Hijo de Félix y Francisca nació en Zaragoza el 6 de octubre de 1791 y murió el 2 de mayo de 1868. A la edad de doce años trabajó como albañil al tiempo que se dedicaba al estudio del Dibujo y la Arquitectura en la Real Academia de San Luis de Zaragoza, como a la práctica de la profesión asistiendo al estudio del maestro arquitecto Antonio Vicente.

El 3 de junio de 1819 solicitó de la Academia de San Fernando su admisión a los ejercicios para la clase de maestro de obras, presentando la certificación de su conducta moral y política, el certificado de práctica firmado por Antonio Vicente y como obra de pensado el proyecto de una Casa de campo a distancia de dos leguas de la ciudad de Zaragoza (del A- 1758 al A- 1760) con su informe facultativo y el avance del coste de la obra calculaba en 714.688 reales con 17 maravedíes de vellón.

La Comisión de Arquitectura reunida el 6 de julio examinó la obra y los documentos aportados, acordando la admisión del pretendiente al resto de los ejercicios de reglamento.  Fue admitido en la Junta Ordinaria del 11 de julio,  momento en el que le fueron sorteados los programas de repente. Le tocaron en suerte los números 9, 11 y 25, de los cuales eligió el  primero, es decir, un Pórtico para una iglesia de un pueblo, con inclusión de la capilla para el baptisterio (A- 5012).

La Junta de Examen tuvo lugar el 31 de julio de 1819, asistiendo a ella como vocales los profesores Pedro Franco, Antonio López Aguado, Juan Antonio Cuervo, Alfonso Rodríguez, Isidro Velázquez, Manuel de la Peña y Padura, Juan Miguel de Inclán, Custodio Moreno, Antonio de Varas y Julián de Barcenilla. Sanz y Pérez explicó las obras que había trabajado, su replanteo y el método de construcción con la aplicación de los materiales más conducentes, además de las nivelaciones, la conducción de aguas y la historia de la arquitectura.

Satisfechos los examinadores con las obras ejecutadas y las explicaciones dadas los profesores le vieron apto para ostentar el título de maestro de obras,  grado que le fue concedido por uniformidad de votos en la Junta Ordinaria del 15 de agosto de 1819.

A finales de 1820 y por fallecimiento de Joaquín Garbayo, maestro de obras de la ciudad de Zaragoza, elaboró los planos en borrador para la reparación de la iglesia parroquial de Calomarde (Teruel), acompañados de su informe facultativo y el avance de la obra calculada en 100,776 reales y 17 maravedíes de vellón. La Comisión de Arquitectura reunida el 13 de enero de 1821 examinó los documentos presentados y advirtió al autor que no había enlucido los planos que presentaba en borrador por obviar gastos. También que al tratarse de un pueblo de pequeña extensión, como de unos 90 vecinos, no era necesaria la construcción de las dos torres que proyectaba pues con una sóla bastaría; asimismo, que podría conservarse la forma ochavada de la fachada sin tener que demoler las dos paredes de su entrada, aprovechando al menos sus cimientos, todo lo cual resultaría de una verdadera economía. Del mismo modo, se le advirtió que una vez dispuestos los dibujos en limpio señalase en las plantas todas las calles, avenidas y demás edificios que debían circundar el templo para saber si era posible disponer una sola torre a espaldas del altar mayor, teniendo cuidado de que el título que ostentaba no era extensivo a estas obras de primer orden sino a los maestros arquitectos y académicos de mérito. Meses más tarde envió otros cuatro diseños para la misma obra que se hallaron conformes a las reglas del arte, siendo aprobados por la Comisión de Arquitectura el 29 de mayo y por la Academia en la Junta Ordinaria del 3 de junio de 1821, con la prevención de que el autor ejecutase la bóveda en el primer tercio de su vuelta para su mayor consolidación.

Transcurridos siete años desde la obtención del título de maestro de obras solicitó de la corporación académica el 21 de junio de 1826 su admisión a los ejericios para la clase de maestro arquitecto, presentando como prueba de pensado el proyecto de un Hospital general para Zaragoza o para otra gran población (del A- 2451 al A- 2453), fechado el 5 de febrero de 1821, con su informe facultativo, el avance del coste de la obra y la justificación de su conducta moral y política.

La Comisión de Arquitectura reunida el 7 de julio de 1826 examinó la obra y los documentos aportados, acordando el pase de Sanz al resto de los ejercicios de reglamento. Fue admitido en la Junta Ordinaria del 16 del mismo mes, fecha en la que le sortearon los programas de repente. En esta ocasión le tocaron en suerte los números 94, 66 y 21, los cuales respondieron respectivamente: «Planta, alzado y perfil geometricos de un templo rotondo de ámbito proporcionado para doscientos vecino», «Un mausoleo ó panteon para un personage y su familia con los ornatos análogos.- Planta, fachada y corte» y «Un Gabinete adornado para una señora principal, con su alcoba en el testero.- Planta y alzado». De los tres asuntos escogió el nº 21, es decir, Un gabinete adornado para una señora principal, con su alcoba y las piezas de ingreso, tocador y demás servicios (A- 5149), cuya elección comunicó a la Academia el 18 de julio.

La Junta de Examen tuvo lugar el día 27 de julio de 1826, asistiendo a ella como vocales Manuel González Montaos, Juan Antonio Cuervo, Julián de Barcenilla, Juan Miguel de Inclán, Custodio Moreno y Martín Fernández de Navarrete, este último en calidad de secretario. Examinadas la obra de pensado y de repente que el interesado explicó una vez entrado en la sala, se procedió a la realización del examen teórico. Sanz y Pérez comenzó este nuevo ejercicio contestando a las preguntas que se le hicieron los profesores sobre las cualidades que debían concurrir en un buen arquitecto según Vitrubio, la formación y medida de las bóvedas baídas y las pechinas, así como las circunstancias particulares que debían tenerse presentes para la construcción de los hospitales generales, edificio que había ejecutado como ejercicio de pensado.

Satisfechos los examinadores con las obras ejecutadas y las respuestas dadas a las preguntas formuladas le vieron con mérito para ostentar el título de maestro arquitecto, grado que le fue concedido en la Junta Ordinaria del 3 de septiembre de 1826, a los 36 años de edad.

Al año siguiente desarrolló el proyecto de reedificación del puente de Javierregay (Huesca) y otros diseños en planta y alzados para la habilitacion de la iglesia de los P.P. Agustinos Descalzos a extramuros de la ciudad de Zaragoza, diseños que serían aprobados por la Junta de la Comisión de Arquitectura del 8 de agosto de 1827 y  las Juntas Ordinarias del 12 de agosto y 21 de octubre de ese mismo año.

En 1828 realizó los planos de una cárcel pública para Jaca y trabajó en la reedificación de un puente de madera sobre el río Aragón, en el partido de dicha ciudad y pueblo de Santa Cecilia (Burgos), diseños en borrador que fueron aprobados por la Comisión de Arquitectura el  24 de marzo y por la Academia en la Junta Ordinaria del 30 de abril. También el diseño para la construcción y arreglo de una casa consistorial en la villa de Oliete (Teruel), partido de Alcañiz, aprobado por la Comisión de Arquitectura el  23 de junio de 1828 y por la Academia el 29 del mismo mes, además de los diseños del puente sobre el río Subordán en el término de la villa de Javierregay (Huesca), que lo fueron por la Comisión de Arquitectura el 4 de diciembre de 1828.

A partir de lo acordado por la Academia en la Junta Ordinaria del 3 de abril de 1829 acerca del cumplimiento de la Real Orden sobre el nombramiento de las comisiones en las ciudades de Sevilla y Barcelona y las de delegación en las Reales Academias para el examen de los profesores prácticos según preceptuaba el Real Decreto de 7 de diciembre de 1828, la Junta de la Comisión de Arquitectura celebrada el  5 de mayo de 1829 nombró para Sevilla a los académicos Melchor Cano y José García, y a los arquitectos Salustiano Ardanaz y Mariano del Río; para la de Barcelona al académico de mérito Antonio Celles; al de igual clase de San Carlos Pedro Serra y Bosch y al maestro arquitecto Francisco Vallés en las Reales Academias de  Valencia y Valladolid, y por último en la de Zaragoza a Tiburcio del Caso, Antonio Vicente, Atilano Sanz y José Yarza y Miñana.

Al mes siguiente Sanz y Pérez presentó a censura de la corporación tres proyectos: la nueva escuela de niñas para la villa de Alcolea de Cinca (Huesca) y la habilitación de su cárcel; el molino harinero para la villa de Peñarroya de Tastavíns, partido de Alcañiz (Teruel), y el de la nueva iglesia parroquial de Las Planas, aldea o barrio de Castellote en dicho partido de Alcañiz, cuyo número de vecinos diseminados por los campos y terrenos montañosos ascendían a 80. La Comisión de Arquitectura aprobó los tres proyectos el 5 de mayo de 1829 y la Academia en la Junta Ordinaria reunida el 10 del mismo mes.

El 3 de julio de 1829, cuando desempeñaba las funciones de director de la Academia de San Luis de Zaragoza, pidió a la de San Fernando su admisión a los exámenes para el grado de académico de mérito  en vista de que desde los trece años se había dedicado al estudio teórico de la arquitectura y obtenido los títulos de maestro de obras y maestro arquitecto por la Academia de San Luis de Zaragoza en 1819 y 1824 respectivamente. Fue admitido en la Junta Ordinaria del 19 de julio, fecha en la que le dieron el asunto de diseño: «Orden Dorico de Vitruvio con los correspondientes perfiles» y tres programas para disertar: «Nº 5… Paralelo entre la Arquitectura Griega y Gótica», « Nº 8- De los templos antiguos según el uso Griego y Toscano» y  «Nº 19- Siendo análogas la distribucion, velleza y firmeza de un Edificio; qué debe tener presente el Arquitecto al tiempo de formar las plantas, y alzados para que resulte un todo acabado. ¿Qué circunstancias y observaciones debera guardar para que se verifique uno y otro?», de los cuales escogió el número 19. 

El 3 de octubre de 1829 tuvo concluidos tanto el ejercicio práctico como la disertación y en la tarde del 6 de marzo de 1830 se celebró la junta de examen. Concluida la lectura y examinados los diseños trabajados, los profesores le hicieron varias observaciones así como diversas preguntas acerca  de las leyes de las maderas, las materias que entorpecían el sonido y sobre otros puntos de la teoría práctica de la profesión. Al ver sus méritos, los profesores acordaron colocar su diseño en la Sala de Enseñanza y concederle el título solicitado, grado que le sería concedido por uniformidad de votos en la Junta Ordinaria del 14 de marzo de 1830.

En este mismo mes de marzo, la Academia censuró tres proyectos suyos: un diseño con tres  retablos que debían construirse en la iglesia parroquial de la villa de Aguarón (Zaragoza); la planta y el alzado para la función del Jueves Santo en la misma iglesia y un molino harinero para el partido de La Puebla de Híjar (Teruel), los cuales fueron aprobados por la Comisión de Arquitectura el 9 de marzo de 1830. No obstante, el 3 de noviembre se le aprobaría también el proyecto de un cementerio para Zaragoza, que de antemano tenía censurado confidencialmente.

Su nombre volvió a reseñarse en las juntas académicas cuatro años más tarde, cuando en la Junta de la Comisión de Arquitectura celebrada el 11 de marzo  de 1834 se vio una consulta suya sobre su responsabilidad en los daños ocasionados por un fuerte temporal en el chapitel o coronamiento de la torre de la iglesia parroquial de Tabuenca (Zaragoza), construida tres años antes. El intendente de la provincia  le había encargado en 1828 el reconocimiento de la torre, la conveniencia de cubrirla temporalmente con un tejado o hacer su remate en chapitel teniendo presente la escasez de fondos con los que se disponían. Practicado el reconocimiento, se dio cuenta de que no convenía hacer el tejado provisional al estar la iglesia situada en el descenso de una colina, bastante elevado y aislado de los demás edificios de la población y por consiguiente, castigado por los vientos.  Por este motivo formó el proyecto con un remate en chapitel  sencillo y acorde con el edificio, en el que pudo aprovechar la cruz, la bola y la barra antiguas para mayor economía. 

La obra se construyó por contrato, concluyéndose el 30 de octubre de 1829. Nunca se consultó a Sanz acerca de ir a inspeccionar la obra durante su ejecución, no teniendo otra noticia de la misma hasta que por el Decreto del 4 de diciembre de 1829 se le mandó pasar al pueblo para inspeccionarla y reconocer el chapitel, cuyos trabajos verificó el 30 de mayo de 1830, es decir, seis meses después de concluidas las obras. En abril de 1832, el párroco del templo le comunicó que un fuerte viento había arrancado algunas planchas de plomo del chapitel sin otro deterioro, por lo que se había mandado al maestro arquitecto Segundo Díaz hacer el reconocimiento pertinente. Dijo que el fuerte temporal había sido la causa del deterioro, pero que también el haber asentado las planchas de plomo sobre un cascarón construido con yeso y ladrillo de rosca, aunque estuviesen bien clavadas las planchas entre las junturas. 

Ante estas críticas profesionales Sanz y Pérez expuso el hecho de que, aunque los diseños eran suyos, la obra no se había ejecutado bajo su dirección por lo que no se creía responsable de lo sucedido. Ademas, con respecto a la construcción del chapitel muchas obras de esta naturaleza se habían construído en Madrid, como la cubierta de San Francisco El Grande, cuyo ejemplo había seguido por creerlo más oportuno que sentar las planchas de plomo como lo hacían en esta provincia sobre la madera sin echarle antes una tortada de yeso para su buen asiento, sistema por el que al poco tiempo se aflojaban los clavos y se caían.

Por todas estas citrcunstancias el 25 de enero de 1834 Sanz preguntó a la Academia  si podía «sentarse la plancha de Plomo sobre un cascaron grande ó chico, como el del adjunto diseño, construido de un palmo de rosca con yeso y ladrillo, y si egecutada la obra en esta forma sugetadas las planchas en los redobles de las uniones con clavos entre los lechos de los ladrillos podran quedar seguras dhos, clavos siendo todo recientem^te fabricado. Si es mas permanente ó nó sentar la plancha de plomo sobre un encamonado de madera sola, ó sentarlo ademas sobre una capa de yeso de una á dos pulgadas de grueso puesta en la citada madera, pues el esponente entiende q^e ademas de sentar mejor las planchas, según principios de física el yerro introducido en el yeso de una fabrica recien hecha en paraje ventilado al paso q^e se ba secando fermenta un orin q^e le hermana con este material consolidándole al poco tiempo hasta el estremo de hacerse pedazos un clavo puesto en esta forma antes q^e arrancarlo [...]». En respuesta, la Junta Ordinaria del 16 de marzo de 1834 creyó injusto y arbitrario culpar al arquitecto por lo sucedido, ya que era corriente que este tipo de incidentes se produjeran y además porque era fácil «el haberse arrollado o levantado por efecto del temporal alguna de sus planchas de plomo sin que por esto se pueda argüir de defecto en el proyecto de la obra».

El 29 de mayo de 1837 Lorenzo González del Juzgado de 1ª Instancia de Torrelaguna (Madrid), hizo saber a la Academia que en ese juzgado el conde de Cabarrús había solicitado el reconocimiento del molino harinero existente en esa jurisdicción, en el lugar que llamaban «Dique». Se comunicó a las partes interesadas que cada una nombrase a un arquitecto para que entre los dos efectuasen el reconocimiento de la obra. Por la parte del conde se nombró a Fernando Gutiérrez, vecino de Madrid, pero al no verificar la otra parte la administración de esa jurisdicción acordó nombrar uno de oficio en vista de que en esa villa y en los pueblos limítrofes no existía profesor alguno de arquitectura. Este hecho obligó a solicitar de la Academia el nombramiento de un profesor de su confianza que se presentara el 16 de junio en el lugar para hacer el reconocimiento pericial al día siguiente 17.  La Academia nombró al académico de mérito Atilano Sanz, pero el arquitecto elegido por el conde de Cabarrus, Fernando Gutiérrez, hizo presente el 14 de junio su imposibilidad de concurrir al reconocimiento el día previsto debido a otras ocupaciones, lo que motivó que el conde nombrase en su lugar a Juan José Sánchez Pescador, quien junto con Atilano Sanz se personó en la villa el 21 o 22 de ese mismo mes para evacuar el informe correspondiente.

En la Junta Ordinaria del domingo 24 de septiembre de 1837 Atilano Sanz fue considerado el académico profesor más apropiado para cubrir la plaza de maestro director del ramo de Aritmética, Geometría y Dibujo Arquitectónico en la Escuela de Nobles Artes de Segovia, plaza ocupada con anterioridad por Juan José de Alzaga. Ostentando dicho cargo expuso a la Academia el 14 de junio de 1839 que al tener como asignación por esta dirección la cantidad reducida de 400 ducados «y constándole haber disfrutado los Profesores que le han precedido de la Maestría mayor de la Ciudad y fontanería con la dotacion de 300 ducados, y asimismo fueron Arquitectos de la Yntendencia y de la Provincia», solicitaba su intercesión y mediación con el gobierno  para obtener la plaza de arquitecto de estos ramos a fin de que con esos agregados pudiera atender al sostenimiento de su familia, ya que sin ellos no podría subsistir.  A su vez manifiestó que dicho nombramiento no perjudicaría a profesor alguno dado que no existían más que albañiles que se titulaban maestros y de ellos se valía el ayuntamiento, corporaciones y particulares para sus obras de fontanería, tasaciones y demás obras.

Al enterarse la Academia de esta solicitud le llamó mucho la atención de que la ciudad no hubiera nombrado a Sanz y Pérez su  arquitecto maestro mayor, cuando la Escuela de Nobles Artes de Segovia le había agasajado en elogios por su celo y acierto en el desempeño de su dirección y cuando las reales células y ordenes vigentes determinaban que las ciudades, cabildos y demás corporaciones podían conferir los destinos de maestros mayores a académicos de mérito o arquitectos aprobados a falta de los principales. Por todo ello, el 7 de agosto de 1839 se comunicó al Ayuntamiento de Segovia su apoyo más rotundo a la solicitud de Sanz exponiendo que «se oficiase a este Ylt Ayuntam^to a fin de q^e teniendo presente el brillante desempeño de D. Atilano Sanz en la direccion de la Escuela de nobles artes, como contará á los individuos del mismo q^e los son de la Junta Gubernativa y á q^e las R^s orns obligan á los Ayuntam^tos y Ciudades á valerse para sus obras de Academ^s ó Arquit^s, se servira conferir a dcho profesor el empleo de su Arquitº mayor pues de ellos resultara no solo el cumplim^to de las superiores disposiciones, sino tambien el mayor decoro en las obras y buena inversion de los caudales publicos».

A través de la Junta de la Comisión de Arquitectura celebrada el  16 de junio de 1840 tenemos constancia que este académico de mérito de las Academias de San Carlos, San Luis y de la Concepción fijó por estas fechas su residencia en Madrid, motivo por el que ofreció sus servicios a la de San Fernando, bien para formar parte de las Juntas de la Comisión de Arquitectura o ejercer otros trabajos en los que pudiera ser de utilidad, ya que era teniente director de arquitectura en la Academia de San Luis de Zaragoza. El ofrecimiento venía de la distinción dispensada recientemente a Juan Bautista Lacorte, teniente de arquitectura de la Academia de San Carlos de Valencia y estar  prevenido en la R.O. de 21 de enero de 1774.

En atención a lo expuesto, la Comisión de Arquitectura halló oportuno el ofrecimiento de Sanz y Pérez porque además la muerte de Fermín Pilar Díaz, uno de los vocales, obligaba el nombramiento de otro vocal que pudiera sustituirlo. No obstante, la Academia acordó en su Junta Ordinaria del 21 de junio que volviese el expediente nuevamente a censura de la Comisión de Arquitectura por la opción que podrían tener los académicos de mérito más antiguos para suplir a los tenientes directores y ascensos académicos. El asunto fue estudiado por la Comisión de Arquitectura el 11 de agosto de 1840, momento en que se acordó que «[...]  con nuevo examen  de lo resuelto por S.M. en 21 de Enero de 1774 respecto al particular de asistencia como teniente Director de la Academia de Zaragoza, ya concedido, entiende la misma que esta gracia que se le dispuensa no le dá otros mayor dro de antelacion que aquel que tiene adquirido como Academico de merito de la de Sn Fernando en su caso y lugar».

A raíz del fallecimiento de Fermín Pilar Díaz, notificado en la Junta Ordinaria del 21 de junio de 1840, se volvió a nombrar a Sanz y Pérez en la Junta de la Comisión de Arquitectura del 9 de febrero de 1841 con motivo de la convocatoria de la plaza de director de la enseñanza en la clase de Aritmética y Geometría de dibujantes en el estudio de la calle de Fuencarral de Madrid, de la que Díaz se ocupaba. Este destino, solicitado también por Antonio Conde y González, José París, Atilano Sanz y Lucio de Olarieta, quienes en sus exposiciones acreditaron sus respectivos méritos, fue concedido finalmente a Conde y González en la Junta Ordinaria del 14 de marzo de 1841.

Al tiempo que Antonio Conde y González y Manuel López Aguado, Sanz y Pérez se presentó para cubrir la plaza de director de arquitectura en la Academia de San Fernando, vacante por fallecimiento de Pedro Zengotita Vengoa. En la Junta Ordinaria del 15 de agosto de 1841 la Academia acordó proponer en primer lugar a Antonio Conde, seguido de Manuel López Aguado y Atilano Sanz, no obstante, en la  Junta Ordinaria del 31 de octubre sería nombrado director de la enseñanza de Geometría de Líneas en el Estudio de la Trinidad.

Después de ser nombrado teniente director de Arquitectura por la Real Orden del 22 de enero de 1842 y prestar el correspondiente juramento de sus estatutos, se le concedieron los honores de este cargo en la Junta Ordinaria del 6 de febrero, acordándose la ejecución de dicho nombramiento en la Junta Ordinaria del 8 del mismo mes. Dos años más tarde fue nombrado director (Junta Ordinaria del 28 de abril 1844), honor por el que daría las gracias en la Junta Ordinaria del 26 de mayo de 1844.

A mediados de 1844, el Ayuntamiento de Madrid convocó un concurso de artistas de pintura, escultura y arquitectura para el programa de las funciones que debían celebrarse con motivo de la mayoría de edad y juramento de la Reina Isabel II, los cuales debían presentar en un tiempo determinado el boceto de un cuadro que representase el acto solemne del juramento en las Cortes, así como el modelo en bajorrelieve de un grupo alegórico del mismo acto y los planos de una fuente monumental alegórica de ese acontecimiento. Se presentaron varios bocetos y planos que fueron depositados en las casas consistoriales, pero como no se presentó obra alguna de escultura, el Ayuntamiento de Madrid solicitó de la Academia el 26 de junio de 1844 el nombramiento de tres profesores de pintura y otros tres de arquitectura con objeto de adjudicar con acierto los premios ofrecidos por su instituto en el programa de dichas funciones. Para este fin, la corporación académica nombró el 4 de julio a Juan Gálvez, Juan Antonio Ribera, Juan Miguel de Inclán, Antonio Conde y González, Rafael Tegeo y Atilano Sanz, a los cuales se les pasó el aviso correspondiente.

A raíz del establecimiento de la nueva Escuela Especial de Arquitectura por Real Decreto de 25 de septiembre de 1844 bajo la inspección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, S.M. acordó el 23 de marzo de 1845 el nombramiento de los directores de las distintas enseñanzas de los estudios de arquitectura, saliendo elegidos: Juan Miguel de Inclán, como director y profesor de Composición (15.000 reales anuales de sueldo); Eugenio de la Cámara, profesor de Cálculo Diferencial e Integra (10.000 reales); José Jesús Lallave profesor de Mecánica Racional aplicada a la construcción de máquinas (12.000 reales); Juan Bautista Peyronnet profesor de Geometría Descriptiva (12.0000 reales); Narciso Pascual y Colomer profesor de Teoría General de la Construcción (12.000 reales); Aníbal Álvarez profesor de Teorías Generales del Arte y Decoración (12.0000 reales); Antonio de Zabaleta profesor de Arquitectura Legal y Práctica de la Construcción (12.0000 reales) y Atilano Sanz y Pérez, Pedro Campo Redondo y Mariano Calvo y Pereira profesores agregados con 6.000 reales, al tiempo que Antonio Conde y González quedó relegado de sus funciones por jubilación.

Pero antes de acabar el año de 1845, la Junta de la Comisión de Arquitectura reunida el martes 11 de noviembre le encargó en colaboración con Martínez de la Piscina y Conde y González el examen y el reconocimiento del expediente de Policía Urbana remitido por la Intendencia de Madrid, sobre el estado del horno y la casa tahona situada en la calle de la Esgrima, titulada de la Espada. El informe en borrador realizado por los tres vocales sería aprobado por la Junta de la Comisión de Arquitectura el 3 de marzo de 1846, comisión que encargó a estos mismos arquitectos el pasarlo a limpio para ser presentado a la Academia.

El 12 de enero de 1846 el teniente alcalde del distrito de la Latina (Madrid) se puso en contacto con la Academia a consecuencia del reconocimiento y el deslinde que debía realizarse de la medianería de las casas ubicadas en la calle Hortaleza, nº 104 y 106 de la manzana 316. El dueño de la casa nº 106 era José Martín de Ballesteros, quien había nombrado por su parte para hacer el reconocimiento al arquitecto Carlos del Bosch y Romaña, mientras que la dueña de la casa nº 104 era Melchora Castillo, cuyo representante era Juan Balín, pero al no haber nombrado a ningún arquitecto por su parte se solicitó de la Academia el 12 de enero de 1846 la designación de un profesor que, en unión con Carlos del Bosch y Romaña, llevase a cabo los trabajos. El nombramiento recayó en Atilano Sanz y Pérez, quien aceptó el encargo el 17 de enero de 1846.

Hallándose pendiente el dictamen particular de Atilano Sanz y Aníbal Álvarez sobre los diseños del Teatro del Liceo establecido en la ciudad de Barcelona, que el arquitecto Miguel Garriga y Roca había remitido a censura de la Academia con el oficio y el pliego de las causas que lo habían motivado, la propia Junta de la Comisión de Arquitectura del 3 de  marzo de 1846 vio su mérito, pero también el tenerse que desentender de dar su aprobación, ya que debía devolverse al arquitecto y comunicarle que «aunque fueron vistos con agrado dichos proyectos por manifestarse en ellos mucha imaginacion y pensamientos brillantes q^e le hacen honor, no puede no obstante conceder á sus deseos mediante á la competencia y compromisos en q^e podria hallarse con su decision, y acreditan los diferentes papeles que aunque anonimos se recivieron y acompañan al expediente, debiendo el D Miguel Garriga elegir y fixar el proyecto mas conforme à sus fines, remitiendole en su caso á la Academia, bien por la autoridad ´o corporacion à quien corresponda p^a propiedad de el Liceo, ò el mismo Profesor con docmento justificativo de hallarse comisionado para ello».

Un año más tarde Sanz elaboró un discurso sobre el buen gusto de la Arquitectura, en la que «nada tiene que haber supérfluo ni redundante». Al referirse a las columnas aisladas señalaba que eran uno los principales ornamentos del arte en los edificios que lo requerían, con la misión de sostener las fábricas superiores y los pórticos, decidir su altura, diámetro y número, además de la extensión y la mole de un edificio, pero que no debían ser introducidas de no ser necesarias. Aparte de reseñar la función del capitel que es el de asentar y asegurar el arquitrabe, incidió en que siempre que exista el buen gusto nada habrá de supérfuo y redundante.

El 4 de diciembre de 1846 fue nombrado junto con Laviña para hacer el reconocimiento de la medianería en ruinas de las casas situadas en la calle del Lobo, números 6 y 8 nuevos (Madrid): la primera propiedad del conde Morales de los Ríos y la segunda del Estado. Una vez practicado el reconocimiento detallado de la obra y las operaciones necesarias, tanto de las nivelaciones como las alturas y gruesos, por calas y barrenos realizados en diferentes puntos y direcciones, ambos arquitectos manifestaron que la medianería se encontraba desplomada hacia la casa nº6 debido a sus malos materiales y la desigualdad de las cargas, incluso en algunas partes se hallaba arruinada, como bien había manifestado el señor París después de haber analizado la obra anteriormente. 

En la Junta General del 5 de diciembre de 1847 se le otorgó a Sanz y Pérez la «concesión de honor y consideraciones de catedrático propietario», pero al no poder optar con esta gracia a ninguna vacante de profesor renunció a ella en la Junta General del 9 de diciembre de 1849 para pasar a cubrir la plaza de profesor agregado en la Escuela Especial de Arquitectura, nombrándose en su lugar a Francisco Enríquez y Ferrer.

Por la Real Orden del 25 de octubre de 1848, S.M. acordó la creación de una Comisión compuesta por Juan Miguel de Inclán, Atilano Sanz y Narciso Pascual y Colomer, a fin de llevar a cabo el informe del Tratado de Arquitectura Legal, obra del abogado fiscal del Consejo Pedro de Madrazo y el arquitecto Antonio de Zabaleta, quienes lo habían presentado al Ministerio de la Gobernación con objeto de que se difundiera por todas las poblaciones como ordenanza general de construcción. El informe favorable fue redactado el 8 de marzo de 1849, siendo presentado y aceptado por la Junta de la Sección de Arquitectura del 3 de julio, constatado que era una obra versada en  «[...] una materia de tan conocido  interes é importancia, de obra original en su genero entre nosotros, tanto con respecto á la ciencia administrativa q^e abraza, como por lo tocante á la administracion practica de la misma, [...] encierra un conjunto de doctrina muy apreciable, observandose en su esposicion un orden y metodo muy á proposito para facilitar su comprension, y reuniendose en un solo cuerpo las disposiciones relativas ála arquitectura hasta el dias esparcidas y diseminadas en gran numero de leyes que reunidas de este modo proporcionan su estudio mas facil y comodamente». El estudio era un trabajo que daría servicio tanto a los arquitectos, maestros de obras, propietarios y abogados, como a jueces, magistrados, corporaciones municipales y autoridades administrativas, por ello debía ser aprobado, publicado y servir de texto para la completa enseñanza de una asignatura establecida en la Escuela Especial de Arquitectura.

El 2 de enero de 1849 Sanz y Pérez fue nombrado por la Sección de Arquitectura junto con Aníbal Álvarez y Antonio Herrera de la Calle para informar acerca del expediente promovido por el jefe político de Barcelona sobre la construcción de una gran plaza porticada en el local que había sido convento y huerta de Capuchinos, el cual iba acompañado de tres planos en borrador. El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 6 de febrero y por la Academia en la Junta General del 11 del mismo mes, pero en julio de ese mismo año fueron remitidos otros cuatro planos sin el presupuesto del coste de las obras en los que se apreciaron los mismos defectos que se habían encontrado en los primeros y que debían haberse subsanado, además de una memoria en la que el autor daba cuenta de las ideas que había tenido presentes a la hora de hacer su trazado.

Vistos de nuevo por los mismos profesores, observaron que se infringía la alineación aprobada por el ayuntamiento en la calle del Vidrio, lo mismo que sucedía en los planos presentados anteriormente. Con ello quedaba interrumpida la calle en dos trozos que salían a la plaza por medio de dos recodos, interceptándose el tránsito de carruajes y dejando a la vía sin utilidad y comodidad para el comercio. También se vio que era perjudicial para los propietarios de las casas, ya que se derribaba «una parte de casa, se mudan las alturas de sus pisos y se le agrega delante una crujía sin construirse toda de nueva planta y aun los de las que solo tiene un piso han de comprar terreno para agregar el soportal, construir la costosa decoracion de la Plaza trastornando lo existente ó derribándolo tal vez para edificarlo de nuevo». Por otro lado, los profesores vieron que la nueva calle que se debía abrir para comunicar la plaza con el Paseo de la Rambla se trazaba oblicuamente como lo estaba en los anteriores diseños y el terreno de su rompimiento se tomaba de dos casas abandonando así a sus dueños. Asimismo, las fachadas de la plaza quedaban cortadas en las dos entradas a la calle de Vidrio, siendo de mejor efecto realizar la entrada a través de grandes arcos y cerrar con la misma decoración todo el recinto excepto la nueva calle por la Rambla; los machones de los arcos del pórtico que daban a la plaza tenían solamente pie y medio de espesor, poco teniendo en cuenta la altura de las fachadas de 72 pies y el ancho de las crujías, aunque, por el contrario, la decoración era acertada. Por todo lo expuesto, el 19 de agosto de 1849 tanto Álvarez, Sanz como Herrera de la Calle reprobaron el proyecto, aprobando sólo dos de los cuatro planos presentados.

Por estas fechas Sanz fue delegado por la Sección de Arquitectura (Junta celebrada el 27 de marzo de 1849) para realizar la revisión del presupuesto ejecutado por el arquitecto Andrés Hernández Callejo en la reparación de la basílica de los Santos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta (Ávila). En vista de los planos presentados a informe de la Academia por su autor, Atilano Sanz vio que, aunque faltaba el informe práctico facultativo, el presupuesto estaba arreglado, detallado  y conforme respecto a una obra de este tipo, difícil, poco común y muy costosa para llevarla a cabo. Respecto a los 20.000 reales que el arquitecto pedía por sus honorarios le parecían bien evaluados teniendo en cuenta que había diseñado la planta completa del templo, las fachadas principal posterior y las laterales como las secciones, más los del estado en que se encontraba su ruina y los de la obra que debía hacerse para completar lo que le faltaban a sus fábricas, conservando el carácter y la belleza que antaño tenía el monumento. El informe emitido por Sanz y Pérez el 2 de abril de 1849 fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 3 de abril.

Del mismo modo, la Sección de Arquitectura reunida el 3 de abril de 1849  aprobó a José Yarza su proyecto de cárcel de partido para la villa de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), previo informe elaborado por Atilano Sanz y Matías Laviña el 1 del mismo mes. Los académicos habían sido nombrados por la Junta de la Sección de Arquitectura el 27 de marzo anterior para llevar a cabo el estudio de la obra, tras el cual llegaron a la conclusión de que el autor había aprovechado al máximo el perímetro limitado e irregular en la distribucibución del edificio; el proyecto era muy superior a los que anteriormente habían sido programados y el presupuesto estaba ajustado a las operaciones y precios. Respecto al pavimento, entendieron que en vez de un simple solado de ladrillo deberían construirse bóvedilla de 3 a 4 pies de diámetro sobre cítaras de buena mamapostería o ladrillo y sobre ellas, después de bien macizadas sus enjutas, un solado de ladrillo con yeso dejando en el testero de los cañones de la pared que daba al patio unas pequeñas aberturas para la circulación del aire. Por otro lado, las «columnas de madera» debían se sustituidas  por pilarcitos de yeso y ladrillo, poniendo sobre el cimiento del pozo de aguas una fila de losas para que contuviese el pavimento y sirviese de base a dichos pilarcitos. Por último, hicieron algunas observaciones relativas a la colocación de los comunes y a la falta de dos piezas destinadas para enfermerías provisionales de ambos sexos, como el poco espesor de las paredes de las reclusiones correspondientes al pasillo alto y bajo, las cuales, a su entender, debían ser de doble grueso. El informe de Sanz y Laviña fue aprobado finalmente por la Academia en la Junta General del 9 de abril de 1850.

Su nombre volvió a reseñarse en las juntas académicas, con motivo de la remisión a la corporación del expediente instruido por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el derribo de la torre Nueva de esa capital el 19 de agosto de 1849. Se trataba de una obra monumental, cuyo principal director había sido Gabriel Bombao, y cuya obra había sido concluida en 1512 con 416 palmos de elevación y 60 de diámetro. El Ayuntamiento de Zaragoza solicitó en estos momentos una serie de aclaraciones: 1ª) Si dicha torre era diga de conservarse por su mérito artístico; 2ª) Si según los informes dados por los arquitectos que la habían reconocido podía conservarse y mantenerse en buen estado sin temor de ruina con los revestimientos que se proponían; 3ª) Si la restauración proyectada se acomodaba al carácter de las fábricas; 4) Si sería mas costosa la reparación que el derribo; y por último, 5º) Cual de estas disposiciones debía seguirse.

Para dar respuesta a todas estas preguntas, se reunió la Junta de la Sección de Arquitectura la noche del miércoles 29 de agosto, momento en el que se dio a conocer el parecer que sobre esta obra tenían los arquitectos Antonio Conde y González, Juan Miguel de Inclán, Atilano San y Matías Laviña, profesores que habían formado parte de la comisión nombrada por la Academia para estudiar el asunto con detenimiento. Todos ellos llegaron a las siguientes conclusiones: «1^er punto: [...] la torre nueva en concepto de los que firman, un monumento de utilidad, de recuerdos historicos, de gloria nacional y de un merito artistico indisputable, y digno por tanto de conservarse à toda costa./ 2º punto. Si, según los informes dados por los Arquitectos q^e la reconocieron podía conservarse y mantenerse en buen estado por largos años y sin temor de ruina con los revestimientos q^e proponen./ Todos los facultativos, los que menos amigos parecen de los monumentos, y hasta los interesados por la seguridad de los vecinos, convienen en q^e una reparacion hecha  en debida forma puede dar à la torre una larga duracion. Acertadisima es la idea de macizar  el hueco q^e ocupa la escalera, cuya operación deberá comenzarse desde el  neto del cimiento por dos ó tres hiladas de sillares en forma de dobela con arreglo al buen metodo de construccion, y proseguirse luego hasta salvar la parte debilitada, con ladrillo bueno y mortero de la mejor calidad, suspendiendola el tiempo  q^e sea necesario à cada ocho ó diez pies de elevacion para que tenga lugar de consolidarse [...]. Macizado el hueco de la escalera y después de hallarse bien secos sus materiales, podrá hacerse el zocalo propuesto de buen perfil è igual salida en todo su perimetro, atizonandole y engrapando bien unos con otros sus sillares , que deben ser de piedra de mas fuerte, y cuando menos de cinco hiladas de cubierta. [...] se desmontará el chapitel y se repondrá ò hará otro de nueva construccion mas analogo y en harmonia con el edificio, y por consiguiente de mucha menor elevacion./ 3º punto. Si esta restauracion se acomoda al carácter de la fabrica y desfigura su alzado alterando la convinacion de perfiles y sus verdaderas proporciones. Como el revestimiento esterior q^e se propone no pasa de ser un zocalo, no debe desfigurar al basamento y mucho menos y mucho menos a los cuerpos superiores, antes bien como miembro esencial de q^e carece puede y debe dar á uno y otro la gracia y propiedad que le falta./4º punto.  Si será mas costosa la reparacion q^e el derribo [...] ./5º punto. Finalmente cual de estas disposiciones será preferible atendidos todos los antecedentes. Parece innecesario despues de lo dicho añadir nuevas razones ni detenerse en demostrar con otros datos la preferencia que sobre la demolicion [...] debe darse a la reparacion [...]».  No obstante, en 1857 el ayuntamiento volvió a remitir otro expediente sobre el mismo asunto y en 1858 el proyecto del académico José de Yarza para la recomposición de dicha torre que la Sección de Arquitectura reunida el 26 de junio de 1858 acordó elegir el de «la forma de estrella con el zócalo octogonal de sillería hasta la altura necesaria para salvar la puerta».

Al año siguiente, Atilano Sanz junto con Aníbal Álvarez volvieron a ser comisionados por la Sección de Arquitectura para examinar, en esta ocasión, el proyecto de la plaza porticada de Barcelona suscrito por Molina. Finalizaron el informe el 1 de marzo de 1850 advirtiendo que el autor no había presentado el proyecto con el expediente sino junto a un escrito explicándolo; los diseños no habían sido reconocidos ni examinados por la autoridad competente y no se indicaban los perjuicios que ocasionaría la obra a los propietarios colindantes. 

Una vez estudiado el informe se vio como único inconveniente del proyecto no hallarse cerrado todo el perímetro de la plaza tal y como la Academia había indicado que hiciese el autor en su último informe del 20 de octubre de 1849, a fin de que corriesen continuos el pórtico y la decoración sin tener que quedar interrumpidos en las bocacalles. Por otro lado, las advertencias que la corporación había señalado en correcciones anteriores estaban correctamente arregladas en los nuevos planos, pues se había corregido el lado de la calle del Vidrio haciéndola entrar directamente en la plaza de una manera más adecuada; también «la gran entrada por la rambla y aquí advierte la Comision que asi como deverian cerrarse con la decoracion gral, todas las avenidas, debe conservarse en esta el pensamiento del Sor Molina que deja abierta esta grande entrada para que desde el Paseo de la Rambla luzca y se disfrute toda la decoracion interior de la Plaza. Ygualmente se ha aumentado el espesor de los machones de los Pórticos y ademas se han remitido los detalles del ornato general que se pidieron […]».  El informe de Álvarez y Sanz sería aprobado por la Sección de Arquitectura el 5 de marzo de 1850. 

A raíz de la convocatoria de la plaza titular de arquitecto de Cádiz con un sueldo anual de 6.000 reales de vellón, la Sección de Arquitectura conformada por el marqués del Socorro, Sanz, Herrera, Zabaleta, Mesa, Peyronnet, Laviña y Cámara se reunió el mismo 5 de marzo de 1850. Tras realizarse los edictos pertinentes que se fijaron en los sitios públicos y fueron publicados en los periódicos de esta plaza como en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Gaceta del 3 de diciembre anterior, comenzaron a llegar las solicitudes para cubrir la vacante. Además de García Álamo, arquitecto, director de caminos vecinales, socio de la Sociedad de Amigos del País de Córdoba y arquitecto titular de dicha capital,  optaron a la plaza  José San Martín, arquitecto titular de los Ayuntamientos de Jerez y Arcos de la Frontera (Cádiz), socio fundador de las de emulación y fomento de la ilustración, artes, comercio y agricultura, además de socio de la de Amigos del País de Jerez y Sevilla, pero también Juan de la Vega, arquitecto, académico de mérito de la Academia Nacional de San Baldomero de Cádiz y director de arquitectura en la Academia de Santa Cristina.

Una vez reconocidos los méritos de los pretendientes, el Ayuntamiento de Cádiz nombró como su arquitecto titular a Manuel García Álamo el 16 de enero de 1850, pero este nombramiento acarreó problemas y descontentos. Por un lado, el arquitecto Juan de la Vega reclamó la nulidad del nombramiento porque le perjudicaba y  por otro lado, José de San Martín exigió lo mismo el 8 de febrero exponiendo los abusos que diariamente eran cometidos por la Academia gaditana al «hallarse entregada la Seccion de Arquitectura solo al compañero Bega y otros varios Sres. que por solo ser academicos de merito de la misma se creen (sin ser peritos) autorizados pª abonar informes sobre toda clase de obras que se ofrecen en los pueblos de esta Provª queriendo robustecerlos y darles el mismo carácter, que si fuesen (ebamados) p^r un cuerpo científico y con las mismas atribuciones como podría hacerlo la Real Academia de Sⁿ Fernando».

En vista de ello, y a fin de no estar a merced de una camarilla que dispusiese a su placer de las obras públicas como privadas promovidas en los pueblos, San Martín recomendó restringir las facultades de la Academia de Cádiz, o en su defecto que la Academia de San Fernando nombrase  varios profesores para crear un cuerpo científico en la clase de Arquitectura del cual se carecía. Señalaba igualmente que desde hacía cuatro años había dirigido numerosas obras en las ciudades de Jerez, Arcos de la Frontera, Alcalá de los Gazales, Algeciras, etc., donde los citados  señores habían salido tan mal parados que habían tenido que solicitar sus servicios como ingeniero y arquitecto para terminar las obras, las cuales dejó concluídas y salieron publicadas en la Gaceta, nº 5174 y el Comercio de Cádiz, nº 2475. También, que se encontraba a cargo de las obras particulares de Cádiz por la desconfianza que tenían sus propietarios para con estos individuos debido a los hundimientos que desde hacía dos años se estaban presentando en sus edificios, cuya consecuencia inmediata había sido la muerte de varios padres de familia y honrados artesanos. Continuó diciendo: «(Ojala el Café de las Cadenas q^e con tiempo anuncié su caida) digalo la Casa De Cobos donde se sacaron Siete desgraciados muertos cuando se allaba cual mismo estado q. la anterior. No embalde no hay un propietario en Cadiz que confie gustoso sus obras a muchos de los profesores alli establecidos, aunque p^r necesidad tienen que hacerlo p^r tener establecido una compañía q^e se reune todos los Domingos en las tiendas de vino pª repartir entre todos las inutilidades q^e ante ellos se han reunido la Semana anterior».

A su vez, el arquitecto Juan de la Vega también estaba en total desacuerdo con el nombramiento porque no se había tenido en cuenta  lo prevenido en la Real Cédula del 21 de abril de 1828 y la Real Orden del 7 de febrero de 1835, en las que se indicaba que fuesen guardadas las prerrogativas a los académicos de mérito respecto de los que no lo eran para la previsión de las plazas titulares. Reclamaba por ello el cargo sobre los demás aspirantes y también sobre García Álamo porque no era académico y esta ciudad era la residencia de la Academia Nacional Gaditana y por consiguiente estaba comprendida en su jurisdicción artística, «motivo p^r el cual sus individuos deben  hallarse para este distrito en el mismo caso en que se encuentran las Academias de S. Carlos de Valencia, S. Luis de Zaragoza y la Concepción de Valladolid para los suyos respectivos, al tenor de lo prevenido en el artº 3º de la Real Cedula citada». Finalizó su exposición añadiendo que el número considerable de votos obtenidos en la votación le habían movido a reclamar lo que en justicia le pertenecía.

Tanto la exposición de San Martín como la de Juan de la Vega fueron estudiadas en la Junta de la Sección de Arquitectura celebrada el 5 de marzo de 1850, reunión en la que se observó la desacertada actuación del Ayuntamiento de Cádiz respecto de haber dirigido la comunicación del nombramiento a la Academia de San Fernando y no a la de Cádiz; que habiendo entre los aspirantes un académico no estaba entre sus atribuciones nombrar a uno que no lo fuera sin contravenir lo mandado en la expresada cédula; que debía haber comunicado a la Academia gaditana el nombramiento de García Álamo antes de dar posesión al agraciado y que debía rectificar su elección y adjudicar la plaza al académico de la Vega. Por otro lado, la Sección no creyó conveniente ocuparse de la carta de San Martín dado que el interesado no pedía nada en ella, no tenía carácter oficial y sólo contenía chismorreos indignos y  poco apropiados entre profesores. Todo lo acordado por la Sección de Arquitectura fue aprobado por la Academia de San Fernando en la Junta General celebrada el 10 de marzo de 1850.

El 27 de julio de 1850 Sanz y Pérez finalizó el informe que la Sección de Arquitectura le había encomendado sobre los planos de las cárceles que se intentaban levantar en Teruel y Calamocha: los primeros formados por Tomás Alonso y los segundos por el alarife Casimiro Garcella y el carpintero Pablo Lucía. A su entender, en las plantas de la cárcel de Teruel no estaban marcadas debidamente las partes que habían sido del convento de Carmelitas ni las obras que se intentaban hacer a fin de convertirlas en cárcel, además, en cuanto al escrito que acompañaba a los planos no había más que el presupuesto del coste que tendría el arreglo elevado a 91179 reales, cuando dicha cantidad debía estar acreditada por medio de un informe práctico facultativo detallado. En vista de ello, Sanz no aprobó el pensamiento pues creía oportuno comunicar a su autor hacer una serie de correcciones, entre otras cerrar un paso por la planta baja con una pared de pie y medio de espesor con yeso y ladrillo, colocando una puerta fuerte en el centro para mayor seguridad, así como hacer mayor los talleres y destruir algunas prisiones por falta de ventilación y luz al ser insalubres. Respecto a la cárcel de Calamocha (Teruel), el diseño estaba totalmente desarreglado al ser un borrón hecho a lápiz, «que ni los que los mismos que lo han formado lo entienden ni saben como se tira una linea, nada hay que indique la posicion del sitio ni lo que hay construido, ni lo que debe construirse, por consiguiente, es enteramente inútil». El informe de Sanz y Pérez fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 6 de agosto de 1850.

Al mes siguiente fue nombrado por la Sección de Arquitectura para llevar a cabo el informe del proyecto de reforma del mercado de abastos en el barrio de la Feria (Sevilla). Sanz vio bien arreglado el informe facultativo y las condiciones de subasta, pero también estrechez y poco servicio en los sitios ubicados en la planta y la sección según el carácter del edificio. También la necesidad de cambiar la cubierta del cuerpo central que tenía 21 pie de latitud por una de parhilera con el atirantado correspondiente, a fin de ahorrar en economía y, por último, que entre uno y otro machón que la sustentaba se dejasen ventanas apaisadas de 8 pies «largas» en cada hueco, para que el espacio entre una y otra estuviera bien ventilado. Sanz y Pérez tuvo concluido el informe el 12 de septiembre, siendo aprobado por la Sección de Arquitectura el 24 de septiembre de 1850.

Volvió a ser delegado en el mes de septiembre por la Sección de Arquitectura, para llevar a cabo el informe del proyecto de abertura de la nueva calle que se intentaba abrir en Barcelona, desde la calle Escudellers hasta la de los Leones. Examinado el plano apreció deformidad en las dos líneas que formaban la nueva calle en ángulo obtuso, aunque cortadas por una plazuela poligonal, como el mal gusto, la falta de aseo y seguridad de todo el conjunto, imprescindibles en una de las primeras poblaciones del país. «Se observa igualmente  en el referido proyecto por la traza irregular que se le ha dado que ála salida de la plazuela de los Leones queda una corta linea de fachada de veinte y medio palmos catalanes hasta el angulo de la calle de Lignas por lo que la precitada abertura en esta parte es innecesaria y de ninguna utilidad pública, por otra parte siendo la calle de Escudilleros, céntrica y concurrida y que en su longitud hay otras transversales estará muy bien que se abra la proyectada siempre que principiando en los puntos A y A continue en linea recta inmediata al numº 3 del citado plano y terrenos que se dice de varios particulares hasta desembocar en la bajada de los Leones previa indemnizacion y si al mismo tiempo fuere posible romper á esta calle el callejon sin salida perteneciente á los Sres. Milans y Conde de Jonollar se lograria por este medio mayor ventilacion, salubridad, comodidad pública y ornato». El informe quedó finalizado el 26 de octubre de 1850 siendo aprobado por la Sección de Arquitectura tres días más tarde.

Como delegado de la Sección de Arquitectura realizó asimismo el informe del proyecto del mercado que se intentaba construir en San Andrés de Palomar (Barcelona). Le pareció acertada su ubicación en la plaza por sus entradas desahogadas, el tránsito de gente que afluía a él y situarse la obra separada del resto de las edificaciones al expenderse carne y pescado, sin embargo, creyó conveniente unirlo a la plaza aumentando una crujía en los lados longitudinales ya que quedaría el suficiente desahogo y todas las dependencias encerradas en un mismo edificio, bien seguras y con menores gastos. Apuntó que el plano no estaba firmado, aunque creía era obra del arquitecto José Mas y Vila, hecho por el que recordó a la sección la imposibilidad de cursar proyecto alguno que no llevase la firma de su autor. Las cuatro fachadas de la plaza las vio reprobables como necesario ubicar una fuente o pozo de aguas potables en el centro de la plaza. El informe, fechado el 24 de noviembre de 1850, sería aprobado por la Sección de Arquitectura el 3 de diciembre.

Por entonces, el alcalde corregidor de Madrid había puesto en conocimiento de la Academia el expediente instruido sobre la demolición de la casa de la calle de Jesús y María, nº 16. Habían reconocido la obra cuatro profesores, pero al existir una discordancia de pareceres entre ellos, pues dos estaban a favor de la demolición y otros dos que con diversas obras podía quedar la casa con la suficiente solidez, buen uso y servidumbre, se solicitó de la Academia el nombramiento de un profesor en discordia que pudiera resolver el problema. La Sección de Arquitectura acordó nombrar el 14 de noviembre de 1850 a Juan Miguel de Inclán y Atilano Sanz, profesores que realizaron el reconocimiento del edificio y el informe correspondiente el 14 de diciembre. 

A finales de 1850 Dionisio Badiola estuvo ocupado en el proyecto de una cárcel de partido en la villa de Almazán (Soria), cuyo plano y presupuesto remitió a informe de la Academia. La Sección de Arquitectura celebrada en enero de 1851 comisionó a Sanz y Pérez para que elaborase el informe del plano y el pliego de condiciones de la obra, el cual tuvo concluido el 14 de febrero.  En su informe puntualizó que «[...] las paredes laterales q^e forman el nuevo patio no suben perpendicularmente p^r lo q^e en el piso segundo estan en parte al aire y angostas [...] que en el sitio escarpado llamado del Norte todas las prisiones de la planta baja pral, y segunda son de paso, de manera q^e pª entrar ó salir los presos tienen q^e pasar unos p^r delante de otros, el mismo defecto tienen las destinadas á presos de lebe delito. [...] que de las 32 prisiones q^e figuran en el proyecto solo hay 10, enteram^te independientes. [...]». También recogió el hecho de que Badiola había intentado aprovechar la fábrica antigua incluso parte de la muralla, cuando a su entender era preferible derribar todo lo que había dentro del edificio hasta el piso de la entrada a fin de hacer una galería de comunicación que sirviese de punto de vigilancia, de paso a varias prisiones y como ventilador. A su entender, era necesario devolver el plano a su autor para que ratificase todas las advertencias señaladas, aunque sería más conveniente encargar este cometido a un arquitecto aprobado que hubiera en las inmediaciones.  El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 18 de febrero de 1851 y finalmente por la Academia en la Junta General del 2 de marzo.

Mientras tanto, la corporación académica había encargado a su Sección de Arquitectura en febrero de 1851 los exámenes de los aspirantes al título de directores de caminos vecinales, así como el nombramiento de los individuos que debían formar el tribunal de examen. El 27 de marzo se designaron para este tribunal a Juan Bautista Peyronnet, Antonio Conde y  González y José París mientras que el 20 de mayo lo fueron Atilano Sanz, Antonio Herrera de la Calle y Juan Pedro Ayegui; no obstante, el inconveniente de que los tribunales estuvieran formados por todos los individuos de la Sección de Arquitectura, quienes debían rotar y turnarse para llevar a cabo la censura de los diferentes exámenes, llevó a que se acordase el 14 de octubre la modificación de esta práctica en pro de un tribunal fijo formado por personas dedicadas a la enseñanza de los diferentes ramos, con cuyo sistema se podrían verificar siempre y con regularidad los exámenes. El tribunal quedó conformado finalmente por tres académicos: José París, Juan Bautista Peyronnet y Eugenio de la Cámara, nombrándose como suplentes los también académicos Antonio de Zabaleta y Matías Laviña.

El 28 de julio de 1851 Sanz y Pérez elaboró como delegado de la Sección de Arquitectura el informe del proyecto ejecutado por el arquitecto Francisco Morales Hernández para la construcción de una casa consistorial en la ciudad de Badajoz. Estudiado con detenimiento observó en los planos ciertos errores en cuanto a comodidad y economía: espacios circulares en vez de rectangulares, muros de gran espesor, demasiada altura en el cuerpo bajo de la fachada, la existencia de tableros sobre las puertas que debían ser sustituidos por una faja debajo de la imposta, la estrechez de los balcones y entre otras cosas, innecesario el frontón de la fachada. El informe emitido fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 29 de julio de 1851.

Meses más tarde volvió a ser delegado de la Sección, en esta ocasión para llevar a cabo el informe del proyecto de una escuela de instrucción primaria, carnicería y pescadería para la villa de Aspe (Alicante). Apreció muchos defectos, como el poco espesor de la pared de la fachada y la falta de irregularidad en sus huecos, ventanas poco altas, balaustres de los balcones muy pesados y guardapolvos de mal gusto. Concluyó el informe el 10 de noviembre de 1851 y fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 20 del mismo mes.

Con motivo de la remisión a la Academia de los planos de un presidio correccional que se intentaba construir en el sitio ocupado anteriormente por el ex convento de San José a extramuros de Zaragoza, obra de Pedro Esteban, la Sección de Arquitectura le volvió a comisionar para realizar el informe correspondiente, el cual lo tuvo concluido el 26 de julio de 1852. Tras estudiar el asunto con detenimiento se percató que la planta y los alzados, como los huecos y macizos estaban desarreglados; la necesidad de suprimir las dos crujías oblicuas del primer patio por hacer mal a la vista y no ofrecer comodidad; la mala ubicación de la capilla y los comunes, aparte de la mezquindad del cuerpo de la fachada principal. En cuanto a su construcción, espesores correctos en los machones y paredes, no así los armados de pisos y tejados que de la manera indicada eran imposibles de construir. Su estudio fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 29 de julio y por la Academia en la Junta General del 8 de agosto de este año, no sin antes advertir al autor que variase las correcciones indicadas por Sanz y Pérez.

  El 30 de julio de 1852 Secall remitió a censura confidencial de la Academia el plano de la fachada de la iglesia del convento de monjas de Jerusalen en la ciudad de Zaragoza, proyecto que, por nombramiento de la Sección de Arquitectura, recayó de nuevo en Atilano Sanz y Pérez. El arquitecto había visto la construcción del edificio, cuyo costado de la iglesia daba al Paseo de Santa Engracia y estaba fuera de línea, como ya había  manifestado el maestro de obras Eusebio Blasco en otro proyecto de fachada remitido desde aquella ciudad el año anterior. Como en estos momentos se estaba construyendo en el Paseo de Gracia una nueva calle, Sanz creyó conveniente que Secall indicara la situación de los edificios contiguos a su alineación y altura como la ubicación de la iglesia para poder juzgar correctamente el plano que se encontraba en sus manos. Pero examinado el proyecto aisladamente encontró algunas cosas que debían ser variadas en la fachada, como disponer dos pilastras en los extremos del cuerpo principal en vez de una, equidistantes una de la otra diámetro y medio, además de suprimir las pilastras de los pabellones de los extremos para decorarlos con mayor sencillez.  El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 21 de agosto de 1852.

Antes de acabar el año, Dolores Ortuño encargó a Justo Ibaseta el levantamiento de un piso y sotobanco en la casa de su propiedad ubicada en la calle del Acuerdo, nº 10 (Madrid). Realizado el plano pasó a informe del arquitecto del cuartel, quien manifestó no debía accederse a lo solicitado al tratarse de una «Casa a la Malicia» de una planta, sin cantería ni espesores convenientes y fuera de la alineación. Esta negativa llevó a Dolores Ortuño a presentar una certificación del arquitecto Justo Ibaseta en la que se demostraba como la fachada de la casa tenía los gruesos y la solidez competentes para sostener los dos pisos que se proyectaban. Esta disparidad de opiniones hizo que la Sección de Arquitectura nombrase a Antonio de Zabaleta en colaboración con Atilano Sanz y Pérez para hacer el reconocimiento del inmueble. Tras realizar un detenido examen y mandar hacer las rozas convenientes llegaron a la conclusión que «los cimientos son de mampostería con mezcla de cal, y la fachada de dos y medio pies de grueso y de fábrica de ladrillo tambien con mezcla de cal, estando muy poco desplomada, y solo en alguno de sus machos, por lo cuál la encuentran con bastante solidez para poder soportar el piso principal y sotobanco que sobre ella se trata de construir». Sin embargo, creían conveniente poner un zócalo de sillería con el tizón en todo el grueso de la fachada, en lugar de chapas de losas de un pie de tizón que entonces se estaba colocando y que sólo servían como adorno, y también que se engatillara la fachada con los maderos del suelo del piso principal, paralelos a la misma fachada.

Durante 1853 llevó a cabo otros nuevos informes: a mediados de abril el correspondiente a la obra de reparación de la casa consistorial del Corral de Almaguer (Toledo) y la casa consistorial de la villa de Sariñena (Huesca). Respecto al primer proyecto encontró incompletas las plantas baja y principal como la fachada, ya que su autor no había distinguido con diferente tinta la obra antigua de la nueva; además, «teniendo que apear pª hacer de nuevo los dinteles de los huecos laterales al cuerpo pral será mas combeniente que en lugar de hacer los arcos semi-circulares sean adintelados; pª q^e las ventanas sean de mejor forma: é igualmente debe regularizarse el alero con la moldura del cuerpo central y hacer una ligera y graciosa la cornisa de este mismo y fronton: suprimiendo tambien las bajas puertas entre las ventanas de los citados lados laterales del piso pral, pues por las poca elevacion de este hacen muy pesadas [...]. Los Balcones q^e se trata poner en la sala de sesiones Ordinarias solo tienen tres pies de anchura, porlo q^e siendo tan escasa deverá darles cuando menos cuatro pies y medio de luz de ancho por nueve de alto». En cuanto a la casa consistorial y cárcel para Sariñena, cuyos diseños estaban suscritos por el maestro de obras Manuel Mendoza, nada podía decir porque este maestro estaba inhabilitado para hacer este tipo de obras y competía sólo a los arquitectos llevarlas a cabo en virtud de las Reales Órdenes. No obstante, Sanz vio el informe que acompañaba al proyecto ejecutado por el arquitecto de la Academia de San Luis, Segundo Díaz, que ponía de manifiesto que al tal Mendoza se le había encargado sólo formar el proyecto de las cárceles, aunque había entendido que también el de la casa consistorial. Sobre este asunto, el propio Sanz fue del parecer que «el referido plano no puede censurarse porq^e su autor no está facultado pª ello: ni aunq^e lo estuviera tampoco porq^e no debe hacerse en un mismo local representando una fachada de dos edificios tan heterogeneos entre sí». Ambos informes fueron aprobados por la Sección de Arquitectura el 19 de abril de 1853.

A la década de los años cincuenta también pertenece el informe realizado por Sanz y Pérez de la nueva cárcel para Palma (Islas Baleares), que vio desafortunado por su mala distribución, salubridad, comodidad e higiene como por sus alzados desproporcionados en altura, informe aprobado el 20 de septiembre de 1853, así como el elaborado para el nuevo establecimiento de caridad que se intentaba construir en Santa Cruz de Tenerife. Este último, fechado el 27 de septiembre,  ponía de manifiesto la buena distribución en planta y alzados de la obra, aunque algunas pequeñas faltas que podían corregirse al tiempo de que el autor los pusiera en limpio, informe aprobado el 27 de septiembre de 1853.

El 10 de febrero de 1854 llevó a cabo en colaboración con Antonio Herrera de la Calle el reconocimiento de las casas nº 4 y 6 de la población de Chamberí (Madrid). Se percataron que si bien estaban necesitadas de algún que otro reparo, no amenazaban pronta ruina: «[...] siendo estas construidas de planta baja, y sus fachadas en buen estado, con el alero que si bien tiene poco vuelo es suficiente por la poca altura á que está al piso de la calle; habiendo visto tambien los tabicones, y tabiques con los techos a cielo raso, y armaduras, en un estado regular de duracion, entienden que con reparar las tapias de los corrales hasta dejarlas corrientes con la albardilla que falta [...] y hacer nuevos los tejaditos de las cuadras, con un retejo general en lo demas, cerrando varias quiebras que se observan de poca consideracion en las diferentes habitaciones, y algun otro recorrido que al tiempo de hacer las obras será facil ver, pueden quedar las referidas casas seguras y habitables para mucho tiempo [...]».

Cumpliendo con el encargo de la Sección, los mismos arquitectos realizaron el 22 de marzo de 1854 el reconocimiento de la casa situada en la plaza del Alamillo, nº 7, esquina a la calle de la Morería, nº 2 (Madrid), informe que tuvieron concluido dos días más tarde.  Constataron el desplome de la fachada con quiebros de arriba abajo, mismo estado en que encontraron los arcos de las puertas y ventanas como la fachada de la calle de la Morería, mientras que en el interior apreciaron destrozos en las traviesas y medianerías, suelos desnivelados y maderas pandeadas. A su entender, cualquier reparación sería costosísima y dejaría la casa en mal estado por la descomposición general de sus materiales, hecho por lo que creían acertada su demolición y la construcción de otra de nueva planta. El informe de Herrera y Sanz fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 28 de marzo de 1854.

Por estas fechas Miguel de Arévalo se encontraba ocupado en varios proyectos: la dirección de varios ramales de tajea para conducir las aguas sucias de varias casas en la ciudad de Segovia y una escalinata para la misma ciudad que debía subir desde la plaza del Azoguejo al Postigo. La Sección comisionó a Sanz y Pérez para que elaborase la censura de ambos proyectos, cuyos informes tuvo finalizados el 27 de marzo de 1854. Tanto uno como otro los vio estudiados y dignos de ser aprobados, pero en el primero apreció la existencia de dos trozos de atarjeas que pasaban por dos corrales cercados y que no podían construirse sin anunciárselo a los dueños. Del mismo modo, el 28 de marzo Sanz finalizó el informe de la fachada de la Academia de Bellas Artes de 1ª clase para Sevilla, obra de Balbino Marrón y Ranero, percatándose de que los machoncillos angulares de la balaustrada cargaban sobre las molduras más endebles de la imposta y era necesario hacer desaparecer la monotonía de los frontones de las ventanas del piso principal para sustituirlos por otros adornos más acordes con el edificio. Los tres informes citados fueron aprobados por la Comisión de Arquitectura el 28 de marzo de 1854 y por la Academia en la Junta General de abril de ese mismo año.

Posteriormente, Sanz y Pérez trabajó en las obras de reparación y ampliación de la iglesia llamada de Montserrat y en el edificio adyacente a ella situado en la calle Ancha de San Bernardo (Madrid), a fin de que pudieran acomodarse en él la Comunidad de PP. Misioneros de San Vicente de Paúl, que sería aprobado por la Comisión de Arquitectura en la Junta del 4 de mayo de 1854. También llevó a cabo junto con Antonio Conde y González el informe sobre el estado de la casa ubicada en la calle de Castro del barrio de Chamberí (Madrid), en la cual se intentaba levantar un piso principal. Realizado el reconocimiento de la casa el día 30 de septiembre, los arquitectos vieron con sorpresa que la obra proyectada y cuya licencia se solicitaba estaba levantada y habitada desde hacía tiempo, por lo que informaron del hecho a la Sección de Arquitectura el 2 de octubre, la cual quedó enterada del asunto el 27 del mismo mes.

El 31 de Octubre de 1854 elaboró junto con Peyronnet el informe relativo al expediente promovido por el Ayuntamiento de Madrid sobre la construcción de nueva planta de una casa situada en la calle de Atocha números 10 y 12, esquina a la calle de la Concepción nº 1, que sería aprobado en parte por la Sección de Arquitectura el 14 de noviembre de 1854, ya que se prefirió la alineación  de la calle de Atocha marcada por la Junta Consultiva de Policía Urbana que la propuesta por los arquitectos. Ambos profesores volverían a trabajar juntos al mes siguiente, con motivo de tener que desarrollar el informe de la reforma proyectada por Juan de la Vega en el ex convento de la ciudad de Algeciras (Cádiz), en cuyo edificio se encontraban establecidos el instituto y la cárcel pública. Lo aprobaron en su totalidad, no sin antes puntualizar que hubiera sido deseable haber dado algunas crujías más a la obra para su mayor desahogo, aunque no fuera posible al encontrarse su autor limitado por el presupuesto de 30.000 reales, informe aprobado el 5 de diciembre de este mismo año.

Pero antes de acabar el año una nueva comisión le sería encargada en colaboración con Antonio Herrera de la Calle. Se trataba de la queja hecha por Ezequiel Moya sobre ciertas restricciones que se le ponían en el ejercicio de su profesión en la ciudad de Toledo, por cuyo motivo había llegado a la Academia un expediente remitido por el gobierno civil de dicha ciudad relativo a este asunto. El informe lo tuvieron concluido los arquitectos el 25 de noviembre de 1854 y en él manifestaron que la aprobación de Moya como maestro de obras era anterior a la Real Orden del 25 de septiembre de 1845 por lo que no se le podía disputar el derecho de intervenir como director en las obras particulares con sujeción a las restricciones que marcaban otros títulos. También que por este motivo podía alternar y despachar todos los asuntos que le fueran confiados con cualquier arquitecto aprobado y por consiguiente, no siendo obras de primer orden ni costeadas con fondos públicos que es lo que se le prohibía, podía intervenir en todas las demás siempre que se sujetase a las ordenanzas municipales si las hubiese. En cuanto a la contestación dada por el maestro arquitecto Santiago Martín Ruiz acerca de las atribuciones que le competían y la asignación que le correspondía como arquitecto titular de la ciudad de Toledo, Sanz y Herrera le comunicaron que debía dar gratuitamente los informes y dictámenes que se le pidiesen sobre reconocimientos, alineaciones, apertura de huecos, revocos, etc., así como el examen y censura de los planos que fuesen presentados al ayuntamiento en solicitud de licencia para construir o fueran remitidos por la comisión de obras de dicho ayuntamiento.  Por último, que cuando un arquitecto titular tuviese que presentar al ayuntamiento un proyecto que debiese dirigir y fuese encargado por algún particular, la censura se realizaría por otro arquitecto y no por «un simple maestro de obras». La Sección de Arquitectura aprobó el informe de Sanz y Herrera el 5 de diciembre de 1854.

Pero el 16 de enero de 1855 la Sección de Arquitectura aprobó asimismo el informe elaborado por los mismos arquitectos relativo a los borradores de la cárcel de partido y juzgado de primera instancia de Brihuega (Guadalajara) ejecutados por Yáñez Caballero, cuyos establecimientos debían ubicarse en el antiguo convento de San Francisco. Los comisionados encontraron algunos defectos en la distribución de las plantas y la decoración de los alzados que achacaron a la premura con que el autor había tenido que realizarlos. Entre estos errores destacaban una escalera penosa en su ascenso y otra inútil atendiendo a la corta distancia que existía entre ambas; la mezquindad de los dormitorios de los presos distinguidos que carecían de ventilación; la escasez de las letrinas en todo el edificio y la mala ubicación de las pocas que existían. En cuanto al edificio destinado a juzgado, la puerta de entrada no estaba en el lugar apropiado debiéndola centrar con la galería de la derecha y destinar el sitio del ingreso para portería, haciendo la escalera a la izquierda para que el espacio de la escalera proyectada pudiese destinarse para el archivo; además, las oficinas dedicadas a despacho del juez, secretaría, etc., tampoco se encontraban bien ubicadas y proporcionadas. A su entender estas variaciones no aumentaban el coste de las obras y eran necesarias para que el proyecto fuese aprobado en su totalidad.

Los mismos arquitectos llevaron a cabo en 1855 el examen del monumento que debía erigirse a la memoria de Hernán Cortés en Medellín (Colombia). En su informe, fechado el 15 de enero y aprobado al día siguiente, Sanz y Herrera manifestaron que habían «encontrado con formas poco delicadas tanto en los perfiles de molduras y proporciones, como en la del dado ó neto del pedestal con respecto a su anchura. En su consecuencia, conviene indicar á su autor, que sin salir de la sencillez peculiar a esta clase de monumentos, vea de darle una forma elegante asi al todo de su altura como á sus molduras, en perfiles arreglados al punto de vista, y con la robustez necesaria á sus miembros, por la circunstancia de tener que estar constantemente á la intemperie».

En estos momentos estudiaría junto con Juan Bautista Peyronnet el Album artístico de Toledo «que si bien no llena esta publicacion cumplidamente con el objeto, que es de apetecer en esta clase de obras, sin embargo puede adquirirse un ejemplar para la biblioteca de nuestra Academia si sus fondos los permiten», apreciación de los arquitectos que sería aprobada por la Sección de Arquitectura el 30 de enero de 1855. Al mes siguiente realizarían conjuntamente el informe del proyecto de José Orihol y Bernadet para el matadero de la villa de Sabadell (Barcelona), aprobado el 22 de febrero, y el 10 de abril el correspondiente a una escuela para cincuenta niñas externas y seis internas, obra de Ignacio María Michelena. Este último fue desfavorable por varios motivos:  la forma inconveniente y la falta de capacidad del salón ubicado en la planta baja; las reducidas dimensiones del comedor y la cocina de la planta de entresuelo; la falta de habitaciones en la planta principal para un vigilante y la enfermería; la mala ventilación de los dormitorios, la mala combinación de huecos y la falta de carácter que adolecía el proyecto. Todos estos motivos llevaron a los arquitectos delegados a aconsejar a Michelena que volviera a estudiar la obra con mayor detenimiento, dictamen aprobado por la Sección de Arquitectura el 12 de abril de 1855.

Poco antes del plan del Ensanche se había llevado a cabo el proyecto de renovación interna más importante de Madrid: la configuración de la Puerta del Sol, que había comenzado en 1852 y no finalizaría hasta 1862, llevándose a cabo la propuesta de Lucio del Valle, Juan Rivera y José Morer en 1857. La renovación de la plaza fue complicada porque llevaba intrínseca la expropiación de multitud de solares para lo que fue necesaria la promulgación de la Real Orden de 19 de septiembre de 1954. Por ella se sometió a examen del Ayuntamiento de Madrid el proyecto del Ensanche de la Puerta del Sol para la regularidad y embellecimiento de la capital, así como por el interés de los propietarios, pero para ello era necesaria la opinión de la Academia Nacional de San Fernando teniendo presentes los planos de la proyectada reforma. El sitio se encontraba entonces como resultado del derribo del Buen Suceso y la casa de beneficencia y su regularización era urgente por el «repugnante aspecto» que presentaba y respecto al ornato público al constituir el sitio más céntrico y concurrido de la ciudad.

El 17 de octubre de 1854 se entregó la comunicación original que la suprimida Junta Consultiva de Policía Urbana había elevado al gobierno el 19 de octubre de 1853 junto con el proyecto de ensanche de la plaza formado por el plano y la decoración de las nuevas fachadas y el coste que podría suponer la realización del mismo. Pero toda esta documentación era susceptible de ser ampliada con las alineaciones aprobadas para las calles de Alcalá, Arenal, Carretas, Mayor y demás.

La Sección de Arquitectura reunida el 27 de octubre de 1854 formada por París, Conde y González, Sanz, Herrera de la Calle, Zabaleta, Peyronnet y Laviña, sometió de nuevo a examen el proyecto del ensanche, alineación y ornato de la Puerta del Sol. Estudiado con detenimiento el expediente, la Sección comunicó al Ayuntamiento de Madrid que le era imposible dar su opinión al respecto debido a la escasez de datos remitidos, entre los cuales faltaba uno de la mayor importancia: el estudio detallado de los desniveles y rasantes, aspecto del que no había podido ocuparse la comisión encargada de la obra debido a la premura con que se había exigido la presentación del proyecto. Además, la Academia necesitaba conocer si dicho proyecto se encontraba en armonía con el pensamiento general de mejoras y reformas en el sistema de alineación de Madrid y tener a la vista las acordadas para todas las calles que desembocaban en la plaza. Por todo ello, la Sección de Arquitectura comunicó al Ayuntamiento de Madrid no poder dar un dictamen favorable a lo presentado y la necesidad de que se ocupase de concluir el plano futuro de Madrid. El dictamen de la Sección de Arquitectura fue aprobado por la Academia en la Junta General del 5 de noviembre de 1854.

El Ayuntamiento dispuso que sus arquitectos empezasen a trabajar lo antes posible en la recopilación de la información que le había pedido la Academia. El 17 de febrero de 1855 ya estaban recopilados los datos suficientes, se habían ejecutado los perfiles que se representaban en el plano, las anotaciones de cada perfil y las acotaciones que expresaban los desniveles en los puntos principales, además de los diseños de las diez calles que desembocaban en la plaza, todo lo cual fue remitido a la Academia. Pero recibido el expediente el 19 de febrero a las 12 de la mañana y reunida la Sección de Arquitectura a las 5 de la tarde de ese día, continuándola el 20 a las 8 de la mañana, se echó de menos tener a la vista la comunicación del Ayuntamiento con todos los antecedentes de la obra.

Los arquitectos Matías Laviña y José Jesús Lallave fueron nombrados por la Sección de Arquitectura para examinar la reforma de la Puerta del Sol. Tras reconocer el lugar y estudiar el proyecto durante 12 largas horas tuvieron concluido el informe el 20 de febrero de 1855 llegando a las siguientes conclusiones: «1º la Conveniencia del proyecto; si bien llama la atencion p^r haberles impresionado vivamente, sobre los 130 r^s p^r pie y 3 p^r % de indemnizacion. 2º Encontrar el proyecto aceptable y estudiado bentajosamt^e, de una manera poco variable con escaso tiempo y medios. 3º Encontrarlo asi mismo realizable siempre que, atendiendo á ser una reforma y no un proyecto nuevo, el plano de asiento de la nueba plaza no sea un solo y mismo plano, sino una superficie compuesta de varias estudiadas con las intervenciones de diferentes planos de manera q^e estas ni impidan en lo mas minimo el transito y servicio público de todo genero, antes sea mas asequible q^e al presente».

El informe fue aprobado por la Sección de Arquitectura el 22 de febrero de 1855. Seis días más tarde Peyronnet llevó a cabo la redacción del mismo, poniendo de manifiesto que se trataba de un proyecto que había exigido repetidas juntas y discusiones para poder conciliar los intereses del Ayuntamiento con los de los propietarios; que la población de Madrid necesitaba muchas reformas, pero una de las más importantes era ésta al ser lamentable y desdecir el aspecto de este espacio urbanístico tan reconocido en la península y en el extranjero por su posición central, el número de calles que desembocaban en él y la multitud de carruajes y personas que transitaban por sus avenidas. Por otro lado, señalaba la necesidad de corregir la desigualdad de los frentes y la asimetría de las manzanas, motivos por los cuales creía conveniente la ejecución del proyecto, máxime cuando la obra había sido declarada de utilidad pública, como también la necesidad de que fuera estudiado desde el punto de vista artístico atendiendo a su disposición en planta y la ornamentación de sus alzados sin olvidar el cálculo del coste que debía tener.

En nombre de la Sección, Peyronnet comunicó la aprobación del ensanche proyectado base del proyecto presentado al estar sus alzados bien entendidos y seccionados, no obstante, consideró más conveniente haber organizado en su lugar un concurso público a fin de haber elegido entre varios proyectos el mejor, ya que era un medio para estimular el genio artístico y obtener el mejor resultado en asuntos de tanta importancia. En cuanto a la cuestión económica, tema que sólo pertenecía al Ayuntamiento, la Sección de Arquitectura consideró oportuno señalar algunas indicaciones sobre todo en cuanto al tipo de indemnizaciones que debían ser pagadas.

La Sección de Arquitectura se volvió a reunir el 24 de febrero de 1855 para examinar la reforma de este espacio urbanísticos, que creyó susceptible de modificación desde dos puntos de vista: el artístico y económico, este último limitado tan sólo a la parte de tasación facultativa para la expropiación. Respecto al aspecto artístico, aprobó en su totalidad la planta y los alzados, aunque creyó oportuno como Peyronnet el haber abierto un concurso público para la ocasión. En cuanto al coste del proyecto, vio poco exacto el tanteo realizado por la junta porque se había señalado como tipo para la indemnización la cantidad de 132 reales por pie superficial incluyendo las construcciones, cuando las casas tenían un valor absoluto y otros relativos pues en cada finca las construcciones tenían gran variedad de valores en función de la calidad su estado.

El informe anterior había calificado el proyecto de bueno y aceptable, pero como era susceptible de modificación la Junta de la Sección rde Arquitectura eunida el  7 de marzo de 1855 aprobó la forma de la planta y la alineación de los nuevos edificios, aunque no así los alzados presentados. Por este motivo se acordó, por un lado, la realización de un nuevo pensamiento de decoración de las fachadas a cuyo objeto sería necesaria la convocatoria de un concurso tomando como base la planta aprobada y limitándose sólo a los alzados, o en su defecto que el Ayuntamiento encargase su estudio a los arquitectos de villa, para que después escogiese el que mejor reuniese los requisitos exigidos.

El 20 de septiembre de 1855 fueron remitidos a la corporación académica  5 proyectos y 6 proporciones para el ensanche de la Puerta del Sol, a fin de escoger el que mejor reuniese las características exigidas: el primero era del conde de Hamal y D. E. Mamby, cuyos planos estaban firmados por los arquitectos Pedro Tomé, Juan de Madrazo y Aureliano Varona; el 2º de José Antonio Font, firmados los planos por el arquitecto José Acebo; el 3º de Juan Salas y Sivilla sin dibujo alguno, el 4º del marqués de Aserreta con un solo dibujo sin autoría; el 5º de Pascual Hidalgo y Compañía con un dibujo también sin firmar, y por último el 6º del arquitecto Carlos del Bosch y Romaña con un dibujo firmado por él.

Los planos quedaron en la sala de la Academia para que fuesen vistos por los académicos y para que después pasasen la censura de una comisión formada por tres individuos de su seno.  Como miembros de esa comisión fueron elegidos por votación secreta en la junta de la Sección de Arquitectura del 24 de septiembre Antonio de Zabaleta, José París y Antonio Herrera de la Calle, quedando como suplente Eugenio de la Cámara, pero tras la renuncia por ausencia de Zabaleta al cargo, Eugenio de la Cámara tomó su lugar como miembro de la comisión. Estos miembros debían emitir un informe sobre los mismos, pero también sobre la exposición dirigida a la Academia por Modesto Gozálbez en su nombre y el de sus hermanos Gonzalo y Francisco como propietarios de la casa nº 7 moderno y 3 antiguo en la expresada Puerta del Sol, a fin de que la corporación tomase en consideración los perjuicios que les ocasionarían de aprobarse el proyecto del conde de Hamal y Mamby si en el futuro eran despojados de su propiedad.

El dictamen adoptado por la mayoría de los vocales asistentes a la Junta General del 6 de octubre de 1855  fue el siguiente: no tomar en consideración los proyectos cuyos planos no estuviesen firmados por un arquitecto, de lo que se deducía que quedaban fuera los de Juan Sala y Sivilla, el marqués de Asarreta y Eugenio Pascual Hidalgo, limitándose solo el examen de la Academia los proyectos del conde de Hamal y Mamby, José Antonio Font y el arquitecto Carlos del Bosch y Romaña al reunir los requisitos legales exigidos.

Tres fueron los puntos principales que se examinaron en los proyectos: la figura de la planta, la decoración de los alzados y el espacio franco resultante para el público. Respecto a las plantas, la Academia halló mayor regularidad y simetría en el proyecto de Hamal y Mamby y mayor amplitud en el de Font, sin embargo, no dejaban de necesitar alguna ratificación. En cuanto a las fachadas encontraron desafortunados los arcos que algunos arquitectos habían levantado en la entrada de la calle del Carmen y Preciados por ser inútiles y quitar las vistas, luces y desahogo a las casas de dichas vías, siendo aprobadas las fachadas elaboradas por Hamal y Mamby que habían sido firmadas por los arquitecto Aureliano Varona y Juan de Madrazo, prefiriéndose de los dos la de este último, siempre que la severidad de la ornamentación que presentaban fuese completada a la hora de su ejecución. Por último, respecto al espacio reservado para uso público, la Academia entendió que el proyecto del conde de Hamal y Mamby era el que más se acercaba al objetivo a seguir por llevar hasta 157 pies la seguridad transitable.

Los estudios daban como resultado que el proyecto de Hamal y Mamby satisfacía las necesidades y las condiciones requeridas tanto en planta como en alzados; que debía darse a la plaza 570 pies en su lado mayor y 158 pies en su lado menor, según se marcó con tinta encarnada en el plano de los señores antes citados; no obstante, la Sección de Arquitectura fue muy parca a la hora de tratar las condiciones económicas al ser ajenas a la índole de la Academia.

El 11 de abril de 1857 se dieron las condiciones higiénicas a las que debían sujetarse en su construcción los nuevos edificios de la Puerta del Sol: la alineación de los edificios sujeta a la traza señalada en los planos aprobados por el gobierno de S.M. y la decoración exterior a la aprobación de la Academia; la obligatoriedad de los constructores de presentar la forma y el modo de las plantas y secciones de los edificios (la altura total de los edificios, el nº de pisos y sus alturas respectivas relacionadas con el ancho y situación de las calles); hacer posible que en los proyectos de decoración las líneas horizontales de cada fachada corriesen en lo posible como continuación de las fachadas laterales; tener presente la proximidad del Canal de Isabel II en las nuevas edificaciones y la distribución de sus aguas en el interior de la población; la ejecución de los cimientos de las nuevas construcciones a la profundidad conveniente y sobre suelo firme con mampostería ordinaria o ladrillo recocho, con mezcla de cal de Valdemorillo o en su defecto con cales grasas combinadas con polvo de teja o ladrillo; la cubrición de los sótanos con bóvedas de ladrillo a rosca dejando lumbreras necesarias para la iluminación y ventilación;  el empleo de la sillería en las fachadas exteriores prevenida por la Ordenanza y en las interiores o de patios con un zócalo de 0,56 metros (2 pies); la construcción de las medianerías con ladrillo, nunca con madera; la ejecución de los muros de fachadas exclusivamente de fábrica, pudiendo ser sustituidos en algunos casos por pies derechos u otras construcciones de hierro laminado, forjado o fundido, pero de ningún modo con madera excepto en los sotobancos, y la posibilidad de ejecutar los tabicones de carga o de crujía con entramados de madera, los pisos o entramados horizontales de viguería espaciadas con marcos que exijan los anchos de crujía.  Sobre este asunto se especificó el buen resultado que el hierro estaba dando en los pisos en el extranjero y que entonces se estaba introduciendo en España, por lo que era conveniente que su uso se fuese generalizando en sustitución de la madera como normalmente estaba ocurriendo en nuestro país.  Respecto a las armaduras, debían construirse con la solidez que exigían las distribuciones, cubriéndolas con teja a la romana cogidas con mezcla en sus boquillas, limas y caballetes; de plomo o zinc los canales para recoger las aguas de lluvia y dirigirlas a los tubos de bajada de los mismos metales en toda su longitud en los patios y hasta la altura de 3 m por lo menos del piso de las calles en las fachadas exteriores, desde donde descendería empotrados en el muro siendo de hierro fundido. Y por último que el piso de la planta baja quedase elevado cuanto menos sobre el de la acera contigua al edificio 0,50 m.

De la superficie de cada solar se destinaría 1/6 parte para los patios de iluminación y ventilación, pudiéndose disminuir a ¼ parte cuando se estableciesen patios comunes a dos o más casas. También se reglamentaba el volumen de los dormitorios (12 m³), las escaleras, los retretes y comunes, estos últimos inodoros conocidos con el nombre de bombillos con bajadas de hierro fundido y el servicio de aguas comunes dispuesto con arreglo al sistema aprobado y publicado por el Concejo de Administración del Canal de Isabel II.

La Junta de la Sección de Arquitectura celebrada el 23 de abril de 1857 examinó y aprobó el proyecto de decoración arquitectónica para la Puerta del Sol formado por el ingeniero de caminos Carlos María de Castro. La aprobación fue unánime a excepción del marqués del Socorro, que manifestó no estar conforme con poner como centro de las alineaciones el edificio ocupado por el Ministerio de la Gobernación.  Pero el 1 de mayo de ese mismo año, la comisión de académicos nombrada para informar sobre esta obra emitiría el correspondiente informe, reseñando primeramente que el proyecto debía ser asequible y realizable sin que exigiera sacrificios superiores a los que era posible hacer, por lo que no era viable hacer la reforma completa de la barriada inmediata a la Puerta del Sol debido a que la topografía del terreno obligaba a realizar numerosas y costosísimas expropiaciones. Esto significaba que la reforma debía ceñirse a ensanchar y mejorar la Puerta del Sol sin tomar de sus accesorias nada más que la zona puramente precisa para regularizar las embocaduras de las calles. Sin embargo, otros puntos aprobados fueron:

2º) Que el antiguo edificio de la Casa Correos, entonces Ministerio de la Gobernación, se tomarse como centro y base de la reforma por la importancia de su destino, solidez, buen aspecto y grandes dimensiones.

 3º) La necesidad de variar la dirección de la calle de Preciados desde el punto de su confluencia con la de las Zarza, sacándola perpendicularmente a la fachada del Ministerio en su centro.

 4º) Que no se encontraba inconveniente en cerrar la calle del Carmen con un arco al proporcionar regularidad en la extensión de las fachadas y disimular la divergencia de las direcciones de las calles, aunque tuviese el inconveniente para la salubridad y ventilación.

5º) En cuanto a la curvatura adoptada por la Junta Consultiva de Policía Urbana en su proyecto y aceptada posteriormente, se encontró muy conveniente al salvar con las menores expropiaciones la dificultad de divergencia de las calles de Montera, Preciados y del Carmen evitando los ángulos agudos.

 6º) La necesidad de tener en cuenta el encarecimiento y los notables desniveles que presentaban las calles afluentes respecto al centro de la plaza y singularmente la de Montera. También que ninguna de las plantas que se habían visto llenaban sus deseos y que la remitida juntamente con el proyecto de fachada de Castro era una de las que más se separaba de las condiciones que la comisión deseaba tuviera la Puerta del Sol.  Por este motivo la Comisión formuló un pensamiento en planta ejecutado con elementos de varias de las presentadas, tomando por centro la Casa de Correos, dando mayor extensión a la línea de Oriente a Poniente.

 En cuanto a la decoración de las fachadas la comisión fue de la opinión que al no constituir la Puerta del Sol una plaza cerrada sino lo que en Italia se denominaba un «largo», es decir, un sitio donde la principal carrera o avenida de la población recibe un ensanchamiento para dar entrada a otras tantas calles principales, no era conveniente adoptar un sistema uniforme de decoración al producir monotonía y ser difícil el poderla acomodar bien a la distribución de los solares y la disposición de las medianerías.

Respecto a la elección de los materiales, la utilización de piedra era muy costosa para los propietarios lo mismo que el empleo de hierro fundido o laminado, pero si se empleaban otros mas económicos como las yeserías, barros cocidos o las composiciones hechas con las cales hidráulicas, la construcción tendría poca duración. Para la comisión se debían dejar a los propietarios la libertad de adoptar el estilo de ornamentación que más les conviniese, siempre que perteneciese a alguna buena época del arte o formasen una nueva, estuviesen motivados los adornos y presentasen los planos a la aprobación de la Academia. No obstante, la comisión fue del parecer que debían fijarse las alturas total y parcial de las fachadas y sus pisos en relación con el ancho de la calle.

En estos momentos, también se censuró el proyecto de ornamentación elaborado por Castro que se encontró carente de unidad y distribución en sus adornos, ya que unas partes estaban recargadísimas y otras eran muy sencillas a base de ornamentaciones pobres y mezquinas. Se observó que no existía correspondencia entre la planta y las fachadas, lo mismo que entre los arcos de las puertas de las tiendas y el resto del conjunto, los vanos y alturas. Por último, respecto al pliego de condiciones facultativas e higiénicas, la Academia estaba de acuerdo en que la utilización del hierro en los suelos era conveniente, pero aún no era factible en España debido a la existencia de excelentes maderas de buena calidad a un módico precio y la industria de la fabricación del hierro estaba poco desarrollada en nuestro país. En cuanto al empleo del cinc para las bajadas de las aguas pluviales, no lo encontraba conveniente por su poca durabilidad y resistencia a las influencias atmosféricas. Tampoco con algunos puntos tocantes a la escalera, como la proscripción absoluta de las espirales y señalar como tipo mínimo para el ancho de los tramos de escalera 1,50 m cuando en muchas ocasiones bastaba con 1m. Este dictamen de la Sección de Arquitectura fue aprobado por la Academia en la Junta General del 3 de mayo de 1857.

La Sección de Arquitectura se volvió a reunir en sucesivas ocasiones para tratar las obras de la reforma de la plaza. Lo hizo el 10 y 18 de junio y 5 julio de 1857, momento en que atendiendo a la necesidad que tenía el director facultativo de las obras en tomar copias de los planos de los solares de Madrid contenidos en los libros que poseía la Academia, a fin de tomar los datos necesarios para llevar a cabo la medición de dichos solares y la tasación de las fincas que debían expropiarse, la corporación académica acordó poner a disposición de este funcionario y su ayudante el arquitecto Antonio Ruiz de Salces, los citados libros que se encontraban custodiados en el Archivo de la institución.

El 18 de julio se remitieron a informe los planos de los solares que debían tener las casas a construir y el 29 de julio fueron examinados el pliego de condiciones generales y facultativas, particulares y económicas para la subasta del derribo de las casas. Lógicamente, solo podían intervenir en esta fase grandes capitalistas, por lo que se privaba a los pequeños de tomar parte en la subasta ya que los plazos en los que se debían hacer los cobros eran muy cortos y perentorios. Antes de acabar el mes,  la Sección de Arquitectura reunida el 31 de julio  opinó que no tenía nada que informar  sobre esta obra porque la figura y dimensiones de la nueva Puerta del Sol ya estaban establecidas como la dirección y el ancho de las calles afluentes a la misma; incluso las alineaciones a las que debían sujetarse en lo sucesivo las casas contiguas a las expropiadas por la Administración, sin embargo, podían hacerse algunas modificaciones  en las líneas que marcaban su perímetro y en la colocación de algún recuerdo histórico, fuente, arco u otra construcción decorativa que diese un aspecto mas monumental y grandioso a su espacio al tiempo que pudiera  corregir la excesiva longitud de la plaza respecto a su ancho.  En cuanto a las rasantes, la Academia estaba conforme con la alineación de las fachadas y las condiciones higiénicas, incluso con la decoración adoptada en sus fachadas porque, aunque no podía calificarse de esencialmente artística ni monumental era apropiada para las casas de alquiler que eran su objeto.

Por orden del ministro de la Gobernación se le encargó al arquitecto Juan Bautista Peyronnet la realización de una serie de adiciones al mismo proyecto de reforma, cuyos honorarios correspondientes a los planos, memoria y demás trabajos efectuados fueron aprobados en la Junta General del domingo 7 de noviembre de 1858.  A finales de año sería remitido el proyecto y el plano de reforma para el embellecimiento de la plaza firmados por el arquitecto Juan Rom. Fue examinado por la Sección de Arquitectura el 14 de diciembre de 1858, junta que observó como la obra de Rom se reducía a variar la dirección de las calles de Preciados y del Carmen desde el punto que lo permitían las expropiaciones practicadas sacándolas perpendicularmente a la fachada que miraba al Mediodía y como suprimiendo la calle de la Zarza conservaba intactas las líneas generales de la planta aprobada por las Cortes. Aunque con ello conseguía una forma más regular de los solares enajenables aumentando su extensión, el proyecto de Rom sería desechado por varios motivos: primero, porque cambiaba la dirección de algunas calles y no lograba ninguna euritmia en la distribución de las masas y correspondencia de las bocacalles; segundo, porque no era acertada la supresión de la calle de la Zarza y tercero, porque disminuía el desarrollo de las líneas de fachada reduciendo el numero de tiendas y locales para el comercio, por consiguiente, reducía el precio de los solares en la subasta y destruía en parte el objeto comercial de este espacio urbanístico.  A todo esto, cabría añadir la imposibilidad de realizar por ahora un proyecto de reforma mientras no se formase una nueva ley, en cuyo caso se anunciaría un concurso público al que pudieran presentarse todos los profesores de arquitectura.

En vista de lo expuesto, la Sección no pudo considerar el pensamiento de Rom «[...] como una de esas modificaciones que mas ó menos oportunas, se ocurren facilmente al que examina un proyecto formado y estudiado por otra persona, y entiende que comparado con el que se está preparando para su ejecucion, reconocido generalmente como poco adecuado basta por el mismo Consejo de Admon en su informe no desmerece nada, pues los inconvenientes que presenta estan quiza compensados con otras ventajas, como con algunas mayor regularidad en los angulos y en la forma de los solares, la apertura de la calle del Carmen y el aumento de terrenos enagenables; pero no cree que en el estado á que han llegado las cosas sean estas ventajas de tal magnitud que por ellas solas deba intentarse la derogacion de la Ley vigente y formacion de otra nueva».

El 18 de junio de 1859 la Junta formada por Eugenio de la Cámara, José Jesús Lallave, Morán y Narciso Pascual y Colomer bajo la presidencia de Aníbal Álvarez como académico más antiguo, se reunió para proceder a nombrar presidente y secretario de dicha Comisión, cargos que recayeron respectivamente en Aníbal Álvarez y Pascual y Colomer. En estos momentos S.M. encargó a la Academia el estudio y la propuesta de las modificaciones que tuvieran que llevarse a cabo en la planta ya aprobada de la Puerta del Sol, motivo por el que era necesario tener a la vista todos los datos geométricos y topográficos del terreno, el estudio de niveles, rasantes y demás que estuviesen realizados para el mejor desempeño de su cometido, así como disponer de uno o dos hábiles delineantes.

Mientras tanto, la Sección de Arquitectura celebrada el 8 de mayo de 1857 censuró y aprobó la concesión de licencia a Manuel de Santayana para edificar conforme a los planos aprobados por el gobierno de S.M. para la reforma de la Puerta del Sol, la casa situada en la Carrera de San Jerónimo, nº 2, Puerta del Sol números 1 y 3, dictamen que sería aprobado por la Academia en la Junta General del 7 de junio de 1857. Veinte días más tarde se censuró el expediente sobre las condiciones higiénicas y la distribución de las casas nº 5, 7, 9 y 11 de la Puerta del Sol esquina a la calle de Carretas, nº 1, cuyos planos encontró la Sección de Arquitectura perfectamente entendidos y arreglados el 28 de mayo, tanto en su distribución como decoración; sin embargo, respecto a la casa nº 11 esquina a la de Carretas propiedad de Maltrana debía disponerse llegando el gabinete de la esquina hasta la fachada de la calle Carretas suprimiéndose el tabique divisorio de  la pieza sin nombre y la alcoba de en medio debía recibir la amplitud procedente de la supresión del pasillo de al lado que debía desaparecer.

El 22 de junio el Consejo acordó remitir a la Academia todos los estudios que la Academia había solicitado, entre ellos el plano topográfico de la citada reforma hecho con arreglo a la Ley de 28 de junio de 1857 y reales órdenes posteriores con la aprobación de las modificaciones del trazado de la calle de la Zarza y las rasantes de las calles afluentes a la plaza. Ese mismo 22 de junio la Sección de Arquitectura se volvió a reunir excusando su asistencia Juan Bautista Peyronnet. Se procedió al examen de los diferentes proyectos remitidos por el gobierno y tras haberlos estudiados se halló como más aceptable el propuesto por la Junta Consultiva de Policía Urbana, no sin antes manifestar los defectos que se advertían en el trazado aprobado por la citada ley de 1857. 

Debido a la premura con que se exigía la resolución del asunto, la Academia acordó realizar un croquis de la reforma que proponía a modo de anteproyecto junto con un informe que expresase las razones que le habían motivado el llevarlo a cabo de esa manera. El trazado propuesto por la Academia tenía «la inmensa ventaja de ser mas sencillo, de aprovechar mas en beneficio del arte y de la conveniencia publica el inmenso derribo practicado; toma por base la fachada del Ministerio de la Gobernacion, reduce la longitud de la plaza á 544 pies la ensancha hasta 273, es decir, 100 pies mas que la actual trazada, produce con estas dimensiones una razonada proporcion en su area y dirigiendo el eje de la calle de preciados al medio de la fachada del ministerio permite dar tan oportuna direccion á las demas calles afluentes que se produce una simetrica correspondencia entre estas y las manzanas de casas determinando lineas de fachada mucho mayores que las actuales, particularmente en las tres que hacen frente al Ministerio, lo cual producirá masas de edificacion de un carácter mas monumental y mas digno del pensdamiento que ha debido conducir a esta reforma. Esta importante variación no exije ni mas expropiacion ni mas gasto al presentado y solo toma de la actual superficie vendible la insignificante cantidad de  4500 pies propiamente, cantidad q^e no duda la Comision sera algo menor al hacer el estudio definitivo[...]».Otra de las reformas que la comisión veía factible, no como parte integrante del proyecto sino como de utilidad y para poder ser ejecutada paulatinamente, era la apertura de una calle que iniciada en la Puerta del Sol condujera a la plaza de las Descalzas y proporcionase salida a la calle Peligros.

La memoria descriptiva del proyecto del Ensanche y de sus calles afluentes propuesta por la dirección facultativa de las mismas obras como modificación del proyecto aprobado por la Ley de 28 de junio de 1857, quedó concluida el 9 de julio de 1859. En ella quedaron reseñadas las condiciones principales que se habían procurado satisfacer en el proyecto basado en los principios siguientes: que la reforma y ensanche debían satisfacer y subordinarse para facilitar el tránsito tanto de carruajes y caballerías como de la gente de a pié, mejorando los medios de comunicación entre las calles principales de la población que vertían y se cruzaban en dicha plaza; que debía sujetarse estrictamente a la expropiación verificada hasta ese momento; que debía satisfacer igualmente a la simetría y ornato de las fachadas que daban a la plaza regularizando sus avenidas y por último que debía aprovecharse al máximo el suelo expropiado.

Tras señalar los principios de la reforma, la memoria se centró en la explicación del proyecto comenzando con la elección del centro, su forma y ejes, continuando con la necesidad de suprimir los callejones de la Tahona, las Descalzas y Preciados como vías públicas, aunque conservando sus entradas por las servidumbres que prestaban y los servicios que presentaban a las casas contiguas, y finalizando con la necesidad de ejecutar chaflanes en la intersección de las calles del Carmen, Zarza y Negros. Por último, se introducía la ejecución del proyecto y una comparativa de las áreas que habían quedado disponibles para la edificación, con objeto de señalar las ventajas que tenía este nuevo proyecto sobre el ejecutado por la Academia y el aprobado por la ley:

 - Área correspondiente a la edificación expropiada:  16.108, 98 m² (207.478,47 pies²).

- Área de la plaza antes de la reforma era: 9.069 m² (65.289 pies²).

- Ídem. en el proyecto aprobado por la ley de 28- 6 - 1857: 10.361 m² (133.450 pies²).

- Ídem. en el proyecto de la Academia de San Fernando: 10.135 m² (130.542 pies²).

- Ídem. propuesta por la Dirección de la Junta Facultativa:  12.320 m² (158.686 pies²).

- Exceso de superficie de la plaza:. 

-según el proyecto aprobado por la ley sobre el que tenía la plaza antigua: 5.292 m² (68.163 pies²).

. Ídem. según el proyecto de la Academia: 5.066 m² (65.250 pies²).

. Ídem. según el proyecto propuesto por la Dirección Facultativa de las obras: 7.251 m² (93.396 pies²).

 - Exceso de la superficie de la plaza: 

 -según el proyecto aprobado por la ley sobre el de la Academia de San Fernando: 226 m² (2.911 pies²).

. Ídem. según el proyecto de la Dirección Facultativa de las Obras sobre el de la Ley: 1.959 m² (25.233 p ies²).

. Ídem. sobre la del proyecto de la Academia: 2.185 m² (28.143 pies²).

 - Áreas que quedaban disponibles para la enajenación eran las siguientes:

 . En el proyecto aprobado por la ley: 10.488 m² (135.089 pies²).

. Ídem. en el proyecto de la Academia: 9.843 m² (126.778 pies²).

. Ídem. en el propuesto por la Dirección Facultativa: 9.263 m² (119.310 pies²).

 - Pérdida de terrenos para la enajenación:

 . -Proyecto de la Dirección Facultativa de las Obras respecto al aprobado por la Ley: 1.999 m² (25.232 pies²).

. Ídem. respecto del proyecto aprobado por la Academia: 420 m² (540916 pies²).

 Respecto a la memoria elaborada por la Junta Facultativa de las Obras del Ensanche, la Sección de Arquitectura reunida en la Junta Extraordinaria el 17 de julio creyó poco afortunados los términos, los calificativos y los agravios en ella encontrados contra la propia Sección, sobre todo cuando la Academia, no estando obligada a intervenir en este tipo de cuestiones, había formulado en muy poco tiempo un croquis que no debía dársele más importancia que la de un anteproyecto. Por estas consideraciones y la conveniencia del servicio público, la corporación académica solicitó de S.M. ser relegada del cargo que le había confiado sobre este asunto porque deseaba «evitar todo conflicto y ulterior desabrimiento, conservando intacta la dignidad de su carácter y no decayendo de la consideracion que las leyes le conceden [...]». La súplica de la Academia no fue admitida pues el 20 del mismo mes la reina dispuso que el informe de la Academia fuese evacuado sin demora porque así lo exigía la conveniencia pública y ningún conflicto podía entorpecer este objeto, ya que las observaciones del croquis hechas por la dirección facultativa habían sido expuestas con ánimo de acertar en lo posible en esta obra de tanta importancia sin pretender agravio alguno del cuerpo académico.

Obedeciendo las órdenes de S.M., la Sección de Arquitectura se reunió el 31 de julio de 1859 para emitir un extenso informe sobre el proyecto presentado por la dirección facultativa de las obras, el cual sería aprobado por la Academia en la Junta General del 31 de ese mismo mes. El informe quedó dividido en dos partes claramente diferenciadas: la parte artística y la económica, esta última acompañada de un documento, letra A, recogiendo los errores y contradicciones advertidas en los datos numéricos de la memoria junto con las correcciones que debían hacerse en la memoria desarrollada por la dirección facultativa. Sobre la obra del Ensanche de la Puerta del Sol, el Archivo de la Academia conserva 13 planos bajo los números de inventario: Pl-214/225.

Con la renovación de este enclave se reforzó por un lado su valor representativo atrayendo las actividades comerciales y financieras de la ciudad y por otro, la uniformidad de las fachadas definió su espacio sirviendo de modelo a la arquitectura que se levantaría posteriormente en sus alrededores.

Por entonces y desde hacia ya varios años se estaba acometiendo otra de las empresas más importantes del país: la restauración y reposición de la catedral de León. Por la real orden de 6 de julio de 1858 relativa a  la designación de dos arquitectos de mérito que reconociesen el templo y que manifestasen las obras necesarias para su restauración, la Sección de Arquitectura celebrada el 12 de junio de 1858 formada por Aníbal Álvarez (presidente), Antonio Conde, Atilano Sanz, Matías Laviña, Eugenio Cámara y José Jesús Lallave (secretario), acordó elegir unánimemente al académico Narciso Pascual y Colomer con el arquitecto que el mismo designase para cumplir este cometido. Tanto el cabildo de la catedral como los diputados de la provincia creían conveniente que uno de los arquitectos fuese el monje Echano porque además de reunir el título de arquitecto había intervenido en algunas obras del edificio, sin embargo, Pascual y Colomer elegiría para que le auxiliase en estos trabajos al arquitecto José Díaz Bustamante. El 25 de octubre de 1858 el propio Pascual y Colomer remitió a la Academia el resultado de su reconocimiento en cumplimiento del encargo que le había sido encomendado, notificando el hecho de que lo había tenido que hacer solo, en vista de que Bustamante se encontraba ocupado en las obras del ferrocarril de Zaragoza.

El reconocimiento tenía como objeto conocer la solidez de sus fábricas y las causas de inseguridad que presentaban algunas de ellas, para así poder estudiar y proponer la clase e importancia de la reparación que debía ejecutarse, con objeto de devolver al edificio la seguridad que le era necesaria y el uso al que estaba destinado. Comenzando por el estudio de los cimientos, que halló sólidos, observó un notable desplome en el tímpano de cantería que cerraba la nave central del templo y que constituía el frontis de la fachada principal. Este mismo desplome se encontraba en el cuerpo saliente de la fachada sur que constituía la entrada al testero del ala derecha del crucero, cuyo movimiento y consecuencias habían sido la causa de dicho reconocimiento. Asimismo, atisbó inminente ruina y pérdida de la curvatura cóncava de la arista que descansaba sobre los dos machones de la derecha, de los cuatro que conforman el crucero, de entre ellos particularmente el mas inmediato al coro y sobre el órgano. Del mismo modo, eran extremadamente ligeros los espesores de las fábricas y la mala calidad de la piedra con que estaba construidos los machones y el muro del crucero.

Por todo ello, Pascual y Colomer señalaba que el deterioro era fácil de resolver volviendo su fábrica a su primitivo estado, sin ser necesario derribar nada de lo existente ni hacer grandes apeos, aunque tomando las precauciones necesarias, estudiar detenidamente el modo de ejecutar las obras de sostenimiento y realizarlas despacio y parcialmente para no aumentar el movimiento que sufrían. A su entender, la restauración debía llevarse a cabo en dos partes bien diferenciadas: la primera, la mas pequeña pero urgente, consistente en el apeo de las dos bóvedas de la nave principal contiguas al crucero y los dos arcos torales que habían sufrido movimientos, y la segunda, de mayor importancia y mas costosa relativa al levantamiento de los planos del crucero derecho, dando deferentes secciones en proyecciones horizontales y verticales para encontrar los asientos de los nuevos apoyos y consolidar la obra. Insistía en que para la mayor rapidez de las obras era necesario adquirir cuanto antes las maderas necesarias para realizar el apeo de las bóvedas indicadas y los andamios indispensables como autorizar el pequeño gasto para el levantamiento de los planos y el estudio preparatorio de la restauración.

Por la Real Orden de 3 de mayo de 1859, el arquitecto Matías Laviña reconoció y dirigió finalmente las obras de restauración de la catedral de León, remitiendo la memoria de este proyecto el 22 de diciembre de 1860. En dicha memoria recogió las causas del estado ruinoso del templo, las medidas adoptadas para contener los progresos de ruina, los medios de restauración, así como el presupuesto razonado de la cúpula y la restauración total de la iglesia. El proyecto fue examinado y aprobado por la Sección de Arquitectura el 3 de mayo de 1861, no sin antes advertir «que hubiera deseado ver en la memoria del Sr. Laviña algun cálculo de los que sin duda habrá hecho pª comprobar y ayudar las deducciones del raciocinio y de la experiencia; pues ciertamente pocas cuestiones pueden presentarse en la práctica de la Arquitª que mas materia ofrezcan á las investigaciones cientificas; pero no se crea que por esto hace un cargo formal á este apreciable Profesor en quien reconoce la laboriosidad, inteligencia y experiencia suficientes para añadir á los estudios profundos de observacion y criterio que ya tiene hechos sobre este templo todos los cientificos y de cálculo que son necesarios para la completa y feliz resolucion del árduo problema que se le ha encomendado».

Las obras de la catedral siguieron su curso en los años siguientes. El 28 de noviembre de 1862 Laviña remitió a la Academia la marcha de sus trabajos y comunicó haber desmontado todo el brazo sur; el 15 de febrero  de 1863 propuso algunos medios para la restauración y adquisición de vidrieras esmaltadas;  el  18 de octubre de 1863 comunicó las vicisitudes de las obras y el estado en que se encontraba el templo,  pero a finales de este año se dio una voz de alarma sobre el inminente peligro de ruina en que se encontraba la iglesia a consecuencia del errado sistema de restauración que se seguía.  La noticia salió publicada en el Boletín del Arte en España el 19 de noviembre de 1863 por G. Cruzada Villamil, encomendándose la dirección de la restauración al arquitecto francés Viollet-le-Duc, único artista que por entonces en Europa podía dirigirla con inteligencia y acierto. Enterada del hecho, la Academia creyó necesario el nombramiento de una comisión que examinase todos los antecedentes de este asunto y contestase al gobierno sobre esta obra a fin de aclarar la acusación tan injustificada para el que había dirigido la obra y terminar con las vergonzosas injurias a las que se había enfrentado un profesor de tan buena reputación. Esta comisión quedó conformada en la Junta General del 15 de febrero de 1864 por los académicos de número Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet y Francisco Enríquez Ferrer, quienes se trasladaron a León a verificar e inspeccionar el edificio emitiendo el correspondiente informe el 20 de marzo de 1865. No obstante, Laviña continuó enviando diversos diseños de la obra a censura de la Academia, como el ejecutado el 16 de enero de 1865 relativo a la planta y perfil de la 3ª portada con la altura de la portada primitiva y la parte existente. Los honorarios devengados por dicho trabajo fueron solicitados por Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet y Francisco Enríquez Ferrer a principios de 1871.

Muerto Laviña en 1868, S.M. solicitó continuar esta obra de suma importancia bajo la dirección del arquitecto Andrés Hernández Callejo. Al poco tiempo de hacerse cargo de la obra tuvo desavenencias con el prelado diocesano, su cabildo y la Junta de Diócesis al denunciar el estado ruinoso de parte de la antigua fábrica de la catedral. La alarma levantada por el arquitecto tuvo como consecuencia el nombramiento de otra comisión que inspeccionase y reconociese el estado de la restauración y las obras practicadas. La Academia nombró en su Junta Extraordinaria del 26 de julio de 1866 a los miembros de su Sección de Arquitectura, José Amador de los Ríos, Antonio Cachavera y Langara y Juan Bautista Peyronnet, para llevar a cabo este cometido. Dichos vocales remitieron sus trabajos el 28 de septiembre de 1868  y una vez interrogado por separado a todos los interesados se percataron de que contra Andrés Hernández y Callejo se elevaban varios cargos: desde los administrativos y económicos hasta el haber pretendido alterar el plano adoptado por Laviña; haber intentado demoler ciertos departamentos, miembros arquitectónicos y bóvedas con el pretexto de su estado ruinoso; deshacer parte de la obra ya verificada por su antecesor y no haber asentado ni una sola piedra en la obra desde su nombramiento como director de la misma. La comisión fue de la opinión que el arquitecto se había extralimitado en muchas de sus atribuciones por lo que estaban fundados todos los cargos que se le achacaban, por lo que desaprobaba su conducta, su inacción por espacio de 6 meses y la alarma que había provocado al cabildo y la población entera de la ciudad. Por otro lado, desaprobaba la conducta de Hernández y Callejo respecto al ejercicio de su cargo, hecho por el que se creía conveniente que no siguiese al frente de las obras.

La incomunicación y los problemas acaecidos entre el arquitecto y el resto de los interesados en las obras de la catedral obligaron a Hernández y Callejo a cesar como director de las mismas el 5 de enero de 1869. La actuación del arquitecto extrañaba a todo el mundo por cuanto que su amor al arte se había constatado a la hora de llevar a cabo la restauración de la iglesia de San Vicente de Ávila, pero era cierto que en las de la catedral leonesa había demostrado su total incertidumbre respecto de la verdadera idea de la construcción, repetidas contradicciones que le llevaron a pretender destruir varias fábricas antiguas y miembros arquitectónicos y no añadir un solo sillar a la obra. A fin de nombrar a su sustituto, la Sección de Arquitectura acordó la noche del 15 del mismo mes la formación de una terna con los arquitectos mas aptos para desempeñar el cargo, proponiendo a Juan Madrazo y Kuntz, Francisco Enríquez Ferrer y Demetrio de los Ríos. El primero de ellos, Juan de Madrazo, fue nombrado director facultativo de las obras, de ahí que el 24 de marzo de 1874 remitiese a la Academia el proyecto de encimbrado para las bóvedas altas del templo. El mismo arquitecto llamó la atención a finales de 1875 sobre la necesidad de ejecutar a la mayor brevedad la restauración del edificio y asegurar su estabilidad, empezando por terminar las construcciones comenzadas en el crucero con todo el brazo sur, la fachada, contrarrestos y respaldos correspondientes, y las cuatro bóvedas contiguas a dicho crucero, dos sobre el coro y dos sobre el presbiterio. A continuación o simultáneamente era necesario reconstruir el hastial de poniente de la nave mayor o lo que es decir, la parte central de la fachada principal comprendida entre las dos torres; asimismo, construir de nuevo las armaduras de cubierta con todos los emplomados en cresterías, el chapitel central, los pináculos, los remates y planos de cubierta en sustitución de los defectuosos tejados que entonces cubrían toda la extensión de la catedral; restaurar el cuerpo de campanas de la torre norte de la fachada principal y rehacer la mayor parte de los arbotantes, la totalidad de la línea de cornisa de coronación y las partes en donde la cantería se presentaba descompuesta.

Posteriormente, los académicos Espalter, Amador de los Ríos y Barberi fueron designados, según un escrito fechado el 8 de abril de 1876, para formar parte de la comisión que debía presentar a los ministros de Gracia y Justicia y de Fomento las exposiciones que la Academia les dirigiese solicitando fondos para restaurar la iglesia catedral y el 22 de junio la Sección de Arquitectura aprobó el proyecto suscrito por el arquitecto Madrazo para la reconstrucción del hastial sur en la zona ocupada por el triforio. Estaba constituido por una memoria descriptiva, nueve grandes planos, un presupuesto y los pliegos de condiciones económico-facultativas, trabajos que fueron muy alabados por su acertado estudio.

Tres años mas tarde y con motivo del fallecimiento de Deogracias López Villabrille, por entonces individuo de la junta de obras de reparación de la catedral, la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de León solicitó de la Academia de San Fernando el nombramiento de un individuo que cubriese su plaza, cargo que recayó en el vocal Juan López Castrillón en julio de 1879. Al año siguiente falleció Juan de Madrazo dejando vacante su cargo en la dirección de las obras, cargo que debía ser cubierto a la mayor brevedad. Tras su muerte, la Sociedad Central de Arquitectos, fundada en 1849 y reorganizada en 1878, elevó un escrito el 20 de marzo de 1880 proponiendo como homenaje a la memoria del arquitecto la realización de una exposición en la que se exaltase sus estudios, concretamente los referentes a la iglesia-catedral, su laboriosidad y buen hacer profesional. No obstante, en enero anterior había sido remitido su proyecto de obras de terminación del hastial sur que sería examinado por Francisco de Cubas en octubre de 1880.

En el transcurso de las obras de la catedral la reina mandó en 1860 el nombramiento de tres arquitectos designados por el presidente de la Academia de San Fernando que, pertenecientes a la misma y bajo la presidencia del alcalde corregidor de Madrid,  reconocieran las obras de la casa nº 32 de la Carrera de San Jerónimo esquina a la calle del Príncipe.  Por un lado, los arquitectos designados no debían estar comprendidos en una lista que se adjuntaba y en la que se reseñaban los nombres de Aníbal Álvarez, Narciso Pascual y Colomer, Eugenio de la Cámara, Mariano Calvo y Pereira, José Jesús Lallave, José Sánchez Pescador y José María Guallart, y por otro, el reconocimiento llevaba implícito varios puntos: 1) Saber si las nuevas fachadas estaban conformes con el plano presentado a la hora de solicitar la licencia para la ejecución de las obras. 2) Si las obras practicadas habían favorecido la solidez de las fachadas que antes tenían. 3) Si existían medios científicos para abrir huecos sin establecer los salmeres, columnas de hierro, etc., que se habían introducido en las fachadas. 4) «Si en todo caso deben considerarse los medios empleados como comprendidos en la prohivicion contenida en la segunda parte de la misma Real orden», es decir, la Real Orden del 12 de enero de 1860, y 5) Si existían en las obras alguna infracción de las ordenanzas municipales no comprendidas en la denuncia.

Después de realizado el reconocimiento los tres arquitectos seleccionados debían emitir un informe y remitirlo al Ministerio acompañado de dos copias de las partes o denuncias producidas por los informes emitido por el arquitecto municipal Juan José Sánchez Pescador al teniente alcalde del distrito el 15 de abril y 31 de mayo de 1860, así como las órdenes y disposiciones dictadas por la autoridad. En cumplimiento con lo solicitado la Academia nombró el 28 de octubre para esta comisión a los académico Atilano Sanz y Pérez, Matías Laviña y Valentín Martínez de la Piscina.

A mediados de 1862 Francisco Enríquez Ferrer, remitió a censura de la Academia el proyecto relativo a un edificio para Biblioteca y Museo Nacionales, en calidad de anteproyecto, el cual se acordó que podía aprobarse atendiendo a sus condiciones arquitectónicas y distribución, no obstante, hubo un vocal que manifestó su opinión respecto a que el autor podía elegir otro estilo arquitectónico, incluso otro que creía podía cambiar la forma del edificio y con ello su decoración. Los dos vocales escogidos manifestaron opiniones opuestas sobre la misma obra, pero no las expresaron ni las fundaron y menos propusieron nuevos pensamientos con sus razonamientos, de ahí que la reina dictaminase que dichos vocales de la Sección de Arquitectura formulasen su voto particular y lo fundasen en un plazo que no excediese de quince días. Los vocales en cuestión eran Valentín Martínez de la Piscina y Atilano Sanz y Pérez, quienes emitieron su voto particular en agosto de 1862 acerca del estilo arquitectónico que debían tener la Biblioteca y Museo Nacionales.

En estos momentos se trató también el proyecto para el Ministerio de Fomento, muy relacionado con el anterior, para cuya construcción se había abierto un concurso público que había sido publicado en la Gaceta. Tres años mas tarde Francisco Jareño, arquitecto del Ministerio de Fomento, remitió su proyecto de Biblioteca y Museo Nacionales, ya censurado por el Ministerio, a fin de que, examinados los antecedentes, los planos de las mediciones y las cubicaciones como los presupuestos, los precios simples y compuestos y el memorial facultativo, la corporación académica fijase el valor de los trabajos y los honorarios que le correspondían por ellos. Vistos los trabajos y comparados con las prescripciones exigidas por el gobierno para la formación de proyectos de este género, así como la tarifa de honorarios aprobada por S.M. el 31 de mayo de 1858, la Sección de Arquitectura celebrada el 6 de diciembre de 1865 valoró éstos en el 2% del presupuesto total del edificio.