Hijo de Domingo Zabala y María Josefa Uriarte, nació en Abando (Vizcaya) el 23 de febrero de 1793, a las 5 de la tarde, siendo bautizado al día siguiente en la parroquia de San Miguel de Basauri. Dedicó su juventud al oficio de carpintero, pero al extender sus conocimientos al ramo de la agrimensura y la medición de edificios, comenzó la instrucción de manos de Juan Ignacio de Garmendía, perito aprobado y vecino de Portugalete (Bilbao), con quien aprendió las enseñanzas de Aritmética, Geometría, Trigonometría Rectilínea y la tasación de edificios.

Solicitó su admisión a los ejericios correspondientes a este ramo el 14 de cimiembre de 1819, solicitud que fue vista por el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Basauri el 17 del mismo mes. En vista de que no existía perito en esta anteiglesia ni en las inmediatas de Zarátamo y San Esteban de Echévarri, se acordó que era justa dicha petición. El pretendiente fue examinado por el arquitecto académico Agustín de Humarán, vecino de la villa, quien el 8 de febrero de 1820 dictaminó que  «[…] habiéndole preguntado primeramente en la Aritmetica y Geometria y despues en la formacion de los Planos, de los terrenos, su medicion, cubricion y modo de tasarlos, como igualmente en el modo de hacer los apeos y comportamientos, le he hallado suficientemente instruido, en todos los ramos que abrazan dicha profesion y por consiguiente siendo del agrado de Sus Señorias, soy de sentir que se le puede despachar el correspondiente titulo de Perito agrimensor para que pueda ejercer sin incurrir en pena alguna».

Ostentando el título de maestro de obras y agrimensor expedidos por la Diputación General del Señorío de Vizcaya cuando este organismo tenía la facultad para ello, Domingo Mariano de Zabala ejerció la práctica de la construcción al lado del arquitecto José Luciano de Ibarra,  pero su afán por conseguir un título oficial expedido por la Academia de San Fernando le llevó a solicitar de dicha corporación su admisión a los ejercicios para la clase de maestro de obras el 20 de mayo de 1830. Para este fin presentó como ejercicio de pensado el proyecto de una Casa consistorial para una población de 1.500 vecinos en la villa de Villaro (A- 2860 ) con su informe facultativo y el avance del coste de la obra, la certificación de práctica firmada por Agustin de Humarán y la que le acreditaba como agimensor, además de la justificación de su conducta moral y política.

La Junta de la Comisión de Arquitectura celebrada el 4 de junio de 1830 examinó la obra y los documentos aportados, acordando el pase del pretendiente al resto de los ejercicio de reglamento. Fue admitido en la Junta Ordinaria del 13 del mismo mes, fecha en la que le fueron sorteados los programas de repente. Le salieron en suerte los números 20, 27 y 55, los cuales respondieron respectivamente: «Posito de un Pueblo para colocar los granos con separacion de clases y con las precauciones que prescribe Bails en su tratado de Arquitectura. Planta fachada y corte», «Proyectar una casa para Fabrica de Aguardientes y licores, demostrandola en planta fachada y corte» y «Proyectar un Odéo ó sea un pequeño templete elevado en una plaza ó paseo publico, para la colocacion de un cuerpo de musica. Planta, fachada y corte». De los tres asuntos escogió el nº 20, es decir, Un pósito de granos para un pueblo, con separación de clases y las precauciones que prescribe Bails en su tratado de arquitectura (A- 2861),  inventariada bajo el título ¿Una casa consistorial?

La Junta de Examen se celebró el 10 de julio de 1830 asistiendo a ella como vocales los profesores Juan Antonio Cuervo, Juan Miguel de Inclán, Antonio de Varas y Martín Fernández de Navarrete. Cotejada la obra de pensado con la de repente, el interesado entró en la sala para explicar la idea y distribución que había propuesto en ambos ejercicios. A continuación, se procedió a la realización del examen teórico que Zabala comenzó tratando la resistencia de los arcos para sostener los pesos según su formación y clase, como la preferencia de los arcos apuntados para este objeto. Después el método para replantear un edificio, explanar el terreno y nivelarlo, así como los requisitos necesarios para la buena construcción.

Satisfechos los examinadores con las obras ejecutadas y las explicaciones dadas le hallaron con mérito para ostentar el título de maestro de obras, grado que le fue concedido en la Junta Ordinaria del 18 de julio de 1830, a los 37 años de edad. El Archivo de la Academia conserva un documento fechado el 29 de agosto de 1845 firmado por Pedro del Bayo, quien en nombre de Zabala solicitaba un duplicado de su título de maestro de obras al haberlo extraviado por los acontecimientos ocurridos durante la guerra civil.

La Junta de la Comisión de Arquitectura celebrada el 9 de septiembre de 1845 vio el expediente remitido por Mariano Zabala y Vicente Calleja, ambos maestros de obras avecindados en Bermés (Pontevedra), quienes «viendo  se dirigían en aquella, tanto las obras públicas como las particulares por D Santiago Olalde bajo el pretesto de ser Agrimensor aprobado por el Consejo, D. Domingo Aberasturi y otros simples particulares, acudieron á aquel  [¿Ald?] y aun à la autoridad del Gefe superior politico de la provincia reclamando sus derechos y q^e se privase à los susodichos de entrometerse en las obras para las q^e no se hallaban facultados, sin q^e hasta el dia hubiese sido atendida tan justa reclamacion, y antes por el contrario se están  dirigiendo, reconociendo, midiendo y tasando por los sugetos arriba dichos las obras q^e se ofrecen con autoridad de aquel gefe superior, quien en una de sus contestaciones dio la de que solo las obras publicas debian ser dirigidas por personas con titulo de esta Academia, y q^e las particulares las podia dirigir cualquiera aunque careciese de dicho titulo [...]». Ante estos hechos, los maestros solicitaron la intervención de la Academia para que la Institución velase  por los derechos de los profesores y cortase los abusos que de continuo eran cometidos en esa provincia, petición que la corporación vio justa y acordó pedir al Gobierno de S.M. se sirviese comunicar a la autoridad local de la misma el cumplimiento de las leyes y reales órdenes vigentes.