horizontales y verticales para encontrar los asientos de los nuevos apoyos y consolidar la obra. Insistía en que para la mayor rapidez de las obras era necesario adquirir cuanto antes las maderas necesarias para realizar el apeo de las bóvedas indicadas y los andamios que eran indispensables, como autorizar el pequeño gasto para el levantamiento de los planos y el estudio preparatorio de la restauración.

Por entonces, Martín M. Ochoa  fue comisionado por la Sección de Arquitectura el 28 de abril de 1859 para dar su parecer y solucionar los problemas de las fábricas de la catedral. Propuso la construcción de unos botareles sobre la fachada sur que no remediaron el mal y la introducción de hierros que no dieron resultado para contener el empuje de los arcos torales que era en donde se encontraba el problema. Después del fallido intento de Martín M. Ochoa por solucionar los problemas del templo y a raíz de la Real Orden de 3 de mayo de 1859, la Junta General del domingo 8 del mismo mes nombró a Laviña académico de número para dirigir los trabajos de restauración de la catedral. En consecuencia, la Reina le designó por la Real Orden de 4 de julio para hacer un nuevo reconocimiento del monumento ojival con una dotación de 1.500 reales mensuales, al tiempo que Félix Mª Gómez era nombrado auxiliar en la dirección de las obras, de cuyo cargo renunció el 12 de julio debido a circunstancias particulares.

Matías Laviña reconoció y dirigió finalmente las obras de restauración de la catedral remitiendo la memoria del proyecto el 22 de diciembre de 1860. En ella recogió las causas de la ruina del templo, las medidas que debían adoptarse para contener los progresos de ruina, los medios de restauración (sistemas de restauración y conservación), el presupuesto razonado de la cúpula y la restauración total de la iglesia. El proyecto fue examinado y aprobado por la Sección de Arquitectura el 3 de mayo de 1861, no sin antes advertirle «que hubiera deseado ver en la memoria del Sr. Laviña algun cálculo de los que sin duda habrá hecho pª comprobar y ayudar las deducciones del raciocinio y de la experiencia; pues ciertamente pocas cuestiones pueden presentarse en la práctica de la Arquitª que mas materia ofrezcan á las investigaciones cientificas; pero no se crea que por esto hace un cargo formal á este apreciable Profesor en quien reconoce la laboriosidad, inteligencia y experiencia suficientes para añadir á los estudios profundos de observacion y criterio que ya tiene hechos sobre este templo todos los científicos y de cálculo que son necesarios para la completa y feliz resolucion del árduo problema que se le ha encomendado».

Las obras de la catedral siguieron su curso en los años siguientes. En agosto de 1859 Laviña se encargó del desmonte de los pilastrones y en octubre del estudio de las reacciones ocasionadas por dicho desmonte; en septiembre de 1861 inició el desmonte de la cúpula de Juan de Naveda mientras que entre julio y septiembre el de la cúpula del crucero; el 28 de noviembre de 1862 comunicó la marcha de sus trabajos y haber desmontado todo el brazo Sur; el 15 de febrero  de 1863 propuso algunos medios para la restauración y adquisición de las vidrieras esmaltadas y finalmente el  18 de octubre de 1863 comunicó las vicisitudes de las obras y el estado en que se encontraba el templo.

No obstante, a finales de 1863 se dio la voz de alarma sobre el inminente peligro de ruina en que se encontraba la iglesia a consecuencia del errado sistema de restauración que se había seguido. La noticia salió publicada en el Boletín del Arte en España el 19 de noviembre por G. Cruzada Villamil, quien recomendó la dirección de la restauración al arquitecto francés Violet-le-Duc, único artista que por entonces en Europa podía dirigirla con inteligencia y acierto.

En el mismo momento en que la Academia se enteró de los hechos creyó necesario el nombramiento de una comisión que examinase todos los antecedentes del asunto y contestase al Gobierno, a fin de aclarar la acusación tan injustificada para el que había dirigido la obra y finalizasen las vergonzosas injurias a las que se había enfrentado un profesor de tan buena reputación. Dicha comisión quedó conformada en la Junta General del 15 de febrero de 1864 por los académicos de número Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet y Francisco Enríquez Ferrer, quienes se trasladaron a León a verificar e inspeccionar el edificio, emitiendo el correspondiente informe el 20 de marzo de 1865. Sin embargo, Laviña continuó enviando durante este tiempo a informe de la Academia diseños de la catedral, entre ellos dos planos firmados en mayo de 1864, hoy conservados en el Archivo de la Academia bajo la signatura 2-42-1, así como la planta y el perfil de la 3ª portada con la altura de la portada primitiva y la parte existente, fechado el 16 de enero de 1865.

Su intervención en estas obras tuvo ciertas críticas y ataques por parte de dos hombres «incompetentes en la materia á los que no contestó y lo hicieron por él espontaneamente algun Arquitecto que ni aun era amigo suyo y oficialmente una comision nombrada por la Academia, de órden del Gobierno para que examinaran el estado de dichas obras y la manera de ejecutarlas, dando por resultado los razonados artículos de aquel profesor y el detenido y concienzudo dictamen de la citada comision que la reputacion artístico-científica de su Director quedara como siempre en el distinguido lugar que le correspondía». Uno de estos dos hombres quiso esperarle en la calle para pegarle, pero la providencia no quiso que esto sucediera mientras que el segundo se contentó con censurar injustamente al Gobierno y a la Academia como a los arquitectos españoles y al arquitecto director.

El 24 de mayo de 1867 Laviña concluyó la memoria que había elaborado sobre las obras de la catedral de León remitiéndola a la Academia unos meses antes de morir, pues la muerte le aconteció el 15 de enero de 1868. En la sesión celebrada el 9 de julio de 1868 Hartzenbusch y el secretario Eugenio de la Cámara presentaron el informe que habían desarrollado sobre las obras de la catedral y aprovecharon para elogiar la labor de Laviña y recomendar la obra por la multitud de datos que recogía sobre las termas proconsulares, la nueva edificación mandada levantar por el Rey Alfonso IX, los vicios de la construcción y la descripción razonada del plan de restauración.

Muerto Laviña a principios de 1868, S.M. solicitó continuar la catedral leonesa bajo la dirección de Andrés Hernández Callejo, pero al poco tiempo de hacerse cargo de la obra tuvo desavenencias con el prelado diocesano, su cabildo y la junta de diócesis al denunciar el estado ruinoso de parte de la antigua fábrica del templo. La alarma levantada por el arquitecto tuvo como consecuencia el nombramiento de otra comisión que inspeccionase y reconociese el estado de la restauración y de las obras practicadas. La Academia nombró para esta comisión en su Junta Extraordinaria del 26 de julio de 1866 a los miembros de su Sección de Arquitectura, es decir José Amador de los Ríos, Antonio Cachavera y Langara y Juan Bautista Peyronnet, individuos que remitieron sus trabajos el 28 de septiembre de 1868.

Tras interrogar por separado a todos los interesados se percataron de que contra Andrés Hernández y Callejo se elevaban varios cargos: desde los puramente administrativos y económicas hasta haber pretendido alterar el plano adoptado por Laviña e intentado demoler ciertos departamentos y bóvedas con el pretexto de su estado ruinoso. También haber pretendido deshacer parte de la obra ya verificada por su antecesor y no haber asentado ni una sola piedra en la obra desde su nombramiento como director de la misma. Viendo todos estos antecedentes, la comisión experta fue de la opinión que el arquitecto se había extralimitado en muchas de sus atribuciones por lo que estaban fundados todos los cargos que se le achacaban. Además, desaprobaba su conducta, su inacción por espacio de 6 meses y la alarma que había provocado al cabildo y la población entera de la ciudad. Del mismo modo, su conducta respecto al ejercicio de su cargo, hecho por el que se creía conveniente que no siguiese al frente de las obras.

La incomunicación y los problemas acaecidos entre el arquitecto y el resto de los interesados en las obras de la catedral obligaron a Hernández y Callejo a cesar como director de las mismas el 5 de enero de 1869. La actuación del arquitecto extrañó a todo el mundo por cuanto que su amor al arte se había constatado a la hora de llevar a cabo la restauración de la iglesia de San Vicente de Ávila, pero los cierto era que en las relativas a  la catedral leonesa había demostrado una total incertidumbre respecto de la verdadera idea de la construcción y repetidas contradicciones que le llevaron a pretender destruir varias fábricas antiguas y miembros arquitectónicos como el no añadir un solo sillar a la obra.

A fin de nombrar a un individuo que le sustituyese en las obras, la Sección de Arquitectura acordó la noche del 15 del mismo mes formar una terna con los arquitectos más aptos para desempeñar el cargo, proponiendo a Juan de Madrazo y Kuntz, Francisco Enríquez Ferrer y Demetrio de los Ríos. El primero de ellos, Juan de Madrazo, fue nombrado director facultativo de las obras, de ahí que el 24 de marzo de 1874 remitiese a la Academia el proyecto de encimbrado para las bóvedas altas del templo. El mismo arquitecto llamó la atención a finales de 1875 sobre la necesidad de ejecutar a la mayor brevedad la restauración del edificio y asegurar su estabilidad, empezando por terminar las construcciones comenzadas en el crucero central con todo el brazo Sur, la fachada, contrarrestos y respaldos correspondientes, aparte de las cuatro bóvedas contiguas a dicho crucero, dos sobre el coro y otros dos sobre el presbiterio. A continuación o simultáneamente era necesario reconstruir el hastial de Poniente de la nave mayor o lo que es decir, la parte central de la fachada principal comprendida entre las dos torres; construir de nuevo las armaduras de cubierta con todos los emplomados en cresterías, el chapitel central, los pináculos, los remates y los planos de cubierta en sustitución de los tejados defectuosos que entonces cubrían toda la extensión de la catedral; restaurar el cuerpo de campanas de la torre Norte de la fachada principal y rehacer la mayor parte de los arbotantes, la totalidad de la línea de cornisa de coronación y las partes en donde la cantería se presentaba descompuesta.

Un escrito fechado el 8 de abril de 1876 reseña la designación de los académicos Espalter, Amador de los Ríos y Barberi para formar parte de la comisión que debía presentar a los ministros de Gracia y Justicia y de Fomento las exposiciones que la Academia les dirigiese solicitando fondos para restaurar la iglesia catedral. El proyecto suscrito por el arquitecto Madrazo para la reconstrucción del hastial Sur en la zona ocupada por el triforio fue censurado y aprobado por la Sección de Arquitectura el 22 de junio de 1876. Estaba constituido por una memoria descriptiva, nueve grandes planos, un presupuesto y los pliegos de condiciones económico-facultativas, trabajos que fueron muy alabados por su acertado estudio.

Tres años mas tarde y con motivo del fallecimiento de Deogracias López Villabrille, por entonces individuo de la Junta de Obras de reparación de la Catedral, la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de León solicitó de la Academia de San Fernando el nombramiento de un individuo que cubriese su plaza, cargo que recayó en julio de 1879 en el vocal Juan López Castrillón. Al año siguiente falleció Juan de Madrazo dejando vacante su cargo en la dirección de las obras, cargo que debía ser cubierto a la mayor brevedad. Tras su muerte, la Sociedad Central de Arquitectos, fundada en 1849 y reorganizada en 1878, elevó un escrito el 20 de marzo de 1880 proponiendo como homenaje a la memoria del arquitecto la realización de una exposición en la que se exaltase sus estudios, concretamente los referentes a la iglesia-catedral, como su laboriosidad y buen hacer profesional.

Hasta aquí hemos resumido las obras de la catedral, pero al tiempo que eran desarrolladas Laviña estuvo ocupado en otras no menos importantes. Tenemos constancia que en la Junta General del domingo 11 de noviembre de 1860 la Academia le designó junto con Atilano Sanz y Valentín Martínez de la Piscina para desarrollar el informe sobre el reconocimiento de la casa que se estaba reedificando en la Carrera de San Jerónimo esquina a la calle Príncipe. Este encargo venía a través de una real orden de la Reina Gobernadora, que había solicitado el nombramiento de tres arquitectos designados por el presidente de la Academia de San Fernando, los cuales y bajo la presidencia del alcalde corregidor de Madrid debían reconocer las obras de la casa nº 32 en dicha calle.  El nombramiento de estos tres arquitectos tenía su razón de ser porque los profesores designados no debían estar comprendidos en una lista que se adjuntaba y en la que se reseñaban los nombres de Aníbal Álvarez, Narciso Pascual y Colomer, Eugenio de la Cámara, Mariano Calvo y Pereira, José Jesús Lallave, José Sánchez Pescador y José María Guallart.

El reconocimiento llevó implícito varios puntos: 1) Conocer si las nuevas fachadas estaban conformes con el plano presentado a la hora de solicitar la licencia para la ejecución de las obras. 2) Si las obras practicadas habían favorecido la solidez de las fachadas que antes tenía. 3) Si existían medios científicos para abrir huecos sin establecer los salmeres, columnas de hierro, etc., que se habían introducido en las fachadas. 4) Si en todo caso debían«considerarse los medios empleados como comprendidos en la prohibicion contenida en la segunda parte de la misma Real orden» (Real Orden del 12 de enero de 1860) y, por último, 5) Si existían en las obras alguna infracción de las ordenanzas municipales no comprendidas en la denuncia. Tras ejecutar el reconocimiento los arquitectos seleccionados emitieron el informe correspondiente y lo remitieron al Ministerio acompañado de dos copias de las partes o denuncias producidas por los informes emitido por el arquitecto municipal Juan José Sánchez Pescador al teniente alcalde del distrito el 15 de abril y 31 de mayo de 1860, así como también las órdenes y disposiciones que habían sido dictadas por la autoridad.

En este mismo año y con ocasión de la provisión de la cátedra de Teoría e Historia de las Bellas Artes, cuya formación había sido encargada a la Academia por la Real Orden de 20 de julio, la corporación acordó en su Junta General del 5 de agosto que una comisión compuesta de dos individuos de cada Sección se encargasen del asunto. La comisión quedó conformada por Madrazo y Carderera (Sección de Pintura), el duque de Veragua y Ponzano (Sección de Escultura), Laviña y Lavandera (Sección de Arquitectura). Estos nombramientos fueron comunicados a los interesados el 26 de agosto y el 14 de octubre la comisión dio por terminado el formulario del programa saliendo publicado en La Gaceta el 2 de noviembre de 1860.

En estos momentos se estaba organizando la que sería la Exposición Internacional de Bellas Artes de Londres, evento para el que era necesario el nombramiento de una comisión encargada de las admisiones de obras que debían viajar a la capital inglesa.  Dentro de la Academia esta comisión quedó constituida por Carlos Luis de Ribera, Joaquín Espalter, Ponciano Ponzano, Bartolomé Coromina, Matías Laviña, Eugenio de la Cámara y Francisco Enríquez Ferrer. «Reunida el dia 8 de Julio dio su dictamen el 12 que se presentó en la Junta general del 14 del propio Julio y fue aprobado fijandose como punto de partida pª la admision de las obras que han de figurar en dha Exposicion representando al Arte Español Moderno el 1º de Enero de ¿1860?, hasta el año presente tanto para las obras de Pintura como pª las deEscultura y Arquitª».

Además de los diseños señalados, el Gabinete de Dibujos conserva de Laviña el diseño de la Iglesia de San Esteban (Segovia). Alzado de la torre y detalles de capiteles correspondiente a la serie de Monumentos Arquitectónicos de España (MA/303). Los Monumentos Arquitectónicos fue un proyecto iniciado por la Escuela de Arquitectura de Madrid en la segunda mitad del siglo XIX con el que se quiso describir y ensalzar parte del patrimonio arquitectónico de España. Entre este patrimonio se encontraban obras del románico segoviano como las iglesias de San Lorenzo, San Millán, San Martín o la propia de San Esteban, cuyos dibujos preparatorios de las láminas conservados en la corporación académica fueron realizados por insignes artistas, entre ellos Laviña, José María Avrial, Agustín Felipe Peró y Ramón María Jiménez.

Aparte de las obras reseñadas tenemos constancia que ejecutó en Zaragoza el proyecto del jardín para el palacio del duque de Villahermosa; dirigió las decoraciones de muchas fachadas con motivo de las fiestas organizadas por la jura de la Princesa; proyectó los planos para una aduana en Canfranc (Huesca); fue elegido secretario de la comisión nombrada para el rescate y conservación de los monumentos históricos y artísticos; desempeñó las cátedras de Lengua italiana, Matemáticas elementales y Dibujo de figura en la Escuela Normal, y construyó en Madrid entre 1860 y 1862 la residencia de los duques de Veragua en la calle de la Beneficencia.

Hasta sus últimos meses de vida disfrutó el sueldo de 600 escudos anuales y gracias al documento Mas antecedentes para la Biografía de D. Matías Laviña y Blasco, tenemos constancia que en su testamento legó al Ayuntamiento de Zaragoza el proyecto de un Monumento para perpetuar la memoria de los héroes de la ciudad en el año 1808, formado por 7 láminas con sus marcos y cristales que había sido aprobado por la Academia de San Lucas de Roma y por la de San Fernando. A su vez legó a la Academia de San Luis de Zaragoza 5 ejemplares de la Cartilla de Adorno publicada en 1850, además de 6 de Geometría Descriptiva inédita, ambas obras de su mano. El mismo número de cartillas y geometrías las donó a la Escuela Elemental de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, mientras que a la Academia de San Fernando su Diccionario de Arquitectura en el que estaban recogidas más de 5.900 voces, la traducción libre del tratadito de casetones que había publicado en Roma y el documento que acreditaba su aprobación por la Academia de San Lucas.

Fuentes académicas: Arquitectura. Cárceles, 1842-1853. Sig. 2-30-2; Arquitectura. Catedrales, 1766-1862. Sig. 2-32-5; Arquitectura. Iglesias parroquiales, 1852-1857. Sig. 2-33-6; Arquitectura. Monumentos públicos, siglo XIX. Sig. 2-28-5bis; Arquitectura. Torres de iglesias y de relojes. Campanarios y espadañas, 1779-1860. Sig. 2-34-1; Comisión de Arquitectura. Directores de Caminos Vecinales, 1851-1859. Sig. 2-20-1; Comisión de Arquitectura. Informes, 1829-1838. Sig. 1-30-3; Comisión de Arquitectura. Informes, 1839-1850. Sig. 1-30-5; Comisión de Arquitectura. Informes, 1846-1855 Sig. 1-30-2; Comisión de Arquitectura. Informes, 1846-1855 Sig. 1-30-2bis; Comisión de Arquitectura. Informes. Monumentos conmemorativos, 1787-1876. Sig. 2-28-8; Comisión de Arquitectura. Informes. Urbanismo. Puerta del Sol de Madrid, 1855-1857. Sig. 2-28-12; Comisión de Arquitectura. Maestros de Obras, 1825-1876. Sig. 2-23-3; LAVIÑA, Matías, Disertación sobre la mejor forma de teatro, Madrid, 1844. Sig. 3-308-35; Libro de actas de juntas ordinarias, extraordinarias, generales y públicas, 1839-1848. Sig. 3-90; Libro de actas de juntas ordinarias, extraordinarias, generales y públicas, 1848-1854. Sig. 3-91; Sección de Arquitectura. Informes, Catedral de León, siglo XIX. Sig. 2-42-1; Sección de Arquitectura. Informes sobre realización de obras,1851, 1881-1901. Sig. 4-81-16; Secretario general. Académicos. Arquitectos, 1750-1831. Sig. 1-44-2; Secretario general. Académicos. Informes. Laviña Blasco, Matías. Más antecedentes para la biografía, siglo XIX. Sig. 3-308-16; Secretario general. Enseñanza. Adorno, 1817-1852. Sig. 1-33-3; Secretario general. Enseñanza. Pensionados, 1848-1867. Sig. 1-48-4; Secretario general. Pensiones. Roma. Calificación de envíos de los pensionados. LAVIÑA BLASCO, Matías. Neografía de los Lacunares, 1825. Sig. 3-372; Secretario general. Solicitudes de nombramiento de profesores para reconocimiento de obras de arquitectura, pintura, escultura y grabado, 1779-1862. Sig. 2-27-5.

Silvia Arbaiza Blanco-Soler
Profesor TU de la UPM