Hijo de Manuel Ruiz y Severina de Salces nació en Fresno (Santander) en 1820 y murió en Madrid el 28 de febrero de 1899. Siendo muy joven se trasladó a la capital, residiendo en la calle de la Fresa, nº 4, cuarto 2º. Cursó los primeros estudios de Latinidad y el 1º y 2º año de Filosofía conforme al plan que regía en 1835 y según el cual el 2º año comprendía Física general y particular. Continuó su formación como alumno en el Estudio de la calle Fuencarral dependiente de la Academia de San Fernando, en cuyo instituto se matriculó en Dibujo de Cabezas, solicitando en 1843 su pase a Figura, previa presentación de las obras de rigor. Obtuvo el pase en la Junta Ordinaria del 26 de marzo de 1843 lo mismo que «D. Pedro Laureano Esteban, D. Eugenio Cancio, D. José Garcia Romero y D. Estanislado Barela de la Trinidad, y  […] D. Jose Florez del Estudio de la C^e de Fuencarral».

Dos años más tarde solicitó el pase al Yeso, siéndole concedido en la Junta Ordinaria del 13 de abril de 1845 lo mismo que a los discípulos «D. Patricio Patiño, D. Julian Contardi y D. Leandro Meliton, de Estº de la Trinidad, á […], D. José Tolosa y D. Alejandro Estevane del de la C^e de Fuencarral». De esta época, el Gabinete de Dibujos (Sección de Dibujo Artístico) conserva de Ruiz de Salces Dos desnudos masculinos (P/670) que responden a un ejercicio para el pase a la sala del Yeso. Aparte de todos estos estudios, realizó en la Academia los de Química General y el 1º y 2º año de Matemáticas bajo la dirección del profesor Eugenio de la Cámara. 

El 22 de septiembre de 1845 solicitó su ingreso en la Escuela Especial de Arquitectura recién establecida en la Academia de San Fernando, dado que tenía los estudios preparatorios que eran exigidos en los artículos 7º, 8º y 9º de la Real Orden de 24 de septiembre de 1844. Para este fin presentó la fe de bautismo y las certificaciones de todos sus estudios, siendo examinado de estas materias y matriculado en el 1º año de carrera en la Junta de Examen celebrada el 7 de octubre de 1845.

Como discípulo de la Escuela Especial de Arquitectura y en vista de las buenas calificaciones obtenidas en el curso 1846-47, le fue concedida por la Real Orden del 6 de febrero de 1847 una pensión de 8 reales diarios durante el tiempo que le restaba de carrera, siempre que continuase con la misma trayectoria académica. En la Junta General del 1 de agosto de 1847 Mariano Calvo, en calidad de secretario de la Escuela, presentó el estado de los exámenes de fin de curso de 1846-1847 destacando a Ruiz de Salces como un alumno aventajado, a quien se menciona como pensionado en el 2º año y como discípulo que obtendrá un lugar preferente para pasar al 3º año de carrera conservando las notas que le habían valido la gracia de S.M.

A lo largo del curso de 1848 y 1849 se generaron en la Escuela grandes protestas, problemas disciplinares, ausencia en las aulas y faltas de insubordinación por parte de los alumnos. Se debía a la Real Orden de 28 de noviembre de 1848 por la que quedaron suprimidos los dos años de práctica que eran exigidos para obtener el título, dejando automáticamente a los estudiantes de 3º, 4º y 5º año de carrera matriculados en 1º, 2º y 3º curso del nuevo plan. Entre estos desórdenes figuraban los acontecidos en la cátedra que desempeñaba Manuel María de Azofra, clase en la que los discípulos se negaron a responder a las preguntas del profesor, lo que motivó la emisión de la Real Orden de 15 de diciembre de 1848, acordándose la expulsión de cualquier alumno desobediente fuese cual fuese su número; que aquellos que no asistiesen a clase se les anotarían las faltas para que llegado el número prevenido perdiesen curso y aún como oyentes no se les permitiese asistir en lo sucesivo; incluso en caso de que la insubordinación exigiese la fuerza armada, los discípulos fuesen entregados a los tribunales. Esta orden fue comunicada al director de la Escuela y a través de éste a todos los profesores. Sin embargo, no era la primera vez que eran expulsados estudiantes del centro, ya que Carlos Botello del Castillo, discípulo del 2º año de carrera, lo había sido en 1847 y Cirilo y Ramón Salvatierra en 1848, habiendo sido readmitidos por la Junta de Gobierno el 6 de mayo de 1848 en atención a las manifestaciones de sus padres y sus buenos propósitos.

Enterada la reina de los sucesos acontecidos por los alumnos del 1º y 2º año de arquitectura, acordó emitir la Real Orden de 31 de enero de 1849 que, a propuesta de la Junta de Profesores, tuvo como consecuencia la expulsión de los promotores de las revueltas (Simeón Ávalos, Manuel Giménez y de Ropero, Pedro Fores y Pallás, Bibiano Guinea, Joaquín Vega, Manuel María Muñoz, Aquilino Hernández, Antolín Sagasti, Juan Torras y Guardiola, Luis Villanueva y Arribas, José Sarasola y Pequera, Anastasio Menéndez, José Limó y Fontcuberta y Manuel Villar y Vallí), como la de aquellos que no habían cumplido las asistencias reglamentarias a las diferentes clases (Dionisio de la Iglesia, Carlos Mancha y Escobar, Francisco Urquiza y José Segundo de Lema).

Aunque se acordó no admitir a matrícula a los alumnos expulsados ni a los borrados por falta de asistencia, lo cierto es que en su mayoría fueron readmitidos por la Real Orden de 16 de mayo de 1849 una vez arrepentidos de sus actos. A partir de entonces se exigió a los aspirantes para solicitar la matrícula ir acompañados de sus padres, tutores o encargados responsables de su conducta y acreditar no haber tomado parte en las revueltas que habían motivado dichas disposiciones, recordándoles al mismo tiempo que cualquier falta de subordinación se castigaría en lo sucesivo con arreglo a las Reales Órdenes de 15 de diciembre de 1848 y 31 de enero de 1849.

A finales de la década de los años cuarenta del siglo XIX, S.M. aprobó la iniciativa de algunos profesores de la Escuela Especial de Arquitectura para que el profesor Antonio Zabaleta pasase a Toledo con algunos discípulos, con objeto de proporcionar buenos dibujos y modelos para la enseñanza de los que la Escuela carecía. Los estudiantes debían costearse el viaje e ir acompañados de un profesor, a fin de practicar las mediciones de detalles, conjuntos de edificios y vaciados de los monumentos que se encontraban en esa población.

Zabaleta salió rumbo a Toledo el 24 de abril de 1849 con 30 alumnos que trabajaron entre 12 y 14 horas diarias permaneciendo en la ciudad hasta el 14 de mayo. De los treinta discípulos, 7 se hallaban en el año de práctica, lo que significaba que tenían todos los estudios concluidos (Severiano Sainz de la Lastra, Joaquín Fernández, Pantaleón Iradier, Manuel Heredia, Santiago Angulo, Mariano López y Luis Pérez); 8 se encontraban en el 3º año de carrera (Felipe Peró, Domingo Inza, José Mariano Mellado, Máximo Robles, Rafael Mitjana, Antonio Cortázar, Antonio Iturralde y Francisco Verea y Romero); 13 cursaban el 2º año de carrera, siendo el caso de Antonio Ruiz Sálces, Cristóbal Lecumberri, Juan Lozano, Fernando Ortiz, Cirilo Ulivarri, Juan Germán, Alejo Gómez, Juan Nepomuceno Ávila, Juan Jarelo, José Asensio y Berdiguer, Demetrio de los Ríos, Manuel Villa y Valle y Francisco Villar, mientras que 2 cursaba el 1º año (Aureliano Varona y Francisco Cubas).

Los trabajos realizados fueron expuestos en una exposición pública organizada en Toledo antes de que los autores regresaran a Madrid. Entre las obras figuraban detalles y fragmentos de la Casa de Mesa; los azulejos y bóvedas de la Capilla de San Jerónimo en la Concepción Franciscana y los de la Casa de Misericordia en San Pedro Mártir; la planta, el corte longitudinal, los detalles de los arcos y los capiteles de Santa María la Blanca y San Juan de los Reyes. Asimismo, vaciados de varios sepulcros, pilastras, arcos, arquivóltas, fajas y frisos de la catedral.

La expedición fue todo un éxito y en vista de los resultados obtenidos, la Junta de Profesores comunicó a la Academia lo útil que era el estudio de los monumentos como que consiguiese del gobierno varias pensiones anuales para un cierto número de alumnos a fin de comisionarles para este objeto.

Ruiz de Salces fue examinado y aprobado en la clase de arquitecto por la Junta de los Sres. Profesores el 18 de marzo de 1852, a los 31 años de edad, tras elaborar como proyecto fin de carrera los diseños de una Plaza de toros para una capital de provincia (del A- 3257 al A- 3261) con su informe facultativo y el avance del coste de la obra. El proyecto respondía al programa nº 9 que le había tocado en suerte desarrollar el 16 de enero de 1852, es decir «Una plaza de toros con todas sus dependencias para una capital de provincia. Planta, alzado y corte. Escala de 0.015 p^r metro».

Comenzó la memoria artística y descriptiva de la obra elaborando una reseña histórica de las funciones de toros a fin de ilustrar el tema. Continuó su estudio exponiendo las circunstancias que había tenido presente a la hora de hacer el croquis de su proyecto, incluyendo las razones que le habían motivado a hacer algunas modificaciones respecto a su forma y disposición. Prosiguió describiendo la composición, distribución, decoración y construcción del edificio, para concluir con la distribución de los trabajos y el presupuesto del coste de la plaza de toros en caso de que fuese edificada.

Opositó a la plaza de arquitecto de la ciudad de Zaragoza en octubre de 1853, siendo propuesto en la Junta General del 1 de noviembre de ese año. Una vez censurados los ejercicios que había trabajado para este objeto quedó propuesto en primer lugar seguido de Miguel Geliner y Gelma, no obstante, el tribunal de oposición no sólo le propuso en primer lugar, sino también manifestó «la notable diferencia que existia entre los ejercicios de este y los de su coopositor, con cuyo motivo y habiendose hablado con detenimiento (en la Junta gral que celebró la Acadª en 1º de Nobre. de aquel año) de las relevantes circunstancias de este interesado, del modo con que habia hecho sus estudios, las notas que habia merecido y el digno lugar que ocupaba en la enseñanza, acordo que se hiciese exposición de esta nota del Tribunal en el oficio que se dirigiese á dicho Ayuntam^to de Zaragoza». Finalmente, Miguel Geliner y Gelma sería nombrado arquitecto de dicho ayuntamiento en la Junta General del 4 de diciembre de este mismo año.

Poco antes del plan del Ensanche se llevó a cabo el proyecto de renovación interna más importante de Madrid: la configuración de la Puerta del Sol, que había comenzado en 1852 y no finalizaría hasta 1862, llevándose a cabo la propuesta de Lucio del Valle, Juan Rivera y José Morer en 1857. La renovación de la plaza fue complicada porque llevaba intrínseca la expropiación de multitud de solares para lo que fue necesaria la promulgación de la Real Orden de 19 de septiembre de 1954. A raíz de ella se sometió a examen del ayuntamiento el proyecto del Ensanche de la Puerta del Sol para la regularidad y embellecimiento de la capital, así como por el interés de los propietarios, pero para ello era necesaria la opinión de la Academia Nacional de San Fernando, teniendo presentes los planos de la proyectada reforma. El sitio se encontraba entonces como resultado del derribo del Buen Suceso y la casa de beneficencia. Su regularización era urgente dado el «repugnante aspecto» que presentaba y por el ornato público, ya que constituía el sitio más céntrico y concurrido de la ciudad.

El 17 de octubre de 1854 se había entregado la comunicación original que la suprimida Junta Consultiva de Policía Urbana había elevado al gobierno el 19 de octubre de 1853 junto con el proyecto del ensanche de la plaza, formado por el plano y la decoración de las nuevas fachadas y el coste que podría suponer la realización del mismo. Pero toda esta documentación era susceptible de ser ampliada con las alineaciones aprobadas para las calles de Alcalá, Arenal, Carretas, Mayor y demás.

La Sección de Arquitectura reunida el 27 de octubre de 1854 formada por París, Conde González, Sanz, Herrera de la Calle, Zabaleta, Peyronnet y Laviña, había sometido de nuevo a examen el proyecto del ensanche, alineación y ornato de la Puerta del Sol. Estudiado con detenimiento el expediente, la Sección de Arquitectura comunicó al ayuntamiento que le era imposible dar su opinión al respecto debido a la escasez de datos remitidos, entre los cuales faltaba uno de mayor relevancia: el estudio detallado de los desniveles y rasantes, aspecto del que no se había podido ocupar la comisión encargada de la obra debido a la premura con que se había exigido la presentación del proyecto. Además, la Academia necesitaba conocer si dicho proyecto se encontraba en armonía con el pensamiento general de mejoras y reformas en el sistema de alineación de Madrid y tener a la vista las acordadas para todas las calles que desembocaban en la plaza. Por todo ello, comunicó al ayuntamiento no poder dar un dictamen favorable a lo presentado y la necesidad de que se ocupase de concluir el plano futuro de Madrid. El dictamen de la sección fue aprobado por la Academia en la Junta General del 5 de noviembre de 1854.

El Ayuntamiento de Madrid dispuso que sus arquitectos empezasen a trabajar lo antes posible en la recopilación de la información que le había pedido la Academia. El 17 de febrero de 1855 ya estaban recopilados los datos suficientes, se habían ejecutado los perfiles que se representaban en el plano, las anotaciones de cada perfil y las acotaciones que expresaban los desniveles en los puntos principales, además de los diseños de las diez calles que desembocaban en la plaza, información que fue remitida a la Academia. Pero recibido el expediente el 19 de febrero a las 12 de la mañana y reunida la Sección de Arquitectura a las 5 de la tarde de ese día, continuándola el 20 a las 8 de la mañana, se echó de menos tener a la vista la comunicación del ayuntamiento con todos los antecedentes de la obra.

En estos momentos los arquitectos Laviña y Lallave fueron nombrados por la Sección de Arquitectura para examinar la reforma de la Puerta del Sol. Tras reconocer el lugar y estudiar el proyecto durante 12 largas horas tuvieron concluido el informe el 20 de febrero de 1855 llegando a las siguientes conclusiones: «1º la Conveniencia del proyecto; si bien llama la atencion p^r haberles impresionado vivamente, sobre los 130 r^s p^r pie y 3 p^r % de indemnizacion. 2º Encontrar el proyecto aceptable y estudiado bentajosamt^e, de una manera poco variable con escaso tiempo y medios. 3º Encontrarlo asi mismo realizable siempre que, atendiendo á ser una reforma y no un proyecto nuevo, el plano de asiento de la nueba plaza no sea un solo y mismo plano, sino una superficie compuesta de varias estudiadas con las intervenciones de diferentes planos de manera q^e estas ni impidan en lo mas minimo el transito y servicio público de todo genero, antes sea mas asequible q^e al presente».

El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 22 de febrero de 1855 y seis días más tarde Peyronnet llevó a cabo la redacción del mismo, poniendo de manifiesto que se trataba de un proyecto que había exigido repetidas juntas y discusiones para poder conciliar los intereses del ayuntamiento con los de los propietarios; que la población de Madrid necesitaba muchas reformas, pero una de las más importantes era ésta al ser lamentable y desdecir el aspecto de este espacio urbanístico tan reconocido en la península y en el extranjero por su posición central, el número de calles que desembocaban en él y la multitud de carruajes y personas que transitaban por sus avenidas. Por otro lado, señalaba la necesidad de corregir la desigualdad de los frentes y la asimetría de las manzanas, motivos por los cuales creía conveniente la ejecución del proyecto, máxime cuando la obra había sido declarada de utilidad pública, como también la necesidad de que fuera estudiado desde el punto de vista artístico atendiendo a su disposición en planta y la ornamentación de sus alzados, sin olvidar el cálculo del coste que debía tener.

En nombre de la Sección, Peyronnet comunicó la aprobación del ensanche proyectado base del proyecto presentado al estar sus alzados bien entendidos y seccionados, no obstante, consideró más conveniente haber organizado en su lugar un concurso público para tal ocasión a fin de haber elegido entre varios proyectos el mejor, ya que era un medio para estimular el genio artístico y obtener el mejor resultado en asuntos de tanta importancia. En cuanto a la cuestión económica, aspecto que sólo pertenecía al ayuntamiento, la Sección de Arquitectura consideró oportuno señalar algunas indicaciones sobre todo en cuanto al tipo de indemnizaciones que debían pagarse.

La Sección de Arquitectura volvió a reunirse el 24 de febrero de 1855 para examinar la reforma de este espacio urbanísticos, que creyó susceptible de modificación desde dos puntos de vista: el artístico y económico, este último limitado tan sólo a la parte de la tasación facultativa para la expropiación. En cuanto al aspecto artístico aprobó en su totalidad la planta y los alzados, aunque creyó oportuno como Peyronnet haber abierto un concurso público para tal ocasión. Respecto al coste del proyecto vio poco exacto el tanteo realizado por la junta, porque se había señalado como tipo para la indemnización la cantidad de 132 reales por pie superficial incluyendo las construcciones, cuando las casas tenían un valor absoluto y otros relativos pues en cada finca las construcciones tenían gran variedad de valores en función de su calidad y estado.

El informe anterior había calificado el proyecto de bueno y aceptable, pero como era susceptible de modificación la Junta de la Sección de Arquitectura reunida el 7 de marzo de 1855 aprobó la forma de la planta y la alineación de los nuevos edificios, pero no así los alzados presentados. Por este motivo se acordó la realización de un nuevo pensamiento de decoración de las fachadas, a cuyo objeto sería necesaria la convocatoria de un concurso tomando como base la planta aprobada y limitándose sólo a los alzados, o en su defecto que el ayuntamiento encargase su estudio a sus arquitectos de villa, para que después escoger el que mejor reuniese los requisitos exigidos.

El 20 de septiembre de 1855 fueron remitidos a la corporación académica  5 proyectos y 6 proporciones para el ensanche de la Puerta del Sol, a fin de escoger el que mejor reuniera las características exigidas: el primero era del conde de Hamal y D. E. Mamby, cuyos planos estaban firmados por los arquitectos Pedro Tomé, Juan de Madrazo y Aureliano Varona; el 2º de José Antonio Font, firmados los planos por el arquitecto José Acebo; el 3º de Juan Salas y Sivilla sin dibujo alguno, el 4º del marqués de Aserreta con un solo dibujo sin autoría; el 5º de Pascual Hidalgo y Compañía con un dibujo también sin firmar, y por último el 6º del arquitecto Carlos del Bosch y Romaña con un dibujo firmado por él.

Los planos quedaron en la sala de la Academia para que fuesen vistos por los académicos y pasasen después la censura de una comisión formada por tres individuos de su seno.  Como miembros de esa comisión fueron elegidos por votación secreta en la Junta de la Sección de Arquitectura del 24 de septiembre Antonio de Zabaleta, José París y Antonio Herrera de la Calle, quedando como suplente Eugenio de la Cámara, pero tras la renuncia por ausencia de Zabaleta al cargo sería sustituido por Eugenio de la Cámara. Los miembros debían emitir un informe sobre los mismos, pero también sobre la exposición dirigida a la Academia por Modesto Gozálbez en su nombre y el de sus hermanos Gonzalo y Francisco como propietarios de la casa nº 7 moderno y 3 antiguo en la expresada Puerta del Sol, a fin de que la corporación tomase en consideración los perjuicios que les ocasionarían de aprobarse el proyecto del conde de Hamal y Mamby, si en el futuro eran despojados de su propiedad.

El dictamen adoptado por la mayoría de los vocales asistentes a la Junta General del 6 de octubre de 1855  fue el siguiente: no tomar en consideración los proyectos cuyos planos no estuviesen firmados por un arquitecto, de lo que se deducía que quedaba fuera los de Juan Sala y Sivilla, el marqués de Asarreta y Eugenio Pascual Hidalgo, limitándose sólo el examen de la Academia a los proyectos del conde de Hamal y Mamby, José Antonio Font y el arquitecto Carlos del Bosch y Romaña al reunir los requisitos exigidos.

Tres fueron los puntos principales que se examinaron en los proyectos: la figura de la planta, la decoración de los alzados y el espacio franco resultante para el público. Respecto a las plantas, la Academia halló mayor regularidad y simetría en el proyecto de Hamal y Mamby y mayor amplitud en el de Font, sin embargo, no dejaban de necesitar alguna ratificación. En cuanto a las fachadas, encontraron desafortunados los arcos que algunos arquitectos habían levantado en la entrada de la calle del Carmen y Preciados por ser inútiles y quitar las vistas, luces y desahogo a las casas de estas vías, siendo aprobadas las fachadas elaboradas por Hamal y Mamby que habían sido firmadas por los arquitecto Aureliano Varona y Juan de Madrazo, prefiriéndose de los dos la de este último, siempre que la severidad de la ornamentación que presentaba fuese completada a la hora de su ejecución. Por último, respecto al espacio reservado para uso público, entendió la Academia que el proyecto del conde de Hamal y Mamby era el que más se acercaba al objeto por llevar hasta 157 pies la seguridad transitable.

Los estudios daban como resultado que el proyecto de Hamal y Mamby satisfacía las necesidades y las condiciones requeridas tanto en planta como en alzados y que debía darse a la plaza 570 pies en su lado mayor y 158 pies en su lado menor según se había marcado con tinta encarnada en el plano de los señores antes citados; no obstante, la Sección de Arquitectura fue muy parca a la hora de tratar las condiciones económicas al ser ajenas a la índole de su instituto.

El 11 de abril de 1857 se dieron las condiciones higiénicas a las que debían sujetarse en su construcción los nuevos edificios de la Puerta del Sol: la alineación de los edificios sujeta a la traza señalada en los planos aprobados por el gobierno de S.M. y la decoración exterior a la aprobación de la Academia; la obligatoriedad de los constructores de presentar al gobierno la forma de las plantas y las secciones de los edificios (la altura total de los edificios, el nº de pisos y sus alturas respectivas relacionadas con el ancho y la situación de las calles); hacer posible que en los proyectos de decoración las líneas horizontales de cada fachada corriesen en lo posible como continuación de las fachadas laterales; tener presente la proximidad del Canal de Isabel II en las nuevas edificaciones y la distribución de sus aguas en el interior de la población; la ejecución de los cimientos de las nuevas construcciones a la profundidad competente y sobre suelo firme con mampostería ordinaria o ladrillo recocho con mezcla de cal de Valdemorillo (Madrid), o en su defecto cales grasas combinadas con polvo de teja o ladrillo; la cubrición de los sótanos con bóvedas de ladrillo a rosca, dejando lumbreras necesarias para la iluminación y ventilación;  el empleo de la sillería en las fachadas exteriores prevenida por la Ordenanza y en las interiores o de patios con un zócalo de 0,56 m (2 pies); la construcción de las medianerías con ladrillo, nunca con madera; la ejecución de los muros de fachadas exclusivamente de fábrica, pudiendo ser sustituidos en algunos casos por pies derechos u otras construcciones de hierro laminado, forjado o fundido, pero de ningún modo con madera excepto en los sotobancos, y por ultimo, la posibilidad de ejecutar los tabicones de carga o de crujía con entramados de madera, los pisos o entramados horizontales de viguería espaciadas con marcos que exigiesen los anchos de crujía.  Sobre este asunto se especificó el buen resultado que el hierro estaba dando en los pisos en el extranjero y que entonces se estaba introduciendo en España, por lo que era conveniente que su uso se fuese generalizando en sustitución de la madera como normalmente estaba ocurriendo en nuestro país.  Respecto a las armaduras debían construirse con la solidez que exigían las distribuciones, cubriéndolas con teja a la romana cogidas con mezcla en sus boquillas, limas y caballetes; de plomo o zinc los canales para recoger las aguas de lluvia y dirigirlas a los tubos de bajada de los mismos metales en toda su longitud en los patios y hasta la altura de 3 m por lo menos del piso de las calles en las fachadas exteriores, desde donde debían descender empotrados en el muro siendo de hierro fundido. Y por último, que el piso de la planta baja quedase elevado cuanto menos sobre el de la acera contigua al edificio 0,50 m.

De la superficie de cada solar se destinaba 1/6 parte para los patios de iluminación y ventilación, pudiéndose disminuir a ¼ parte cuando se estableciesen patios comunes a dos o más casas. Asimismo, se reglamentaba el volumen de los dormitorios (12 m³), las escaleras, los retretes y comunes, estos últimos inodoros conocidos con el nombre de bombillos con bajadas de hierro fundido, y el servicio de aguas comunes dispuesto con arreglo al sistema aprobado y publicado por el Consejo de Administración del Canal de Isabel II.

La Junta de la Sección de Arquitectura celebrada el 23 de abril de 1857 examinó y aprobó el proyecto de decoración arquitectónica para la Puerta del Sol formado por el ingeniero de caminos Carlos María de Castro. La aprobación fue unánime a excepción del marqués del Socorro, quien manifestó no estar conforme con poner como centro de las alineaciones el edificio ocupado por el Ministerio de la Gobernación.  Pero el 1 de mayo de ese mismo año la comisión de académicos nombrada para informar sobre esta obra emitiría el correspondiente informe, reseñando que el proyecto debía ser asequible y realizable sin que exigiera sacrificios superiores a los que eran posibles hacer, de ahí que no fuera viable hacer la reforma completa de la barriada inmediata a la Puerta del Sol debido a que la topografía del terreno obligaba a realizar numerosas y costosísimas expropiaciones. Esto significaba que la reforma debía ceñirse a ensanchar y mejorar la plaza sin tomar de sus accesorias nada más que la zona puramente precisa para regularizar la embocadura de las calles. Otros de los puntos aprobados fueron los siguientes:

2º) Que el antiguo edificio de la Casa Correos, entonces Ministerio de la Gobernación, se tomarse como centro y base de la reforma por la importancia de su destino, solidez, buen aspecto y grandes dimensiones.

 3º) La necesidad de variar la dirección de la calle de Preciados desde el punto de su confluencia con la de las Zarza, sacándola perpendicularmente a la fachada del Ministerio en su centro.

 4º) No encontrar inconveniente en cerrar la calle del Carmen con un arco al proporcionar regularidad en la extensión de las fachadas y disimular la divergencia de las direcciones de las calles, aunque por otro lado tuviese el inconveniente para la salubridad y ventilación.

5º) En cuanto a la curvatura adoptada por la Junta Consultiva de Policía Urbana en su proyecto y aceptada posteriormente, se encontró muy conveniente al salvar con las menos expropiaciones la dificultad de divergencia de las calles de Montera, Preciados y del Carmen evitando los ángulos agudos.

 6º) La necesidad de tener en cuenta el encarecimiento y los notables desniveles que presentaban las calles afluentes respecto al centro de la plaza y singularmente la de Montera. También que ninguna de las plantas que se habían visto llenaban sus deseos y que la remitida juntamente con el proyecto de fachada de Castro era una de las que más se separaba de las condiciones que la Comisión deseaba tuviera la Puerta del Sol.  Por este motivo la comisión formuló un pensamiento en planta ejecutado con elementos de varias de las presentadas, tomando por centro la Casa de Correos, dando mayor extensión a la línea de oriente a poniente. En cuanto a la decoración de las fachadas la comisión fue de la opinión que al no constituir la Puerta del Sol una plaza cerrada sino lo que en Italia se denominaba un «largo», es decir, un sitio donde la principal carrera o avenida de la población recibe un ensanchamiento para dar entrada a otras tantas calles principales, no era conveniente adoptar un sistema uniforme de decoración al producir monotonía y ser difícil el poderla acomodar bien a la distribución de los solares y la disposición de las medianerías.

 Respecto a la elección de los materiales, la utilización de piedra era muy costosa para los propietarios lo mismo que el empleo de hierro fundido o laminado, pero si se empleaban otros más económicos como las yeserías, barros cocidos o las composiciones hechas con las cales hidráulicas, la construcción tendría poca duración. Para la comisión se debían dejar a los propietarios la libertad de adoptar el estilo de ornamentación que más les conviniese, siempre que perteneciese a alguna buena época del arte o formasen una nueva, estuviesen motivados los adornos y presentasen los planos a la aprobación de la Academia. No obstante, la comisión fue del parecer que debían fijarse las alturas totales y parciales de las fachadas como sus pisos en relación con el ancho de la calle.

En estos momentos también se censuró el proyecto de ornamentación elaborado por Castro que se encontró carente de unidad y distribución en sus adornos, ya que unas partes estaban recargadísimas y otras eran muy sencillas a base de ornamentaciones pobres y mezquinas. Se observó que no existía correspondencia entre la planta y las fachadas, lo mismo que entre los arcos de las puertas de las tiendas y el resto del conjunto, los vanos y las alturas. Por último, respecto al pliego de condiciones facultativas e higiénicas, la Academia estaba de acuerdo en que la utilización del hierro en los suelos era conveniente, pero aún no factible en España debido a que existían excelentes maderas de buena calidad a un módico precio y la industria de la fabricación del hierro estaba poco desarrollada en nuestro país. En cuanto al empleo del cinc para las bajadas de las aguas pluviales no lo encontraba conveniente por su poca durabilidad y resistencia a las influencias atmosféricas, como tampoco con algunos puntos tocantes a las escaleras, entre ellos la prohibición de las espirales y señalar como tipo mínimo para el ancho de los tramos de escalera 1,50 m cuando en muchas ocasiones bastaba con 1 m. Este dictamen de la Sección de Arquitectura fue aprobado por la Academia en la Junta General del 3 de mayo de 1857.

Pero la Sección de Arquitectura se volvió a reunir en sucesivas ocasiones para tratar las obras de reforma. Lo haría el 10 y 18 de junio y 5 julio de 1857, momento en que atendiendo a la necesidad que tenía el director facultativo de las obras en tomar copias de los planos de los solares de Madrid contenidos en los libros que poseía la Academia para tomar los datos necesarios para llevar a cabo la medición de dichos solares y la tasación de las fincas que debían expropiarse, la corporación académica acordó poner a disposición de este funcionario y de su ayudante, el arquitecto Antonio Ruiz de Salces, los citados libros que se encontraban custodiados en el Archivo de la institución.

El 18 de julio se remitieron a informe los planos de los solares de las casas a construir y el 29 de julio fueron examinados el pliego de condiciones generales y facultativas, particulares y económicas para la subasta del derribo de las casas. Lógicamente, solo podían intervenir en esta fase grandes capitalistas, privándose a los pequeños de tomar parte en la subasta porque los plazos en los que se debían hacer los cobros eran muy cortos y perentorios. Antes de acabar el mes  la Sección de Arquitectura reunida el 31 de julio opinó que no tenía nada que informar  sobre esta obra porque la figura y dimensiones de la nueva Puerta del Sol ya estaban establecidas, como la dirección y el ancho de las calles afluentes a la misma; incluso las alineaciones a las que debían sujetarse en lo sucesivo las casas contiguas a las expropiadas por la Administración, sin embargo, podían hacerse algunas modificaciones  en las líneas que marcaban su perímetro y en la colocación de algún recuerdo histórico, fuente, arco u otra construcción decorativa que diese un aspecto mas monumental y grandioso a su espacio al tiempo que corregir la excesiva longitud de la plaza respecto a su ancho.  En cuanto a las rasantes, la alineación de las fachadas y las condiciones higiénicas, la Academia estaba conforme en todo lo presentado, incluso con la decoración adoptada en sus fachadas porque, aunque no podía calificarse de esencialmente artística ni monumental, era apropiada a las casas de alquiler que eran su objeto.

Por orden del ministro de la Gobernación se le encargó al arquitecto Juan Bautista Peyronnet la realización de una serie de adiciones al mismo proyecto de reforma, cuyos honorarios correspondientes a los planos, memoria y demás trabajos efectuados fueron aprobados en la Junta General del domingo 7 de noviembre de 1858. A finales de este año se remitió el proyecto y el plano de la reforma para el embellecimiento de la plaza firmados por el arquitecto Juan Rom. Fue examinado por la Sección de Arquitectura el 14 de diciembre de 1858, junta que observó que la obra se reducía a variar la dirección de las calles de Preciados y del Carmen desde el punto que lo permitían las expropiaciones practicadas sacándolas perpendicularmente a la fachada que miraba al mediodía y suprimiendo la calle de la Zarza conservaba intactas las líneas generales de la planta aprobada por las Cortes. Con ello conseguía una forma más regular de los solares enajenables aumentando su extensión, pero el proyecto de Rom sería desechado por varios motivos: primero, porque cambiaba la dirección de algunas calles y no lograba ninguna euritmia en la distribución de las masas ni correspondencia con las bocacalles; segundo, porque no era acertada la supresión de la calle de la Zarza y tercero, porque disminuía el desarrollo de las líneas de fachada reduciendo el numero de tiendas y locales para el comercio, lo que reducía el precio de los solares en la subasta y destruía en parte el objeto comercial que se pretendía. A todo ello cabría añadir la imposibilidad de realizar por ahora un proyecto de reforma mientras que no se formase una nueva ley, en cuyo caso se anunciaría un concurso público al que pudieran presentarse todos los profesores de arquitectura.

En vista de lo expuesto, la sección no pudo considerar el pensamiento de Rom «[...] como una de esas modificaciones que mas ó menos oportunas, se ocurren facilmente al que examina un proyecto formado y estudiado por otra persona, y entiende que comparado con el que se está preparando para su ejecucion, reconocido generalmente como poco adecuado basta por el mismo Consejo de Admon en su informe no desmerece nada, pues los inconvenientes que presenta estan quiza compensados con otras ventajas, como con algunas mayor regularidad en los angulos y en la forma de los solares, la apertura de la calle del Carmen y el aumento de terrenos enagenables; pero no cree que en el estado á que han llegado las cosas sean estas ventajas de tal magnitud que por ellas solas deba intentarse la derogacion de la Ley vigente y formacion de otra nueva».

El 18 de junio de 1859, la junta formada por Eugenio de la Cámara, José Jesús Lallave, Morán y Narciso Pascual y Colomer bajo la presidencia de Aníbal Álvarez como académico más antiguo, se reunió para proceder al nombramiento del presidente y secretario de dicha comisión, cargos que recayeron respectivamente en Aníbal Álvarez y Pascual y Colomer. En estos momentos, S.M. encargó a la Academia el estudio y la propuesta de las modificaciones que debían llevarse a cabo en la planta ya aprobada de la Puerta del Sol, motivo por el que era necesario tener a la vista todos los datos geométricos y topográficos del terreno, el estudio de niveles, rasantes y demás que estuviesen realizados para el mejor desempeño de su cometido, así como disponer de uno o dos hábiles delineantes para la ocasión.

Mientras tanto, la Sección de Arquitectura del 8 de mayo de 1857 censuró y aprobó la concesión de licencia a Manuel de Santayana para edificar, conforme a los planos aprobados por el Gobierno de S.M. para la reforma de la Puerta del Sol, la casa situada en la Carrera de San Jerónimo, nº 2, Puerta del Sol números 1 y 3, dictamen que sería aprobado por la Academia en la Junta General del 7 de junio de 1857. Veinte días más tarde fue examinado el expediente de las condiciones higiénicas y la distribución de las casas números 5, 7, 9 y 11 de la Puerta del Sol esquina a la calle de Carretas, nº 1, cuyos planos encontró la sección perfectamente entendidos y arreglados el 28 de mayo, tanto en su distribución como decoración; no obstante, respecto a la casa nº 11 esquina a la de Carretas propiedad de Maltrana, debía disponerse llegando el gabinete de la esquina hasta la fachada de la calle Carretas suprimiéndose el tabique divisorio de  la pieza sin nombre y la alcoba de en medio debía recibir la amplitud procedente de la supresión del pasillo de al lado que debía desaparecer.

El 22 de junio, el Consejo acordó remitir a la Academia todos los estudios que la Academia había solicitado, entre ellos, el plano topográfico de la citada reforma hecho con arreglo a la Ley de 28 de junio de 1857 y reales órdenes posteriores con la aprobación de las modificaciones del trazado de la calle de la Zarza y las rasantes de las calles afluentes a la plaza. Ese mismo 22 de junio, la sección se volvió a reunir excusando su asistencia Juan Bautista Peyronnet. Se procedió al examen de los diferentes proyectos remitidos por el gobierno y tras haberlos estudiados se halló como más aceptable el propuesto por la Junta Consultiva de Policía Urbana, no sin antes manifestar los defectos que se advertían en el trazado aprobado por la citada ley de 1857. 

Debido a la premura con que se exigía la resolución del asunto, la Academia acordó realizar un croquis a modo de anteproyecto junto con un informe que expresase las razones que le habían motivado el llevarlo a cabo. El trazado propuesto por la Academia tenía «la inmensa ventaja de ser mas sencillo, de aprovechar mas en beneficio del arte y de la conveniencia publica el inmenso derribo practicado; toma por base la fachada del Ministerio de la Gobernacion, reduce la longitud de la plaza á 544 pies la ensancha hasta 273, es decir, 100 pies mas que la actual trazada, produce con estas dimensiones una razonada proporcion en su area y dirigiendo el eje de la calle de preciados al medio de la fachada del ministerio permite dar tan oportuna direccion á las demas calles afluentes que se produce una simetrica correspondencia entre estas y las manzanas de casas determinando lineas de fachada mucho mayores que las actuales, particularmente en las tres que hacen frente al Ministerio, lo cual producirá masas de edificacion de un carácter mas monumental y mas digno del pensamiento que ha debido conducir a esta reforma. Esta importante variación no exije ni mas expropiacion ni mas gasto al presentado y solo toma de la actual superficie vendible la insignificante cantidad de 4500 pies propiamente, cantidad q^e no duda la Comision sera algo menor al hacer el estudio definitivo [...]». Otra de las reformas que la Comisión veía factible, no como parte integrante del proyecto sino como de utilidad y para poder ser ejecutada paulatinamente, era la apertura de una calle que iniciada en la Puerta del Sol condujese a la plaza de las Descalzas y proporcionase salida a la calle Peligros.

La memoria descriptiva del proyecto del Ensanche y de sus calles afluentes propuesta por la dirección facultativa de las mismas obras como modificación del proyecto aprobado por la Ley de 28 de junio de 1857, quedó concluida el 9 de julio de 1859. En ella quedaron reseñadas las condiciones principales que se habían procurado satisfacer en el proyecto basadas en los principios siguientes: la reforma y ensanche debían satisfacer y subordinarse para facilitar el tránsito tanto de carruajes y caballerías como de la gente de a pié, mejorando los medios de comunicación entre las calles principales de la población que vertían y se cruzaban en dicha plaza; la reforma debía sujetarse estrictamente a la expropiación verificada hasta ese momento y satisfacer igualmente la simetría y el ornato de las fachadas que daban a la plaza regularizando sus avenidas como aprovechar al máximo el suelo expropiado.

Tras señalar los principios de la reforma, la memoria se centró en la explicación del proyecto, comenzando con la elección del centro, su forma y ejes, continuando con la necesidad de suprimir los callejones de la Tahona, las Descalzas y Preciados como vías públicas, aunque conservando sus entradas por las servidumbres que prestaban y los servicios que presentaban a las casas contiguas, y finalizando con la necesidad de ejecutar chaflanes en la intersección de las calles del Carmen, Zarza y Negros. Por último, introducía la ejecución del proyecto y una comparación entre las áreas que habían quedado disponibles para la edificación, con objeto de señalar las ventajas que tenía este nuevo proyecto sobre el ejecutado por la Academia y el aprobado por la ley:

 - Área correspondiente a la edificación expropiada:  16.108, 98 m² (207.478,47 pies²).

- Área de la plaza antes de la reforma era: 9.069 m² (65.289 pies²).

- Ídem. en el proyecto aprobado por la ley de 28- 6 - 1857: 10.361 m² (133.450 pies²).

- Ídem. en el proyecto de la Academia de San Fernando: 10.135 m² (130.542 pies²).

- Ídem. propuesta por la Dirección de la Junta Facultativa:  12.320 m² (158.686 pies²).

- Exceso de superficie de la plaza:  según el proyecto aprobado por la ley sobre el que tenía la plaza antigua: 5.292 m² (68.163 pies²).

. Ídem. según el proyecto de la Academia: 5.066 m² (65.250 pies²).

. Ídem. según el proyecto propuesto por la Dirección Facultativa de las obras: 7.251 m² (93.396 pies²).

 - Exceso de la superficie de la plaza:

 . Según el proyecto aprobado por la ley sobre el de la Academia de San Fernando: 226 m² (2.911 pies²).

. Ídem. según el proyecto de la Dirección Facultativa de las Obras sobre el de la Ley: 1.959 m² (25.233 pies²).

. Ídem. sobre la del proyecto de la Academia: 2.185 m² (28.143 pies²).

 - Áreas que quedaban disponibles para la enajenación eran las siguientes:

 . En el proyecto aprobado por la ley: 10.488 m² (135.089 pies²).

. Ídem. en el proyecto de la Academia: 9.843 m² (126.778 pies²).

. Ídem. en el propuesto por la Dirección Facultativa: 9.263 m² (119.310 pies²).

 - Pérdida de terrenos para la enejenación:

  Proyecto de la Dirección Facultativa de las Obras respecto al aprobado por la Ley: 1.999 m² (25.232 pies²).

. Ídem. respecto del proyecto aprobado por la Academia: 420 m² (540916 pies²).

 Respecto a la memoria elaborada por la junta facultativa de las Obras del Ensanche, la Sección de Arquitectura reunida en la Junta Extraordinaria el 17 de julio creyó poco afortunados los términos, los calificativos y los agravios en ella encontrados contra la propia sección, sobre todo cuando la Academia no estando obligada a intervenir en este tipo de cuestiones había formulado en muy poco tiempo un croquis que no debía dársele más importancia porque era un anteproyecto. Por estas consideraciones y por la conveniencia del servicio público, la corporación académica solicitó de S.M. ser relegada del cargo que le había confiado sobre este asunto pues deseaba «evitar todo conflicto y ulterior desabrimiento, conservando intacta la dignidad de su carácter y no decayendo de la consideracion que las leyes le conceden [...]». La súplica de la Academia no fue concedida porque el 20 del mismo mes la reina Isabel II dispuso que el informe de la Academia fuese evacuado sin demora porque así lo exigía la conveniencia pública y ningún conflicto podía entorpecer este objeto, ya que las observaciones del croquis hechas por la dirección facultativa habían sido expuestas con ánimo de acertar en lo posible en esta obra de tanta importancia sin pretender agravio alguno del cuerpo académico.

Obedeciendo las órdenes de S.M., la Sección de Arquitectura se reunió el 31 de julio de 1859 para emitir un extenso informe sobre el proyecto presentado por la dirección facultativa de las obras, el cual sería aprobado por la Academia en la Junta General del 31 de ese mismo mes. El informe quedó dividido en dos partes claramente diferenciadas: la parte artística y la económica, esta última acompañada de un documento, letra A, recogiendo los errores y contradicciones advertidas en los datos numéricos de la memoria junto con las correcciones que debían hacerse en la memoria desarrollada por la dirección facultativa. Sobre la obra del Ensanche de la Puerta del Sol, el Archivo de la Academia de San Fernando conserva 13 planos bajo los números de inventario: Pl-214/225.

Con la renovación de este enclave se reforzó por un lado su valor representativo atrayendo las actividades comerciales y financieras de la ciudad y por otro, la uniformidad de las fachadas definió su espacio sirviendo de modelo a la arquitectura que se levantaría posteriormente en sus alrededores.

Mientras que se fueron desarrollando las obras de renovación de la Puerta del Sol, Ruiz de Salces residió en Madrid en la plazuela del Cordón, nº 2, cuarto 3º de la derecha y solicitó de la Academia en 1855 la acreditación de haber sido propuesto en primer lugar en la plaza de arquitecto de la ciudad de Zaragoza anteriormente descrita, como la certificación de los demás pormenores que a su favor resultasen en las actas académicas, seguramente para completar su currículum y acreditar sus actividades y méritos para futuras plazas que fuesen convocadas.

En 1868 ideó la capilla neogótica del palacio de la infanta Isabel de Borbón (Madrid) con una bóveda nervada estrellada sobre planta cuadrada en la que fue necesaria la utilización de trompas en arcos angrelados para salvar los cuatro ángulos que no tenían apoyo.

Dos años más tarde y en vista de la solicitud realizada a la Academia por los Establecimientos Penales relativa al nombramiento de un arquitecto que formase parte del tribunal que debía juzgar los proyectos presentados para el concurso de una cárcel de audiencia, la junta académica celebrada el lunes 30 de mayo de 1870 acordó que dicho arquitecto no podía ser académico de número y debía ser designado por la Sección de Arquitectura, hecho por el que la sección reunida el 6 de junio de 1870 comisionó para este objeto a Ruiz de Salces.

Con motivo del fallecimiento de los arquitectos Francisco Enríquez Ferrer y Aníbal Álvarez se procedió a cubrir sus vacantes, proponiéndose para ello varios candidatos. La propuesta de Ábalos fue suscrita el 26 de abril de 1870 por los académicos Peyronnet, Eugenio de la Cámara, Joaquín Espalter y Antonio de Cachavera en vista de que era el arquitecto director de la Escuela Superior de Arquitectura, presidente de la Comisión de Publicaciones de los Monumentos Arquitectónicos de España, individuo de varias comisiones oficiales y haber sido propuesto en terna para catedrático por oposición de la misma Escuela.  Aunque esta propuesta fue realizada en un principio para cubrir la vacante de Aníbal Álvarez se pensó después para la de Pascual y Colomer, como ocurriría más tarde.

Otro de los candidatos era Antonio Ruiz de Salces, cuya candidatura fue firmada el 27 de septiembre de 1870 por los académicos Eugenio de la Cámara, Peyronnet y Lucio del Valle, para cubrir la vacante de Francisco Enríquez Ferrer. Entre sus méritos se encontraban haber sido pensionado para seguir la carrera, primero por el cuerpo de profesores y después por el gobierno en atención a su brillante comportamiento; haber sido ayudante profesor por oposición en la cátedra de Física de la Escuela Preparatoria; opositor propuesto en primer lugar por la Academia para la plaza de arquitecto de Zaragoza; pretendiente a la cátedra de Geometría Descriptiva de la Escuela Preparatoria y a la de Construcción en la Especial de Arquitectura; ser autor del proyecto de edificio para la Exposición Hispano-Americana en la que obtuvo un 1º premio en el gran Concurso Internacional celebrado a tal efecto; también del proyecto aprobado por el gobierno para el nuevo edificio de Escuelas de Ingenieros de Caminos y de Minas, como de otras muchas obras dentro y fuera de Madrid.

El 28 de noviembre de 1870 sería propuesto Luis Cabello y Aso por los académicos Sabino de Medina, Francisco Bellver, Francisco de Cubas y Bernardo López, atendiendo a que residía en Madrid, había sido pensionado por el gobierno en 1858 y premiado con el 1º premio por la Arquitectura en la Exposición de Bellas Artes de 1856 y 1860, además de  haber obtenido una mención honorífica en las restantes y opositado en 1860 a la cátedra de Teoría e Historia de las Bellas Artes de la Escuela Superior de Pintura. También por ser el arquitecto del Ensanche en 1861, en virtud de la Real Orden y a propuesta del director de la Escuela Superior de Arquitectura, en cuyo cargo había presentado varios proyectos de Fielatos y Barreras. Del mismo modo, por concurrir en 1862 al certamen público abierto para el Palacio de Exposición Hispano-americana, por cuyo proyecto sería premiado después en la Exposición de Bellas Artes de 1864. Asimismo, po su nombramiento como profesor-ayudante para auxiliar la enseñanza artística de la Escuela Superior de Arquitectura en 1864; haber sido jurado en la Exposición de Bellas Artes de 1866 y profesor libre de teoría del arte, habiendo explicado en 1869 un curso gratuito de «Teoría estética de la Arquitectura» en las referidas Escuelas con el beneplácito del rector de la Universidad y el director de aquella. Igualmente, por haber sido nombrado por el director de la Escuela para desempeñar en 1869-1870 la clase de «Dibujo de monumentos antiguos y modernos» a fin de sustituir al profesor de teoría del arte y, por último, ser juez del tribunal de exámenes, haber practicado durante 12 años su profesión dirigiendo algunas fincas urbanas y publicado varios trabajos literarios referentes a la misma.

Agustín Felipe Peró se encontró también entre los candidatos, siendo propuesto el 30 de septiembre de 1870 por los académicos Amador de los Ríos, Pedro de Madrazo y Francisco Cubas. Por último,  en vista del anuncio que convocaba a los de su clase para prever estas dos plazas vacantes de académicos de número, Mariano Utrilla solicitó una de ellas exponiendo  el 2 de diciembre de 1870 ser arquitecto domiciliado en Madrid y morador en la calle Leganitos, nº 17; haber sido nombrado en 1848 ayudante de las clases de Geometría y Dibujo de imitación en la Escuela Preparatoria para los especiales de ingenieros de caminos, de minas y de arquitectura, habiendo ejercido el cargo hasta 1852 en que dimitió tras su traslado a Zaragoza. Que tras su regreso a Madrid se dedicó al ejercicio de su carrera profesional llevando a cabo encargos para corporaciones y particulares, como la reparación de algunos templos de las diócesis de Tarazona (Zaragoza) y Jaca (Huesca), dirigiendo las obras respectivas a las de Cascante (Tudela) pertenecientes al siglo XV y las de Murillo de Gallego (Zaragoza) del siglo XII; el anteproyecto de un seminario conciliar para Jaca (Huesca) por encargo del obispo; el anteproyecto del hospital para Fraga (Huesca) por encargo del ayuntamiento; la reforma de las oficinas de Hacienda en la provincia de Zaragoza; el anteproyecto de un edificio para dependencias del Estado y de la Escuela de Veterinaria para la misma ciudad; el proyecto de las escuelas de instrucción primaria para la villa de «¿Calaceyes?»; el proyecto y la dirección de las obras del palacio y anejos para la Exposición Aragonesa de 1868, cuyos trabajos había verificado gratuitamente; el proyecto y las obras de reforma del local del Casino de Zaragoza, además  del proyecto y la dirección de obras de la casa del conde de Fuentes y de otras muchas en la misma ciudad. Entre otros méritos incluía su pertenencia a multitud de corporaciones académicas de bellas artes y los títulos obtenidos: dentro de las primeras, académico de número de la Academia de San Luis en Valladolid desde el 30 de diciembre de 1862; individuo de la Diputación Arqueológica de Zaragoza desde el 1 de enero de 1863; vocal arquitecto de la Junta Auxiliar de Cárceles desde el 1 de diciembre de 1863, en cuya cargo había presentado gratuitamente sus servicios en la reforma y reparación de las cárceles de aquella audiencia; miembro de la junta de obras del Pilar y su Comisión Facultativa desde el 13 de julio de 1864, en cuyo puesto tomó parte en el estudio y redacción de la memoria sobre la reforma general del templo, como en la del proyecto y obras del trascoro y cúpula principal; socio de número de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País desde el 26 de enero de 1861, en la que desempeñó el cargo de vicesecretario desde 1863 y secretario general desde el 1 de enero de 1866 hasta junio de 1870 en que renunció por trasladar su domicilio a Madrid, y por último vocal secretario de la junta directiva de la Exposición Aragonesa y arquitecto director de las obras construidas para el certamen. Por otro lado, entre los títulos obtenidos distinguía ser corresponsal de las Sociedades Económicas de Amigos del País de Barcelona, Cádiz, Cervera, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Lérida, Málaga, Manila, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Tudela y Valencia. Para finalizar, señalaba el estar desempeñando el cargo de arquitecto del Estado en la provincia de Madrid para el que había sido nombrado por el ministro de Fomento el 26 de julio de 1870.

Como podemos apreciar los candidatos eran realmente excepcionales y, por tanto, muy difícil la elección de los que debían cubrir las plazas vacantes. En la Junta de la Sección de Arquitectura celebrada el 10 de diciembre de 1870 se procedió a verificar la calificación numérica de los candidatos y en la Junta Extraordinaria del 12 de diciembre se emitieron los resultados: 17 votos para Ruiz de Salces, 15 para Cabello y Aso, 11 para Peró y 4 votos perdidos, lo significó que Ruiz de Salces debía cubrir la plaza de Narciso Pascual y Colomer y Ábalos la de Enríquez Ferrer. Ruiz de Salces elaboró su discurso académico bajo el título «Reflexiones sobre la formación del arquitecto» en 1871. 

Desde hacía décadas se estaba construyendo el Teatro Real ubicado sobre el antiguo teatro de los Caños del Peral, próximo al Palacio Real. Muchos Habían sido los arquitectos que durante años habían intervenido en su diseño: Antonio López Aguado, autor del proyecto original; Custodio Teodoro Moreno, que introdujo modificaciones en la obra sin variar el proyecto de su antecesor en tiempos de Isabel II por cuya dimisión fue sustituido en la dirección de las obras por Francisco Cabezuelo. Este llevó a cabo la estructura de madera de la cubierta, muy criticada a raíz del incendio acaecido el 20 de abril de 1867 en el salón destinado a Escuela de Música, obligando a la Dirección General de Obras Públicas a remitir a la Academia en 1871 las obras de restauración que debían ser realizadas.

La Sección de Arquitectura reunida el 7 de julio de ese mismo año conformada por el presidente Peyronnet, el secretario Cubas y los vocales Cachavera y Ruiz de Salces fueron los encargados de examinar el proyecto propuesto por el arquitecto Sánchez Pescador. Observaron que el salón de conciertos tenía 4 m de longitud, 12 m de ancho y 10, 40 m de altura, y que contando con que al autor se le había concedido un presupuesto escaso respecto a la restauración que se precisaba no había podido hacer más que una composición sencilla, adaptando para el techo la forma plana y para los muros una decoración a base de un orden de pilastras completo en la parte inferior con basas áticas y capiteles compuestos de alegorías apropiadas al destino de la estancia, así como jambas y sobrepuertas en los balcones. En cuanto a la parte superior, se elevaba sobre un primer cuerpo un ático con pilastras de orden jónico de cuya cornisa arrancaba un gran esquife o escocia que enlazaba los muros con el techo.

Dado que la sección observó que el presupuesto con el que contaba el autor era muy reducido, le pareció acertada dicha decoración, sin embargo, creyó conveniente la sustitución de la basa toscana de las pilastras del atrio por otras más apropiadas a este orden, como hacer un estudio más profundo del capitel jónico proyectado. Pero al igual que se creyó aceptable la decoración, no así la solidez del techo. Sobre este punto Sánchez Pescador expuso que «por más ligero que ha querido hacer este techo agregado á la armadura, este no podía sostenerse en unas condiciones de construcción demasiado ligera y económica, (y) se hace preciso adicionarla con piezas que la consoliden y den mayor resistencia».

También se echó de menos el cálculo de resistencia de los cuchillos de la cubierta, el cálculo del peso del teatro con una construcción, además de otras operaciones que no se apreciaban en los planos y la memoria del arquitecto que eran imprescindibles. Asimismo, conocer si era posible andar por encima del techo, colgar de él una araña o ejecutar alguna maniobra sobre el mismo. Por otro lado, aparte del cañizo propuesto para la ejecución del cielo raso la Sección de Arquitectura creyó más oportuno conformarlo con un enlistonado para su mejor conservación y por estar menos expuesto a los desconchados y roturas.

En calidad de secretario de la Sección de Arquitectura, Francisco de Cubas resumió el 8 de julio de 1871 la censura de este proyecto en los siguientes puntos: que debían ejecutarse las obras exteriores del salón de conciertos correspondientes a la fachada de Prim, hoy plaza de Isabel II,  antes que las interiores; las obras debían componerse en una sola subasta; los cálculos de resistencia de los cuchillos de la armadura debían reflejarse colgando el techo de ellos, al tiempo que se debía marcar detalladamente su construcción y el colgado de la araña o arañas si al final eran introducidas en el salón; la decoración podía admitirse, pero completándola más adelante con la pintura decorativa de los muros y el techo. Este dictamen fue aprobado finalmente por la Academia en la Junta Ordinaria celebrada el 10 de julio de ese mismo año.

El 14 de julio de ese mismo año la Sección de Arquitectura examinó todos estos trabajos y viendo que necesitaban de algunas reformas se los devolvieron al arquitecto para que corrigiese los defectos observados. Aparte de ello, se acordó que antes de ejecutarse las obras interiores debían hacerse las correspondientes a la fachada exterior del teatro a la Plaza de Prim, obras que debían comprenderse en una sola subasta. Del mismo modo, debían hacerse los cálculos de resistencia de las formas o cuchillos de armadura colgándose de ellas el techo del indicado salón marcando más detalladamente su construcción. Por último, quedó admitida la decoración proyectada por Sánchez Pescador con la condición de que más adelante la completase con la decoración de los muros y los techos ejecutada por artistas nacionales. Este fue el motivo por el que el arquitecto tuvo que remitir de nuevo el proyecto con la memoria descriptiva ampliada y el cálculo de resistencia de los tirantes de la armadura de tejados que debía sostener el techo del salón; el razonamiento de las péndolas de hierro, la modificación de la construcción del techo y la redacción de nuevos pliegos de condiciones facultativas y económicas a fin de que las obras saliesen a licitación pública en una sola subasta en lugar de las dos que al principio proponía.

El nuevo proyecto fue censurado y aprobado por la Sección de Arquitectura el 20 de junio de 1872, bajo ciertas condiciones: 1) Los parecillos que formaban el techo debían asegurasen con ristreles cosidos a los tirantes, no sólo con simples ensambladuras sino también con cortes de cola de milano. 2) Se debían introducir modificaciones, como la sustitución de la palabra encañizado que aparecía en el precio compuesto como «cielo raso encañizado» por la palabra enlistonado y en el pliego de condiciones económicas no podía aparecer como importe del presupuesto de subasta 46.234 pesetas y 53 céntimos sino la de 52.245 pesetas y un céntimo. 3) Sólo se ejecutarían las obras fundamentales de los muros y los techo, dejando enteramente libres los espacios que hubieran de decorarse.

Respecto a la decoración del Salón, no sería hasta el 19 de abril de 1877 cuando el director de la Academia designase a los académicos Carlos Luis de Ribera, Francisco de Cubas y Elías Martín para formar parte de la comisión mixta que debía informar sobre el proyecto arquitectónico de decoración interior, pero la ausencia de Cubas fuera de Madrid y la urgencia del asunto hizo que fuese nombrado en su lugar Antonio Ruiz de Salces. Los profesores asignados al caso examinaron con atención los planos y los documentos, unos suscritos por Francisco Jareño y los bocetos para las pinturas del techo por José Vallejo y José Marcelo Contreras. En su informe dejaron constancia que en lo que respecta a la arquitectura y dadas las condiciones del local era admisible la decoración propuesta porque la documentación  y la memoria descriptiva estaban bien redactadas, también los planos, los precios simples y compuestos, como bien conformados el presupuesto y el pliego de condiciones; no obstante, se echaron de menos los cálculos de resistencia de la galería voladiza de uno de los hemiciclos del salón, el techo y  cuchillos del mismo, como los cuchillos de la cubierta, la cual era de teja plana y tenía que ser sustituida por otras de planchas de plomo según se adjuntaba en la memoria. Por otro lado, los bocetos de la decoración de la escocia y el techo se hallaron muy admisibles, pero « que habiendo de ejecutarse al óleo la pintura del techo y escocia, y la del gran basamento de la decoración arquitectónica, será conveniente para la buena conservacion, usar esta misma clase de pintura en los miembros lisos intermedios que se presuponen pintados al temple». 

Curiosamente, en mayo de este mismo año de 1877 la Academia recibió un segundo proyecto de decoración para el mismo salón, en esta ocasión firmado por el pintor escenógrafo Francisco Plá, a fin de que fuera censurado a la vez que el de Jareño. Pero esto no era posible debido a que ya había sido examinado y devuelto el primero cuando se había recibido el segundo. La Academia acordó que la comisión mixta que debía informar sobre este segundo proyecto fuese la misma que había informado sobre el primero, como así se hizo. Los miembros de la comisión mixta verificaron y estudiaron con detenimiento los cuatro diseños que representaban la decoración de los dos trozos de muro, el techo y el telón de embocadura del teatro, como la instancia de Plá y la ligerísima descripción de las alegorías del techo que los acompañaba. Emitieron su informe el 6 de mayo de 1877, habiendo excusado Martín su asistencia a la junta por hallarse enfermo. El parecer de la comisión fue que los diseños presentados no parecían suficientemente detallados para poder emitir un juicio crítico razonado y además, la memoria descriptiva era pobre y no aparecía el presupuesto de las obras correspondientes a la decoración arquitectónica y escultural. Por todo ello, se comunicó a Plá que debía presentar nuevos bocetos más claros y determinados de las alegorías del techo.

Finalmente, el 25 de mayo de 1877 S.M. acordó aprobar el proyecto del arquitecto Francisco Jareño con las modificaciones que se le habían indicado; las obras debían ejecutarse por el sistema de Administración bajo el presupuesto de 76.165 ptas. y debía crearse una junta encargada de dirigir la obra no arquitectónica, con la atribución de designar los bustos de los medallones y distribuir los trabajos de pintura entre los artistas como su retribución.  Dicha junta debía estar formada por Emilio de Arrieta (presidente), director de la Escuela, académico de San Fernando y consejero de Instrucción Pública; Manuel de la Mata (secretario), secretario de la Escuela Nacional de Música, y los vocales: Federico de Madrazo, presidente de la Academia de San Fernando; Manuel Cañete, individuo de número de la Real Española, y el académico Francisco Jareño, arquitecto y director de las obras.

Pero las obras y reformas del Teatro Real no concluyeron aquí, ya que en un documento fechado el 3 de mayo de 1879 y firmado por Federico de Madrazo y José Avrial hacen referencia  a lo acordado por la Academia el 28 de abril último sobre la exposición hecha por el empresario del teatro José Fernando Rovira acerca de un cambio en la decoración interior del edificio por un estilo más puro y uniforme después de haber sido aconsejado por artistas de reconocida reputación, aunque sin presentar planos o proyecto alguno. Al mismo tiempo se proponía un cambio en el alumbrado escogiendo el empleado en el Liceo de Barcelona porque la lucerna central privaba del espectáculo a un elevado número de localidades y porque habían surgido muchos estudios acerca de la óptica y acústica para mejorar las condiciones de las salas de reunión y los espectáculos en América.

Ante esta nueva propuesta, la Academia no pudo dar su opinión porque desconocía el proyecto, de ahí que exigiese la presentación general de la platea, otro transversal del proscenio y la decoración del palco regio en detalle en caso de que fuese variado  junto con la  memoria sobre el cambio del alumbrado que se proponía, los bocetos del techo de la platea y el telón de boca, además de un apunte acerca de la colocación de las butacas para mejorar la óptica de los espectadores sin perjudicar las condiciones acústicas con las que contaba el teatro. A su vez, insistió en que las obras fuesen inspeccionadas por personas facultativas y la prohibición de estrechar los asientos para aumentar el aforo en prejuicio de la comodidad del público.

En 1880, el subsecretario del Ministerio de Hacienda comunicó a la Academia que en vista de que debían ejecutarse en el edificio el revoco de la fachada y otras obras de reparación propuestas por la Conservaduría del mismo, se remitía el proyecto desarrollado por el arquitecto de Hacienda. Dicho proyecto contemplaba la variación de las puertas del pórtico y las dos de las escaleras generales que daban a las calles de Carlos III y Felipe V para situarlas de manera que se abriesen hacia afuera, ejecutándose las primeras nuevas y de madera de Cuenca pintadas de un color claro a dos tintas o veteadas imitando maderas finas, arreglando cualquier desperfecto que en esta operación se pudiera ocasionar en las fachadas, dejando el revoco con las mismas tintas y adornos existentes. Las puertas constarían de herrajes consistentes en aldabas, pasadores sobre chapa y cerraduras, todos ellos finos y limados; la pintura de fino y dorado de todos los antepechos de los palcos y pilastras como la decoración de la embocadura del escenario; el arreglo de los estucados necesarios en los muros y techos de los pasillos de butacas, palcos y escaleras de comunicación de los diferentes pisos y localidades, siendo dicho estucado de escayola o yeso de bola; la construcción de todas las butacas de la sala y los sillones de los palcos iguales a los que existían.

Pero mientras tanto, Ruiz de Salces había sido nombrado el 11 de marzo de 1872 junto con Francisco de Cubas para formar parte del jurado que debía juzgar el concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid para escoger el proyecto de verja o balaustrada de hierro que debía circundar la Puerta de Alcalá, jurado calificador que debía componerse de nueve jueces, dos de ellos nombrados por la Academia. Sin embargo, el académico Peyronnet había hecho previamente una moción en la Junta Ordinaria del lunes 4 de marzo sobre la conveniencia de que la Academia hiciese observar al ayuntamiento lo poco acertado de esta idea, que además de reducir y empequeñecer el monumento perjudicaba sus efectos perspectivos.  Situar una verja a corta distancia de la plataforma sobre la que descansaba la puerta y el colocar pedestales con estatuas en su perímetro era un error, pues el monumento no tenía ni la altura ni las condiciones especiales de un arco de triunfo.  La corporación tuvo en cuenta esta opinión, pero también dio potestad a la Sección de Arquitectura para decidir el nombramiento de los dos individuos que debían formar parte del jurado, como así lo hizo.

El 25 de septiembre de 1872 la Academia nombró a Ruiz de Salces junto con los también académicos de número Espalter y Sabino de Medina para informar acerca de los daños causados en el templo de Santo Tomás (Madrid), con motivo del incendio acaecido en su iglesia el 13 de abril anterior. Ambos arquitectos rechazaron el cargo de ser peritos tasadores de los desperfectos ocasionados por el incendio, lo que tuvo como consecuencia la duda de si en este caso como en otros análogos era potestativo en los individuos de la Academia el poder admitir o rehusar este tipo de comisiones. Finalmente se demostró que ni la Ley de Instrucción Pública del 9 de septiembre de 1857 ni los Estatutos de la Real Academia consideraban a ésta mas que como un cuerpo consultivo, por lo que según estas bases la corporación no estaba obligada, ni aún autorizada, para imponer a sus individuos la obligación de aceptar cargos que no fuesen relativos a informes solicitados por el gobierno.  Por la renuncia de Medina y Ruiz de Salces fueron nombrados en su lugar los académicos Juan Bautista Peyronnet y Francisco Bellver en enero de 1873, quienes junto con Espalter dieron cuenta de los desperfectos relativos a las pinturas, decorado escultural y arquitectura de la iglesia, aunque no como una comisión académica sino a modo personal.

El 25 de abril de 1874 un nuevo suceso ocurrió en el templo consistente en un posible hundimiento del edificio que obligó a solicitar nuevamente el parecer de la Academia para su resolución. El director dispuso que se citase con urgencia a la Sección de Arquitectura para que el lunes por la mañana se personase en el edificio, pero volvió a existir el mismo problema suscitado anteriormente, es decir, que al ser un trabajo puramente pericial no era de la competencia de la corporación, pues como cuerpo consultivo supremo en materia de arte sólo le incumbía por sus Estatutos dar al gobierno su parecer sobre los dictámenes de otros peritos o corporaciones de orden menos elevado y nunca informar en tal concepto antes de que estuviesen apurados todos los trámites facultativos. Sin embargo, la alarma que se extendió en Madrid sobre el incendio y sus desperfectos fue de tal magnitud que en esta ocasión y a modo de excepción en sus reglas ordinarias de conducta, la corporación se hizo cargo del asunto.

El lunes 27 de abril de 1874 a las 11 de la mañana la Sección de Arquitectura practicó el primer reconocimiento de la obra, a excepción de tres de sus individuos que se hallaban ausentes de Madrid. Ejecutaron el reconocimiento del exterior e interior, tanto de sus muros y fábricas antiguas como de las nuevas de reparación, apeos y andamiajes. Pero no contenta con esto, la sección nombró una subcomisión de tres individuos de su seno para que estudiase el negocio, tomasen los datos, las medidas y demás necesarios a fin de realizar el informe correspondiente, el cual quedaría concluido el 2 de mayo de 1874.

En el informe quedó reflejado como en el expediente remitido por el alcalde aparecía un oficio fechado el 5 de marzo de ese mismo año suscrito por el arquitecto municipal de la 2ª Sección, Joaquín María Vega, que había practicado un reconocimiento ocular del edificio observando quiebras antiguas al exterior y otras nuevas en el interior que se estaban formando. Por el contrario, Vega no emitía un dictamen pericial y razonado que por su posición oficial debía haber efectuado, sobre todo cuando la supuesta gravedad y la inminente ruina eran importantes. Por otro lado, el 5 de marzo se había comisionado al director de las obras Federico Aparici, arquitecto que había comunicado en un oficio el día 6 «que con las precauciones y apeos llevados a cabo con felicidad desde que notó algun indicio de ruina, no había peligro alguno de hundimiento por entonces. Mas, no habiendo remitido la certificacion que se le exigia, se le volvió á pedir en el mismo dia 6; y el 7 la remitió el expresado Arquitecto, manifestando quedar garantizada la seguridad de los operarios con los apeos practicados, y no haber peligro alguno para el tránsito público por las calles contiguas al edificio, ni para las casas n^os 1 y 3 de la calle de Sto. Tomás». El 8 de marzo se pasó dicha certificación a informe del arquitecto municipal, quien contestó que en atención a la responsabilidad del citado profesor quedaba garantizada la seguridad de la obra.

El 23 de abril, los arquitectos José Aguilar y Mariano Utrilla emitieron un nuevo informe de la iglesia de Santo Tomás, el cual constituyó el «luminoso» de todos los obrados en el expediente. Ambos reseñaron los indicios de ruina de algunos pilares del templo y su marcha progresiva, sus posibles causas, los medios que podían emplearse para prevenir sus consecuencias, además de sus posibles y definitivas reparaciones.  A su entender, las causas provenían de defectos graves en la construcción primitiva, defectos que nadie podía haber sospechado y que habían salido a la luz gracias a las calas y rozas que se habían llevado a cabo para recomponer y colocar los apeos. Todo ello ponía de manifiesto la falta de trabazón de algunos puntos entre el machón de la capilla y el botarel que de ella arrancaba; la alarma sobre el estado en que se hallaba uno de los cuatro machones en que descansaban los arcos torales, por lo que tuvieron que cimbrarse dos de los torales sostenidos por apoyos que partían del suelo, debiéndose hacer asimismo acodalamientos por medio de grandes puentes para alejar el temor de una ruina. También apreciaron grietas, incrementadas las del muro exterior que databan desde muy antiguo, posiblemente debidas al resentimiento de los cimientos y los zócalos de la fachada.

El propio 23 de abril se pasó este dictamen a informe del arquitecto municipal, quien no hizo un nuevo reconocimiento del edificio, tan sólo algunas observaciones sobre algunos párrafos del informe de Utrilla y Aguilar. Como el peligro de ruina no estaba claro, se creyó oportuno que la autoridad local adoptase las medidas pertinentes, como desalojar las casas contiguas al templo, cortar el tránsito público y llamar a los arquitectos que de una u otra forma habían intervenido en la obra.

Ante todos estos antecedentes, la Sección de Arquitectura echó de menos en el expediente un razonado parecer pericial y facultativo del arquitecto municipal del 2º Distrito, pues en ninguno de los tres informes que había emitido daba su opinión acerca de la importancia, gravedad y consecuencias de los indicios de ruina, ni sobre los apeos y medidas preventivas. También que este facultativo con cargo oficial tan sólo había insistido en exigir la responsabilidad de las obras al arquitecto director, a los arquitectos de la junta de obras que habían emitido su dictamen y contribuido con su consejo a la ejecución de las medidas preventivas, como a aquellos que interviniesen en sucesos posteriores. Creía conveniente que el presidente del Ayuntamiento de Madrid hubiera oído en junta a todos los arquitectos municipales antes de acudir a la Academia, ya que era dicha institución era la que tenía que dar la última palabra sobre las opiniones emitidas por los peritos. Además, la propia subcomisión creada para tal objeto había recorrido y examinado todas las partes del edificio desde los cimientos hasta el asiento de la cruz sobre la cúpula, percatándose de la existencia de quiebras cubiertas con guarnecidos posteriores a la época y otras muy visibles como la aparecida en sentido vertical en la fachada de la calle Atocha hacia el medio de la capilla de Santo Domingo o de los Veteranos que era la más notable. Existían asimismo otras en el muro oeste, en el machón derecho del crucero y en los dos contiguos a éste que sostenían los arcos torales de las capillas de las Nieves y de la Correa.  Por otro lado, la cúpula recientemente construida se encontraba en perfecto estado de conservación, como la bóveda que cubría el presbiterio, el crucero y las capillas de la izquierda; las quiebras de los muros de fachadas a las calles de Atocha y San Tomás no presentaban desplomes notables, lo que no ocurría con las del muro que daba a la última calle. Todo ello daba como resultado que una parte pequeña del templo se encontraba en estado grave, pero no constituía un daño irreparable si se actuaba inteligentemente.

Para terminar el informe, la Sección de Arquitectura no dejó de señalar que tras el reconocimiento pericial e incompleto de los cimientos se había encontrado con que estaban «formados de mampostería de piedras de diferentes clases, muy irregulares en forma y tamaño, abundando en algunos trozos la piedra floja llamada piedra loca, que, como  es sabido, se descompone fácilmente bajo la accion de la humedad y de la presion, causas suficientes por sí solas para producir resentimientos en cualquier edificio cuyo cimiento se componga de esta clase de material». Si a esto se añadía el incendio acaecido en el edificio y el hundimiento de la media naranja daba como resultado un encharcamiento de agua producido además por las aguas procedentes de la extinción del incendio que se habían infiltrado poco a poco, aunque en gran medida en los subterráneos y en el terreno lo que había producido el reblandecimiento lento del terreno y de parte de los cimientos. Era en este punto de donde procedían todos los males del edificio junto con la mala calidad del ladrillo empleado, la falta de buenos trabazones, las rozas y los rompimientos practicados en los muros en diferentes épocas, como la alteración sufrida en los materiales por el incendio y la vibración que sufrían todas las partes del edificio que aún se mantenían en pie. Vistas las causas del deterioro era por tanto necesario: 1º Reconocer minuciosamente y recomponer después todos los subsuelos del templo, levantar su plano, observar la correspondencia de cargas y macizar los huecos para dar estabilidad a las construcciones superiores. 2º La higiene pública, y 3º El decoro y seguridad del templo.

Después de realizadas todas estas medidas preventivas debía elaborarse un estudio razonado de la restauración de la iglesia expresada en plantas, alzados, secciones y detalles con sus correspondientes presupuestos. En este punto, la sección incidió en la conveniencia de reconstruir los pilares con piedra de sillería berroqueña, buenos lechos y sobre lechos de nivel, y un buen sistema de despiezo a juntas encontradas, utilizándose este mismo material hasta la altura de los arranques de los arcos. Igualmente, la conveniencia de que los dos arcos torales que habían sufrido algún que otro movimiento descansasen sobre arcos de hierro para constituir su cimbra permanente, la cual quedaría oculta dentro de la decoración adoptada posteriormente en el templo. Dichos arcos de hierro podrían descansar en apoyos verticales de hierro fundido embebidos en la decoración, adosados y asegurados a los pilares de sillería o de fábrica. Este informe emitido por la Sección de Arquitectura fue aprobado por la Academia en la Junta Ordinaria celebrada el 4 de mayo de 1874.

Pero dos años mas tarde se volvió a remitir el expediente relativo a las obras de esta iglesia, siendo censurado por la Sección de Arquitectura el 24 de mayo de 1876. En este momento se aplaudió  el refuerzo de sillería y la fábrica de ladrillo que se había introducido en parte del cimiento y el muro de la fachada oeste, como el refuerzo del subterráneo con muros de fábrica de ladrillo en la parte en que descansaba el apeo de los arcos torales; sin embargo, existían indicios de ruina alarmantes donde primeramente habían aparecido, el estado del templo era ruinoso en su parte central y eran muchas además de cuantiosas las cantidades de dinero que debían invertirse para su reposición, por lo que se creyó conveniente la demolición del edificio.

Retomando de nuevo la actividad de Ruiz de Salces en 1873, sabemos que el 6 de agosto se comunicó a la Academia a través de la dirección general de Instrucción Pública que había sido nombrada una comisión por Decreto del 6 de julio anterior para la erección de un monumento que por Decreto de las Cortes de 1822 se debía levantar en esta villa con objeto de eternizar las glorias de la Milicia Nacional y recordar a las generaciones futuras el combate del 7 de julio de aquel año contra las huestes de la reacción y el despotismo. Para este fin debían formularse las bases del concurso entre artistas españoles siendo la Academia la encargada de formularlas.

A fin de llevar a cabo este proyecto, la corporación acordó nombrar una comisión mixta de las Secciones de Escultura y Arquitectura, que quedó conformada por los señores Ponzano, Salces, Cubas y Martín. Reunidos el 27 de septiembre de 1873 Medina (presidente), Ponzano y Martín (secretario accidental), señalaron que  antes de decidir cualquier cosa debían conocer previamente una serie de puntos:  la cantidad que debía invertirse en la erección y construcción del monumento, el perímetro y altura que debía ocupar y saber la cantidad que se podría ofrecer como premio, aunque eran conscientes que en 1822 se había establecido como premio una medalla de oro en cuyo anverso debía leerse «La Patria al Genio» y en el reverso «Madrid 7 de Julio de 1822». La Junta Ordinaria del 29 de septiembre de 1873 estuvo de acuerdo con lo expuesto por la comisión mixta.

El 20 de noviembre de 1876 se solicitó de la Academia el nombramiento de dos académicos que formasen parte del jurado que debía juzgar los proyectos presentados a la municipalidad para el embellecimiento y las mejoras de los Jardines del Buen Retiro (Madrid), a cuya solicitud, la Academia nombró el 22 del mismo mes a Francisco de Cubas y Simeón Ávalos. En vista de que este último no pudo aceptar el encargo se le dio por excusado, nombrándose en su lugar a Antonio Ruiz de Salces, individuo de la Sección de Arquitectura que habitaba por entonces en la plaza del Cordón, nº 3, piso 3º. 

En la Sesión Ordinaria del lunes 2 de abril de 1877 la Academia le comisionó igualmente para formar parte de la Comisión Mixta de Escultura y Arquitectura que debía informar sobre el proyecto de Panteón para el Excmo. Sr. Cardenal D. Luis de la Lastra y Cuesta, último arzobispo de la diócesis de Sevilla, el cual se quería erigir en una de las capillas de la catedral. Se trataba de un panteón modesto pero decoroso que debía cobijar los restos mortales de este personaje ilustre, cuyo proyecto había remitido a la Academia el gobernador eclesiástico. La Comisión mixta quedó conformada por los académicos Sabino de Medina (presidente), los escultores Ponciano Ponzano y Elías Martín, así como los arquitectos Francisco de Cubas, Antonio Ruiz de Salces y Simeón Ávalos, quienes se reunieron el 16 de abril para censurar el proyecto. Estaba compuesto por dos hojas o pliegos, uno con la representación del túmulo y el otro con la planta, la sección y las fachadas del recinto o pequeño ábside que debía contenerlo. Una vez examinado se dieron cuenta de la «ausencia de detalles que tan indispensables son en esta clase de  proyectos para poder apreciar con acierto la propiedad y carácter de los perfiles; la falta de buenas proporciones que se observan en todo el monumento; la carencia absoluta de carácter y el desconocim^to completo del estilo que ha pretendido adoptar; la actitud y rigidez de la estatua, su deformidad, su poco acertada colocacion con respecto al reclinatorio, asi como la de ambos con respecto al todo del monumento; el descuido en fin y la incorreccion de los diseños obliga á manifestar que el mencionado proyecto no es digno de la memoria del Ylustre prelado á quien se dedica, ni menos de convertirlo en obra que pudiera ejecutarse y tener decente colocacion en tan grandioso templo».

El 21 de octubre de 1877, la Sección de Arquitectura examinó el expediente relativo al proyecto de un Hospital de Incurables para Madrid suscrito por el arquitecto Lorenzo Álvarez y Capra, remitido a informe de la Academia por la R.O. de 6 de octubre de 1877 del Ministerio de la Gobernación. El académico Ruiz de Salces fue el encargado de analizar el expediente, un expediente formado por: «1º Siete grandes planos acuarelados en sus bastidores que representan las plantas, baja y principal del edificio, dos fachadas, una seccion transversal y varios detalles de construccion: 2º La Memoria descriptiva y razonada del proyecto: 3º su presupuesto: 4º Un pliego de condiciones facultativas aprobado en 9 de Agosto por la Direccion general de Beneficencia, y por último el informe emitido por el Visitador general de Establecimientos de Beneficencia y Sanidad». Respecto a los planos, echó de menos el plano topográfico del sitio donde debía ubicarse el edificio con sus correspondientes secciones y perfiles, dado que era indispensable para la exactitud en la formación del presupuesto. También la necesidad de introducir ciertas modificaciones importantes en sus detalles y la preferencia de suprimir los entramados verticales en los pisos bajo y principal para sustituirlos por muros de fábrica de ladrillo de espesor conveniente, como sustituir del mismo modo los entramados horizontales de madera por otros formados con viguetas de hierro dulce de doble “T” y bovedillas con cielo raso. Dicha modificación la justificaba por la mayor garantía de duración y conservación, como por el elevadísimo precio que habían alcanzado las maderas y su mala calidad al tiempo que había disminuido el precio del hierro. Por otro lado, la cúpula de la capilla debía hacerse más sencilla y de menor elevación, debían suprimirse las cresterías de sus aristones exteriores y poner en armonía el grueso de las columnas que la sostenían con la masa que aparecía encima. Aconsejó al autor que aligerase y diese mayor importancia a las chimeneas o linternas de ventilación que se elevaban sobre las cubiertas; detallase los aparatos de calefacción; aumentase hasta cuatro metros el ancho de las galerías cerrándolas con cristales y haciendo fuertes sus antepechos al tiempo que sustituyese en ellas el solado de baldosa o baldosín por una capa de cemento Portland. Por último, la conveniencia de dar a las armaduras de parhilera una forma más invariable con un buen sistema de dientes y esperas o quizás con algún auxiliar de hierro.

Aparte, Ruiz de Salces apreció en la memoria descriptiva el poco tratamiento otorgado al abastecimiento de aguas potables y la manera de hacer este servicio, como ciertos precios bajos en cuanto a los materiales y la falta de partidas destinadas a la plantación de arbolado y jardines. Ante el informe del arquitecto, la Sección de Arquitectura acordó que el proyecto podía aprobarse, pero que una vez levantado sería conveniente la introducción de ciertas modificaciones.

Mientras que estuvo ocupado en las obras anteriores, el Ayuntamiento de Madrid había abierto el 26 de julio de 1877 el Concurso de la Necrópolis del Este al cual se habían presentado  6 opositores, cuyos trabajos fueron trasladados a la Real Academia para que en el local destinado por la misma permanecieran expuestos a examen del jurado calificador. Las obras de estos opositores llevaban los siguientes lemas: «1º “Exultabunt osca humiliata”=  Contiene nueve planos en bastidor. Devuelto en 11 de julio./  2º “Donde se entierren los muertos é se forman los cuerpos dellos en ceniza”= Contiene una cartera con seis planos y cinco bastidores./3º “Sepelice mortuos congrnenter vivis” = doce planos siete de ellos en cartera y cinco en bastidor./4º “El trascendente pensamiento de la necropolis debe realizarse con la grandiosidad del arte monumental en armonia con la Ciencia, la Higiene y una razonada distribucion y embellecido el conjunto Estetico por las formas y colores de la vegetacion ornamental” = Cinco planos en rollos (Devuelto en 22 de Junio 78)/5º “Humititas”= Un pliego cerrado memoria y siete planos en rollo».

El 19 de diciembre de 1877 se cerró el plazo de admisiones, pero en el último momento, justo antes de las doce del día que era la hora señalada, se presentó en la Secretaría el proyecto señalado con el lema «Pállida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas requmque turres» compuesto de 5 bastidores y una memoria. Respecto al jurado calificador, el ayuntamiento acordó que debía estar formado  por  tres vocales de la Comisión Especial de Cementerios de dicho ayuntamiento; tres doctores  de la Facultad de Medicina, dos de ellos nombrados por la Real Academia y el otro de los que componían la Junta Provincial de Sanidad; así como de cuatro arquitectos, dos designados por la Academia de San Fernando, uno por la Escuela de Arquitectura y otro por la Sociedad de Arquitectos, debiendo tener suplente cada uno de los vocales y desempeñar el cargo de secretario el mas joven de todos ellos.

La Academia nombró a José Jesús Lallave para formar parte del jurado, pero tuvo que renunciar al cargo en vista de que no podía ser juez en un certamen al que se presentaba un pariente cercano. Posteriormente fueron nombrados para el mismo fin Simeón Ávalos y Francisco de Cubas, quienes no renunciaron al cargo nada más ser nombrados, lo que acarreo grandes problemas, pues una vez convocados para formar parte del jurado fue cuando por «primera vez se formuló como condicion precisa para actuar como jurados el aumento de vocales arquitectos, ó el establecimiento de acuerdos previos que dieran garantías suficientes para asegurar que la opinion de los arquitectos prevaleciera en el Jurado al calificar los proyectos bajo el punto de vista del arte; y entonces fue tambien cuando se colocaron en esa abierta negativa que nada ha suficiente á vencer, no obstante habérsele ofrecido por otro vocal del propio Jurado, que al examinarse los proyectos bajo el concepto de obras de arte, estaría con ellos el voto de todos los demas Sres. Jurados, y despues de haber creado el conflicto es cuando han acudido á la Real Academia dimitiendo el cargo que les había conferido».

Ante este hecho, el 14 de febrero de 1878 la Academia se confió de que tanto Cubas como Ávalos cumplirían su deber en desempeñar el cargo para el que habían sido nombrados y al que no habían renunciado oportunamente, aunque de no ser así nombraría a otros arquitectos para sustituirles. Los arquitectos renunciaron de formar parte del jurado y en su lugar la corporación tuvo que reemplazarles el 26 de febrero por Eugenio de la Cámara y Antonio Ruiz de Salces en calidad de presidente e individuo respectivamente, para que fuera posible que el concurso siguiese adelante. La rapidez con que la Academia había solventado el problema llevó al ayuntamiento a darle las gracias el 17 de mayo de 1878.

Aunque el académico Francisco Cubas renunció a su cargo como jurado en el certamen, fue el encargado de examinar e informar sobre el sueldo anual que debía disfrutar el autor del proyecto ganador como director de las obras. Su informe, censurado en la Junta de la Sección de Arquitectura celebrada el martes 2 de julio de 1878, reflejó la dificultad del asunto debido a que no se había acordado aún el tiempo que tardarían las obras en llevarse a cabo, lo que hacía imposible asignar el sueldo en proporción a los honorarios que debían corresponderle.  No obstante, en el caso de que las obras se ejecutasen en el plazo de seis años fijó un sueldo de 1.500 ptas., aunque no como sueldo sino en calidad de remuneración de trabajos profesionales, mientras que en caso de que durasen más de ese plazo 500 ptas. anuales. Se suponía que dentro de estas cifras no estaban incluidos el sueldo de los auxiliares facultativos indispensables para el desarrollo del proyecto, el material para los estudios, ni los medios de traslación al sitio de los trabajos, que sólo por el concepto deberían aumentarse en un 25% mientras que la Necrópolis no estuviera en el termino jurisdiccional de Madrid.  El informe de Cubas fue aprobado por la Academia en su Junta Ordinaria del 8 de julio.

El 10 de agosto, el Ayuntamiento de Madrid fue poseedor de los tres proyectos cuyos lemas fueron: «Donde se sotierran los muertos y se tornan los cuerpos de ellos en ceniza», «Sepelire mortuos congruenter vivis» y «Humilitas», los cuales fueron agraciados respectivamente por el jurado con el 1º premio,  1º y 2º accésit, siendo custodiados en un local del ayuntamiento por ser de su propiedad, mientras que los que no habían obtenido galardón alguno fueron registrados por sus autores y entregados por el conserje de la Academia.

Aparte de su intervención en la Necrópolis del Este, el 17 de diciembre de 1877 la Academia le propuso para dirimir la discordia suscitada con motivo del estado de ruina en que se encontraba el edificio que ocupaba el Instituto de Segunda Enseñanza en la ciudad de Santander. Finalizados los trabajos solicitó sus honorarios el 4 de abril de 1878, los cuales fueron tasados en 1.500 ptas. por la Junta de la Sección de Arquitectura el 16 del mismo mes. Por entonces fue designado también junto con Simeón Ávalos para reconocer las obras ejecutadas recientemente en el edificio que ocupaba el Ministerio de Ultramar, las cuales comenzaban a hundirse antes de ser concluidas. Para este fin solicitaron tener a la vista el expediente íntegro y los antecedentes de la obra: los planos, presupuestos y las condiciones facultativas y económicas estudiadas por el arquitecto José María Gómez; la copia autorizada de la subasta de las obras y la escritura del contrato otorgada por el contratista Manuel Plana.

Ambos arquitectos tuvieron concluido el informe el 23 de abril de 1878, estudio en el que reseñaron las causas que habían producido el hundimiento parcial de las bóvedas de los pisos bajo y principal, como a quien competía la responsabilidad del suceso.  Respecto al hundimiento, indicaban como causa la premura y la época en la que habían sido realizadas las obras, mientras que en cuanto a la responsabilidad del arquitecto y contratista: «Si el hundimiento de las bóvedas no es debido a su forma inadecuada y no resistente: ni tampoco a debilidad ó falta de resistencia de los muros de que arranca, y en los que  estriba, ni menos aun á la clase de los materiales y a su manera de empleo en obras ni siquiera al intento de ensayar procedimiento de ejecución nuevos ó diferentes de los convenidos y utilizados con buen existo en el mismo edificio, según de todo lo antes expuesto se deduce de lógica y naturalmente, es indudable que no existe falta ó culpa pericial y por lo tanto que no hay ni puede haber responsabilidad directa para el Arquitecto director [...]. Tampoco hay responsabilidad directa para el contratista en el hundimiento de las bóvedas ocasionado por las causas antes enunciadas; pero no puede ocultar que siendo los hielos y las lluvias unas de las que han contribuido á aquel y la premura en la ejecucion de las obras otra muy importante, es indiscutible que dicho Contratista pudo, y debió preocuparse al contratar, de la influencia de aquellas causas en la marcha y bondad de las obras y contar con esa contingencia sinó ya como bastante para producir la  ruina ó hundimiento de las mismas, para aumentar al menos su coste, la dificultad en su ejecucion y por consiguiente para imponerse por la eleccion de los materiales muy buena, y de procedimientos muy cuidadosos y previsores, un mayor gasto; y en este concepto no puede á juicio de los firmantes eximirse de la responsabilidad indirecta que le afecta [...]: hay precedentes fundados en la equidad que contribuyen á determinarla aproximadamente y que aconsejan en el caso presente que los gastos de demolicion y escombracion de las bóvedas tabicadas hundidas; la reedificacion de la rosca del sótano deteriorado y el gasto de los apeos preventivos que se han colocado se costeen por el contratista [...]».

En la Junta Ordinaria del 2 de julio de 1878 fue aprobado el informe presentado por Ruiz de Salces sobre varias obras ejecutadas en el convento de Santa Clara (Jaén), mismo año en que ejecutó los diseños de la Casa del Marqués de Casa Jiménez (del A- 1559 al A- 1561), el Estudio de una techumbre (A-5338) y fue nombrado miembro del jurado que debía elegir a los pensionados en Roma (Junta de la Comisión del 6 de noviembre de 1878).

Por entonces se puso en conocimiento de la Academia las obras de restauración que se estaban acometiendo en los artesonados moriscos, los muros del salón llamado de Concilios y en otras partes del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares (Madrid), a fin de alojar dignamente el Archivo Histórico Nacional (29 de octubre de 1878). Debido a que las obras no debían ejecutarse sin el conocimiento de la Academia y su Comisión de Monumentos que era la Provincial de Madrid, dada la calidad e importancia artística del edificio, se nombró dentro de la Comisión de Monumentos una subcomisión para visitar el palacio y saber cómo se iba a desarrollar la restauración del edificio, tal y como regía el Reglamento de 1865.  El 10 de noviembre se acordó que esta comisión visitase e inspeccionase el edificio-monumento junto con los académicos J. Espalter, P. de Madrazo y Antonio Ruiz de Sálces.

El profesor Juan José de Urquijo que era el director de las obras arquitectónicas puso de manifiesto el plan de sus trabajos y la parte de los mismos ya ejecutados, de los cuales la comisión vio con complacencia que los alfarjes habían sido trazados y construidos con inteligencia y el perfecto conocimiento del sistema empleado antiguamente. El artista decorador era Manuel Laredo, que se había encargado de la restauración del alfarje morisco del siglo XIV: «Forma dicho alfarje ó artesonado en sus tres grandes planos, el horizontal y los dos diagonales, elegantes lacerias con los maderos ó pares que constituyen el esqueleto de su armazon. Estos pares, achaflanados, labrados, cortados en sus extremos para las ensambladuras de los lazos y nudos, y realzados en sus caras con adornos pintados y filetes de muy buen gusto, hacen casetones ó lacunares de diversas figuras, cuyos fondos son tableros, pintados y dorados, que imitan valiosos brocados de estilo oriental, y aun pérsico de gran magnificencia. No recuerda la Comision alfarges moriscos (de estos que hoy vulgarm^te se califican de mudejares) de una ornamentacion de colores mas bella y exuberante. Los ramages que realzan el fondo de los casetones, en nada se asemejan á los que, derivados de la ornamentacion arábiga-bizantina, ó mauritana, ó granadina, son tan frecuentes en la decoracion y galano revestim^to de los muchisimos edificios de carácter sarraceno que embellecen las poblaciones de ntra Península. [...] La lacería en el plano central y horizontal del artesonado, ademas de casetones, dibuja florones ó estrellas de radios, de cuyos centros penden piñas doradas, de labor prismática, destinadas a brillar como verberos en el juego de las luces. Los pares del arteson estuvieron pintados en sus haces laterales de rojo oscuro no de encendido cinabrico como se le ha podido al resatuarador que los pinte ahora, y fingen estofa listada en su cara pral; y los colores, lo mismo en estos que en las tablas del fondo de los casetones, están aplicados ser tela, adherida con gran pulcritud y solidez á la madera y preparada para recibir el oro, la plata y la pintura á la cola. Es tal la perfeccion de este revestim^to de tela, que solo en los desconchados de la gruesa capa de color y oro se adquiere el plano convencim^to de su existencia, y admira todavía más en los grandes planos, como en los de los tirantes ó alfardas que unen los faldones del artesonado, los cuales aparecen tambⁿ forrados en igual forma. Destacan estos tirantes sobre ménsulas ó medias zapatas de muy garbosos perfiles, casi todos distintos, y advierte claro en ellos el propósito de figurar un entapizado general de brocados y ricas telas, porque la pintura está dispuesta prosiguiendo de unas caras en otras, sin solucion de continuidad y doblándose en lo vivo de las aristas, las ondas de las guirnaldas que los decoran. [...] El ancho friso que corre por debajo del artesonado descrito, y que una ciega furia vandálica casi redujo á escombros en época moderna, auqnue incierta, al poner un suelo y un cielo raso á media altura del salon para formar en él dos pisos, ostentaba en su principio en su faja ó zona pral, un fondo á compartimientos de arcos mixtilíneos, ornamentales, es decir, ciegos, por el estilo de los que se advierten en la coronacion de la Giralda de Sevilla y en la fachada de la Yga mudejar de Omnium Santorum de la misma ciudad, tambⁿ construccion del siglo XIV. Ynscritos en estos arcos ciegos habia tableros cuajados de ataurique ó de menuda ajaraca, ó cubiertos de inscripciones, ya cúficas, ya africanas, entremezcladas de arabescos [...] y llevaba el friso, resaltando de trecho en trecho sobre el paramento gral. de los referidos arcosmoriscos, abultados recuadros de estilo ojival, de cuyas implantaciones quedan visibles señales, y cuyos fragmentos se recogen todavia, por fortuna para servir de muestra al restaurador [...]». El 20 de noviembre de 1878 la Academia aceptó por unanimidad y alegría las consideraciones que sus individuos le habían manifestado sobre el estado de la obra y su futura restauración.

Entre 1861 y 1878 se llevaron a cabo estudios y obras de reforma en la Torre y Casa de los Lujanes de Madrid. A petición del director general de Instrucción Pública, la Academia hizo un estudio exhaustivo de las Casas de Ocaña, posteriormente de D. Álvaro Luján, situadas en la plaza de la Villa, n.º 3, antigua de San Salvador, en su momento considerado el centro de la capital. Levantadas entre 1460 y 1490, fueron diseñadas sobre un solar rectangular entre medianerías y un patio central distribuidor de las distintas dependencias.

En septiembre de 1861 se solicitaron de la corporación las respuestas a varias preguntas: si la torre como las casas contiguas estaban ejecutadas por un mismo arquitecto; si el interior de los edificios o parte de ellos eran de la misma época que la fachada y si la torre de la casa o las dos juntas debían considerarse de mérito arquitectónico. El arquitecto encargado de hacer el estudio e informe sobre estas obras fue Enríquez Ferrer, quien tuvo el estudio concluido en 1868,  a tenor de lo dispuesto en la Real Orden de 24 de abril.

Tras el informe elaborado, la Comisión de Arquitectura contestó que se habían realizado los ensayos pertinentes, tanto en uno como en otro edificio, los cuales habían dado como resultado la existencia de construcciones pertenecientes a tres épocas diferentes, siendo la más antigua la torre cubierta por una capa de revoco que no respondía a la decoración de la puerta primitiva de la calle del Codo. Levantado cuidadosamente el revoco y destruido el muro que cerraba la puerta hasta el arranque del arco, se descubrió una portada mudéjar de influencia mahometana. Este arco túmido tenía desde el batiente a la clave 2, 62 m, de pilar a pilar 1,22 m y 1,14 m entre las escocias que apeaban el arco. Del arranque a la clave 0,95 m mientras que las dovelas, nueve a cada lado más la clave, ofrecían 0,61 m de largo. Todas las dovelas presentaban como marca la inscripción «JL» grabada en la piedra y coloreada de bermellón, lo que significaba que la construcción de la torre era la más antigua porque pertenecía a la primera mitad del siglo XV. Pero a todo ello cabría añadir que las hojas de la puerta parecían de nogal, chapadas de hierro y adornadas con clavos en punta de pica o en forma piramidal presentando un aspecto propio de la construcción militar, carácter al que pertenecía la torre en origen. Además, la construcción del muro que tapiaba el arco respondía al siglo XVI, dado el estado de los tendeles o las llagas que tenían 0,035 de grueso, siendo las dimensiones de los ladrillos: 0,34 de largo, 24 de ancho y 0,06 de grueso.

Respecto a la portada de la Casa de los Lujanes, segunda construcción que la comisión estudió, respondía al estilo ojival y había sido levantada por Pedro Luján en 1494. A esta época, aunque no del mismo estilo, pertenecía la techumbre descubierta en el gran salón principal de la torre, lo que significaba que cuando se hizo la portada, la fortaleza de los Lujanes había sufrido una primera restauración para hermanarla con la casa. Se vio que esta techumbre formada por gruesas alfardas y tirantes que iban de lado a lado de la estancia estaba enriquecida con frisos, follajes y pinturas de colores brillantes al tiempo que existían diferentes gruesos en los muros del salón, pues se observó que sus frentes tenían diferentes gruesos: en el de la Villa, el de la calle del Codo y su frontero mantenía 1,57 por 1,91 mientras que en el restante sólo ofrecía 1,47. Por último, el patio general de la casa pertenecía al siglo XVII, lo que unido a lo anteriormente expuesto indicaba que la torre y la Casa de los Lujanes no pertenecían al mismo arquitecto. Además, las antiguas casas de los Lujanes se habían dividido sucesivamente en varias habitaciones, por lo que habían perdido su primitivo carácter haciendo más complicada su datación.

En cuanto a si debían considerarse las obras monumentos de mérito arquitectónico, la Academia contestó que ni la torre ni la casa «son uno de aquellos monumentos que pueden ofrecerse cual modelos á la juventud estudiosa que se consagre al cultivo de la arquitectura; ni aun puede servir su construccion en general á ejemplo digno de ser imitado. Pero teniendo en cuenta, que nó por su belleza intrínseca, sino por la relación que ofrecen con las costumbres de la época en que fueron edificados y con los demás elementos de cultura cobran su mayor estima en la historia de la civilización los monumentos de las bellas artes […]».

A tenor de lo dispuesto en la Real Orden de 24 de abril de 1868, se estudió en junio el proyecto de revoque de la Torre de los Lujanes, ya declarada Monumento Nacional, para restituir la obra a su primitivo estado. Hay que indicar que, con la compra de las casas por parte del Ministerio de Fomento en 1865, se habían enfoscado sus muros, se habían introducido adornos en las ventanas y cornisas, así como almenas rematando la torre, de ahí que se creyera necesario levantar los sucesivos revoques que envolvían la primitiva fábrica hasta dejarla al descubierto y reconocer la ornamentación original que se conservaba. También sustituir o añadir lo destruido, reconocer el sistema defensivo de la fortaleza y hacer desaparecer «las ventanas y el balcón que ahora presentaba en el frente de la Plaza de la Villa, macizándose para fortificar los cimientos, la ventana del sótano y sustituyéndose la del piso bajo, el balcon del principal y la ventana del piso segundo con ajimeces de arcos angrelados ó túmido-ojivales ornados de sus correspondientes parteluces de mármol y encerrados en cuadrangulares arrabaes. El espacio que media hasta la imposta que termina el primer cuerpo ó zona, podría decorarse con una arcada ornamental […] determinar su remate por una corona de almenas, proporcionadas á su total altura […]».

La ejecución de esta obra debía ser la misma que la utilizada por los arquitectos mudéjares, es decir, paramentos de ladrillo de primera calidad; también de ladrillo cortado a propósito el trazado de los arcos de los ajimeces y la arcada de la segunda zona; de mármol las columnas o parteluces de los ajimeces y las columnillas de la arcada ornamental, pudiendo decorar con aliceres o azulejos las enjutas de los ajimeces e introducir escudos y ornamentaciones, incluso leyendas conmemorativas en torno al arrabá.

El proyecto de reforma, revoque y decorado de la Casa y la Torre de los Lujanes ejecutado por el arquitecto de Fomento Francisco Jareño fue examinado por Antonio Ruiz de Salces, cuyo informe fue aprobado por la misma Sección de Arquitectura el 22 de febrero de 1878. Se observó que la torre se caracterizaba enteramente por su estilo mudéjar y se hallaba en armonía con las torres del mismo género conservadas en Toledo y Sevilla, las cuales habían servido de guía y modelo a Enríquez Ferrer para la ejecución de la obra. También que quedaban bien definidas en el proyecto las distintas épocas en que se habían edificado la torre y las casas, así como su construcción y los distintos elementos arquitectónicos que caracterizaban las dos partes en que se componía el conjunto; no obstante, se advirtió la mala fábrica de la obra, la necesidad de suprimir la decoración abultada y que el revoque utilizado fuese ordinario y sencillo en relación con las características constructivas del edificio. Por otro lado, se vio que la primitiva construcción no tenía la importancia decorativa ni el carácter que se le quería dar; que la torre y el palacio debían considerarse aisladamente porque poseían materiales y estilos diferentes debiendo conservar ambas obras su primitivo carácter y debía estudiarse a fondo la arqueología para conservar el carácter del edificio primitivo a fin de no alterar la verdad histórica y dar una idea errónea de lo que había sido el edificio.

A partir de este momento, la Casa y la Torre se convirtieron en sede de distintos organismos e instituciones: la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, además de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Pero la desfiguración del aspecto original de las casas y las numerosas obras parciales acometidas en los inmuebles llevaron en 1910 a volver a restituir parte de sus características originales en la reforma general de la plaza realizada por Luis Bellido y González, desde 1905 arquitecto del Ayuntamiento de Madrid. En este momento se rescató parte de la estructura y se dejó vista la fábrica original compuesta por cajones de mampostería y ladrillo, lo que no debe extrañarnos por cuanto que Bellido no era partidario de falsear y simular absurdamente con «elementos huecos de escayola y deleznables estucos de cal y arena grandes edificios de arquitectura monumental […]», tal y como lo dejó constatado en su discurso de entrada como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1925.

Vale la pena mencionar el expediente remitido a censura de la Academia en 1868, relativo a la adquisición por parte del Estado del edificio conocido como Platería de Martínez, ubicado en la calle de Trajineros porque se trataba de uno de los establecimientos más importantes del reinado de Carlos III, ubicado en el Salón del Prado y levantado en estilo neoclásico en 1792. Después de cerrarse durante la Guerra de la Independencia, se ampliaron sus instalaciones en 1836 bajo la dirección del arquitecto Juan José Sánchez Pescador, siendo finalmente clausurado en 1865. En este momento, el Estado adquirió el inmueble y fue cuando solicitó de la Academia un informe sobre la tasación del terreno, las construcciones existentes y las apreciaciones peritales que había llevado a cabo el arquitecto del Ministerio de Instrucción Pública.

En respuesta a dicha solicitud, la Junta de la Sección de Arquitectura reunida el 2 de enero de 1869 observó que el edificio se hallaba en la calle Trajineros, que el arquitecto había levantado el plano de la referida finca por la Real Orden del 1 de agosto de 1868 y que el propietario era Pedro Bosch. Asimismo, que el arquitecto había descrito de forma somera las fábricas, los pavimentos, la distribución general de la planta, como la carpintería de taller de las puertas, ventanas y vidrieras, por ello veía conveniente devolver el expediente para que el arquitecto añadiese los datos que se echaban de menos en la tasación, ya que eran indispensables para llevar a cabo un informe razonado.

Por la Real Orden del Ministerio de Hacienda del 23 de abril de 1879, la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado volvió a remitir el expediente a la corporación académica para su censura, en esta ocasión con la memoria, el plano, el presupuesto y las condiciones facultativas y económicas elaboradas por Francisco Jareño y Joaquín de la Concha. Hay que destacar el hecho de que el Rey, de acuerdo con la junta creada por la Ley del 21 de septiembre de 1876 sobre la construcción, reparación y venta de edificios del Estado, y en concordancia con el consejo de ministros había resuelto:

 1º) Remitir el expediente a la Academia con el resto de los documentos, para que emitiese su parecer sobre si las obras correspondían al objeto a que se destinaban y en caso afirmativo fuese aprobado.

 2º) Que en caso de que la superficie destinada en los planos no tuviera la capacidad necesaria, podrían tomarse los locales destinados a los vestíbulos y las salas de espera del público.

 3º) Que en caso de existir la necesidad de mayor superficie podían suprimirse los ante despachos proyectados para los jefes del departamento de la dirección, dejando únicamente el despacho del jefe superior.

 4º) Que a fin de alejar el edificio de todo peligro de incendio, se hiciesen en el mismo y en la parte superior varias habitaciones para el conserje y dos dependientes, para que uno de ellos cuidase siempre de la finca.

 Ante estas premisas, el 10 de junio de 1879 la Academia emitió dos dictámenes, uno firmado por la mayoría de sus miembros y otro por los académicos Antonio Ruiz de Salces y Francisco de Cubas. En el primero, la mayoría de los miembros eran de la opinión que el edificio de las Platerías, con 2.456 m² de superficie no era apto para acoger las oficinas teniendo en cuenta que estas ocupaban entonces 10.695 m² en tres plantas.  Respecto a los ingresos, uno proyectado en la fachada principal para el personal y otros dos destinados para el público por las calles de la Alameda y Trajineros, creían más conveniente aprovechar el de la calle de la Alameda como entrada y el de Trajineros de salida. En cuanto al estado de las fábricas, los espesores eran insuficientes para soportar las nuevas cargas, como ocurría en alguno de los cimientos, lo que hacía necesaria obras de consolidación «recalzando y construyendo puntos de fábrica en cimientos y reforzando los muros de fachada y traviesas con entramados verticales adosados en unos, é incrustando en otros». Por otro lado, los muros que se proyectaban eran entramados de madera de diferentes marcos, ya aislados, ya refrentados de fábrica de ladrillo, como generalmente se construían en Madrid. Además, se observó que los arquitectos habían aprovechado al máximo las construcciones existentes con el menor gasto, lo que les había obligado a establecer las crujías de forma irregular, oscilando sus anchos entre los 3 m y 8m, siendo la mayor parte de ellas muy reducidas e impropias de un edificio público. Se apreció también desproporción en las escaleras e irregularidades en las puertas y los huecos de las fachadas de las calles Alameda y Trajineros al conservarse la distribución antigua.  Por último, se echó de menos entre otras cosas, el aprovechamiento de los materiales procedentes del actual edificio, la fecha de comienzo y conclusión de las obras, la garantía del contratista y el tiempo de su responsabilidad.

En cuanto a la opinión de Antonio Ruiz de Salces y Francisco Cubas, los arquitectos emitieron un voto particular para ampliar el dictamen de la mayoría de los miembros al juzgarlo insuficiente. Lo que más les llamó la atención fue la diferencia entre la tasación dada al edificio de la Platería Martínez y la del ex convento del Carmen, ocupada entonces por las oficinas de la Deuda Pública. A ello cabría añadir el mal estado de las fábricas y la necesidad de recalzarlas; la mala ubicación de las oficinas, dado el desarrollo de la capital hacia su principal ensanche, como la estrechez de las calles que lo circundaban, poco apropiadas y estrechas para el tránsito público y de carruajes. Por todo lo expuesto, más el coste definitivo que tendría la adquisición del inmueble y su reforma, creían más conveniente el levantamiento de un edificio de nueva planta.

El dictamen de todos los académicos puso de manifiesto la mala conservación y duración de lo proyectado, muy similar a las casas particulares, de ligera y barata construcción, como la susceptibilidad del edificio de destruirse por un incendio debido a la casi totalidad de su armazón realizado con fábrica entramada de madera, motivos por los que la Academia estimó oportuno volver a reconocer el proyecto con una mejor distribución y construcción, aunque resultase más cara.

Sin embargo, aún con todos los estudios realizados, el edificio de la Platería Martínez fue sede de la Delegación de Hacienda, posteriormente de la Junta de Pensiones Civiles y sala de exposiciones para ser derribado en 1920 y erigirse en su lugar desde 2001 una fuente conmemorativa para no olvidar uno los establecimientos industriales más importantes del Madrid Ilustrado. 

A mediados de 1882 Ruiz de Salces realizó una memoria descriptiva de las obras de restauración que eran necesarias en el monasterio de Santa María de El Paular (Madrid), parte del ex convento incautado por el Estado en 1876. Esta parte era la más importante desde el punto de vista artístico y la que encerraba la verja de hierro, el retablo de alabastro, tres sillerías, el templete de mármol y jaspes, etc. En estas fechas se creyó oportuno hacer dos entradas independientes, una por la casa hospedería propiedad de Ramón Sánchez Merino y otra por la parte propiedad del Estado, debiendo cerrarse todas las demás. Para la ejecución de las obras era necesario algunos fondos de los que carecía la Comisión Central de Monumentos y la propia Academia de San Fernando, por lo que se encargó a Ruiz de Salces la realización del presupuesto a fin de elevarlo al gobierno de S.M. En cumplimiento con este acuerdo elaboró varios planos, el presupuesto y el pliego de condiciones, indicando en el plano con una línea azul el contorno de la parte del edificio propiedad del Estado, con tinta amarilla la que debía demolerse y con tinta roja los muros y el cerramiento de las puertas que debían ejecutarse.

Por cese de Francisco de Cubas fue nombrado secretario de la Comisión de Arquitectura en la Junta del 13 de marzo de 1883. Dos meses más tarde, la Junta de la Sección de Arquitectura del 5 de mayo de 1883 aprobó su proyecto para la reedificación de las casas que la Santa Hermandad del Refugio ocupaban en Madrid entre la calle de la Ballesta, la Corredera y Puebla. El proyecto estaba formado por una memoria, 9 planos y un pliego de condiciones facultativas y económicas. El nuevo edificio debía dar cabida a dependencias generales, la iglesia, el colegio de señoritas educandas, un salón de juntas, un dormitorio de acogidas, un pequeño hospital, una hospedería para alemanes, varias habitaciones para las niñas y educadores entre otras. La Academia aplaudió el proyecto elaborado por Ruiz de Salces por muchos motivos: la buena distribución del edificio en su ubicación, haber salvado la irregularidad que presentaba el solar, la facilidad de comunicación, el buen servicio entre las distintas partes y las formas bellas y regulares con las que había sabido dotar al edificio.

Además de las obras mencionadas, el Gabinete de Dibujos del Museo (Sección de Arquitectura) conserva de este arquitecto 5 planos de la Casa para el conde de San Rafael fechados en 1881-1882 (del A- 1566 al A- 1570) y el Archivo de la Academia el Proyecto de calefacción del Palacio, Biblioteca y Museos Nacionales, obra de 1896 (sig. 3-368) regalada por su hijo junto con un retrato, tal y como se da cuenta en la Junta Ordinaria del 2 de abril de 1900. Respecto a esta última obra, sabemos que la Sección de Arquitectura  celebrada el 10 de julio de 1885 había censurado el proyecto de terminación del edificio denominado «Biblioteca y Museos nacionales», inmueble que trataba de reunir una biblioteca nacional, un museo para obras de escultura y pintura contemporáneas; un museo arqueológico y la instalación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con las dependencias de cada uno de estos centros del Estado.

Antes que nada, Ruiz de Salces comprobó en los planos las obras que ya estaban ejecutadas con las que debían realizarse, por lo que decidió levantar nuevos dibujos y ocuparse en la distribución de las diferentes plantas. Comprobó que para poder cubrir las necesidades de cada uno de los edificios era preciso utilizar todo el espacio comprendido dentro del perímetro dado y aumentar la superficie cubierta construyendo una crujía en cada uno de los dos grandes patios del este, instalando en la planta baja de la fachada al Paseo de Recoletos los depósitos y talleres, así como las dependencias especiales y subalternas del Museo Arqueológico y la Biblioteca. Distribuyó cada uno de los centros de la siguiente manera: el Museo Arqueológico y la Biblioteca en el entresuelo, mientras que el Museo de Pintura y la Academia de Bellas Artes en la planta principal.

Eligió un estilo clásico como exigía este tipo de obras y una decoración basada en la buena y armónica disposición de las masas, junto con una acertada elección y combinación de los materiales de construcción y la adopción oportuna de elementos ornamentales, esculturales y pictóricos. Propuso la supresión de la columnata del piso de entresuelo de la fachada del oeste a fin de sustituirla por una elegante y robusta arquería, reservando la columnata para el piso principal. También la sustitución de la forma octogonal dada al salón central de lectura por la rectangular; la supresión de la madera en entramados verticales, suelos y armaduras; la utilización de la sillería para toda la fachada principal, los pabellones angulares del edificio, el cuerpo central de la fachada posterior y las impostas, jambas, guardapolvos y cornisas; el ladrillo fino prensado y de un tinte blanco amarillento para las caras y paramentos exteriores de las fachadas y patios; el ladrillo ordinario recocho en los muros interiores; viguetas de hierro en todos los pisos y en las armaduras de la cubierta, terminada con teja plana y pizarra, mientras que el mármol para la estatuaria, adornos esculturales y algunos pavimentos.

El arquitecto presentó igualmente el estudio y el análisis detallado de los sistemas de ventilación, calefacción y alumbrado que debían introducirse, estudios todos ellos censurados por la Sección de Arquitectura, cuya opinión fue que en general hallaba bien concebido y trazado el proyecto, aunque comunicado al autor algunas consideraciones relativas a las plantas y las fachadas que no alteraban la esencia del proyecto ni su presupuesto.

En 1886 fue nombrado junto con Cubas, Ponzano, Medina y Martín para formar parte de la comisión que debía proponer las bases para la erección de un monumento al historiador P. Juan de Mariana en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo), cuya obra se había encargado al escultor Eugenio Duque, quien ya tenía realizado el modelo para ser fundido en bronce. El 22 de noviembre de 1886 la comisión acordó disponer la suma de 250 ptas, suma con la que la corporación había ofreció contribuir a la construcción del monumento en abril de 1874.

Siendo arquitecto del Ministerio de Fomento se encargó en 1887 del estudio del mobiliario que era indispensable en la Escuela Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos. Realizó el presupuesto, ascendiendo éste a 15.443 ptas. con 90 céntimos, cantidad con el que dotaba de mobiliario a las clases y gabinetes de Química y Física, las aulas orales y las de Dibujo como el cuarto de aseo y los retretes de los profesores, incluyendo la rotulación de la entrada principal del establecimiento, las clases y dependencias. La Sección de Arquitectura aprobó el presupuesto el 7 de marzo de 1887.

Al año siguiente ejecutó las obras de reforma de la casa nº 8 de la calle Don Pedro. Según recogió en la memoria facultativa del proyecto, existía en la casa un pabellón aislado que daba a la fachada y el cual hasta la fecha se hallaba destinado a cocheras en el piso bajo con una habitación en el principal. La idea era convertir la planta baja del antiguo pabellón en un colegio para la enseñanza de niños y niñas pobres bajo la dirección de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Con este objeto se llevaron a cabo cambios en su distribución, obras de blanqueo y reformas en los entarimados, el conveniente repaso de los tejados, cornisas, canalones, bajadas de agua y revoques, además de la conversión de las puertas de las antiguas cocheras en ventanas gemelas.

Su nombre volvió a reseñarse en los documentos académicos en 1888, con motivo de la instancia realizada por el contratista Juan Pruneda para que fuese autorizada la realización del forjado de los pisos del edificio destinado a Biblioteca y Museos Nacionales. Lógicamente, como 2º arquitecto del Ministerio de Fomento y director de las obras tuvo que comunicar cualquier modificación que se produjese en el proyecto y la modificación en el forjado debía garantizar la seguridad de los obreros.  Juan Pruneda quería llevar a cabo esta obra sin esperar a que el edificio estuviese cubierto, empleando para ello ladrillo recocho ordinario en la parte inferior y en las bovedillas, como argamasa de cemento hidráulico en vez del yeso que marcaban las condiciones. La condición facultativa decía respecto a los forjados: «[...] los forjados de los pisos se haran con ladrillos huecos aplantillados, ó con bovedas de barro cocido, ó con bovedilla sencilla de ladrillo recocho ó de baldosa, según la altura y distancia de las vigas, y con arreglo á las instrucciones del Arquitecto Director. Estos forjados se harán con yeso fuerte sobre barretas de hierro de T colocadas de 30 en 30 centimetros de eje á eje al través de las vigas, y se ejecutarán de manera que formen cielo raso por la parte inferior del piso». Esta modificación fue estudiada por Ruiz de Salces, quien tras realizar una prueba propuesta por el contratista terminó apoyando los solicitado por Pruneda al ver lo ventajoso que resultaba el nuevo forjado respecto al del yeso, ya que disminuía [...] en mucho el riesgo a que se ven expuestos los obreros al caminar por los pisos antes de forjar». Vista la instancia, la Sección de Arquitectura aprobó la reforma y aplaudió la razón dada por el arquitecto en noviembre de 1888, señalando a su vez que en el pliego de condiciones no se excluía la reforma propuesta.

Al año siguiente elaboró el proyecto de reparación de la fachada principal del edificio destinado a Archivo General Central en Alcalá de Henares (Madrid), el cual estaba formado de los documentos reglamentarios: por un lado, una memoria con la descripción de la primitiva obra junto con la forma, la disposición y el estilo de la fachada; la clase de piedra empleada y su estado actual; la reparación que en ella se proponía y el sistema que iba a seguirse. Por otro, 5 planos que representaban la fachada en su estado y la misma después de su reparación; el detalle de una ventana del piso bajo y otra del piso principal, ambas en el estado en que se encontraban. También un detalle de un trozo de la galería del ático y por último el presupuesto y el pliego de condiciones dividido en tres capítulos y 19 artículos. Dicho proyecto sería aprobado por la Sección de Arquitectura el 28 de febrero de 1889.

En el transcurso de 1891 remitió a informe de las Secciones de Escultura y Arquitectura de la Academia el proyecto de la estatuaria y otros trabajos que debían adornar el edificio en construcción destinado a Biblioteca y Museos Nacionales, dado que ocupaba el cargo de arquitecto director de las obras. Como es sabido, las obras del edificio habían sido aprobadas por el Real Decreto del 18 de junio de 1886, la subasta para su construcción se había celebrado el 15 de enero de 1887 excluyéndose de ella las obras de arte de escultura y las pinturas murales decorativas que debían adornar al edificio, y ahora se tenía en mente la cubrición del edificio en la primavera de 1891 para tenerlo concluido en febrero de 1892.

Asimismo, era el momento de llevar a cabo la realización de las estatuas y los relieves que debían formar parte integrante del proyecto, entre cuyos asuntos propuestos se encontraban las estatuas sedentes en mármol de los RR.CC. para la meseta intermedia de la escalinata de ingreso de la fachada principal que miraba al Paseo de Recoletos (35.000 ptas.); 4 estatuas de pie simbolizando las edades de la Prehistoria, Antigua, Media y Moderna, también en mármol y destinadas a la misma fachada (60.000 ptas.); 4 medallones de mármol blanco de Carrara de primera clase para las enjutas de los arcos del cuerpo central de dicha fachada, con la representación de los personajes que el gobierno creyese oportunos (8.000 ptas.); otros 7 medallones de la misma clase para el fondo de la columnata del cuerpo del centro de la referida fachada y el piso principal (10.500 ptas.); un frontón o tímpano para el mismo cuerpo de mármol Ravaggione de primera, con composición simbólica en altorrelieve (110.000 ptas.); 2 estatuas sedentes en forma de acróteras sobre los extremos del frontón realizadas con el mismo material simbolizando el Estudio y la Meditación (32.000 ptas.); una estatua sedente  representando España, en actitud de premiar las obras de ingenio de sus hijos (22.000 ptas.); 2 estatuas de pie representando a Colón y América (30.000 ptas.) y 2 grandes esfinges imitando a las antiguas egipcias hechas en bronce (40.000 ptas.).

Para la ejecución de las obras del frontón se abrió un concurso al cual podían acceder cualquier escultor español que hubiera sido premiado con la 1ª o 2ª medalla en alguna de las Exposiciones de Bellas Artes, tanto nacionales como internacionales. Entre los nombres que Ruiz de Salces propuso para llevar a cabo los modelos y la ejecución en mármol de las estatuas se encontraban los de Suñol, Benlliure, Wallmitjana, Reinés, Samsó y Martini, reputados artistas domiciliados en Madrid.

Una vez estudiadas las bases del concurso y el tiempo del que disponían los artistas para elaborar tan ingente empresa, el 16 de febrero de 1891 las Secciones de Escultura y Arquitectura fueron de la opinión que había poco tiempo para esculpir y colocar las piezas en sus diferentes ubicaciones porque en los 12 meses en que se tenía pensado acabar el frontón de 19 m de base y 4 m de altura en su punto culminante no eran suficientes, ni aún para el trabajo material, sobre todo si los artistas residían fuera de la capital. Por la premura del tiempo se creyó oportuno nombrar a uno o más escultores de notoria reputación para que puestos de acuerdo realizasen el estudio de la composición y los modelos de los altorrelieves del tímpano del frontón y los ejecutasen una vez aprobados, siempre que estos artistas no fuesen los autores de ninguna de las esculturas anteriormente mencionadas. Del mismo modo, se vio bajo el precio que había asignado Ruiz de Salces a esta obra, debiendo elevarla a 125.000 ptas respecto a las 110.000 estipuladas en un primer momento. Respecto a los artistas que debían elaborar el resto de las esculturas, las secciones acordaron que fueran Jerónimo Suñol, Elías Martín, Mariano Benlliure, Ricardo Bellver, José Reynés, Eduardo Marrón, Juan Samsó, Juan Vancell, Cipriano Folgueras, Justo Gandarias, José Alcoberro, Francisco Molinelli y Moratilla. Se acordó también una variación en los precios de las esculturas por varios motivos: el mayor tamaño de las que debían representarse sedentes y el mayor coste de la adquisición del mármol, cuyo precio crecía en razón directa de la base que tuviese el trozo necesario y el aumento del coste del transporte. Pero asimismo se dictaron una serie de condiciones y obligaciones a los escultores que debían ejecutar los trabajos en cuanto al modo de llevarlas a cabo.

El Archivo de la Academia conserva de esta época un plano ejecutado por Antonio Ruiz de Salces de un monumento denominado La Torre Nueva en Zaragoza (Pl-205 y Pl-206) fechado en 1892, es decir, seis años antes de su muerte, además de varios datos tomados sobre el terreno en la misma ciudad en colaboración con Simeón Ávalos los días 5, 6, 7 y 9 de diciembre de 1891.

En 1895 acudió a la junta celebrada por la Sección de Arquitectura el 14 de enero junto con Fernández del Amo y Lorenzo Álvarez Capra. En esta reunión se trató la solicitud hecha por el director general de Instrucción Pública a la Academia de San Fernando el 19 de noviembre de 1894, para que diese su opinión acerca de si consideraba apto el emplazamiento de la iglesia de San Pelayo y San Isidoro de Ávila en el jardín del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, si se sujetaba a las reglas de la estética o bien perjudicaba la visual del mencionado edificio.

Era una iglesia construida en el siglo XII sobre un templo prerrománico a extramuros de la ciudad de Ávila que quedó concluida en el siglo XIV a base de mampostería ordinaria y fábrica mixta de caliza, arenisca roja de Ávila o piedra caleña de la Colilla y ladrillo. Constaba de una sola nave cubierta con armadura de madera, un ábside semicircular perteneciente al siglo XI cubierto con una bóveda de horno, cabecera similar a las de San Vicente, San Andrés y San Pedro, un presbiterio con bóveda de cañón y arcos fajones, una puerta al mediodía y otra a los pies. Tras albergar los restos del santo, la advocación de San Isidoro creció en la ermita, por lo que se hicieron algunas obras en la iglesia en 1116 que son las que le otorgaron la imagen del románico universal que actualmente posee.

Su gran ruina llegó tras la desamortización de Mendizábal en 1936 y el robo de sus sillares por los oriundos del lugar para ser reaprovechados en sus viviendas. Gracias a la Comisión Provincial de Monumentos de Ávila instalada el 17 de julio de 1844 como a las actas de la Comisión Central de Monumentos conocemos el estado jurídico, la conservación de multitud de monumentos abulenses y la repercusión que tuvieron en ellos las diferentes desamortizaciones de la segunda mitad del siglo XIX. La basílica de los Santos Hermanos Mártires Vicente Sabina y Cristeta, fue una de las muchas obras estudiadas por la Comisión Provincial de Ávila, de hecho, en 1848 se comunicó que gran parte de la nave lateral derecha se hallaba arruinada y gracias a las numerosas donaciones fue posible su reparación de mano de Andrés Hernández Callejo, además de la restauración de una de sus torres en 1860.

Dado su deplorable estado de conservación, el Ayuntamiento de Ávila acordó su demolición en 1854 tras la visita del arquitecto de la ciudad Pérez González, acción que nunca llegó a efectuarse al ser incautado el monumento por el Estado en 1876 y vendido cuatro años más tarde a José Ignacio Miró, quien lo vendió a su vez a Emilio Rotondo y Nicolau, inventor, ingeniero, coleccionista de arte y precursor de la telefonía en España.

Para conocer el estado de la ermita a mediados del siglo XIX es interesante consultar el dibujo de las ruinas del templo ejecutado hacia 1861 por Francisco Aznar y García (nº inv.: MA-0096) como el grabado realizado tres años más tarde por Joaquín Pi i Margall (nº inv.: R-4337) para los Monumentos Arquitectónicos de España.

La Comisión Central de Monumentos declaró el templo Monumento Nacional el 23 de junio de 1882 después de la solicitud realizada el 9 de mayo anterior por el gobernador civil de Ávila, declaración que no se hizo oficial hasta el 26 de julio de ese mismo año.

Tras varios intentos fallidos por parte de Emilio Rotondo por vender el monumento al Ayuntamiento de San Sebastián, el Estado compró finalmente las ruinas de la iglesia románica en 1894 a fin de ubicarla en el futuro Museo Arqueológico Nacional para enriquecer sus colecciones, la enseñanza de la historia del arte y servir para el culto. Dicha compra fue ejecutada previo informe elevado por la Academia de la Historia al Gobierno de S.M. el 20 de noviembre de 1893 habiendo sido el ponente Juan de Dios de la Rada y Delgado.

Ante la solicitud hecha por el director general de Instrucción Pública a la Academia de San Fernando el 19 de noviembre de 1894, la Sección de Arquitectura celebrada el 14 de enero de 1895 comunicó que  la erección de la referida capilla en la parte más alta del jardín situado en el eje de la prolongación del correspondiente pabellón del sur abrazando los muros y en la forma indicada por las excavaciones hechas para cimentar, dejaba libre un espacio de 7 m largos entre las dos construcciones y no concordaba con la servidumbre ordinaria de luces y vistas que debían tener a la vía pública. Por otro lado, se modificaba el plan de estación aislada del edificio y era perjudicial a su aspecto de monumento al interceptar de frente la vista del primer cuerpo, porque la capilla proyectaría líneas inarmónicas ocultándola aún más por el ángulo de la calle Villanueva que era uno de los puntos de mira desde donde se abarcaba el conjunto de la fábrica en dos de sus lados. Aparte, la masa del palacio empequeñecería las pequeñas proporciones de la capilla, anulando y empequeñeciendo los restos de la antigua ermita, además, al contemplarse los dos edificios desde la calle de Serrano lo primero que se presentaría ante nuestros ojos sería la masa total del santuario, cuya altura superior al primer cuerpo del palacio ocultaría la mayor parte del pabellón perjudicando la visualidad del conjunto del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales.

Por las razones expuestas y ser el estilo de ambas obras totalmente opuestos, la Academia acordó no ser conveniente la instalación del monumento religioso en dicho jardín, porque la proximidad de ambas fábricas produciría un desagradable efecto estético. No obstante, teniendo en cuenta «que no cumple con su elevada misión un Museo que solo contenga detalles aislados tales como basas, capiteles y arcos, pues las ideas que pudieran suministrar así al arqueólogo como al artista serían, en verdad bien deficientes», se incidió en la necesidad de estudiar los elementos agrupados de la obra a fin de apreciar su relación mutua, estructura, proporciones, diversidad de efectos perspectivos y el lugar que ocupaban cada uno de ellos en la iglesia.

Como hemos mencionado, la Academia se opuso a la instalación de la ermita en los jardines del Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales, incluso en los patios del complejo porque no había sitio suficiente para montar los restos artísticos del pequeño monumento, pero como la Academia de la Historia había dado el visto bueno a la compra de las ruinas de la ermita para el Estado, si al final se instalaba definitivamente en este  lugar era inevitable hacerlo en la parte más ancha del jardín y según estaban construidos. Así se hizo, pero no por mucho tiempo, ya que los problemas de la visual anticipados por la Academia de San Fernando motivaron el desmontaje de las ruinas a finales de 1895 y la búsqueda de un lugar más adecuado en donde instalarlas.

Finalmente, el Estado cedió las ruinas de la ermita de San Isidoro al Ayuntamiento de Madrid por la Real Orden de 20 de enero de 1896, acordándose su traslado al parque del Retiro junto a la Montaña Artificial bajo la supervisión y proyecto de Ricardo Velázquez Bosco. Esta elección era muy inteligente porque el arquitecto burgalés tenía en su haber obras de primer orden, pero también porque era un entusiasta de la arqueología monumental lo que le llevó a trabajar como delineante en la restauración de la catedral de León, a colaborar en el Museo Español de Antigüedades y en los Monumentos Arquitectónicos de España.

Pero aparte de ser acertada la elección del arquitecto Velázquez Bosco para instalar la ermita en el parque del Retiro, también fue un acierto el lugar escogido porque finalizada la Guerra de la Independencia se había procedido a la reparación de los daños del jardín y en dicho terreno se fueron incorporando nuevos elementos arquitectónicos bajo el proyecto romántico de Isidro González Velázquez.